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Sentencia A.P. Guadalajara 5/2010, de 29 de marzo


 RESUMEN:

Tratándose de falsificación de carné y placa de policía, lo es de documento privado en los casos en los que, si bien sirve para engañar a los particulares, carece de aptitud procesal para sustituir al documento oficial propiamente dicho por las relevantes diferencias que existen entre el autético y el falso.

SENTENCIA

En Guadalajara, a veintinueve de marzo de dos mil diez.

VISTOS en juicio oral y público, ante esta Ilma. Audiencia Provincial los autos de Procedimiento Abreviado num. 86/09, seguidos ante el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Guadalajara, al que ha correspondido el Rollo de Sala n.º 3/2010, instruido por delitos de detención ilegal, falsedad documental y allanamiento de morada frente a Maximiliano, representado por la Procuradora D.ª ENCARNACION HERANZ GAMO y asistido por la Letrado D.ª RAQUEL NIETO RUIZ, Torcuato, representado por la Procuradora D.ª ENCARNACION HERANZ GAMO y asistido por el letrado D. CARLOS ORBAÑANO LLANTERO, Marco Antonio y Celestino, representados por el Procurador D. SANTOS PASCUA DIAZ y asistidos por el Letrado D. JESUS MARTINEZ ADEVA, con la asistencia del MINISTERIO FISCAL y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª M.ª CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Las presentes actuaciones se incoan en virtud de Atestado de la Comisaría de Policía de Guadalajara por posible delito de detención ilegal, dando lugar a la tramitación de las Diligencias Previas 3622/2009 del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Guadalajara. Tras los trámites pertinentes se acordó encauzar el asunto por el trámite del Procedimiento Abreviado acordándose la apertura de juicio oral.

Segundo.-El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de cuatro delitos de detención ilegal de los arts. 163.1.º en relación con el art. 165, un delito de falsedad en documento oficial continuado de los arts. 392 y 74, y un delito de allanamiento de morada de los arts. 202.1.º y 2.º, todos ellos del Código Penal. La defensa de don Marco Antonio y don Celestino, en el acto del juicio oral, eleva sus conclusiones orales a definitivas y solicita subsidiariamente se considere al primero de ellos autor de un delito intentado de robo en concurso medial con un delito de allanamiento de morada, y al segundo de ellos como cómplice del mismo delito. La defensa de don Maximiliano igualmente eleva sus conclusiones a definitivas y solicita, alternativamente, se consideren los hechos como constitutivos de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, y como segunda alternativa se consideren los hechos como constitutivos de un delito de robo con intimidación en concurso medial con detención ilegal y un delito de allanamiento de morada en grado de tentativa. Y por parte de la defensa de don Torcuato, y elevando también a definitivas sus conclusiones, subsidiariamente solicita se consideren los hechos como constitutivos de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa, en concurso con un delito de allanamiento de morada y otro de detención ilegal.

Tercero.-Señalado para la celebración del Juicio Oral el día 23 de marzo tuvo lugar el mismo con el resultado que obra en autos.


