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Sentencia A.P. La Coruña 96/2010, de 15 de marzo


 RESUMEN:

Considera la Audiencia que el razonamiento del juzgador a quo no presenta déficit alguno de motivación y que la sentencia debe ser confirmada: en el trascurso de los acontecimientos fue agredido uns subdirector general de la Xunta de Galicia.

SENTENCIA

En A CORUÑA, a 15 de marzo de 2010.

En el recurso de apelación penal número 12/08 de Juicio Oral procedente del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Ferrol, sobre atentado, entre partes de la una como apelante Florian, y de la otra como apelado el MINISTERIO FISCAL, Onesimo, Carlos Daniel, Bernardino, Genaro y Olegario.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que por el Magistrado- Juez del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Ferrol, con fecha 22 de mayo de 2009, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice como sigue:

"FALLO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a Florian como autor criminalmente responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas, a la pena de 6 MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN, E INHABILITACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO DE SUFRAGIO POR EL MISMO TIEMPO, y como autor de un delito de lesiones a la pena de 3 MESES Y 1 DÍA DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO DE SUFRAGIO POR EL TIEMPO DE LA CONDENA.

Deberá indemnizar al agente de policía con número profesional NUM000 en el importe de 1.220'74 euros por las lesiones y secuelas sufridas, y en el importe de las gafas de su propiedad que quedaron deterioradas por la conducta del acusado, cuyo importe deberá ser acreditado en el trámite de ejecución de sentencia, y de un reloj que portaba por importe de 180'33 euros, debiendo desestimarse el resto de las peticiones civiles.

Y debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Onesimo, Carlos Daniel, Genaro y Olegario, por concurrir en su conducta la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal del artículo 20 p.º 7.º del CP del delito por el que venían siendo acusados, con declaración de oficio de las costas causadas.".-

Segundo.-Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por la representación del apelante, que le fue admitido en ambos efectos, y una vez efectuados los traslados procedentes, a las demás partes y evacuados los mismos, se acordó elevar las mismas a la Audiencia Provincial, para su resolución.

Tercero.-En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.


HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia apelada y se da por reproducido en esta resolución.-


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-Siguiendo el orden de las alegaciones del recurso, la invocada violación del derecho al proceso con las debidas garantías, que se contiene en su ordinal primero, carece de fundamento.-

El derecho a formular acusación del recurrente no ha sido conculcado a lo largo del procedimiento.- El escrito de su representación (folio 326) de fecha 28 de marzo de 2003 es ilustrativo del estado de la cuestión.- Reza así: "Que habiéndose dado traslado de los autos al objeto de formular el escrito de acusación particular, y como quiera que no constan debidamente identificados en la instrucción las concretas personas que agredieron a mi principal... y haberse denegado a mi principal la práctica de diligencias complementarias previas al escrito de acusación, esta parte no puede formular acusación, en este momento, contra persona concreta alguna, RAZÓN POR LA QUE RENUNCIAMOS AL TRÁMITE".-

La recurrente confunde la negativa a la práctica de una diligencia con la denegación del derecho a formular acusación.- Y la negativa a la realización de esa prueba estaba debidamente justificada, porque no se trata de una diligencia esencial para la tipificación de los hechos, a las que se refiere el art. 780.2 de la LECrim, sino una de las necesarias para la determinación de las personas que en ellos hubiesen participado, del art. 777.1.-

La identificación del autor (o autores) de las lesiones del apelante, para cuya persecución se constituyó en acusador particular al finalizar su comparecencia de 26-11-01 (folios 41 y 42 de la causa), debió llevarse a cabo durante el trámite de Instrucción, trámite en el que, ex arts. 775 y 779-4.º de la ley de procedimiento, debe recibirse la declaración en calidad de imputado a las personas a quienes se atribuyen los hechos punibles.-

Lo que el apelante pretendía era concretar al autor o autores de sus lesiones en la denominada fase intermedia del P. Abreviado, fase en la que no está permitido formular imputaciones; y lo suyo, con el rigor procesal que la parte solicita ahora que se aplique en su favor, hubiera sido recurrir el auto de trasformación de las diligencias previas al P. Abreviado de 1 de julio de 2002, a fin de que se precisasen las concretas responsabilidades. Y no puede decirse que tal resolución se hubiese dictado de manera sorpresiva, porque parte de los policías intervinientes ya habían declarado a instancia de otra acusación, y el apelante tuvo desde la fecha antes mencionada (26-11-01) hasta la de la resolución de acomodación (1-7-02) tiempo suficiente para solicitar lo que le fue debidamente denegado, por su extemporaneidad según lo procedentemente expuesto.-

Lo contrario generaría indefensión a quién, a resultas de la diligencia o diligencia correspondientes, fuese luego acusado en un momento procesal en el que no podría combatir su incriminación, dado que el auto de apertura de juicio oral no es susceptible de apelación salvo en los casos de denegación de la misma o respecto a la situación personal -art. 783 -.-

