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Sentencia A.P. Badajoz 280/2010, de 17 de septiembre


 RESUMEN:

Intromisión ilegítima en el derecho al honor: Insultos. Se consideran como tal las manifestaciones cuestionadas, difundidas a través de página web. Caducidad: El dies a quo se determina desde que el legitimado pudo ejercitar las acciones, es decir, desde que conoció el contenido, y no desde el día de la inclusión de cada uno de los mensajes. Responsabilidad de los demandados que no resulta eludida por el contexto de contienda política y que pusieron a disposición de los usuarios de Internet un lugar para expresaran sus opiniones, sin controlar su contenido, permitiendo que los insultos continuaran colgados en la red, pudiendo haberlos retirado.

SECCIÓN TERCERA

MÉRIDA

SENTENCIA NÚM. 280/10

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DOÑA MARINA MUÑOZ ACERO.

MAGISTRADOS:

DOÑA JUANA CALDERÓN MARTÍN (Ponente).

DON JESÚS SOUTO HERREROS.

===================================================

Recurso Civil núm. 225/2010

AUTOS: JUICIO ORDINARIO núm. 165/2007.

Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Mérida.

En Mérida, a diecisiete de Septiembre de dos mil diez.

VISTOS en trámite de apelación ante la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial los Autos n.º 165/2007, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Mérida, siendo partes: como apelante, DON Carlos Miguel Y P.S.O.E. -AGRUPACIÓN LOCAL DE MÉRIDA-representados por la Procuradora Sra. Moreno González, y defendidos por el Letrado Sr. Álvarez Prieto, y el MINISTERIO FISCAL; como apelada, DOÑA Salvadora, representada por el Procurador Sr. García Luengo, y defendida por el Letrado Sr. Ródenas Cortés.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes los de la sentencia apelada que con fecha 1 de julio de 2009 dictó la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 2 de Mérida.

Segundo.-La referida sentencia contiene el siguiente FALLO: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador D. Juan Luis García Luengo, en nombre y representación de D.ª Salvadora contra PSOE-AGRUPACIÓN LOCAL DE MÉRIDA, representada por D. Jacobo, y D. Carlos Miguel, debo declarar y declaro la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante por las expresiones divulgadas a través de la página Web www.angelcalle.com, y debo condenar y condeno de forma solidaria a los demandados:

- A publicar, a su costa, en el "El Periódico de Extremadura" la presente resolución, el encabezamiento, resumen de los fundamentos y fallo, con la misma extensión, tipografía y página que la empleada en dicha periódico para dar publicidad a la creación de la página web.

- A que indemnicen a la demandante con la suma de 2.000 euros, más el interés procesal.

Con imposición de las costas causadas a la demandada."

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de DON Carlos Miguel Y P.S.O.E. AGRUPACIÓN LOCAL DE MÉRIDA, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado a la parte contraria para su impugnación o adhesión; por la representación de DOÑA Salvadora se presentó el correspondiente escrito de impugnación del recurso y se interesó la confirmación de la sentencia impugnada; el MINISTERIO FISCAL se adhirió parcialmente al recurso y también interesó la desestimación de la demanda, tras lo cual se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

VISTO siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado DOÑA JUANA CALDERÓN MARTÍN, que expresa el parecer de la Sala


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Frente a la sentencia de instancia, en la que se declara la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, se alzan los demandados -Sr. Carlos Miguel y Agrupación Local del PSOE de Mérida- alegando, en primer término y como ya hicieran en primera instancia, la caducidad de la acción ejercitada.

El plazo de caducidad, a diferencia del de prescripción, conlleva consecuencias tan relevantes como su apreciación de oficio, la imposibilidad de su interrupción y su conceptuación como de derecho material, remitiéndose a lo declarado por la jurisprudencia seguida, entre otras, por la STS de 28 de septiembre de 1998 en el sentido de que (la caducidad) presenta rasgos distintivos más severos que los de la prescripción, pues en aquella no se valora la falta de utilización de un derecho prescriptible, sino que se trata del cumplimiento de un plazo, previsto legal o convencionalmente, a cuyo término, en general, no es posible ejercitar un derecho o una acción determinados. En cuanto al inicio del cómputo del plazo de caducidad, la referida sentencia, tras indicar que el "dies a quo" se determina "desde que el legitimado pudo ejercitar las acciones", pone de manifiesto que, en la práctica, la concreción de esa fecha puede plantear problemas de interpretación, por lo que la doctrina jurisprudencial ha ofrecido soluciones tales como computar el plazo desde que el agraviado lo supo y pudo ejercitar la correspondiente acción (STS de 28 de mayo de 1990), pero concluyendo que "la doctrina jurisprudencial no asume una respuesta concluyente en este particular, sino que procura facilitarla en cada supuesto concreto".

