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Sentencia A.P. Pontevedra 563/2010, de 6 de septiembre


 RESUMEN:

Capitulaciones matrimoniales: No existe una concreción de actuaciones intimidatorias o coactivas respecto al otorgamiento de la escritura de capitulaciones matrimoniales. El testigo hace referencia a que la madre fue al notario ante las amenazas del esposo, sin que se haya llegado a concretarse cuál fue el alcance o la entidad de las mismas. Doctrina jurisprudencial al respecto. Partición hereditaria: No se acredita que se haya producido lesión en más de la cuarta parte en la adjudicación de los bienes gananciales para dar lugar a la rescisión de la misma.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00563/2010

Domicilio: C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO

Telf.: 986817388-986817389 - Fax: 986817387

Modelo: SEN00

N.I.G.: 36038 37 1 2008 0600971

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0003422 /2008

Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 7 de VIGO

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000576 /2007

APELANTE: Verónica

Procurador/a: SOLEDAD PEREZ GONZALEZ

Letrado/a: JOSE ABREU

APELADO/A: Valeriano

Procurador/a: ELENA GARCIA CALVO

Letrado/a: CARLOS PENSADO

LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta por los Ilmos. Sres.

Magistrados D. Julio Picatoste Bobillo, Presidente, Presidente; D. Juan Manuel Alfaya Ocampo y D. Eugenio Francisco Míguez Tabares, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm.563/2010

En Vigo, a seis de setiembre de dos mil diez

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000576 /2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 7 de VIGO, a los que ha correspondido el núm. de Rollo de apelación 0003422 /2008, es parte apelante-demandante: D./.ª Verónica, representado por el procurador D./.ª SOLEDAD PEREZ GONZALEZ y asistido del letrado D./.ª José Abreu Sanjose; y, apelante-demandado: D./.ª Valeriano representado por el procurador D./.ª ELENA GARCIA CALVO y asistido del letrado D./.ª Carlos Pensado Vázquez.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./D.ª Eugenio Francisco Míguez Tabares, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de Vigo, con fecha 4/7/2008, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimando la demanda promovida por la procuradora Dña Soledad Pérez González en nombre y representación de Dña Verónica frente a D. Valeriano respecto a la petición contenida en el punto c) del suplico de la misma, debo condenar y condeno al demandado a que entregue a la actora la cantidad de 166.717,54 euros en cumplimiento de la adjudicación efectuada en la escritura de fecha 6 de octubre de 2003 sin que proceda efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas."

Segundo.-Contra dicha Sentencia, por el Procurador Soledad Pérez González, en nombre y representación de Dña Verónica, se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a la Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección Sexta, sede Vigo, señalándose para la deliberación del presente recurso el día 29/7/2010.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se reproduce nuevamente en esta alzada la totalidad del debate planteado en la instancia, por lo que debemos analizar cada una de las acciones y pretensiones planteadas en la demanda.

Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia de primera instancia.

En la demanda inicial se instaba la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por los litigantes ante el Notario de Vigo Don Luis Rajoy Brey el 6 de octubre de 2003 por haber sido otorgada mediante intimidación, o en su caso haber incurrido la demandante en error en el otorgamiento.

Debemos recordar que el art. 1261 Cc para considerar celebrado un contrato exige la concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto y causa, y el art. 1262 Cc precisa que el primero de ellos se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. El contrato existe entonces "desde que una o varias personas consienten en obligarse" (art. 1254 Cc), perfeccionándose "por el mero consentimiento" (art. 1258 Cc), y pudiendo "establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente" con una serie de límites (art. 1255 Cc), lo que resulta aplicable a las capitulaciones matrimoniales reguladas en los arts. 1325 y sig Cc.

El artículo 1265 Cc establece que será nulo el consentimiento prestado por intimidación y el 1267 Cc dispone, en los párrafos segundo y tercero, que hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes, y que para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona, añadiendo el artículo 1268 Cc que la intimidación anulará la obligación aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en el contrato.

