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Sentencia T.S.J. La Rioja 122/2010, de 4 de febrero


 RESUMEN:

Se aprecia la existencia de sustancias deslizantes en la calzada y por ello resulta la responsabilidad de la Administración demandada sin que quepa atender a las alegaciones que efectúa en torno a la existencia de un tercero, en este caso del Ayuntamiento responsable del camino rural, por cuanto el accidente sucedió en la carretera que es competencia de la Comunidad Autónoma, sin que se haya acreditado que el camino rural estuviere afectado de una mala conservación que incidiera en el estado de la vía en que tuvo lugar el siniestro.

SENTENCIA

En la ciudad de Logroño, a 4 de Febrero de 2010.

Vistos los autos correspondientes al RECURSO DE APELACIÓN sustanciado ante esta Sala bajo el n° 122/2009, a instancia de la CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, representada y defendida por la Letrada de la Comunidad Autónoma de La Rioja, siendo apelados Don Remigio y LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., representados por la Procuradora D.ª Ana Rosa Ramírez Marín y defendidos por el Letrado D. José Luis Navajas Serrano, contra la Sentencia n.º 213/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Logroño, de fecha 12 de mayo de 2009, la cual estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución de 28 de marzo de 2008 dictada por la Consejería, desestimatoria de reclamación por responsabilidad patrimonial.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Logroño dictó en su P.A. n.º 173/2008, la Sentencia n.º 213/2009 de fecha 12 de mayo de 2009, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª Ana Rosa Ramírez Marín, en nombre y representación de D. Remigio y Línea Directa Aseguradora, S.A., contra la resolución de 28 de Marzo de 2008, por la que se desestimaba la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada ante la Consejería de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de La Rioja, por no ser la misma conforme a derecho condenando a la Administración demandada a abonar a D. Remigio la cantidad de 21.338,37 euros y a Línea Directa Aseguradora la de 18.500 euros, sin pronunciamiento en costas".

Segundo.-Contra el mismo interpuso recurso de apelación la representación de la parte recurrente.

Tercero.-Admitido a trámite dicho recurso de apelación y formulado escrito de oposición al mismo por la representación de las partes recurridas, fueron elevados los autos a esta Sala.

Cuarto.-No habiéndose acordado la práctica de prueba, se señaló para votación y fallo del recurso el día 8 de diciembre de 2009, señalamiento que se dejó sin efecto por providencia de 29 de octubre de 2009, fijándolo para el día 2 de febrero de 2010, en que al efecto se reunió la Sala.

Quinto.-Se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis Loma Osorio Faurie.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna en esta apelación la Sentencia n.º 213/2009 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Logroño, en fecha 12 de mayo de 2009, la cual estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas de 28 de marzo de 2008, desestimatoria de reclamación por responsabilidad patrimonial, por daños y lesiones sufridos por D. Remigio, como consecuencia del accidente de tráfico sufrido el 13 de julio de 2005 en la carretera LR-304, al derrapar en la gravilla existente en dicha carretera en el punto kilométrico 15,250.

Formulada denuncia ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Haro, solicitando la práctica de diligencias, como el ser reconocido por el Médico Forense, la remisión del atestado instruido por la Guardia Civil, la remisión del parte de asistencia en el SERIS e informe por el Servicio de Carreteras de La Rioja del estado y del mantenimiento del punto kilométrico en que ocurrió el accidente en el momento en que se produjo, por el Juzgado se tramitaron diligencias de Juicio de Faltas n.º 467/2005, que concluyeron mediante Auto de 21 de diciembre de 2006, que decretó el archivo por haber renunciado expresamente la parta denunciante a la acción penal, "con reserva expresa de acciones civiles".