El artículo 9.4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, prevé que las acciones de protección frente a intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. Dicho precepto y también el artículo 1969 del Código Civil, son claros respecto a que el tiempo para el cómputo de la prescripción o de la caducidad de las acciones comenzará desde el día en que pudieron ejercitarse, lo cual, en el presente caso, no cabe duda que se produce, no el día de la inclusión de cada uno de los mensajes o comentarios pretendidamente atentatorios contra el honor de la actora, sino el día en que aquélla tuvo conocimiento de la intromisión en el derecho al honor en que tal inclusión consiste, lo que no consta que se produjera de modo cierto hasta la fecha del acta notarial en que se deja constancia de que, a la fecha de su extensión, permanecían alojados en la página web del codemandado Sr. Carlos Miguel y de la Agrupación Local de Mérida del PSOE, en la que dicha página estaba alojada, y ello con independencia de la consideración de que los efectos de la posible intromisión ilegítima se desplieguen en el tiempo. El motivo, por tanto, se desestima.

Segundo.-En cuanto a las cuestiones de fondo planteadas por los recurrentes, la Sala, tras el análisis de las diferentes alegaciones de las partes, considera plenamente ajustada a derecho la conclusión a que llega la sentencia apelada, cuyos precisos y detallados fundamentos jurídicos merecen pleno respaldo, tanto en cuanto refieren la normativa legal aplicable y la jurisprudencia constitucional y ordinaria relativa a la siempre polémica y discutida colisión entre los derechos fundamentales al honor (art. 18 de nuestra Constitución) y a la libertad de expresión (art. 20), como en lo que hace a la apreciación de las declaraciones y demás pruebas practicadas en juicio.

El honor es un derecho derivado de la dignidad humana merecedor de no ser humillado o escarnecido ante uno mismo o ante los demás, reconocido como derecho fundamental, entre otros, en la Constitución Española, y cuya negación o desconocimiento se produce, concretamente, a través de cualquier expresión proferida o cualidad atribuida a determinada persona que, más acusadamente, la haga desmerecer en su propia estimación o en el público aprecio, por lo que, reiterando aquí lo que con más detalle explicita el Sr. Juez de Primera Instancia, el ataque se desenvuelve tanto en el marco interno de la propia persona afectada, como en el externo o ámbito social, y por tanto en el profesional o mercantil, en que cada persona desarrolle su actividad.

Las expresiones contenidas en los mensajes que formaron parte de la página web con nombre de dominio www.angelcalle.com, y registrada por PSOE-Agrupación Local de Mérida hasta que se procedió a su eliminación, y que están recogidas en el fundamento jurídico tercero de la resolución apelada constituyen sin duda una intromisión en el derecho al honor de la demandante, no justificada ni amparada por el también fundamental derecho a la libertad de expresión, y ello es así aun cuando tales mensajes se publicaran y difundieran en el marco de la contienda política que precedió a unas elecciones municipales. Ni el carácter de persona dedicada, en aquella fecha, a la política municipal, de la demandante, ni el legítimo derecho a la critica política amparan, como se ha señalado reiteradamente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, un pretendido derecho al insulto. Y no de otro modo que insultantes y atentatorias contra la dignidad y el buen nombre de la demandante pueden calificarse las expresiones señaladas en la sentencia; tachar a una persona como "energúmeno", "que ha perdido la dignidad como persona", "mercachifle", "miserable, ruin y macarra", "mafioso", "trapichero", "delincuente de guante no blanco sino áspero y desabrido" o "comisionista al por mayor", va sin duda más allá de una crítica a la labor política de la demandante y del grupo político del que formaba parte, pues se la está calificando poco menos que como alguien que emplea medios ilícitos para el ejercicio de su cargo político o para enriquecerse y, en definitiva, se la está tachando de persona que se conduce en su vida personal y, especialmente, en el desempeño de su actividad política, movida por fines moralmente reprobables. Y ello es así, aun cuando la mención del nombre y apellidos de la demandante no aparezcan en los tan repetidos mensajes, pues, como bien señala la juzgadora a quo, las pretendidamente genéricas expresiones y alusiones que se dirigen a los integrantes del grupo municipal del Partido Popular en Mérida incluyen, sin duda, a las personas concretas que lo integraban en su día, entre ellas la actora.

