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Sentencia A.P. La Coruña 98/2010, de 15 de marzo


 RESUMEN:

Se alega que el pronunciamiento realizado en el auto aclaratorio modificó el establecido en la sentencia. Pero, más allá de esta cuestión, visto el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, la apelación estima las pretensiones de las partes recurrentes.

SENTENCIA

En A CORUÑA, a quince de marzo de dos mil diez.

En el recurso de apelación penal número 443/09 procedente del Juzgado de lo Penal n.º 3 de A Coruña, sobre HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE, entre partes de la una como apelante Remedios, ALLIANZ, AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, ZURICH, Serafina Y Ambrosio, y de la otra como apelado EL MINISTERIO FISCAL, BANCO VITALICIO, Baldomero, Bernardino Y Cayetano.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que por el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez de lo Penal n.º 3 de A Coruña, con fecha 12 de mayo de 2009, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice como sigue: "FALLO: Que debo condenar y condeno a Evelio, como autor de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA, definido, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de seis meses y un día de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Que debo condenar y condeno a Guillermo, como autor de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA Y UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, definidos, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en ambos delitos. Por el delito de homicidio la pena de seis meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de tres meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de tres meses y un día, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Que debo condenar y condeno a Bernardino, como autor de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA Y UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, definidos, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en ambos delitos: por el delito de homicidio, la pena de seis meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de tres meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de tres meses y un día, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Que debo condenar y condeno a Baldomero, como autor de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA Y UN DLEITO CONTRA LOS TRABAJADORES, definidos, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en ambos delitos. Por el delito de homicidio, la pena de seis meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo guante el tiempo de la condena. Y por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de tres meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de tres meses y un día, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Que debo condenar y condeno a Isabel, como autora de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA Y UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, definidos, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en ambos delitos. Por el delito de homicidio, la pena de seis meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de tres meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de tres meses y un día, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Que debo condenar y condeno a Cayetano como autor de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA Y UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, DEFINIDOS, CONCURRIENDO LA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE MUY CUALIFICADA DE DILACIONES INDEBIDAS EN AMBOS DELITO. Por el delito de homicidio, la pena de seis meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de tres meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de tres meses y un día, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a Remedios en 60.000 euros y a Ambrosio y Serafina en 30.000 euros a cada uno, aplicándose el interés legal y la Ley de contrato de Seguros. De dichas cantidades responderán directa y solidariamente las Compañías de seguros Allianz, Vitalicio de Seguros y Zurcí como aseguradora del Ayuntamiento de La Coruña, y subsidiariamente el referido Ayuntamiento, Eulen S.A. y Servicios de Grúas y desguaces Novo, S.L.".

Segundo.-Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por la representación del/los apelante/s, que le fue admitido en ambos efectos, y una vez efectuados los traslados procedentes, a las demás partes y evacuados los mismos, se acordó elevar las mismas a la Audiencia Provincial, para su resolución.

Tercero.-En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.


hechos probadosSe aceptan los de la resolución recurrida, cuyo tenor se da por reproducido en aras a la brevedad de la presente.


fundamentos jurídicos


 
Primero.-Con carácter previo al análisis de los recursos formulados, hay un error de concepto al continuar el juicio sólo a los efectos de responsabilidad civil, al darse la situación contemplada en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y celebrarlo y dictar sentencia en unos términos propios de la estricta conformidad regulada en el artículo 787, ajenos a la producción y valoración de la prueba que corresponde en cuanto al relato de hechos y a su fundamentación, traspasándolos a un marco que es de efectiva contradicción aunque limitada a una esfera decisoria. La sentencia tiene tres defectos que subyacen en todas las argumentaciones de los recursos, en la medida en que reproduce de forma mimética el escrito acusatorio del Ministerio Fiscal (como si de una conformidad pura se tratase y no de un juicio de contradicción en el que el Juez efectúa un pronunciamiento de fondo y no sólo supervisa el acuerdo de las partes), no existe prueba más que puramente formal (lo que en buena medida oculta las razones por las que surgen algunas de las valoraciones y alguna de las consecuencias expuestas en ella) y se complementa con un auto que bajo la denominación de aclaratorio introduce una modificación sustancial en el contenido del fallo (forma de afrontar las indemnizaciones civiles por los responsables directos, que supera el mero error material o el concepto oscuro para cambiar la propia estructura de la resolución, como se aprecia por las marcas hechas a lápiz en la copia de la sentencia que figura en la causa y que sirvieron como guía para la nueva, y de que algunos recursos vayan no contra la sentencia, sino contra la aclaración). En resumidas cuentas, presenta unas deficiencias en su contenido y desarrollo que conforman lo que podríamos llamar una ortopedia procesal, claramente ajena al debido proceso; no es suficiente causa de nulidad porque no genera indefensión en los términos en que constitucionalmente se estructura este concepto, pero en su lugar suscita más problemas de los que resuelve y pervierte en parte la apelación al conferirle un carácter más de complemento que de revisión.