En fecha 3 de mayo de 2007, D. Remigio presentó en la ventanilla única de la Delegación del Gobierno, para la Consejería ahora apelante, escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños sufridos como consecuencia del accidente del vehículo de su propiedad, un automóvil Mercedes Benz 300, matricula Rp....-RP, cuando circulaba, el 13 de julio de 2005, por la carretera LR-304, a la altura del Km. 15,250, con dirección de Foncea hacia Treviana, se encontró con una zona de abundante gravilla y perdió el control de su vehículo al perder éste la adherencia al asfalto, yendo a colisionar con la cuneta izquierda. Y solicitaba unas indemnizaciones de 18.500 €, para Línea Directa Aseguradora, por el importe de los daños materiales del vehículo asegurado, adelantados al actor y 21.338,37 €, para él mismo, correspondientes a las cantidades por reparación del vehículo no abonadas por Línea Directa Aseguradora (15.300 €) y las lesiones padecidas como consecuencia del accidente (6.038,37 €); todo lo cual ascendía a la cantidad de 39.838,37 €.

Segundo.-La Administración apelante reproduce en el recurso las mismas alegaciones que ya formuló en su contestación a la demanda y recibieron respuesta en la Sentencia recurrida. Son, en síntesis, las siguientes:

A) Que la acción de responsabilidad patrimonial se hallaba prescrita, conforme a lo previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC, sin que las diligencias penales en el Juzgado de Instrucción de Haro hayan interrumpido el plazo.

B) Que el daño no está debidamente acreditado, porque si el valor venal del vehículo era inferior al de reparación debió optarse por aquél, y porque las lesiones y días impeditivos no están probados, ni por qué se ha cifrado la secuela en 3 puntos, cuando el baremo aplicable establece un margen entre 1 y 5 puntos.

C) Que no concurre relación de causalidad entre el daño producido y la actuación de la Administración, porque le velocidad del vehículo era inadecuada.

D) Que, subsidiariamente, de existir responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica, debería apreciarse concurrencia de causas, y ser compartida a partes iguales con el conductor por velocidad inadecuada y con el Ayuntamiento de Foncea por su obligación de conservar los caminos rurales, como el que confluye en el lugar del accidente con la LR-304.

Tales alegaciones no pueden tener favorable acogida, pues la Sala comparte los acertados razonamientos de la Sentencia recurrida, que, sustancialmente, vienen a coincidir con los contenidos en el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, Dictamen n.º 30/08, obrante en los folios 209 a 218 del expediente administrativo. Y ello por las siguientes razones:

A) Como señala la sentencia en su fundamento jurídico tercero, tras de referirse al Juicio de Faltas n.º 467/2005 del Juzgado de Instrucción de Haro: El ejercicio de la acción penal tuvo la virtualidad de interrumpir el plazo de prescripción, y, en consecuencia, en el momento de formular la reclamación ante la administración, el 11-05-07, la acción para la exigencia de la responsabilidad no había prescrito. Así se infiere de una consolidada jurisprudencia de la Sala Tercera de Tribunal Supremo entre cuyas resoluciones cabe destacar la STS de 12 de Junio de 2008, en la que se establece: "El Ayuntamiento funda la esencia de su argumentación en el motivo de recurso en que no se le puede oponer para la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, la tramitación de un juicio de faltas que terminó con la absolución del allí acusado dejando expedita la posibilidad de reclamación ante la jurisdicción civil. Al proceder en esos términos el recurrente está olvidando la reiterada jurisprudencia de esta Sala, de la que se hace eco el Tribunal "a quo" en relación a la incidencia de la tramitación de un procedimiento penal, a los efectos de la interrupción del cómputo de prescripción. Nos remitiremos por todas a nuestra Sentencia de 10 de Abril de 2.008 (Rec.5579/2003) donde decimos: "Resulta obligado dar la razón a la parte recurrente en el limitado aspecto que se refiere a la interrupción del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad como consecuencia de las actuaciones penales pues, de conformidad con la doctrina de la Sala, expresada, entre otras, en la Sentencia de 29 de enero de 2007 "La redacción inicial del Art. 146.2 de la Ley 30/92 decía: "La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan ni interrumpirá el plazo de prescripción para iniciarlos salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial".

