Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Barcelona 79/2010, de 19 de marzo


 RESUMEN:

La defensa del acusado sostuvo que éste no mantuvo ninguna relación afectiva con la víctima sino que eran encuentros esporádicos, sin que nunca se hubiera producido convivencia. La sentencia de la Audiencia no acoge esta pretensión, pues el propio imputado admitió en su declaración ante el Juzgado de Instrucción el haber sido pareja de la lesionada durante cinco o seis meses.

SENTENCIA

La dicta la Sección Vigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en recurso de apelación núm. 27/2010, interpuesto contra la Sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Barcelona en fecha 29 de junio de 2010, en Procedimiento Abreviado núm. 266/2009. Han sido partes Leticia, representada por la Procuradora Judith Moscatel Vivet; Alfredo, representado por el Procurador Albert Victoria de Sancho, i elMinisterio Fiscal. De esta sentencia, que expresa la opinión del Tribunal, ha sido ponente Patricia Martínez Madero.

Barcelona, diecinueve de marzo de dos mil diez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El 29 de junio de 2009 el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Barcelona dictó Sentencia del siguiente tenor: "Que debo condenar y condeno a Alfredo como autor responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años, y la prohibición de aproximarse a Leticia, a su domicilo, lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por la misma, en distancia inferior a 1000 metros y de comunicarse con la misma por dos años. Debiendo indemnizar a Leticia en 180 euros. Así como al pago de las costas procesales en una cuarta parte. Que debo absolverle y efectivamente le absuelvo libremente de los dos delitos de malos tratos y del delito de violencia física habitual por los que viene acusado, con declaración de oficio delas costas procesales causadas en tres cuartas partes"..

Segundo.-Formulado recurso de apelación parcial por la acusación particular de Leticia y recurso de apelación por la defensa de Alfredo, el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Barcelona lo tramitó y finalmente remitió las actuaciones a este Tribunal para su resolución.


HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados de la resolución recurrida.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se analiza en primer lugar el recurso de apelación parcial interpuesto por la representación en autos de Leticia, que impugna los pronunciamientos absolutorios de la sentencia dictada en primera instancia aduciendo error en la apreciación de la prueba por entender que el testimonio de la Sra. Leticia reúne las notas jurisprudencialmente exigidas para fundamentar un pronunciamiento de condena, al haber reseñado la propia juzgadora en su resolución que "no tiene motivos para dudar de la credibilidad de la víctima", y que la misma "no incurre en contradicciones ni ambigüedades", existiendo además una corroboración periférica por el testimonio de la Sra. Bernarda a la que la Sra. Leticia refirió lo sucedido en Ibiza y que fue testigo presencial de cómo el acusado en una ocasión cogió a Leticia del brazo, la zarandeó y se la llevó, lo que evidencia el carácter agresivo del mismo.

A estos efectos es obligado recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Pleno de 18 de septiembre de 2002, afirmaba que: "es cierto que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, y que su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso en idéntica situación que el juez a quo, no sólo en lo que hace a la subsunción de los hechos en la norma sino también en la determinación de tales hechos mediante la valoración de la prueba pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo. Pero, en el ejercicio de tales facultades que el art.795 (hoy art. 790) otorga al Tribunal ad quem, deben respetarse las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 de la CE. De ahí que hayamos afirmado que en la apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, si en apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible inmediación y contradicción (STC 167/2002)". Y en igual sentido se ha pronunciado en STC 120/2009 de 18 de mayo.

Por consiguiente se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal que ha de resolver un recurso frente a una sentencia absolutoria, revisa y corrige nuevamente la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones sin respetar los principios de inmediación y contradicción, siendo ello necesario para pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia, vulnerándose paralelamente el derecho a la presunción de inocencia en la medida en la que, a consecuencia de ello, la condena carezca de soporte probatorio (STC de 9 de febrero de 2004). Esta doctrina no hace sino incorporar a nuestro sistema jurídico la que ha ido elaborando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en relación con la cuestión suscitada, inicialmente recogida en su Sentencia de 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani contra Suecia) y consolidada posteriormente en pronunciamientos más recientes (SSTEDH de 8 de febrero de 2000, caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino; 27 de junio de 2000, caso Constantinescu contra Rumania; y 25 de julio de 2000, caso Tierce y otros contra San Marino) que ha establecido que la noción de proceso justo o equitativo implica, en principio, la facultad del acusado de estar presente y ser oído personalmente en la primera instancia, y que la exigencia de esta garantía en fase de apelación depende de las peculiaridades del procedimiento considerado, para lo que es necesario examinar éste en su conjunto de acuerdo con el orden jurídico interno, el papel que ha de desempeñar la jurisdicción de apelación y la manera en que los intereses del demandante fueron realmente expuestos y protegidos por el Tribunal a la vista de las cuestiones que éste tiene que juzgar, pudiendo justificarse la falta de una vista o debate público en la segunda o tercera instancia por las características del procedimiento de que se trate, con tal de que se hayan celebrado en la primera instancia.