HECHOS PROBADOS

El día 16 de septiembre de 2009 don Maximiliano, don Torcuato, don Celestino y don Marco Antonio, mayores de edad y sin antecedentes penales, de nacionalidad colombiana los dos primeros y sin permiso de residencia en este país Maximiliano, y privados de libertad por esta causa los tres últimos desde el día 19 de septiembre de 2009 y el primero desde el 22 de septiembre de 2009, puestos de común acuerdo y con la finalidad de identificar a unas personas que consideraban miembros de una banda de narcotraficantes colombianos se dirigieron al domicilio de don Bernabe y doña Celsa, matrimonio que residía en la calle Carabañas de Guadalajara, procediendo a interceptarles en el exterior del mismo cuando el matrimonio se encontraba con sus dos hijos menores de edad en el interior de su vehículo y mientras el esposo estaba realizando la maniobra de aparcamiento del mismo, en ese momento Celestino provisto de pistola detonadora y portando placa identificativa de Policía Nacional, así como indumentaria parecida a la que habitualmente puedan llevar los Agentes del cuerpo, encañona y esposa a la mujer, identificándose todos ellos como policías, mientras que Marco Antonio, que también portaba un arma detonadora, y otra persona que se encuentra huída conducen al esposo, una vez engrilletado, al interior del portal de la vivienda donde se encontraba Maximiliano quien golpea a Bernabe para que se introduzca en el mismo, marchándose del lugar Celestino con la esposa y los dos hijos del matrimonio conduciendo el vehículo de la pareja y en dirección Madrid, trayecto durante el cual fue interrogada sobre su nacionalidad y se le comunica que se dirigían a la "Central". Una vez dentro del portal Bernabe fue esposado, colocado de rodillas, interrogado y golpeado, pero al pretenderse en ese momento acceder a la vivienda y al advertirse que no portaba las llaves de la misma Marco Antonio telefonea a Celestino, quien tras asegurarse que la mujer tenía las llaves puesto que ella misma lo confirma vuelve al domicilio, y acceden todos con dichas llaves, incluido Torcuato, que se incorpora al grupo con posterioridad, ya que previamente se había alejado conduciendo el vehículo de donde se habían apeado los otros, y quien también golpea a Bernabe para obligarle a subir al domicilio, dejando esposados al matrimonio en una de las habitaciones del mismo, y siendo custodiados por Marco Antonio mientras que Maximiliano a instancias de su hermano sale para identificarse como policía ante quien fuera necesario dado que habían sido vistos por unos vecinos, mientras los otros revolvían la vivienda, en un momento dado y ante la petición del matrimonio de que querían tener a sus hijos, que permanecían solos en el vehículo, Marco Antonio sale de la habitación y los trae con sus padres. Transcurrido un lapso de tiempo de entre siete y diez minutos y al oír ruido exterior de coches y pensando que pudiera ser la Policía, avisada por esos vecinos, se dieron a la huida abandonando al matrimonio esposado en el domicilio y llevándose, después del registro efectuado en el mismo, algún objeto como perfume, algún anillo, cadenas y billetes. El carné profesional, la placa emblema y el porta emblema del Cuerpo Nacional de Policía son falsos y las dos pistolas intervenidas son pistolas detonadoras. Como consecuencia de estos hechos don Bernabe sufrió heridas consistentes en equimosis en muñecas para las que requirió de una primera asistencia sin tratamiento médico tardando en curar un día no impeditivo.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto debemos hacer referencia a una cuestión de carácter procesal planteada por la defensa de don Torcuato y es la solicitud de abstención de esta Sala por haber resuelto sus Magistrados los recursos de apelación que se han deducido en fase de instrucción, sin concretar actuación alguna, desestimándose dicha solicitud en el acto de la vista por extemporánea e infundada. En todo caso queremos recordar a la parte que aparte del hecho evidente de que nos hallamos ante una Audiencia de solo tres Magistrados, incluida la Presidencia, y de que efectivamente el planteamiento es extemporáneo por cuanto debió deducirse la solicitud en el momento en que se notificó la composición de la misma, dicha abstención no se va a efectuar por, también, motivos de fondo, aunque podría rechazarse de plano y sin mas explicación desde el momento en que la parte no concreta en el momento en el que considera que esta Sala ha perdido su imparcialidad y las razones de ello. La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2003, en materia de recusaciones aunque en este caso se esté planteando la abstención de la Sala, recuerda que conforme a la doctrina constitucional (STC Pleno de 22 de julio de 2002 [RTC 2002\155 ], entre otras), para garantizar la apariencia de imparcialidad exigida y reparar de forma preventiva las sospechas de parcialidad las partes gozan del derecho a recusar a aquellos Jueces en quienes estimen que concurren las causas legalmente tipificadas como circunstancias de privación de la idoneidad subjetiva o de las condiciones de imparcialidad y neutralidad, pero este derecho a formular recusaciones comprende la necesidad de que la pretensión formulada se sustancie a través del proceso prevenido por la Ley con este fin y a que la cuestión así propuesta no sea enjuiciada por los mismos Jueces objeto de recusación, sino por aquellos otros a que la Ley defiera el examen de la cuestión (STC 47/1982, de 12 de julio de 1982 [RTC 1982\47 ]) de manera que la regla general es la de que el órgano recusado ha de dar curso a la recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquél de quien se sospecha la parcialidad, pero esta regla general no significa, sin embargo, que en casos muy excepcionales la recusación no pueda rechazarse de plano por el propio órgano recusado, lo que resulta constitucionalmente admisible, y así cuando se propone por quien no es parte en el proceso o falta alguno de los presupuestos de admisibilidad, tales como que se incumplan los requisitos formales que afectan a la esencia del procedimiento, como por ejemplo la extemporaneidad, cuando no se alega la causa en que legítimamente puede fundarse la recusación, o cuando no se establecen los hechos que le sirven de fundamento. Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2004 recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal imponen el planteamiento de un incidente de recusación tan pronto se conozca cuáles son los Magistrados que han de formar Sala, y en todo caso antes de iniciarse el juicio, pero incluso por razón de su falta de fundamento también puede el órgano jurisdiccional rechazar la petición "a límine", posibilidad admitida por el Tribunal Constitucional, en evitación de prácticas dilatorias y con sustento normativo en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que es correcto que los propios Magistrados recusados rechacen en resolución fundada, la admisión a trámite de esta cuestión, teniendo en cuenta que no basta con haber dictado una resolución en fase de instrucción para que el Magistrado de la Audiencia, que después debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, quede inhabilitado para hacerlo, ya que sería necesario comprobar si la resolución que dictó y el análisis realizado pudo producir un prejuicio que permitiera cuestionar su imparcialidad objetiva, y dado que funcionalmente y según la estructura orgánica de los Tribunales, la Audiencia es el órgano al que la ley procesal le atribuye la facultad de resolver los recursos interlocutorios de apelación y queja, interpuestos contra las decisiones del instructor, y ese sólo hecho no puede llevar automáticamente aparejada la tacha de falta de imparcialidad objetiva, y en este sentido la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha insistido en que las cuestiones de esta naturaleza deben resolverse caso por caso, analizando si el Tribunal, por exigencias del recurso o por otros motivos, ha realizado valoraciones condicionantes o creadoras de prejuicios referidos a las cuestiones esenciales del objeto procesal o de las que van a constituir las pretensiones de las partes, en particular, sobre el acaecimiento de los hechos delictivos imputados o la participación en ellos de los acusados o sobre alguna otra cuestión que haya de ser resuelta en la sentencia definitiva, a lo que debe añadirse que el cuestionamiento de la imparcialidad de un Magistrado, tanto objetiva como subjetiva, debe acreditarse debidamente, hasta el punto de dar por supuesta tal imparcialidad mientras no medie prueba en contrario.