La STS, Sala 1.ª, de 21de julio de 1993 indica que "en cuanto a la intimidación, dice la Sentencia de 21 de marzo de 1970, que "como ya se dijo, entre otras, en las Sentencias de esta Sala de 24 de febrero de 1964 y de 15 de diciembre de 1966, para que la intimidación definida en el apartado segundo del art. 1.267 del Código Civil pueda provocar los efectos previstos en el art. 1.265 del mismo cuerpo legal y conseguir la invalidación de lo convenido, es preciso que uno de los contratantes 0 persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral de tal entidad que por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiere de originar, influya sobre su ánimo induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses, es decir, consiste en la amenaza racional y fundada de un mal grave, en atención a las circunstancias personales y ambientales que concurran en el sujeto intimidado, y no un temor leve, y que entre ella y el consentimiento otorgado medie un nexo edificante de causalidad".

La STS de 21 de octubre de 2005 afirma que "aunque la intimidación puede excepcionalmente implicar una falta total de consentimiento lo que supondría la inexistencia contractual (artículo 1.261, 1.º), generalmente afecta sólo al consentimiento libre dando lugar a la anulabilidad, impugnabilidad o nulidad relativa (artículos 1.300 y 1.301), en sintonía con la regla "voluntas coacta voluntas est" (Sentencias de 18 de marzo de 1958, 27 de febrero de 1964 y 5 de marzo de 1992). La jurisprudencia viene declarando que para conseguir la invalidación de lo convenido es preciso que uno de los contratantes o persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral de tal entidad que por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiere de originar, influya sobre su ánimo induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses (Sentencia de 4 de octubre de 2002).

La propia jurisprudencia señala de modo sintético como requisitos de la intimidación contractual los siguientes: amenaza injusta o ilícita (que tiñe de antijuricidad la conducta); temor racional y fundado; mal inminente y grave; prestación de un consentimiento contractual; y nexo causal entre la amenaza y el consentimiento prestado (Sentencias, entre otras, de 25 de mayo de 1944, 4 de julio y 28 de octubre de 1947, 27 de febrero de 1964, 15 de diciembre de 1966, 21 de marzo de 1970, 11 de marzo y 26 de noviembre de 1985, 5 de abril y 21 de julio de 1993, 6 de noviembre de 1994, 7 de febrero de 1995 y 4 de octubre de 2002).

El primer requisito es la existencia de una amenaza injusta o ilícita. Su apreciación presenta un doble aspecto, a saber, el fáctico y el jurídico. El primero está integrado por la constancia de los hechos o actos de que se deduce la afirmación de la intimidación. El segundo hace referencia a la calificación de los hechos o actos, cuya realidad se ha declarado previamente, como determinantes de intimidación".

Añade la citada resolución que "esta Sala tiene declarado que la apreciación de los vicios del consentimiento ha de estar fundamentada y no sostenida en meras conjeturas (Sentencia de 13 de diciembre de 2000) y que la "vis compulsiva" viciante necesita siempre una prueba irrefutable (Sentencia de 25 de noviembre de 2000), por lo mismo que la libertad del consentimiento ha de presumirse (Sentencia de 6 de diciembre de 1985, y las que cita)". Precisa asimismo la sentencia que "por otra parte, la amenaza ha de ser ilícita, es decir, revestir carácter antijurídico. Y la doctrina jurisprudencial viene reiterando que no es injusto el mal que dependa del ejercicio de un derecho o facultad legítima (Sentencias, entre otras, de 16 de diciembre de 1915, 23 de diciembre de 1935, 18 de noviembre de 1944, 13 de junio de 1950, 17 de octubre de 1955, 27 de junio de 1963 y 6 de diciembre de 1985)".

En el presente supuesto, mediante la declaración prestada en la vista por el hijo del matrimonio Don Jose Ramón, que ratifica las manifestaciones por él realizadas y recogidas en el Acta otorgada por el Notario Don José Antonio Somoza Sánchez, se refleja la existencia de episodios de violencia familiar, aun cuando no consta que los mismos hayan dado lugar a la incoación de procedimientos penales. Sin embargo debemos tener en cuenta que el acta notarial de manifestaciones se realizó el 4 de mayo de 2007, apenas veintiún días antes de la presentación de la demanda que ha dado origen al presente proceso en el que se insta la nulidad de una escritura de capitulaciones matrimoniales que fue otorgada en el mes de octubre de 2003, por lo que nos encontramos ante un relato genérico, sin que exista concreción de actuaciones intimidatorias o coactivas respecto al otorgamiento de la escritura de capitulaciones matrimoniales cuya nulidad ahora se insta, ya que el testigo al mencionar el episodio acaecido en el mes de octubre de 2003 hace referencia a que la madre fue al notario ante las amenazas del esposo, sin que hayan llegado a concretarse cuál fue el alcance o la entidad de las mismas.