En la interpretación de dicho precepto, la jurisprudencia ha mantenido el criterio de que el ejercicio de la acción penal interrumpía el plazo de ejercicio de la reclamación de responsabilidad a pesar de lo que literalmente resultaba del art. 146.2 de la Ley 30/92, y ello pues se basaba la jurisprudencia en el principio de la "actio nata" (nacimiento de la acción) para determinar el origen del cómputo del plazo prescriptivo; según dicho principio la acción solo puede comenzar cuando ello es posible y eso sucede cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad.

La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 2.001 (Rec. 7725/96) entiende que: la adecuada interpretación de este precepto legal exige considerar que la interrupción de la prescripción por iniciación del proceso penal se produce en todos aquellos casos en los cuales dicho proceso penal versa sobre hechos susceptibles en apariencia de ser fijados en el mismo con trascendencia para la concreción de la responsabilidad patrimonial de la Administración (...). Por ello se impuso la interpretación de que cuando no se ha renunciado en el proceso penal al ejercicio de la acción de responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, la pendencia del proceso penal abre un interrogante sobre el alcance de dicha responsabilidad susceptible de condicionar el alcance de la reclamación de responsabilidad patrimonial para la Administración y, consiguientemente, de interrumpir la prescripción con arreglo a una interpretación extensiva del precepto legal. En consecuencia dicho precepto, en la redacción originaria que le atribuyó la Ley 30/1992 solo podía interpretarse en sentido de que la no interrupción de la prescripción por el proceso penal de exigencia de responsabilidad a los funcionarios de la Administración únicamente se producía cuando existía un apartamiento de la acción no de responsabilidad civil subsidiaria frente a la Administración".

La Ley 4/99 ha modificado de modo sustancial el referido art. 146.2 de la Ley 30/92, precepto que, en la actualidad, tiene la siguiente redacción: "La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial."

Se ha eliminado pues, la referencia a que la exigencia de responsabilidad penal "no interrumpirá el plazo de prescripción". Por lo tanto, a partir de la aplicación de la nueva redacción de este precepto, no cabe duda de que el proceso penal tiene eficacia interruptiva con carácter general y ello pues aunque, en una interpretación literal, dicha eficacia interruptiva solo debía ser efectiva para el caso de que la determinación de los hechos sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial, esta viene siendo la regla general.".

La jurisprudencia de esta Sala es clara en esta materia, por todas citaremos la sentencia de esta misma Sección de 18 de Enero de 2.006 (Rec.6074/2001) donde se afirma: Como hemos dicho en sentencia de esta Sala de 23 de enero de 2.001, la eficacia interruptiva de un proceso penal sobre los mismos hechos determinantes de la responsabilidad administrativa debe reconocerse en tal supuesto en aplicación de la doctrina sentada por la jurisprudencia consistente en que el cómputo del plazo para el ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino desde el momento en que ello resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos; tal criterio tiene su origen en la aceptación por este Tribunal del principio de la "actio nata" para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible, y esa coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad, de tal suerte que la pendencia de un proceso penal encaminado a la fijación de los hechos o del alcance de la responsabilidad subsidiaria de la Administración comporta dicha eficacia interruptiva del plazo de prescripción de un año establecido por el artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. "".

Todo ello no es sino reflejo de la aceptación por esta Sala del principio de la actio nata, conforme al cual solamente cabe exigir la actividad del administrado en orden a impetrar el reconocimiento de responsabilidad por parte de la Administración cuando ello sea posible, una vez culminado el proceso penal en que se dilucidan los hechos determinantes de la responsabilidad."

Y en el presente caso, además de que el ejercicio de la acción penal interrumpe con carácter general el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, conforme a la nueva redacción del art. 146.2 LRJAP-PAC y la jurisprudencia de que se ha hecho mérito, es lo cierto que sirvió para determinar las circunstancias del accidente, y para determinar el perjuicio a través del reconocimiento e informe médico forense, de manera que la acción ejercitada no estaba prescrita.

B) Respecto a la acreditación de los daños, la parte actora justificó los daños ocasionados al vehículo, mediante la factura de reparación pagada en parte por el Sr. Remigio y en parte por su aseguradora Línea Directa Aseguradora, S.A., sin que por la Administración demandada se haya acreditado cual fuera el valor venal del vehículo en la fecha del accidente, no apreciándose, por tanto, ningún enriquecimiento injusto.