Y en este caso lo que se solicita realmente es una abstención de la Sala a la que no vamos a acceder, ya que como hemos adelantado y en primer lugar el planteamiento fue extemporáneo ya que el recurrente lo planteó después de iniciarse el juicio y en sus cuestiones preliminares. Pero es que además, y en segundo lugar, aparte de que no se concreta en qué momento pierde la Sala la imparcialidad, y la razón de ello, el hecho de pronunciarnos sobre una decisión del Instructor cualquiera que sea, tanto en relación a situación personal de los imputados, o sobre cuestiones de trámite, o sobre pruebas admitidas o denegadas por el instructor, o incluso sobre las pruebas que se admiten para el acto del juicio, ello en modo alguno supone entrar en contacto con el material probatorio, haciendo valoraciones capaces de crear prejuicios, pero es que además en este último caso la función de admitir y rechazar las pruebas finalmente la atribuye la ley al Tribunal sin que ello contamine para afrontar el enjuiciamiento (art. 792 LECr.).

Con lo que ni por razones de forma ni de fondo esta Sala va a proceder a abstenerse de conocer del asunto que se está enjuiciando, puesto que nuestra imparcialidad permanece intacta.

Segundo.-Los hechos declarados probados son constitutivos de cuatro delitos de detención ilegal, en las personas de Bernabe, Celsa, y sus dos hijos menores de edad, y un delito de allanamiento de morada de los artículos 163.1.º en relación con el art. 165 del Código Penal y del art. 202. 1.º y 2.º del mismo cuerpo legal. Y ello después de una valoración conjunta de la prueba practicada en el acto del juicio oral en conjunción con el resto de elementos probatorios y en virtud de los principios de inmediación y de libre valoración de la prueba conforme al art. 741 LECr. Tratamiento aparte merecerá el delito de falsedad en documento público cuya condena solicita el Ministerio Fiscal y por las razones que expondremos.