Corresponde a la parte actora, de conformidad con lo establecido en el art. 217 LEC para la prueba de las obligaciones, acreditar de forma fehaciente que la citada escritura se otorgó ante la existencia de amenaza grave e injusta por parte de Don Valeriano que haya producido en la que era su esposa Doña Verónica un temor racional y fundado a sufrir un mal concreto y grave, bien sobre ella o sobre seres allegados, que la haya inducido a emitir una declaración de voluntad no deseada. No se ha probado por la parte demandante la existencia de intimidación (con base en coacciones o amenazas) de tal entidad que hayan conducido a Doña Verónica al otorgamiento de la escritura de capitulaciones matrimoniales pese a su voluntad renuente a prestar el consentimiento.

Segundo.-Se alega asimismo la existencia de vicio del consentimiento derivado del engaño sufrido por Doña Verónica, al ignorar la misma que junto a los testamentos que cada uno de los cónyuges iba a otorgar se iba a formalizar la escritura de capitulaciones matrimoniales y liquidación de gananciales.

En relación con la solicitud de declaración de la nulidad por error el citado art. 1265 Cc dispone que será nulo el error prestado por error, violencia, intimidación o dolo, y el art. 1266 Cc establece que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

En cuanto al error la STS, Sala 1.ª, de 4 de enero de 1982 indica que el error en su calidad de vicio intelectivo anulatorio del contrato debe reunir las características de esencialidad y excusabilidad, "negando al error eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, para lo cual habrá que atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las personales".

La STS, Sala 1.ª, de 17 de febrero de 2005 indica que "ha de recordarse la doctrina jurisprudencial según la cual para que un error pueda invalidar un negocio, es preciso que el mismo no sea imputable a quien lo padece, y tal cosa sucede cuando quien lo invoca podría haberlo eliminado empleando una diligencia normal adecuada a las circunstancias, es decir, una diligencia media teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien no merece dicha protección por su conducta negligente (SS 24 de enero de 2003, 12 de julio de 2002 y 30 de septiembre de 1999, entre otras)".

Dice la STS, Sala 1.ª, de 12 de noviembre de 2004, con cita de la STS de 24 de enero de 2003 que "de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento, así lo entienden las SS 14 y 18 de febrero de 1994, 6 de noviembre de 1996 y 30 de septiembre de 1999, señalándose en la penúltima de las citadas que la doctrina y la jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no sea inexcusable, habiéndose pronunciamiento por su inadmisión, si este recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar el error con una normal diligencia; con cita de otras varias, la S 12 de julio de 2002 recoge la doctrina de esta Sala respecto al error en el objeto al que se refiere el párr. 1.º del art. 1265 del CC y establece que será determinante de la invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste; y b) que no sea imputable a quien lo padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por la declaración (SS 18 de febrero y 3 de marzo de 1994)".

En el mismo sentido la STS de 24 de enero de 2003 precisa que "... de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de un error excusable, es decir aquel que no se puede atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar al consentimiento, así lo entienden la S 14 y 18 Feb. 1994, 6 Nov. 1996, y 30 Sep. 1999, señalándose en el penúltima de las citadas que "la doctrina y la jurisprudencia, viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no sea inexcusable, habiéndose pronunciado por su no admisión, si este recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar el error con una normal diligencia".