Segundo.-A los recursos interpuestos por Remedios, Serafina y Ambrosio:

La unidad de representación, legitimación, contenido y, como resulta lógico, la petición de los titulares del derecho de resarcimiento se articula sobre dos aspectos concretos ceñidos a la cuestión civil a la que queda circunscrita la causa por la parcial conformidad penal plasmada en la sentencia. El primero se refiere a la cuantía de la indemnización, que se entiende insuficiente sólo respecto de Remedios, para la que en trámite de apelación se solicita la de 87 134 € en función de la aplicación por vía analógica del baremo regulador de las indemnizaciones en materia de tráfico. Al respecto podemos realizar una precisión inicial, que es la de que la sentencia de grado no contiene referencia alguna en su fundamentación, ni puede extraerse de su apartado fáctico por vía deductiva, a los criterios por los que establece la cuantía indemnizatoria de 60 000 € a favor de la viuda y de 30 000 € para cada uno de los hijos. Pese a ello, la Sala estima que la cantidad fijada a favor de la apelante resulta insuficiente, a la vista de las circunstancias como su edad en la fecha en la que tuvo lugar el accidente, el daño moral derivado de éste, con el añadido de su carácter especialmente traumático, y la existencia de dos hijos. Por tal motivo, entendemos apropiado elevar esa cantidad a 80 000 € por las consecuencias materiales y morales de la pérdida sufrida, cantidad más adecuada a la idea del resarcimiento pleno.

Los dos recursos coinciden en objetar, con idénticos argumentos, el pronunciamiento realizado en el auto aclaratorio que sobre este punto modifica el inicialmente efectuado en sentencia. Dejando al margen la cuestión referida a la motivación y al posible exceso del contenido del auto de aclaración, ya despachadas en el Fundamento Primero, la postulación de fondo tiene que ser estimada. El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro establece el régimen de devengo de intereses en el caso de mora de la aseguradora; de ahí que nadie pueda efectuar la genérica objeción sobre su aplicación, en la medida en que la existencia de responsabilidades civiles insatisfechas se desprende del propio contenido de la presente. La postura de la entidad "Banco Vitalicio de España SA" sobre la exclusión de la aplicación de este precepto (hecha en sentencia y eliminada en aclaración sin que en ningún caso aparezcan expuestas las razones para ello) es fruto de una interpretación del iter procesal legítima pero ajena a la realidad de las actuaciones: cuando se consigna una cantidad mucho menor de la que previsiblemente podría llegar a fijarse como importe final de la indemnización, y se hace sin conocer todavía la existencia de otros responsables civiles ni los términos ni la extensión de su obligación, y cuando la parte se despreocupa de obtener una respuesta judicial sobre la suficiencia de ese acto, pretender atribuirle efectos liberatorios y excluyentes de la declaración de mora es ajeno a la finalidad última del recargo sancionatorio de los intereses que establece el artículo 20, en la medida en que no se objetiva la idea de una voluntad de cumplimiento subyacente en la exclusión de ese incremento. Ello sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 para los casos de coaseguro: el pago se realizará en proporción a las cuotas respectivas.

Tercero.-Al recurso interpuesto por la entidad "Allianz SA":

Es cierto el defecto en la construcción de la sentencia ya citado en la presente, pero el mismo no genera a la parte la indefensión alegada, como se desprende del propio contenido del escrito apelatorio reiterando los argumentos de exclusión del riesgo no atendidos en primera instancia y que lógicamente habrían merecido una respuesta precisa y expresa. Pero esa omisión no genera el desamparo material y constitucionalmente relevante a la parte, como se desprende de la propia argumentación del recurso y prueba su contenido.

En cuanto al fondo del argumento, el razonamiento seguido por la aseguradora es impecable, ya que la exclusión en el articulado de la póliza del riesgo derivado del uso y circulación de vehículos de motor supone un caso de delimitación del riesgo debido a la propia naturaleza de la figura contractual del seguro (artículos 1 y siguientes de la ley), sin que se le pueda dar la condición de clausula restrictiva de los derechos del asegurado o introducida de forma oscura o inadvertida. Pero el problema no es el de la legalidad o validez de la exención, sino el de su pertinencia en el caso de autos. En efecto, aunque en el relato de hechos de la sentencia se realice una mención al camión que llevaba la grúa y la cesta en la que iba el trabajador fallecido, en la calificación jurídica y en la pena impuesta no se hace mención expresa a este extremo. En efecto, la sentencia de estricta conformidad y aceptada por la entidad ahora apelante, integra el hecho exclusivamente en la previsión del artículo 142.1, sin mencionar el siguiente ordinal en el que se efectúa una expresa indicación a los casos en los que el hecho se hubiese cometido utilizando un vehículo a motor, imponiendo en consecuencia una pena privativa de libertad pero sin la de privación que imperativamente correspondería en los eventos de tráfico por mandato del siguiente apartado. En resumidas cuentas, la conformidad prestada por la parte con la calificación del hecho conlleva la imposibilidad de aplicar la exclusión invocada, al resultar incompatible con aquella de la que dimana la obligación de indemnizar.

Cuarto.-A los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de A Coruña y la entidad aseguradora "Zurich":

Cuando el auto de 20 de febrero de 2006 dictado por esta misma Sala excluye del círculo de imputados al ingeniero municipal, parece fuera de duda que queda cortado el vínculo que en cualquier esfera pudiera derivar del hecho punible y que sirviera para establecer una conexión entre el Ayuntamiento de A Coruña y la entidad aseguradora por un lado, y la responsabilidad resultante por otro. Sin embargo esa implicación latente sigue hasta el momento de la sentencia, en la que al amparo de la supuesta condición del Ayuntamiento de promotor de la obra se establece su responsabilidad civil ex artículo 120.4.º) del Código Penal, extendiéndose este pronunciamiento a la entidad aseguradora.

Tal pronunciamiento arrastra un vicio de origen, que es el de la falta de respuesta del Juez de lo Penal a las peticiones formuladas por las dos partes sobre el carácter de su presencia en la vista. El hecho de que en sentencia no se aborde de forma expresa y directa la cuestión bastaría para apreciar una situación de indefensión constitucionalmente relevante, en tanto que la fundamentación de la causa por la que se reclama la responsabilidad cambia, de tal forma que de la derivada de la actuación de un funcionario municipal o persona con una relación con la administración que la lleva a una condición asimilada se pasa a otra como promotor de la obra y beneficiada por la actividad punible. Dejando al margen que no se alcanza a comprender la relación entre el hecho ilícito, el encargo y el beneficio, y que las sentencias citadas siguen una doctrina en ocasiones previa a la entrada en vigor de la redacción actual del artículo 120.4.º) y en todo caso a todas luces superada, el ámbito de aplicación viene dado por dos aspectos: la dedicación a la industria o comercio del responsable civil y la comisión del hecho penal por una persona con vinculación directa, todo ello en un ámbito de subsidiariedad que ignora la sentencia de grado al fijar una responsabilidad unitaria y directa (SSTS de 22/VII/2003 y 28/IV/2004). En el caso que nos compete, nada nos permite aceptar la idea de que puede establecerse una responsabilidad del Ayuntamiento, y en consecuencia de la aseguradora, al no existir declaración de responsabilidad penal de funcionario o persona directamente relacionada con dicha administración ni dato alguno que nos permita asignarle la condición de promotor, con lo que ello lleva aparejado de fines de organización, control y beneficio directo, que hace la sentencia con la evidente finalidad de ampliar el círculo de obligados. La literalidad del precepto impide la realización de responsabilidad civil no ya en los términos erróneamente contenidos en la sentencia, sino en cualquier otro concepto, ya que no puede establecerse una especie de cadena de responsabilidades que lleve a englobar a todas las personas naturales o jurídicas vinculadas de manera directa o absolutamente tangencial con el hecho punible, sin tener en cuenta ni el ámbito de su responsabilidad real ni la previsión legal rectora en cada caso, que en el caso de estos recurrentes estaría circunscrito por la declaración de la responsabilidad penal de alguno de sus dependientes, cuya ausencia rompe esa condición de obligado (sobre los parámetros de este aspecto concreto de la responsabilidad subsidiaria ver SSTS de 28/XI/2006, 28/XII/2007, 6/II/, 19/VI y 31/X/2008, 26/II/2009 y 16/VII/2009).

Procede, por lo tanto, la estimación del recurso interpuesto y la revocación de la sentencia en este aspecto.

Quinto.-En consecuencia, consideramos que procede modificar la sentencia de grado en los términos antedichos, relativos a su aspecto pecuniario (cuantías indemnizatorias y obligados), manteniendo los pronunciamientos realizados en el ámbito penal. Todo ello con declaración de oficio de las costas procesales devengadas en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación.


fallamos


 
Que debemos estimar y estimamos los recursos de apelación interpuestos por Remedios, Serafina y Ambrosio por un lado, y por el Ayuntamiento de A Coruña y la entidad aseguradora "Zurich" por otro, contra la sentencia que dictó con fecha 12 de noviembre de 2009 el Juzgado de lo Penal número Tres de los de A Coruña en los autos de Juicio Oral número 262/2006, en el sentido de: 1.º) elevar a 80 000 € la indemnización concedida a Remedios; 2.º) establecer para la totalidad de las entidades aseguradoras el cálculo de los intereses devengados conforme al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro; y 3.º) absolver al Ayuntamiento de A Coruña y la entidad aseguradora "Zurich" de los pronunciamientos realizados respecto de ambas en materia de responsabilidad Civil. Y que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la entidad "Allianz SA" contra dicha resolución. Todo ello con declaración de oficio de las costas procesales devengadas en esta instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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