Segundo.-Resuelto lo anterior, a igual solución desestimatoria ha de llegarse en relación a la solicitud de suspensión del juicio por incomparecencia de testigos.- La Ley de Enjuiciamiento prevé el remedio para el supuesto de pruebas no practicadas en la primera instancia por causas no imputables a quien las propone, que no es otro que reproducir la solicitud en el recurso de apelación.- No lo ha considerado oportuno la parte que, en lugar de la reparación, solicita la nulidad de actuaciones, con evidente afán dilatorio porque no puede decirse que por el juicio oral -que se desarrolló a lo largo de varias sesiones- no desfilaran pocos testigos presenciales de los hechos, y sin que, de otra parte, se suministre al Tribunal información de qué relevancia tienen los testimonios de las seis señoras incomparecidas, o en qué manera estos habrían de influir en el signo de la sentencia, según se nos dice en voluntarista alegato.-

Tercero.-El tercer motivo de censura -la condena recaída en base a pruebas ilícitas- pudiera tener, a priori, mayor calado que los anteriores, porque ciertamente los Policías Nacionales intervinientes accedieron al juicio oral en calidad de acusados, y la sentencia de grado hace una referencia a que prestaron su declaración bajo juramento (F.J. Tercero).- Pero, como puede comprobarse en relación al reproche, también fueron propuestos como testigos por la Fiscalía y por su representación (folio 553) y la condena no deriva de sus declaraciones en exclusiva, sino como luego se verá, de la valoración conjunta de la multitud de testimonios de las personas congregadas en el lugar, de la documental en que se objetivaba la herida resultante y de la pericial médico-forense.-

Además, al no haber formulado acusación el ahora apelante contra ninguno de ellos, la condición del agente lesionado y del resto de policías es de testigos en relación a los delitos que se le venían imputando al apelante (atentado y lesiones), mientras que la de acusados deriva de los hechos que le imputaba la acusación particular de las Sras. Tatiana y otras (folios 453 y ss.), que nada tienen que ver con las lesiones del recurrente.-

Por último, y también a efectos de la invocada comunicabilidad entres estos testigos, en el acta del juicio no consta protesta alguna de su defensa sobre el modo en que se practicaron las declaraciones: bajo juramento respecto a los hechos que ellos denunciaron, y sin sujeción al mismo en relación a los que eran acusados.- El motivo debe, pues, rechazarse.-

Cuarto.-La cuarta y quinta alegaciones del recurso están directamente enlazadas con la anterior, en la medida en que parten de la incorrecta -a entender del apelante- valoración judicial de las declaraciones prestadas en el juicio oral por los policías nacionales, basada precisamente en el modo en que se sustanciaron aquéllas en el juicio oral.-

La tesis que subyace en el fondo es que la lesión que sufrió el agente policial con n.º NUM000, objetivada en los informes médicos asistenciales obrantes en la causa y que, según nos dice el apelante "nadie ha negado", pudo proceder de cualquiera de los intervinientes en la "batalla campal", y no necesariamente del Sr. Florian.- Reforzaría el argumento exculpatorio que algún testigo relató que "llovían piedras".-

La prosperidad del motivo exige obviar, subrepticiamente, qué interés espurio podrían tener la policía en imputar, de manera inveraz, la autoría del golpe al acusado ya desde el inicio de las actuaciones (vid. comparecencia del folio 7 del atestado).- De tratar de justificar en tal forma la carga policial, ¿por qué se eligió al Sr. Florian y no a cualquiera de los restantes participantes en el tumulto?.-

El otro hándicap, que proviene de la coincidencia de todos los policías en que las lesiones las causó el apelante cuantas veces fueron preguntados al efecto, quedaría solventado -sin más- invalidándose la prueba según lo pretendido en el motivo anterior, como si en los supuestos de agresiones mutuas no pudieran tenerse en cuenta las declaraciones de los contendientes.-

Quinto.-Haciendo abstracción de todo lo anterior, lo cierto es que hay prueba objetiva -documental- de haberse causado heridas de etiología coincidente con la forma narrada por el lesionado (la configuración de la secuela resultante -informe forense del folio 79- no deja margen de duda), lesiones que testigos pertenecientes al grupo de mariscadoras hostigadas (la Sra. Maite p. ej.) atribuyen, al igual que la propia víctima, al recurrente.-

El razonamiento del Juzgador a quo no presenta, en consecuencia, déficit alguno, ni de motivación, ni respecto a un lógico fluir racional de las cosas, y la sentencia debe ser confirmada en todos sus extremos, incluido el concerniente a la indebida aplicación del tipo relativo al atentado, motivo que ahondando en un eventual ejercicio ilegítimo -por exceso- en la función encomendada a los agentes, pasa por alto que en el transcurso de los acontecimientos fue agredido un subdirector general de la Xunta de Galicia, y habría precisado del apoyo de quienes se han aquietado con el pronunciamiento de grado que, expresamente, excluye la extralimitación.-

Sexto.-Las costas de la alzada, con arreglo al criterio del recurrente, se han de imponer al apelante.-

Vistos los artículos citados y demás preceptos legales.


FALLAMOS


 
Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Florian contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Ferrol en el J. Oral 12/08, debemos de confirmarla, con imposición de las costas de la alzada al apelante.-

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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