En el presente supuesto la parte actora alega que Doña Verónica ignoraba que se había otorgado la escritura de capitulaciones matrimoniales; sin embargo al declarar en la vista la testigo Doña Remedios, vecina de la demandante, manifestó que esta le había dicho a la testigo que había firmado muchos papeles que no sabía lo que eran, pero esa manifestación implica precisamente que la actora fue consciente que no se limitó a firmar en la notaría tan sólo un testamento. Debemos además tener en cuenta que el Notario autorizante necesariamente tuvo que informar a los otorgantes del contenido de la escritura de capitulaciones matrimoniales, y en todo caso la demandante pudo solicitar del fedatario público cualquier aclaración sobre el citado documento o manifestar su oposición o al menos sus dudas a suscribir el mismo, por lo que en modo alguno podemos considerar que nos encontremos ante un error invencible o excusable, y, como ya hemos indicado, el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar al consentimiento; así lo entienden las SSTS de 14 y 18 de febrero de 1994, 6 de noviembre de 1996 y 30 de septiembre de 1999. El error ha de estar suficientemente probado y su apreciación es sumamente restrictiva por encontrarse siempre enfrente con el principio de "favor negotii", o en este caso "favor partitionis".

Tercero.-En relación con la solicitud de que se declare la rescisión de la escritura por causa de lesión, la STS, Sala 1.ª, de 23 de diciembre de 1998 ha declarado que las operaciones divisorias gananciales no están sometidas a reglas encorsetadas y rígidas, ya que impera una amplia libertad formal, que opera con plena eficacia cuando se actúa dentro del cauce de la legalidad.

La STS Sala 1.ª, de 17 de mayo de 2004 afirma que "La rescisión por lesión de la liquidación está consentida por el Código civil (arts. 1.410 y 1.074) art.1074 EDL 1889/1 art.1410 EDL 1889/1 para reparar agravios económicos sufridos en la partición, no porque existe un vicio en el consentimiento de los que la llevan a cabo: la rescisión presupone actos o negocios jurídicos válidos (art. 1.290), por lo que no puede admitirse la tesis del recurso; bastaría entonces la validez del acto, lo que implica un auténtico consentimiento libre de vicios, para que la lesión económica no pudiese ser corregida, con lo cual se hacen inútiles las normas legales que la acogen".

La STS Sala 1.ª, de 20 de noviembre de 1993 establece que "Entre los preceptos reguladores de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales (arts.1.392 y siguientes del Código Civil) no existe norma específica alguna que reglamente la posible rescisión de dicha liquidación, ante cuya ausencia normativa ha de acudirse necesariamente a los preceptos reguladores de la partición y liquidación de la herencia, dada la expresa y amplia remisión que a los mismos hace el art. 1.410 del citado cuerpo legal. En armonía con el espíritu favorable a la conservación de la partición hereditaria ya hecha (favor partitionis) que inspira a los preceptos reguladores de la misma, aplicables, como acaba de decirse, a la liquidación de la sociedad de gananciales, el único supuesto específicamente normado de posible rescisión de la partición hereditaria (además de las causas comunes a todas las obligaciones) es el de lesión en más de la cuarta parte (art.1.074 del Código Civil) pero no cuando haya dejado de incluirse en ella (voluntaria o involuntariamente) algunos bienes o valores, en cuyo caso lo procedente no es la rescisión de la partición practicada, sino el Complemento o adición de la misma con los bienes o valores omitidos".

La SAP de Córdoba de 4 de abril de 2003 indica que "si bien los arts. 1410 y 1074 del CC permiten que la liquidación de la sociedad legal de gananciales sea rescindible por lesión en más de una cuarta parte atendiendo el valor que las cosas tenían cuando las mismas fueron adjudicadas, y es lo cierto que a la prosperabilidad de dicha acción rescisoria específica no obsta la ausencia vicio de consentimiento alguno, o el extremo de que el convenio regulador, donde eventualmente se hubiere incluido, fuera judicialmente aprobado, en modo alguno puede olvidar hoy el recurrente que el acuerdo o negocio jurídico por el que las partes liquidaron en su día la sociedad de gananciales, es un negocio jurídico nítidamente patrimonial y por ende plenamente sometido al principio de la autonomía de la voluntad. De forma, que si en este caso concreto dicho acuerdo voluntariamente se hizo con total soslayo de unos concretos valores económicos y del notorio desfase patrimonial que resultaba entre los dos lotes que respectivamente se adjudicaban, mal puede hoy traerse a colación lesión patrimonial alguna, pues amén de que ello sería contradecir las reglas de la buena fe mediante el actuar arbitrario que supone el desconocer los propios actos (art. 7 del CC), y, por ende, sería tanto como dejar al arbitrio de una de las partes la validez de lo mutuamente convenido (posibilidad totalmente proscrita por el art. 1256 del CC), en última instancia supondría, además, desconocer la verdadera esencia del acuerdo liquidatorio en su día alcanzado en relación a lo aquí pretendido".

