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Sentencia T.S.J. Madrid 122/2010 de 12 de enero


 RESUMEN:

Garantía de indemnidad: Nulidad del despido disciplinario cuya improcedencia se reconoció por la propia empresa. Lesión de derechos fundamentales. Indicios de conexión entre la reclamación salarial presentada previamente por la trabajadora y el despido efectuado por la empresa. Consideración de despido nulo.

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.1

MADRID

SENTENCIA: 00122/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 5837/09

Sentencia número: 122/10

J.G.

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZALEZ ALLER

Presidente

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilma. Sra. Dña. MARIA JOSE HERNANDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a doce de febrero de dos mil diez.

Habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación número 5837/09, formalizado por el/la Sr./Sra. Letrado/a D./ña. GLORIA VILLAR ABAD, en nombre y representación de DÑA. Melisa contra la sentencia de fecha 9 DE JULIO DE 2009, dictada por el Juzgado de lo Social número 29 de MADRID, en sus autos número 460/09, seguidos a instancia de la citada parte recurrente frente al "CENTRO MEDICO MONFORTE VAGUADA, S.A", en reclamación de DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. MARIA JOSE HERNANDEZ VITORIA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicho sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

Primero.-La demandante D.ª Melisa ha venido prestando servicios para la empresa Centro médico Monforte Vaguada, S.A. con antigüedad de 15-9-2003, categoría profesional de Técnico de Rayos y percibiendo un salario mensual de 1.139,83 euros más 167,74 euros en concepto de prorrata de pagas extras.

Segundo.-La empresa dejó de abonar por motivos de falta de liquidez los salarios de los meses de septiembre y octubre de 2008.

Tercero.-La Letrada de la demandante reclamó el pago de las mensualidades a atrasadas a la actora y a otras tres trabajadoras de la empresa mediante carta de fecha 11-11-2008, que obra a los folios 64 al 66 de autos, notificada a la empresa el 14-11-2008.

Cuarto.-La demandante presentó papeleta de conciliación en el SMAC en reclamación de tales salarios por importe de 1.243,21 euros en cada una de esas dos mensualidades, en fecha 6-11-2008, teniéndose por intentada sin efecto sin que conste la citación en legal forma de las partes al acto de conciliación y presentó demanda en el Decanato de los Juzgados de lo Social en fecha 16-12-2008, siendo admitida a trámite mediante Auto de fecha 18-3-2009, que está pendiente de enjuiciamiento ante el Juzgado Social n° 34 de Madrid (folios 40 al 50 de autos).

Quinto.-En fecha 2-2-2009 la empresa comunicó a la demandante la carta de extinción del contrato de trabajo por despido disciplinario con efectos de esa misma fecha, que obra al folio 57 de autos, dándose por reproducida, en la que le indicaba:

"A los solos efectos del artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, le comunicamos que queda a su disposición en las mismas oficinas una cuantía indemnizatoria de 45 días por año trabajado con los límites legales previstos que asciende s.e.u.o. a DIEZ QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (10.537,31 euros). De no ser recogida el primer día hábil desde la fecha del despido, dicha cuantía será consignada en los Juzgados de lo Social de Madrid con todos los efectos legales que dicho depósito produce".

Sexto.-E1 día 4-2-2009 presentó la empresa escrito en el Decanato de los Juzgados de lo Social reconociendo la improcedencia del despido al amparo del artículo 56.2 del ET y acreditando la consignación a favor de la trabajadora de la suma de 10.537,31 euros en concepto de indemnización por despido, que fue puesta a disposición de aquella mediante providencia de fecha 11-2-2009 y que le fue entregada a la demandante el 25-3-2009 (folios 10 y 32 de autos).

Séptimo.-E1 día 5-2-2009 presentó la actora otra papeleta de conciliación en reclamación del pago de salarios de los meses de noviembre de 2008 al de enero de 2009 (folios 54 al 56 de autos).

Octavo.-La empresa, cuando obtuvo liquidez, abonó las mensualidades atrasadas a las cuatro trabajadoras mediante sendas transferencias de fecha 13-2-2009, documentadas al folio 112 de autos.

Noveno.-La actora interpuso papeleta de conciliación por despido el 24-2-2009 frente a la empresa demandada, habiendo intentado las partes el acto de conciliación en el SMAC el 10-3-2009 sin efecto.

Décimo.-- Otra de las trabajadoras que suscribieron las reclamaciones de salarios relatadas en los precedentes hechos tercero y cuarto, D.ª María Virtudes, fue despedida, reconociendo la improcedencia del despido al amparo del artículo 56.2 del ET y acreditando la consignación a favor de la trabajadora de la indemnización por despido y promovió demanda por despido nulo por vulneración de la garantía de indemnidad, pretensión que fue desestimada por sentencia del Juzgado Social n° 4 de Madrid de fecha 21-5-2009 en Autos 429/09, que estimó parcialmente las diferencias de la cuantía consignada y desestimó en lo demás la demanda, la cual obra a los folios 119 al 133 de autos, sin que conste la firmeza de dicha sentencia.