El bien jurídico del delito de detención ilegal es la libertad de deambulación de las personas consumándose dicho delito desde el momento en que se produce esa situación de privación de libertad aunque sea un delito de efectos permanentes mientras dure la misma y en este sentido el art. 163.1 CP castiga la conducta del particular que encerrara o detuviera a otro privándole de su libertad, es decir, situando a una persona en lugar no abierto sin posibilidad de escape o simplemente aprehendiéndola para que no pueda moverse como puede ser el caso de colocar unas esposas o golpear para impedir esa capacidad de movimiento, y de una manera consciente y voluntaria, estableciéndose un tipo cualificado, art. 165 CP, cuando se haya ejecutado el hecho con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuera menor de edad. Por su parte el delito de allanamiento de morada, art. 202 CP, protege el derecho a la intimidad de la morada, de manera que castiga tanto a aquel que entra en la misma sin consentimiento de su titular como a aquel que permanece dentro en contra de dicha voluntad, y de manera voluntaria y consciente, estableciéndose un tipo cualificado cuando el hecho se ejecute con violencia o intimidación sobre las personas, como medio para la ejecución del hecho típico, existiendo dolo desde el momento en que la acción se realice con conocimiento de que se entra o permanece en la morada ajena sin consentimiento del morador, habiendo evolucionado la jurisprudencia en este punto en el sentido de entender ya desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1973 que basta con un dolo genérico de tener conocimiento y voluntad de realizar el hecho típico sin más exigencias, en el mismo sentido y más recientemente se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2000, consumándose el tipo desde el momento en que se entra en la morada o no se abandona desobedeciendo al morador.

Y en este caso se dan todos y cada uno de los elementos requeridos para apreciar la existencia de estos tipos penales y así los acusados, los cuatro, proceden a privar de libertad al matrimonio y a sus dos hijos, en un primer momento, esposando y golpeando al esposo mientras les exhibían al menos una placa de policía y un arma detonadora, puesto que la otra simplemente la portaba Marco Antonio, al grito de policía, y manteniendo a la esposa y a los dos hijos en el vehículo e introduciendo al esposo en el portal, para posteriormente acordar y proceder a entrar en la vivienda y es en ese momento cuando el matrimonio es encerrado en el interior y los hijos permanecen en el vehículo hasta que son llevados con sus padres, con lo que es clara la violencia e intimidación ejercida, mediante golpes, gritos de ser policías, exhibición de arma, e incluso separación del núcleo familiar para una mayor presión psicológica induciendo el temor por la seguridad del resto de la familia, con lo que nos encontramos ante unas detenciones ilegales producidas mediante violencia o intimidación y cometidas en un primer momento deteniendo a toda la familia y posteriormente encerrando, al esposo en el portal y a la mujer con sus hijos en el vehículo, y luego a todos en la vivienda, simulando ser policías y ejerciendo dichos actos sobre dos menores. Y también se dan todos los elementos del tipo penal del allanamiento por cuanto una vez don Bernabe en el portal, ya sometido, de rodillas y esposado, es cuando se decide subir al domicilio para lo que se recaba la presencia de doña Celsa y se le piden las llaves, con lo que es evidente que si las mismas se entregan y sirven para franquear el paso al mismo lo es en contra de la voluntad de sus moradores y únicamente para intentar mitigar o incluso resolver la angustiosa situación que estaban viviendo, insistimos que esposados, amenazados y el esposo golpeado, presuntamente por agentes de policía, pero con un absoluto desconocimiento de lo que estaba pasando realmente y ante un lógico y evidente temor por la seguridad de toda la familia.

Y todo ello por las declaraciones de las víctimas; la investigación policial plasmada en el atestado ratificado debidamente en el acto del juicio oral con todas las garantías; la abundante testifical practicada en dicho acto; la pericial constante en autos y que fue también debidamente ratificada en el acto del juicio en cuanto a la falsedad del carné y la placa de policía intervenidos; las pruebas de reconocimiento en rueda efectuadas en el Juzgado; el resto de documental; y las propias manifestaciones de los imputados respecto de su intervención en los hechos y la intervención del resto de los imputados. Y en este punto debemos recordar que como se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2007 el derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de la Constitución gira sobre una serie de ideas esenciales, y así en primer lugar el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 de la Constitución; en segundo lugar que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados; en tercer lugar que tales pruebas se practiquen en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; en cuarto lugar que tales pruebas incriminatorias estén a cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); y en quinto lugar que solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental, limitándose los tribunales de alzada a una triple comprobación, el que hay prueba de cargo practicada en la instancia (prueba existente); que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada al proceso con las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales (prueba lícita); y que esa prueba de cargo, realmente existente y lícita, se considere razonablemente bastante para justificar la condena (prueba suficiente).