La parte demandante alega que existe un agravio por la desproporción entre el valor de los bienes adjudicados a cada uno de los litigantes, ya que a Don Valeriano se le adjudicaron la totalidad de las participaciones sociales de la entidad "RECREATIVOS COYA, S.L." y 34.536 participaciones en la entidad "JUGOVE, S.L.", mientras que a Doña Verónica se le adjudicaron 6.793 participaciones en la entidad "JUGOVE, S.L." y 166.717,54 euros en efectivo, otorgándose a ambos lotes un valor igual de 207.552,42 euros. Se afirma por la parte actora la existencia de desproporción en ambas adjudicaciones dado el activo que posee cada una de las sociedades reseñadas.

Sin embargo debe tenerse en cuenta que la sociedad "JUGOVE, S.L." fue constituida el 17 de junio de 1996 con un capital social de 41.329.000 pts distribuido en 41.329 participaciones, de las cuales correspondieron a Don Valeriano 34.536 participaciones y a Doña Verónica las restantes 6.793 participaciones en base a las respectivas aportaciones que cada uno de ellos había realizado al constituirse la sociedad, tal y como se acredita con la escritura de constitución de dicha sociedad (que no consta que haya sido impugnada), justificándose además documentalmente el origen de las distintas aportaciones realizadas por cada uno de los cónyuges, por lo que al realizarse la liquidación de la sociedad de gananciales en la escritura de capitulaciones matrimoniales de 6 de octubre de 2003 se mantuvieron los porcentajes de participación que cada uno de ellos ostentaba en la citada sociedad.

En relación con la sociedad "RECREATIVOS COYA, S.L." adjudicada a Don Valeriano, y a la que en la escritura de capitulaciones matrimoniales se le atribuye un valor de cero euros, debemos indicar, como se afirma en la SAP Audiencia Provincial de Alicante, sec. 9.ª, de 26 de marzo de 2010, que para apreciar la existencia de rescisión por lesión de la liquidación "la lesión, debe determinarse, no respecto al valor singular de los bienes, sino en relación con el valor total de los incluidos en cada lote y, según el artículo 1.074 del Código Civil, para examinar si existe la lesión en más de la cuarta parte se debe atender al valor de los bienes cuando fueron adjudicados"; y en este caso en el instante en el que se otorgó la escritura de capitulaciones matrimoniales la citada sociedad presentaba un saldo negativo, toda vez que aun cuando el citado año se generaron beneficios sin embargo existían pérdidas de ejercicios anteriores cifradas en la cantidad de 100.491,28 euros, tal y como resulta del examen del balance abreviado aportado por la parte demandada. No se ha acreditado mediante la práctica de prueba pericial cuál era el valor patrimonial real de la entidad "RECREATIVOS COYA, S.L." en la fecha del otorgamiento de la escritura de capitulaciones matrimoniales. Conviene además recordar que a la esposa se le adjudicó una suma en metálico por importe muy superior a los beneficios que generaba la citada sociedad.

Se alega también por la parte demandante que en el inventario de la escritura de fecha 6 de octubre de 2003 no se reseñaron todos los bienes que integraban el patrimonio ganancial al no haberse incluido la sociedad "SAMILOCIO, S.L.", pero en relación con esta cuestión debemos recordar lo expresado en la citada STS Sala 1.ª, de 20 de noviembre de 1993 cuando al hacer referencia a que uno de los motivos para la "rescisión de la partición hereditaria es el de lesión en más de la cuarta parte (art.1.074 del Código Civil) pero no cuando haya dejado de incluirse en ella (voluntaria o involuntariamente) algunos bienes o valores, en cuyo caso lo procedente no es la rescisión de la partición practicada, sino el Complemento o adición de la misma con los bienes o valores omitidos".

