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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 30 de diciembre de 1991


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Atropello con graves lesiones. Reclamación de cantidad por responsabilidad directa del conductor y responsabilidad civil de la aseguradora. Culpabilidad: Concurrencia de culpas. No existe culpa en el conductor. Tampoco se ha demostrado que la culpa fuese de la víctima de forma exclusiva. Petición de intereses: Se complementa la condena con el pronuncua

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-I. El Procurador don José Antonio de Llanos García, en nombre y representación de don Carlos Miguel, interpuesto demanda de juicio declarativo de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Santander sobre reclamación de cantidad, contra don Ildefonso, don Carlos Francisco y la Mutua Nacional de Autransporte (Munal). alegando, en síntesis, los siguientes hechos: El padre del actor fue atropellado por un taxi conducido por el Sr. Ildefonso con autorización de su propietario, el Sr. Carlos Francisco, asegurado con la Entidad Aseguradora Munat: que se dictó Sentencia absolutoria en las diligencias seguidas ante el Juzgado de Instrucción, que fallecido el accidentado, su heredero es el ahora actor; asimismo se detallan lo daños y perjuicios causados a la víctima. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, estimando íntegramente la demanda, se declare: A) Que el demandado, don Ildefonso es responsable por su conducción, culposa o negligente, del automóvil F .... F del atropello sufrido por don Guillermo el 21 de febrero de 1982. sobre las 22 horas y 45 minutos, en el pueblo de Hoznayo y en el kilómetro 198.100 de la carretera N 634, en la orilla de la derecha en dirección a Irún por lo que viene obligado a reparar el daño causado, como consecuencia de las graves lesiones causadas al atropellado, por su importe global, conjunto de los diversos conceptos reclamados, de 7.419.687 pesetas. B) Que el demandado don Carlos Francisco, como empresario para el que trabajaba en el momento del accidente el codemandado don Ildefonso, viene obligado a responder de los actos de éste y en consecuencia a satisfacer, por responsabilidad directa, de los daños y perjuicios ocasionados a don Guillermo por la reclamada cantidad de 7.419.687 pesetas. C) Que la también condemandada Mutua nacional de Transporte, Munat, como aseguradora de la responsabilidad civil en que pudiera incurrir don Carlos Francisco, como titular y asegurador del vehículo implicado en el accidente que conducía a su servicio don Ildefonso, viene obligada, por anteriores declaraciones, a asumir el pago de los daños y perjuicios ocasionados a don Guillermo, con cargo al certificado de seguro obligatorio y póliza voluntaria de responsabilidad civil, hasta la reclamada cifra de 7.419.687 pesetas. D) Que la obligación de reparar el daño causado a don Guillermo por los demandados debe hacerse, por el fallecimiento de éste, a don Carlos Miguel como su heredero, legitimado para reclamarlos por su reiterado importe de 7.419.687 pesetas. Y, en consecuencia, se condene a los demandados a estar y pasar por anteriores declaraciones y a su cumplimiento; con expresa imposición de las costas». 2. El Procurador don Alfonso Zúñiga Pérez del Molino, en nombre y representación de Munat, del Sr. Ildefonso y del Sr. Carlos Francisco contesto a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase Sentencia "por la que se desestime íntegramente dicha demanda, absolviendo a todos los demandados de las pretensiones deducidas contra los mismos, e imponiendo expresamente al actor todas las costas causadas en el procedimiento, por estimar que así procede hacer en justicia. 3. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las parles fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia núm. 4 de Santander dictó Sentencia con fecha 13 de octubre de 1988. cuya parte dispositiva es como sigue: Fallo: "Que estimando en parte la demanda interpuesta por don Carlos Miguel contra don Ildefonso, don Carlos Francisco y la Mutua Nacional de Autotransporte Munat, debo condenar y condeno a Munat, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, a indemnizar al actor en un millón cuatrocientas setenta mil sesenta y seis pesetas (1.470.066 pesetas) con cargo al seguro obligatorio número de certificado 93.2390243, absolviendo a los restantes demandados, todo ello sin pronunciamiento sobre costas».

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la parte actora y por la que los demandados Mutua Nacional de Autotransportes y don Ildefonso, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos dictó Sentencia con fecha 26 de julio de 1989 . cuya parte dispositiva es como sigue: Fallo: "Estimar en parle la adhesión al recurso interpuesto por los demandados, revocar parcialmente la Sentencia recurrida y estimando en parte la demanda condenar a Munat, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija a indemnizar al actor en la suma de 983.687 péselas con cargo al seguro obligatorio, absolviendo a dicha entidad del resto de los pedimentos de la demanda, y a los demás demandados de la totalidad de esos pedimentos».

Tercero.-1. El Procurador don Santos Gandarillas Carmona interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos con apoyo en los siguientes motivos. Motivos del Recurso: Primero.-Al amparo del num. 3." del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del art. 359 de dicha Ley Procesal. Segundo. Bajo el mismo número se denuncia infracción del art. 921. párrafo 4.°. en relación con el 359 de la misma Ley. Tercero.-Con apoyo en el núm. 5." se alega infracción de los arts. 1.902 y 1.093 de la Ley de Enjuiciameinto Civil en relación con los arts. 73 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro . Cuarto.-Con base en el mismo número se denuncia infracción del art. 1.106 del Código Civil y su jurisprudencia.

2. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 12 de diciembre de 1981, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Jesús Marina Martínez Pardo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El motivo primero se formula por el cauce del núm. 3.° del art. 1.692 por infracción del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El desarrollo del motivo razona que partiendo la Sentencia recurrida de la declaración de que no existe culpa en el conductor del taxi, causante de tales lesiones, seguida de la declaración de que "tampoco se ha demostrado que la culpa fuese de la víctima de manera exclusiva», ambas declaraciones constituyen una contradicción o falta de congruencia interna, puesto que si no toda la culpa es de la víctima es que existe alguna en el conductor.

El motivo decae porque el razonamiento no tiene en cuenta que la demanda se formula tanto al amparo del Texto Refundido de la Ley de Uso y Circulación de vehículos de motor como, en cuanto excede de la cuantía de seguro obligatorio, al amparo del art. 1.902 del Código Civil . Pues bien, esto sentado, según aquel texto los daños personales los cubre el seguro obligatorio en cierta medida, como es la concedida en la Sentencia de instancia, salvo que se demuestre que toda la culpa absolutamente toda, sea de la víctima. Por ello, la Sentencia esti-matoria de la demanda en cuanto a la suma del seguro obligatorio contiene la declaración de que no concurrió toda la culpa en la víctima, y ello es coherente con la estimación parcial de la demanda.

Segundo.-El motivo Segundo, con el mismo apoyo en el núm. 3.° del art. 1.692. denuncia infracción del art. 921,4.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por ello, otra incongruencia de la Sentencia.

La demanda no contenía petición de intereses; éstos los genera, en la medida prevista por el art. 921, toda Sentencia que fija cantidad liquida, pero cuando la de segunda instancia modifica la cuantía de la cantidad se impone lo que proceda. Efectivamente, la Audiencia ni hace uso de arbitrio ni decide sobre intereses y por ello, procede casar la Sentencia en el sentido de complementar la condena con el pronunciamiento declarativo del deber de satisfacer el interés legal más dos puntos desde la primera Sentencia y por la suma fijada en la de segunda instancia.

Tercero.-El recurrente, en el motivo tercero, al amparo del núm. 5.° del art. 1.692. denuncia la infracción de los arts. 1.902 y 1.903 del Código Civil en relación con los arts. 73 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro y jurisprudencia que los interpreta. En el desarrollo del motivo vuelve a razonar en concordancia con lo expuesto en su motivo primero. Reitera que la condena a pagar las cantidades cubiertas por el seguro obligatorio se funda en que la culpa no fue toda imputable a la víctima y, en consecuencia, se admite por la Sala de instancia que hubo coparticipación en la culpa. A ello agrega el análisis de varias Sentencias de la Sala en las que se comprueba la evolución jurisprudencial en torno al art. 1.902, que si en origen fue aplicado con criterio subjetivista de la culpa, luego, por medio de la inversión de la carga de la prueba y a través de la teoría de la creación de riesgo, se llega a la superación del viejo criterio y a admitir la responsabilidad inherente al uso de todo vehículo por el solo hecho de utilizarlo.

La doctrina citada y su explicación es rigurosamente exacta, pero en modo alguno aplicable al caso de autos, en que la Sala no advirtió en la conducta del demandado dato alguno que permitiera hablar de acción u omisión culposa y, en consecuencia, ni aplicable el citado art. 1.902 ni por ello se ha infringido. Y su convicción la razona en el fundamento segundo de su Sentencia, en el que llega a afirmar que falta relación causal entre la conducción y el atropello.

Cuarto.-El motivo cuarto denuncia infracción del art. 1.106 del Código Civil por el cauce del núm. 5." del art. 1.692.

El motivo se formula para el supuesto de que no sean admitidos los anteriores y por su medio se pretende la elevación de la indemnización.

El razonamiento se funda en que la cifra concedida por el auto de 27 de febrero de 1987 se obtiene por la Sala teniendo en cuenta los gastos ocasionados por el accidente, los días que duró la incapacidad y la valoración de las secuelas, todo con base en los baremos vigentes al tiempo de producirse el accidente, esto es, al día 21 de febrero de 1982, pero como en el interregno entre accidente y resolución, dice el recurrente, "la regulación económica del Seguro Obligatorio pasa del Real Decreto de. 4 de julio de 1986, a estar regulada por el de 13 de octubre de 1983. En el primero, la indemnización máxima que cubría el seguro obligatorio era de 600 pesetas, diarias, y la indemnización por incapacidad permanente de 600.000 pesetas. En el segundo de estos Decretos la indemnización por la incapacidad temporal es de 800 pesetas diarias, y la de incapacidad permanente de 800.000 pesetas», debe elevarse la suma.

El motivo decae porque por su cauce se pretende una elevación del quantum indemnizatorio, que no esta permitido en casación según conocida y reiterada jurisprudencia que, por conocida, no se detalla; porque las cifras contenidas en los baremos son máximas y porque la resolución que las fijó en modo alguno viola el art. 1106 que sirve de base al motivo.

Quinto.-Las costas no se imponen al recurrente de conformidad con el

art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

Que dando lugar en parte al recurso de casación, debemos de complementar y complementamos la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiciencia Provincial de Burgos con fecha 26 de julio de 1989, recurrida por el Procurador Sr. Santos Gandarillas haciendo constar que por la cantidad concedida se devengan los intereses del art. 921 desde la fecha de la primera Sentencia.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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