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que, desestimando la demanda por despido promovida por D.ª Melisa frente a la empresa CENTRO MEDICO MONFORTE VAGUADA, S.A., absuelvo a la demandada de todas las pretensiones deducidas en su contra".

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 19 de noviembre de 2009 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio en 27 de enero de 2010, señalándose el día 10 de febrero de 2010 para los actos de votación y fallo.

Séptimo.-En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El 2 de febrero de 2009 la empresa "Centro Médico Monforte Vaguada, S.A" extinguió la relación laboral que le unía con la Sra. Melisa por despido disciplinario, al tiempo que admitió la improcedencia de esa medida, razón por la que procedió a consignar judicialmente la correspondiente indemnización. No obstante, la citada trabajadora entendió que dicha medida constituía un despido nulo, y así pidió fuera declarado judicialmente, si bien la sentencia del juzgado de lo social n.º 29 de Madrid de fecha 9 de julio de 2009 desestimó tal pretensión.

Recurre la actora esa decisión con un único motivo de suplicación.

Segundo.-En él invoca los arts. 55.5 E.T y 24.2 C.E, reclamando que su despido se declare nulo por lesión de la garantía de indemnidad tutelado en el citado precepto constitucional, ya que la extinción contractual acordada por la empresa es reacción a la reclamación salarial previamente presentada por aquélla el 11 de noviembre de 2008, lo cual es indicio de la conexión que puede existir entre esa reclamación y el despido, indicio que no se enerva con la explicación dada por la empresa y admitida por la juzgadora de instancia según la cual la dificultad económica de la empresa justificó su actuación, pues, según el recurso, tal dificultad hubiera podido fundamentar, en su caso, un despido objetivo, pero no un despido disciplinario cuya improcedencia se reconoció por la propia empresa.

Alega también el recurso que la sentencia citada en el décimo hecho declarado probado de la sentencia que ahora se impugna no es un referente válido para dar solución al presente pleito, tanto por la independencia judicial de criterio que debe existir en el enjuiciamiento de ambos litigios, como por el hecho sustancial de que ese otro proceso carece de sentencia firme, aparte de que no quedó acreditado en él la reclamación extrajudicial de la letrada de la recurrente que sí consta en este pleito, incidiendo, además, en el dato relativo a que del conjunto de la plantilla sólo se ha despedido a los trabajadores que han interpuesto reclamación judicial en defensa de sus derechos laborales.

A todo lo cual responde la empresa negando la existencia de indicios de lesión de derecho fundamental alguno, insistiendo en que al momento de acordar la extinción de la relación laboral de la recurrente desconocía por completo que ésta hubiera podido presentar alguna reclamación previa en materia salarial, lo cual, sin embargo, no le impide admitir la existencia de la carta de la letrada de la actora que el 14 de noviembre de 2008 le reclamó el abono de los salarios pendientes de pago hasta esa fecha, si bien a continuación se dice respecto a tal carta que "no fue recepcionada por mi representada" y que, en todo caso, demuestra la difícil situación económica por la que atravesaba la empresa, que motivó la necesidad de amortizar puestos de trabajo, medida ésta que se dice afectó a once trabajadores y no sólo a los tres que alega el recurso.

Así pues, los puntos a examinar están muy definidos: si hay o no indicios de lesión del art. 24.2 C.E y, de haberlos, si han sido enervados por la empresa.

Tercero.-Como tales indicios podríamos considerar, en hipótesis, los tres datos siguientes: la reclamación judicial de salarios presentada el 16 de diciembre de 2008, la reclamación judicial de salarios de 4 de febrero de 2009 y la reclamación extrajudicial de 11 de noviembre de 2008.

La primera de las reclamaciones citadas no es significativa de la eventual lesión del derecho fundamental de referencia. Compartimos en este punto la valoración que le atribuye la juzgadora de instancia cuando destaca que esa reclamación no fue conocida por la empresa hasta que se le notificó el auto del juzgado de fecha 18 de marzo de 2009 que admitió a trámite la demanda, ya que la previa papeleta de conciliación extrajudicial no llegó hasta la demandada por problemas de notificación. Así pues, siendo la notificación del citado auto posterior al acto de despido, no podemos establecer entre ambos ningún vínculo.

Tampoco entre el despido y la demanda de cantidad que fue precedida de la conciliación extrajudicial de 5 de febrero de 2009, ya que ésta fue posterior al despido notificado el 2 de febrero de 2009.

En cambio sí tiene la categoría de indicio lesivo del art. 24.2 C.E la reclamación extrajudicial presentada por la recurrente, a través de su letrada, el 11 de noviembre de 2008, y la tiene porque nos lo ha dicho así el Tribunal Constitucional en un caso similar la presente, resuelto en la sentencia 55/04, en la que se definen los términos del problema objeto de examen desde la perspectiva constitucional y la solución que le corresponde.