Y por lo que atañe a la valoración de las lesiones y secuela, el Magistrado "a quo" la encuentra justificada en el informe pericial médico forense obrante en los folios 108 a 110 de los autos, sin que tampoco haya aportado la parte apelante prueba alguna que la desvirtúe.

C) Por lo que concierne a la existencia de relación de causalidad y al rechazo de la pretensión de concurrencia de culpas, el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida es concluyente:

Resulta relevante que el atestado de la Guardia Civil, folio 82 y ss. del procedimiento, establezca como probable causa del accidente la pérdida de control del vehículo, como consecuencia de entrar en una zona de gravilla e intentar corregir su trayectoria. En dicho atestado figura un croquis del accidente en el que se aprecia con total claridad la constatación por los agentes de la presencia de gravilla que invadía el lateral derecho de la vía, en la dirección que circulaba el accidentado, y que provenía de un camino rural no asfaltado que cruzaba la carretera LR-304 en el punto en que ocurrió el siniestro. En igual sentido se pronunció el informe de la Guardia Civil obrante como folio 166 del procedimiento en el que se señala que "debido al mal estado del tramo de la vía que nos ocupa, y sumado a la posible velocidad inadecuada para estas condiciones, da como resultado dicho accidente, influyendo en él directamente tanto la forma de producirse como la gravedad del mismo".

La administración demandada alega en su defensa esta circunstancia de la velocidad inadecuada, pero las actuaciones administrativas parten de considerar que el vehículo circulaba a la velocidad de 80 km/h y la velocidad genérica de la vía es de 90 km/h, folio 175 del procedimiento. Como señala la Guardia Civil, la velocidad era inadecuada en relación a la presencia de la gravilla en la vía pero tal factor resultaba imprevisible para el accidentado, quien circulaba por debajo del límite de velocidad y que difícilmente pudo apreciar la presencia de la gravilla con mucha antelación a atravesar el punto en el que se encontraba ese material. Por lo que no cabe concluir que mediara culpa de la propia víctima en la producción del accidente.

El dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja núm. 30/08, de 14 de marzo, evacuado en el procedimiento, establecía la existencia de la relación de causalidad existente entre la actuación administrativa y el accidente producido. Como establece el órgano consultivo debe darse mayor valor a los informes emitidos por la Guardia Civil, y en particular al atestado levantado, por su mayor inmediatez respecto de los informes emitidos a posteriori por el servicio de conservación de carreteras.

Pues bien, aplicando tales parámetros de enjuiciamiento al caso que nos ocupa, se aprecia que la presencia de sustancias deslizantes en la calzada resulta de la responsabilidad de la administración demandada sin que quepa atender a las alegaciones de la misma en torno a la existencia del hecho de un tercero, en este caso del Ayuntamiento responsable del camino rural, por cuanto el accidente sucedió en la carretera que es competencia de la Comunidad Autónoma, sin que se haya acreditado que el camino rural estuviere afectado de una mala conservación que incidiera de alguna manera en el estado de la vía en la que tuvo lugar el siniestro.

Cabe añadir que para quien sí que era previsible el desplazamiento de gravilla del camino rural a la carretera LR-304, era para la Administración autonómica responsable de su adecuado mantenimiento, que bien pudo señalizar la posibilidad de existencia de gravilla en aquel lugar para ponerlo en conocimiento de los conductores.

Como consecuencia de cuanto se ha expuesto, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, y confirmar, por sus propios fundamentos, la Sentencia recurrida.

Tercero.-De conformidad con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, procede efectuar condena en costas a la parte recurrente.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Autónoma de La Rioja, y debemos confirmar y confirmamos la Sentencia recurrida, condenando a la parte recurrente al abono de las costas causadas en esta instancia.

Así por esta nuestra Sentencia -de la que se llevará literal testimonio a los autos- y definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado- Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha de lo que como Secretario de la misma, doy fe.

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Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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