En el mismo sentido en la SAP de Pontevedra, sec. 1.ª, de 12 de julio de 2006 se precisa que "La acción, subsidiariamente ejercitada, al amparo del art. 1.291-5.º en relación con el art. 1.074 del Código Civil, de rescisión por lesión en una cuarta parte, merece también ser rechazada por cuanto que, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1995 la posible rescisión de la partición por causa de lesión solo es posible cuando la lesión que se dice experimentada sea superior en una cuarta parte, atendido el valor de los bienes cuando fueron adjudicados (artículo 1074 del Código Civil) y respecto, exclusivamente, a los que efectivamente lo fueron; lo que aquí no ha ocurrido, pues no se ha probado que con los bienes gananciales adjudicados a la esposa, en su confrontación con el activo y pasivo adjudicados al esposo, haya experimentado aquella la lesión expresada de modo tal que lo que ha sucedido es que la construcción ubicada en la DIRECCION000" no ha sido incluida en las Capitulaciones Matrimoniales; no siendo factible, por tanto, amparar la acción de rescisión en la existencia de bienes no adjudicados, lo que implica el mantenimiento de la partición efectuada y, en su caso, su posterior complemento con los eventualmente omitidos (art. 1.079 Código Civil). Igualmente podrá adicionarse la partición, aunque no ha sido objeto de pretensión alguna, lo relativo a la DIRECCION001" no mencionada en las Capitulaciones y que parece formaba parte del activo ganancial".

Por lo tanto, al no haberse acreditado que se haya producido lesión en más de la cuarta parte en la adjudicación de los bienes gananciales debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en relación con la acción de rescisión por lesión.

Cuarto.-Por último procede analizar el recuso interpuesto por la representación procesal de Don Valeriano respecto a la condena del mismo a abonar a Doña Verónica la suma de 166.717,54 euros.

Alega el recurrente que el pago ya tuvo lugar cuando se formalizó la escritura, ya que en la misma se hizo constar que dicha cantidad era "en efectivo"; sin embargo esta expresión significa únicamente que ese pago se realizaba en metálico, a diferencia de las restantes adjudicaciones reseñadas en la escritura que hacían referencia a participaciones en sociedades. Si se pretendía manifestar que Doña Verónica percibía en dicho instante la indicada cantidad de dinero así debería haberse hecho constar de forma indubitada, bien con expresiones como "cantidad que recibe en este acto", "cantidad que declara haber recibido con anterioridad al mismo", "dando la misma cumplida carta de pago".....Si la parte demandada alega que el pago se efectuó al otorgarse la escritura corresponde a dicha parte procesal acreditar dicho extremo, con base en lo dispuesto en el art. 217 LEC, justificando por ejemplo la transferencia bancaria realizada desde una cuenta común de los cónyuges a una cuenta privativa de la esposa, acreditando bien la retirada de dicha suma con anterioridad al otorgamiento de la escritura, o bien la emisión de cheque o pagaré,.... Al no haberse disuelto el matrimonio en la fecha del otorgamiento de la escritura de capitulaciones matrimoniales resulta entendible que la esposa no hubiera recibido la cantidad que le correspondía y que se tratase de una adjudicación meramente nominal, correspondiendo probar la realidad del pago a la parte que alega que sí fue efectuado. Llegamos entonces a la misma conclusión reflejada en la sentencia de instancia relativa a la inexistencia de la entrega de la cantidad en efectivo a la demandante.

Debemos por lo tanto desestimar igualmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada y confirmar íntegramente la sentencia dictada en la instancia.

Quinto.-De conformidad con lo previsto en los arts. 39-1 y 398-1 LEC cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las costas a la parte apelante, salvo que presentase serias dudas de hecho o de derecho.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Desestimando los recursos de apelación interpuestos por la Procuradora Doña Elena García Calvo, en nombre y representación de Don Valeriano, y de la Procuradora Doña Soledad Pérez González, en nombre y representación de Doña Verónica, contra la Sentencia de fecha 4 de julio de 2008 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Vigo, confirmamos la misma, con imposición a las partes apelantes de las costas procesales causadas en los recursos.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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