Por otra parte queremos significar que la declaración de la víctima, desde planteamientos de carácter general, puede ser tenida como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Para ello debe comprobarse que el testigo no ha modificado sustancialmente su versión en las distintas ocasiones en las que ha prestado declaración, aunque debemos tener en cuenta en este punto que la persistencia no es equiparable con la veracidad, pues tal persistencia puede apreciarse también en el acusado y ambos son personas especialmente interesadas en el mantenimiento de una determinada versión de lo ocurrido, y que la comprobación de la persistencia en la declaración incriminatoria de la víctima debe permitir excluir la presencia de un elemento que pudiera enturbiar su credibilidad. Y en el caso de que la persistencia aparezca debilitada, por cualquier causa, se deberá averiguar las razones de esa forma de actuar, para con ello valorarlas adecuadamente, e igualmente verificar la inexistencia de datos que indiquen posibles razones para no decir la verdad, como puedan ser una enemistad anterior, odio, deseo de venganza o cualquier otra circunstancia similar, por su posible relación con los hechos que se denuncian. No deben existir razones objetivas para dudar del testigo para una razonable credibilidad. Y finalmente es interesante que podamos hacer uso de alguna clase de corroboración, especialmente cuando es posible por las características del hecho concretamente denunciado. No se trata con ello de despejar dudas sobre la declaración del testigo sino de comprobar la existencia de motivos para aceptar la misma como prueba bastante de cargo y en consecuencia tener por destruida la presunción de inocencia (SSTS 8-11-2006 y la ya citada 27-12-2007). En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2009 y así, con glosa de otras Sentencias como las de 21 de septiembre de 2.000 y 5 de mayo de 2.003, que el testimonio de la víctima, aunque no hubiese otro más que el suyo, cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el Juzgador impidiéndole formar su convicción en consecuencia, es considerado apto para destruir la presunción de inocencia.

Y que en relación a las declaraciones de los coimputados la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2007 [RJ 2007\1784 ] con glosa de la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, se refiere a su Sentencia 115/1998, de 1 de junio (RTC 1998\115), que aborda la eficacia probatoria de las mismas y expresa que resulta crucial la jurisprudencia sentada en la STC 153/1997 (RTC 1997\153), recientemente reiterada por la STC 49/1998 (RTC 1998\49), que recoge y complementa la doctrina de este Tribunal referente a la relación de la valoración del testimonio del coimputado con el derecho a la presunción de inocencia, recogiéndose sus aspectos esenciales en el siguiente fragmento: "Cuando la única prueba de cargo consiste en la declaración de un coimputado es preciso recordar la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente o incluso mentir (STC 129/1996 [RTC 1996\129]; en sentido similar STC 197/1995 [RTC 1995\197 ]), en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, reconocidos en el artículo 24.2 CE, y que son garantías instrumentales del más amplio derecho a la defensa (SSTC 29/1995 [RTC 1995\29], 197/1995; véase además STEDH de 25 de febrero de 1993 [TEDH 1993\7], asunto Funke A, 256 -A). Es por ello por lo que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando siendo única no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas en contra del recurrente", de manera que a la vista de los condicionantes que afectan al coimputado de sometimiento a un proceso penal y de ausencia de un deber de veracidad, el umbral mínimo que da paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido con lo que antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia suficientemente lógica o consistente desde la perspectiva constitucional que demarca la presunción de inocencia.