En cuanto a lo primero dice tal sentencia: "la dimensión constitucional del asunto radica, ante todo, en discernir si en la práctica descrita en los antecedentes -solicitud de arreglo extrajudicial de un conflicto con anuncio del posible ejercicio subsidiario de acciones judiciales- opera la tutela propia de la garantía de indemnidad, según razona la demanda de amparo y entiende el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, o si, por el contrario, debe excluirse su vigencia en ese ámbito extrajudicial, como alega la parte demandada, por no haberse ejercitado efectivamente ante los Tribunales el derecho fundamental que se invoca (art. 24.1 CE)".

En cuanto a lo segundo, resuelve el Tribunal Constitucional: "El objetivo de evitar un proceso permite extender la garantía de la indemnidad a esa actividad previa no imperativa, pero conveniente y aconsejable, cuando del contexto, que se integra por los actos anteriores, coetáneos y posteriores, se deduzca sin dificultad que aquélla está directamente encaminada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial Lefectiva".

Por tanto, tenemos indicios de lesión del art. 24.2 C.E. Veamos ahora si ha sido enervada.

Cuarto.-A criterio de esta Sala la existencia de problemas económicos de la empresa no justifica el despido de la recurrente. Tengamos presente que ese despido no ha sido por causas objetivas, sino disciplinarias, reconociendo de inmediato la empresa la improcedencia de tal decisión.

Tengamos en cuenta también que consta probado que otra de las trabajadoras que se vieron despedidas por la empresa dirigió reclamación salarial contra su empleadora en la misma carta que la letrada común de ambas el día 11/11/08, y que, si bien la empresa alega que tal circunstancia es irrelevante, porque el despido objetivo afectó a un total de once trabajadores, de tal afirmación no tenemos noticia fidedigna alguna, y, de ser cierta, la empresa ninguna dificultad tenía para haberla acreditado.

De igual modo, tengamos presente que la sentencia citada en el décimo hecho declarado probado no es firme, y, sobretodo, que, como hemos visto a través de su lectura, puesto que obra en autos, no hay en ese caso constancia alguna de que la empresa tuviera conocimiento de ninguna reclamación extrajudicial o judicial de la demandante de ese pleito.

Por último, se impone decir que en la sentencia que ahora se recurre ante esta Sala el fundamento de derecho segundo menciona, incidentalmente, que la empresa atravesó una difícil situación económica "de ahí los retrasos generalizados en el pago de los salarios que motivaron la protesta de todos o muchos de los trabajadores", lo cual nos muestra varias cosas: 1.º) que esta protesta colectiva y de fecha indeterminada fue totalmente independiente de la formulada de manera concreta por la Sra. Melisa, a través de su letrada; 2.º) que esa protesta colectiva no consta fuese seguida de ninguna reclamación judicial, con la excepción de las formuladas por la recurrente en este litigio y en el citado en el décimo hecho declarado probado; 3.º) que en el pleito enjuiciado ante el Juzgado de lo Social número 4 de Madrid no se acreditó ningún hecho parecido al que sí figura en el ordinal tercero de la sentencia del Juzgado de lo Social número 29, de modo que los presupuestos de hecho no son similares.

Quinto.-Retomamos por ello el discurso argumental referido a que la Sala aprecia indicios de lesión de derechos fundamentales (garantía de indemnidad) que no aparecen desvirtuados. Por lo tanto, al igual que sucedía en la indicada sentencia del Tribunal Constitucional, se concluye con la existencia de lesión de derechos fundamentales y la calificación de despido como nulo.

Con la consecuencia de que se debe acordar la readmisión inmediata de la trabajadora y proceder al abono de salarios de tramitación.

El recurso se estima.

Sexto.-No procede la imposición de costas, dado que la parte vencida de la que habla el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral es sólo la recurrente que carece del beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente desestimada su pretensión.


FALLAMOS


 
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por DÑA. Melisa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 29 de los de MADRID de fecha 9 DE JULIO DE 2009, en sus autos 460/09, seguidos a instancia de la citada parte recurrente contra "CENTRO MEDICO MONFORTE VAGUADA, S.A", en reclamación de DESPIDO. En consecuencia, revocamos la sentencia de instancia y declaramos que el despido de la Sra. Melisa efectuado el día 2/2/09 constituye despido nulo, debiendo proceder a su inmediata readmisión, así como al abono de salarios de tramitación devengados desde el día siguiente a ese despido hasta que la reincorporación laboral se haga efectiva, a razón de 43'58 euros diarios. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1.995, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300,51 € deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal n.º1006, de la calle Barquillo n.º49, de Madrid 28004, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social de Madrid al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 28260000005837/09ecurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la c/ Miguel Ángel n.º 17, de Madrid 28010, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe,

en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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