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Auto A.P. Madrid 51/2010, de 22 de marzo


 RESUMEN:

La parte recurrente no cuestiona en su escrito los indicios delictivos y de participación que afirma el auto apelado y que se desprenden de las actuaciones. Tales indicios se refieren a la existencia de, al menos, dos delitos de asesinato, uno de ellos consumado y otro intentado.

AUTO

En Madrid, a veintidós de marzo de dos mil diez.


HECHOS


 
Primero.-En el expediente de referencia, seguido contra el menor Juan Miguel, el Juzgado de Menores n.º 6 de Madrid dictó auto con fecha 11 de febrero de 2010 por el que se ratificó la media cautelar de internamiento en régimen cerrado de dicho menor durante el periodo de seis meses, medida cautelar previamente adoptada por el Juzgado de Menores de Cáceres en virtud de auto de fecha 26 de enero de este año.

Segundo.-Contra el referido auto de 11 de febrero de 2010, el Letrado del menor formuló recurso de apelación, que fue admitido a trámite, y previo traslado del mismo al Ministerio Fiscal, que lo impugnó, se remitió testimonio de particulares a la Sala, se formó el correspondiente rollo y se señaló el día de hoy para la resolución del recurso. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. MARIO PESTANA PÉREZ.


RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-La parte apelante invoca el derecho a la presunción de inocencia y su operatividad en el ámbito de las medidas cautelares, así como la primacía del interés superior del menor. Destaca después el informe emitido por el Centro Vicente Marcelo Nessi frente al suscrito por el Equipo Técnico del Juzgado de Menores, y considera que el interés superior del menor impone el traslado al referido Centro ubicado en Badajoz. En este punto alega que la vida del menor corre peligro y que el mismo carece de arraigo en Madrid. Termina solicitando la revocación del auto recurrido y que se sustituya la medida cautelar de internamiento por la de libertad vigilada por tiempo de tres meses, y alternativa y subsidiariamente, que se acuerde el retorno del menor al Centro Vicente Marcelo Nessi.

El Ministerio fiscal impugna el recurso e interesa la confirmación del auto apelado, resaltando la gravedad penal de los hechos del expediente y los informes emitidos por los Equipos Técnicos, además de que el único domicilio conocido que consta del menor y su familia está en Torrelodones.

Segundo.-En la fase procesal en cuyo marco se adopta la medida cautelar cuestionada por la parte recurrente, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia opera como una regla de juicio que implica que la medida cautelar no recaiga sino en supuestos donde la pretensión acusatoria tiene un fundamento razonable, en el sentido de que es suficiente la concurrencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo y la participación en el mismo del menor; y opera también como regla de tratamiento, en el sentido de que debe responder a algunos de los fines constitucionalmente legítimos que justifican la privación de libertad, los cuales, según las SSTC 128/95, 177/98, 33/99 y 14/2000, entre otras, son: La obstrucción de la justicia penal, la sustracción al proceso, la reiteración delictiva o la protección a la víctima frente a una situación objetiva de riesgo. Y todo ello con la singularidad de tomar en consideración el interés del menor, tal como señala expresamente el artículo 28 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Segundo.-La parte recurrente no cuestiona en su escrito los indicios delictivos y de participación que afirma el auto apelado y que se desprenden de las actuaciones. Tales indicios se refieren a la existencia de al menos dos delitos de asesinato previstos en el artículo 139.1.ª del Código Penal, uno de ellos consumado y el otro intentado. La singular gravedad penal de los hechos es evidente.

Y respecto a los indicios de participación del menor Juan Miguel, los mismos se extraen de los resultados de las investigaciones policiales que constan en el expediente. Se trata de su indiciaria participación como cooperador necesario de los dos delitos indicados.

Y por lo que se refiere a las circunstancias personales del menor, poco cabe añadir a lo razonado al respecto en la resolución recurrida, cuyos razonamientos se inspiran en los datos que resultan de los informes técnicos emitidos. Sí debe destacarse la circunstancia de que el padre del menor es uno de los indiciarios autores de los dos asesinatos, e igualmente que la familia del menor se ocultó tras los hechos en un polígono industrial en Cáceres.

La gravedad penal de los hechos del expediente y las circunstancias personales y familiares del menor, sostienen la inferencia de riesgo de sustracción al proceso y la necesidad de acordar la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado que se adopta en el auto recurrido.

Finalmente, y por lo que se refiere al lugar de cumplimiento de la medida, el apropiado es el del lugar donde se instruye el expediente. Ello es así porque el menor se halla a disposición del Juez de Menores que conoce de los hechos y puede requerirse su presencia para la práctica de diligencias. Además, la residencia del menor en Cáceres ha sido meramente ocasional y parece que asociada a los intereses de ocultamiento de su padre tras los hechos. Igualmente consta que residió en Arroyomolinos (Madrid) durante varios años, tal como reconoce el propio Juan Miguel en la exploración que se realizó en la Fiscalía de Menores de Cáceres el día 26 de enero de este año. En consecuencia, no son apreciables razones de peso para acoger la pretensión subsidiaria articulada.

Procede, en definitiva, desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.


PARTE DISPOSITIVA


 
SE DESESTIMA el recurso de apelación formulado por la Defensa del menor Juan Miguel contra el auto dictado por el Juzgado de Menores n.º 6 de Madrid con fecha 11 de febrero de 2010, y en consecuencia CONFIRMAMOS dicha resolución.

Contra este auto no cabe recurso.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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