Tampoco se acoge el motivo esgrimido por los apelantes en cuanto se refiere a que los contenidos de la página en que se insertaron los mensajes no pudieron ser objeto de control por los demandados, pues tanto la Agrupación Local del PSOE de Mérida como el Sr. Carlos Miguel fueron quienes pusieron a disposición de los usuarios de internet un lugar para que se expresaran lo que en la mentada página se llamaban sugerencias al entonces candidato a la alcaldía de Mérida; por tanto, del mismo modo que los demandados podían examinar el contenido de los mensajes para examinar o analizar esa sugerencias, también tenían acceso sin duda a los mensajes en los que, lejos de plantearse sugerencias, se contenían las expresiones injuriosas que han dado lugar a este procedimiento, y, si permitieron que continuaran colgadas en la red, pudiendo haberlas retirado, por sí mismos o dando las instrucciones oportunas para ello al administrador de la página, no pueden ahora eludir su responsabilidad aduciendo, como también hace el Ministerio Fiscal, al hecho de que los mensajes no hayan sido directamente elaborados por los demandados, sin que, por lo demás, y en el marco de un proceso civil como es el presente, sea imprescindible o necesaria la averiguación de las personas concretas que enviaron los mensajes. Como bien señala la sentencia, los demandados tendrían la consideración de prestadores de servicios de intermediación en internet, cuya responsabilidad, a tenor del art. 16 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico sólo está excluida cuando demuestran que no tenían conocimiento efectivo de los contenidos que alojan o transmiten o, si lo tenían, no actúan con la debida diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos, y, en este caso, es claro que, creada la página precisamente para recibir determinados contenidos -esas sugerencias y opiniones a las que insistentemente se refieren los apelantes-, ha de entenderse que quienes eran titulares del dominio y de la página lógicamente examinarían su contenido, y del mismo modo que tuvieron a su disposición y conocieron esas sugerencias, también lo tenían de los contenidos injuriosos, o, desde luego, posibilidad de tenerlo, con lo que la vulneración del derecho al honor que se ha llevado a efecto a través de la página web examinado ha de entenderse cometida por quienes tenían la posibilidad de seleccionar el contenido de lo que se transmitía y difundía a los usuarios, bien por sí mismos o bien a través del administrador de la página; la posibilidad de retirar determinados contenidos viene incluso a ser admitida por los propios demandados cuando afirman, precisamente, que tuvieron la precaución o el cuidado de eliminar aquéllas referencias que les parecieron entonces no acordes con el fin para el que se creó la tan citada página web.

Tercero.-La impugnación relativa a la cuantía de la indemnización por el daño moral que, legalmente, está configurado como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental al honor se rechaza pues se estima razonable y proporcionada a las circunstancias en que se produjo tal vulneración, a través de internet pero sin que se aprecia una especial o relevante divulgación más allá del ámbito local, y durante un periodo de tiempo no excesivamente largo.

Cuarto.-La desestimación del recurso determina que las costas de esta alzada se impongan a la parte apelante (art. 398 de la L.E.C.).

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
QUE DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la representación procesal de DON Carlos Miguel Y PSOE AGRUPACIÓN LOCAL DE MÉRIDA, y al que parcialmente se adhirió el MINIESTERIO FISCAL, contra la sentencia dictada en fecha 1 de julio de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Mérida, en los autos de JUICIO ORDINARIO núm. 165/2007, DEBEMOS CONFIRMAR ÍNTEGRAMENTE la citada resolución, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, instruyéndoles de lo establecido en el art. 248 de la L.O.P.J.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de lo resuelto, a fin de que se proceda a su ejecución y cumplimiento, archivándose el original en el Legajo de sentencias civiles de esta Sección.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-. La anterior Sentencia ha sido publicada por la Ilma. Sra. Magistrado Ponente, en acto de audiencia pública celebrado el día de la fecha. De lo que certifico.


Diligencia.-La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que contra la anterior Sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214 y siguiente de la LEC y 267 de la LOPJ. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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