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Sentencia T.S.J. Galicia 661/2010, de 24 de junio


 RESUMEN:

Aquí se refiere un hipotético incumplimiento del deber de vigilancia y mantenimiento en buen estado de la calzada ante la presencia en la misma del aceite derramado por un vehículo, que se sitúa en el elemento causante del daño causado, pero que sólo podría ser indemnizables si dichos daños producidas que no hubieran en ningún caso el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, baste al efecto la referencia a la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003). Pero en este caso se revela como fundamental que no pudo existir una reacción tardía de la Administración local sino que, al contrario, se proceda a la reposición de las condiciones normales del estado de la vía desde el momento en que son avisados, según el atestado policial, los servicios de la Diputación para la limpieza y supresión en la calzada de la sustancia oleaginosa.

SENTENCIA

En A Coruña, a 24 de junio de 2010

El recurso de apelación que con el núm. 4058/2009 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Letrado, José Luis Fariñas Río, en nombre y representación de Victoria. Han comparecido el Abogado del Estado en representación legal del Consorcio de Compensación de Seguros y el Letrado de la Diputación Provincial de Lugo, para oponerse al mismo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El recurso de apelación que se hace mérito en el encabezamiento, se dirige contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Lugo, dictada en P.O. 264/2007; una vez admitido a trámite, y continuado el recurso por las reglas preceptivas de procedimiento, con el resultado que obra en las actuaciones.

Segundo.-La sentencia impugnada había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por reclamación de responsabilidad patrimonial contra la referida entidad local y el ente asegurador.

Ha sido Ponente el Magistrado ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es sabido a los efectos que interesan en la presente apelación que la responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su base no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución, sino también, de modo específico, en el art. 106.2 de la propia Constitución al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado. En ese sentido se ha precisado en reiteradísima jurisprudencia que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Por otra parte, a los fines del art. 106.2 de la Constitución, la jurisprudencia (sentencias de 5 de Junio de 1.989 y 22 de Marzo de 1.995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo. Y tampoco cabe olvidar que en relación con dicha responsabilidad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la que, entiende que la misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión aunque, como se ha declarado igualmente en reiteradísimas ocasiones es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, cuya concurrencia en definitiva el Juez de instancia ha negado en el caso de autos.

Segundo.-En efecto, aquí se refiere un hipotético incumplimiento del deber de vigilancia y mantenimiento en buen estado de la calzada ante la presencia en la misma del aceite derramado por un vehículo, que se sitúa en el elemento causante del daño causado, pero que sólo podría ser indemnizables si dichos daños producidas que no hubieran en ningún caso el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, baste al efecto la referencia a la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003). Pero en este caso se revela como fundamental que no pudo existir una reacción tardía de la Administración local sino que, al contrario, se proceda a la reposición de las condiciones normales del estado de la vía desde el momento en que son avisados, según el atestado policial, los servicios de la Diputación para la limpieza y supresión en la calzada de la sustancia oleaginosa.

Por lo que siendo correcto el criterio del juez de la primera instancia cuando apreció la inexistencia de los requisitos del instituto de la responsabilidad patrimonial, la consecuencia no puede ser otra que la desestimación, a su vez, del presente recurso de apelación contra dicha sentencia, que ha de ser así confirmada.

Tercero.-De conformidad a lo establecido en el número 2 del artículo 139 LJCA, se ha de considerar que en este caso no procede que las costas hayan de ser impuestas a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por Victoria, contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Lugo, dictada en P.O. 264/2007, que había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Diputación Provincial de Lugo y el Consorcio de Compensación de Seguros, sentencia que confirmamos íntegramente; sin las costas.

Esta Sentencia es firme.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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