Extrapolado lo anterior al supuesto de autos y en ausencia de prueba practicada en esta instancia, no puede este tribunal de apelación corregir la valoración efectuada por la juzgadora de instancia que en la inmediación que caracteriza el proceso penal, concluyó de forma razonada y razonable, que la prueba practicada era insuficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia de Alfredo respecto de la agresión de la primera quincena de septiembre de 2006 en Ibiza y respecto de la agresión de fecha 26 de diciembre de 2006 que se le imputaban, y en consecuencia al no haberse acreditado la habitualidad exigida, tampoco aprecia como suficiente la prueba del delito de violencia habitual por el que también se le acusaba. En este sentido analiza la juzgadora que las versiones de denunciante y acusado sobre estos dos episodios son contradictorias, y que el testimonio de la Sra. Leticia no cuenta con corroboraciones periféricas que avalen su mayor credibilidad frente a la del acusado, al no haber denunciado estos hechos, ni haber acudido a ser atendida a centro médico alguno, y tampoco existir testigos presenciales de los mismos. En definitiva la sentencia recurrida asienta su pronunciamiento absolutorio en las dudas sobre lo acontecido, reputando la prueba de cargo desplegada insuficiente para fundamentar un pronunciamiento de condena, y esta valoración que efectúa de una prueba personal practicada en su inmediación no puede ni debe ser revisada en esta instancia, que carece de otros elementos de juicio que los reseñados.

Por lo anteriormente expuesto, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación en autos de Leticia, confirmando en su integridad la resolución recurrida.

Segundo.-La defensa de Alfredo únicamente cuestiona en apelación la aplicación del tipo del artículo 153.1 del Código Penal ya que sostiene que el acusado no mantuvo en el pasado relación afectiva con la Sra. Leticia, sino que eran encuentros esporádicos, sin que hayan convivido nunca, por lo que en su caso los hechos declarados probados integrarían una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal.

No puede acogerse en esta alzada tal pretensión ya que el tipo penal prevé como sujeto pasivo "...cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor...", por tanto abarca la relación matrimonial o sentimental análoga, con o sin convivencia, habiéndose precisado jurisprudencialmente que los novios también están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho precepto, exigiéndose no obstante cierto vínculo afectivo que se residencia en un proyecto común. Se incluyen también las ex parejas, y se excluyen las relaciones únicamente sexuales y esporádicas. En este caso y a tenor de los datos obrantes en la causa, la relación entre la Sra. Leticia y el acusado tuvo un componente afectivo y no sólo sexual y fue prolongada en el tiempo, tal como el propio acusado reconoció en fase de instrucción, folio 87, al declarar al ser interrogado por su relación con la Sra. Leticia que " han sido pareja durante unos cinco o seis meses, que la relación se inició en marzo de 2006 y finalizó en las navidades de ese mismo año". Este extremo no fue controvertido por el acusado, sino en el plenario, debiendo entenderse incardinado en la pretensión exculpatoria lícita en todo acusado, pero ni la Juez de lo Penal se cuestionó este extremo ni la defensa ha aportado elemento probatorio alguno que permita desvirtuar lo expuesto.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, debe tenerse en cuenta que la valoración se realizó sobre la actividad desarrollada en el juicio oral en uso de la facultad que le confiere el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por ello para la resolución del recurso debe partirse de la singular autoridad y posición de que gozó el Juez de lo Penal al realizar aquella actividad valorativa sobre las pruebas practicadas en el juicio, núcleo del proceso, y en el que adquieren plena efectividad todos sus principios inspiradores como son los de inmediación, contradicción y oralidad.

Por lo expuesto se comparte en esta alzada la valoración probatoria efectuada por la Magistrada de lo Penal, sin que existan motivos para rectificar su criterio ya que ni su juicio valorativo es ficticio, ni se aprecia error alguno en el relato fáctico establecido en la resolución recurrida, ni la convicción judicial reflejada en la resolución recurrida es contraria a las reglas de la lógica ni a las máximas de experiencia, o lo que es igual, se aprecia que el proceso valorativo se ha razonado adecuadamente en la sentencia.

Por lo anteriormente expuesto, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alfredo, confirmando en su integridad la resolución recurrida.

Tercero.-Se declaran de oficio las costas que se hayan podido devengar en esta alzada, al no apreciarse temeridad o mala fe en los recurrentes.

Vistos los anteriores argumentos, artículos citados y demás de general aplicación, por el poder que la Constitución y la Ley nos confiere y en nombre de S.M. el Rey


FALLO


 
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Alfredo y el interpuesto por la representación en autos de Leticia, confirmando en su integridad la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Barcelona en fecha 29 de junio de 2009 en Procedimiento Abreviado n.º 266/2009.

Declaramos de oficio las costas que se hayan podido devengar en esta alzada.

Esta resolución es firme.

Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación