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Sentencia T.S.J. Galicia 785/2010, de 22 de julio


 RESUMEN:

El encargado de la vigilancia de la carretera pasó por el tramo en que se produjo el accidente el mismo día en que tuvo lugar. Por ello, y de acuerdo con la doctrina que se deriva de las resoluciones jurisprudenciales en un principio citadas, se estima que no es posible en el presente caso, en lo que se refiere a la presencia sobre la calzada de sustancias deslizantes, establecer entre la inactividad de la Administración demandada y las lesiones y daños cuya indemnización se reclama el nexo causal necesario para declarar su responsabilidad patrimonial.

SENTENCIA

En la ciudad de A Coruña, a veintidós de julio de dos mil diez.

En el recurso contencioso-administrativo que con el N.º 4688/08 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por D.ª Frida y D. Prudencio, representados por D. Jacobo Tovar-Espada y Pérez y dirigidos por D. Braulio, contra la Resolución de 29-8-08 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. Es parte demandada la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, representada y dirigida por el Letrado de la Xunta de Galicia. Actúa cono codemandada "Zurich Cía. de Seguros, S.A.", representada por D.ª Isabel Tedín Noya y dirigida por D.ª Mercedes Martínez Santiesteban. La cuantía del recurso es de 60.034,03 €.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujese demanda, lo que realizó a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, solicitó se dictase sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.

Segundo.-Conferido traslado de la demanda a la Administración demandada para contestación, se presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, y se suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso. Lo mismo hizo la codemandada al cumplimentar dicho trámite.

Tercero.-Una vez practicadas, con el resultado que conste en autos, las pruebas admitidas y cumplimentado el trámite de conclusiones se declaró terminado el debate escrito y se señaló para votación y fallo el día 15-7-10.

Cuarto.-En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente el Magistrado Sr. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la Resolución de 29-8-2008 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los actores en relación con las lesiones y daños derivados del accidente de circulación ocurrido el 21-4-2006 a la altura del kilómetro 2,600 de la carretera PO-551.

Segundo.-Los actores fundamentan las pretensiones de su demanda en que la pérdida del control del vehículo, causa de su posterior salida de la calzada, fue motivada por la presencia de una sustancia deslizante sobre la superficie del tramo en el que se produjo el accidente motivo de su reclamación; y en que tal estado de cosas es atribuible a la Administración demandada al no mantener la carretera de su titularidad en buen estado de conservación y sin riesgo para los vehículos, pues no existía señalización alguna que advirtiese del estado de la vía. La Administración se opone a las pretensiones de los recurrentes alegando que no existe nexo causal entre su actuación como encargada de la conservación de la vía y las lesiones y daños derivados del accidente, y ello porque no consta que entre el vertido de esa sustancia y el accidente mediase el tiempo necesario para que los servicios de conservación de la carretera pudiesen comprobar su existencia y proceder a su limpieza, ya que no cabe exigir a esos servicios que mantengan una vigilancia tan intensa que garantice en todo momento la seguridad del tráfico, debiendo considerarse suficiente el recorrido semanal que realiza el vigilante por la referida carretera, y porque, además, el día en que ocurrieron los hechos dicho vigilante había recorrido la carretera desde las 8:30 a las 11:15 horas.

Tercero.-No hay razón para dudar de que la presencia de la sustancia deslizante sobre la calzada respondiese a la actuación de un tercero. Tampoco hay constancia, según informó la Policía Local de Marín (folio 200 del expediente), de que el lugar donde se produjo el accidente se viese afectado por algún tipo de actividad en las inmediaciones -obras, salida de camiones o maquinaria- que hiciesen conveniente advertirlo con las correspondientes señales. No puede decirse, en consecuencia, que mediase relación causal alguna entre la construcción, el mantenimiento o la señalización de la carretera y el accidente litigioso. Por ello sólo puede establecerse dicha relación entre la ineficiencia de la Administración para restaurar las condiciones de seguridad de la carretera tras ser alteradas por una actuación ajena. Esa ineficiencia pudo consistir en una reacción tardía tras el conocimiento de la referida situación, o en la inexistencia de un adecuado servicio de vigilancia de las carreteras que impidió conocer su estado. No hay constancia de que algún usuario de la vía avisase de la presencia en la carretera de la sustancia deslizante antes de que se produjese el accidente litigioso. El testimonio del Sr. Chapela Boullosa se refiere a un momento posterior. La Policía Local también informó que desconocía si se habían producido otros accidentes con anterioridad o si se habían presentado quejas por el estado resbaladizo de la zona. Estos datos permiten suponer que pudo transcurrir poco tiempo entre el vertido de las referidas sustancias y el accidente. Ante ello sólo es posible vincular causalmente el accidente y la falta de actividad de vigilancia por parte de la Administración si se entiende que esa vigilancia tiene que ser prestada de tal forma que de toda incidencia de esa naturaleza tenga la Administración un conocimiento casi inmediato, y que no son suficientes los recorridos periódicos reflejados en el expediente y el realizado en el mismo día en que se produjo el accidente.

Cuarto.-Las SSTS de 11-2-87 y 8-10-86 rechazan, en un caso similar al que aquí se enjuicia, que sea exigible a la Administración semejante actividad. Estableciendo un criterio general en materia de responsabilidad patrimonial por mera inactividad, la STS de 7-10-97 dice lo siguiente: "Cuando el daño se imputa a una omisión pura de la Administración -no relacionada con la creación anterior de una situación de riesgo- es menester para integrar este elemento causal determinar si, dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo. Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente impuestas a la administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del rendimiento objetivamente exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la actuación administrativa". Parece obvio que la intensidad de las labores de vigilancia tiene que estar en relación con el número de los usuarios de la vía, y que no es lo mismo una autopista, una autovía, una carretera de gran capacidad o la travesía de una zona urbana que una carretera con un tráfico mucho menor. Así lo confirma la STS de 3-12-02, en la que se acoge la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, pues en ella se dice que no cabe invocar el contenido de la STS de 8-10-86 porque "a diferencia del caso presente, en el enjuiciado por esa sentencia se trataba de accidente provocado a consecuencia del derramamiento de aceite en una carretera, mientras que éste se produjo en una vía urbana, que constituye, según se afirma por la recurrida, una vía urbana principal del término de Portugalete, lo que determina la exigencia de un mayor control por parte del servicio encargado del mantenimiento y limpieza de la vía pública. Y ello aparte de que en la Sentencia invocada por dicha recurrida se afirma que consta en el expediente que la función de policía relativa al mantenimiento en debidas condiciones de la vía pública se realizaba en aquella zona en la forma habitual, mientras que la posición procesal de la recurrida en ningún momento se ha dirigido a acreditar esa normalidad en el ejercicio del servicio de mantenimiento y limpieza de la vía urbana y ni siquiera ha ofrecido a la Sala prueba alguna acreditativa del estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del mismo derivados de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo". Como queda dicho el encargado de la vigilancia de la carretera pasó por el tramo en que se produjo el accidente el mismo día en que tuvo lugar. Por ello, y de acuerdo con la doctrina que se deriva de las resoluciones jurisprudenciales en un principio citadas, se estima que no es posible en el presente caso, en lo que se refiere a la presencia sobre la calzada de sustancias deslizantes, establecer entre la inactividad de la Administración demandada y las lesiones y daños cuya indemnización se reclama el nexo causal necesario para declarar su responsabilidad patrimonial. Por todo ello el recurso tiene que ser desestimado.

Quinto.-No se aprecian motivos para hacer imposición de costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS:


 
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Frida y D. Prudencio contra la Resolución de 29-8-2008 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes por la que se desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en relación con las lesiones y daños derivados del accidente de circulación ocurrido el 21-4-2006 a la altura del kilómetro 2,600 de la carretera PO-551. No se hace imposición de costas.

Esta sentencia no es susceptible del recurso ordinario de casación del artículo 86 de la L.J.C.A. de 1998.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso-administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, de lo que yo, Secretaria, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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