En este caso son fundamentales las declaraciones de las víctimas, declaraciones que entendemos persistentes, porque se mantienen a lo largo del procedimiento en el mismo sentido, coherentes porque encajan con el desarrollo causal de los hechos, acreditado por el resto de pruebas, y creíbles y veraces porque no se ven desvirtuadas por ningún elemento objetivo que permita dudar de esa credibilidad, ni tan siquiera se apunta circunstancia alguna en este punto por las defensas, aunque si se haga referencia a ciertas discrepancias sobre todo en relación a los tiempos en cuanto a la actuación de los acusados, que son perfectamente identificados, discrepancias o más bien imprecisiones comprensibles dada la rapidez con que suceden los hechos y la situación de ansiedad y angustia que dichas personas padecían en ese momento, total y absolutamente atemorizadas y entendemos que desconcertadas ante lo que estaba ocurriendo y cuya causa desconocían, y lógicamente el paso del tiempo ayuda a ver las cosas más claramente o más tranquilamente pero también puede diluir los recuerdos con lo que las declaraciones que se prestan en sede policial y judicial han de valorarse bajo esta óptica y a la vista de lo que finalmente se declara en el acto del juicio, y así don Bernabe declara que efectivamente cuando junto a su esposa y sus hijos estaba aparcando, un coche les cierra el paso y descienden tres individuos, uno de los cuales se dirige a su esposa y los otros, al salir del vehículo, le esposaron oyendo "alto, policía", desde allí le llevan al portal donde está otra persona y allí le empujan al suelo donde le golpean, después de un lapso de tiempo le piden las llaves de la vivienda y al no tenerlas fue cuando localizaron a su esposa, en el ínterin aparecieron unos vecinos que fueron los que finalmente llamaron a la policía, y cuando su esposa aparece los suben al domicilio y permanecen encerrados, mientras se revolvía la vivienda, consiguiendo finalmente que les trajeran a los niños, y que posteriormente los asaltantes ante el ruido de vehículos en el exterior se marcharon sin decir palabra. En el mismo sentido se manifiesta doña Celsa que por un lado corrobora la versión de su esposo y por otro completa la secuencia causal de los hechos con su propia experiencia en el sentido de que la persona que se dirigió a ella le mostró un arma, le abrió la puerta del vehículo, le dijo que era policía y la esposó, montándose dicho sujeto en el lado del conductor e iniciando la marcha hacia Madrid, con los hijos en el interior del coche, respondiéndole esta persona ante sus preguntas que no fuera tonta porque ya sabía lo que pasaba y que se dirigían a la Central, hasta el momento en que a esa persona le llamaron por teléfono y le preguntó por las llaves contestándole que las tenía y efectuando en ese momento la vuelta al domicilio, y que cuando entraron en el portal efectivamente su esposo estaba engrilletado y en el suelo con tres personas, que una vez en el domicilio les dejaron en la habitación con otra persona también armada, y a partir de ahí declara en el mismo sentido que su esposo, ambas declaraciones son idénticas en la parte en que ambos coinciden en la sucesión de los hechos. Ello se ve corroborado por el propio atestado policial, como hemos dicho ratificado, en el que se hace constar que los dispositivos policiales se ponen en movimiento cuanto tienen una llamada de la Guardia Civil alertando de la llamada de unas personas que han visto a otras haciéndose pasar por policías, y la posterior llamada al 112 de la esposa cuando logra hacerlo a pesar de seguir engrilletada, y las declaraciones testificales de todos y cada uno de los policías que acceden al domicilio y que encuentran al matrimonio en una habitación con sus hijos, y esposados, y así los policías nacionales números NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, y que proceden a la detención de Celestino portando un arma en su funda en la parte derecha del cuerpo que luego se vio y comprobó que era detonadora, existe informe pericial al respecto, y exhibiendo la placa, el carné y el porta emblemas con la placa, también íntegramente falsos conforme informe y declara en el acto del juicio el perito. Y precisamente es la declaración inicial de Celestino que se ofrece a colaborar lo que permite detener al resto de los intervinientes de forma sucesiva, empezando por su hermano a quien se localiza por una llamada del propio Celestino, y culminando con el resto, y es a raíz de la declaración efectuada por Marco Antonio, hermano de Celestino, por lo que se localiza la segunda arma tirada en un jardín, arma que según Celsa había visto que llevaba Marco Antonio, lo que reconoce ante Comisaría. Y en este punto queremos hacer referencia a una circunstancia alegada en el acto del juicio y con la que se pretende desvirtuar todas las declaraciones que los hermanos efectúan desde que son detenidos y es que las mismas lo fueron bajo presión, amenazas y violencia física ejercida por la Policía y nada de ello está acreditado, puesto que si observamos los partes de lesiones vemos que Maximiliano únicamente tiene una excoriación en la barbilla, dato objetivo, y muestra dolor a la palpación en un hombro, totalmente subjetivo, y Marco Antonio refiere dolor de cabeza, también dato subjetivo, con lo que se diagnostica al no apreciarse nada algún tipo de problema en las cervicales, con lo que ningún dato objetivo apoya la versión de los hechos aparte de que pugna con la lógica el que después si efectivamente hubiera sido cierto lo que ahora se denuncia no se hubiera denunciado antes ya en el Juzgado donde se declara en la misma línea, tampoco queda acreditada la amenaza de incriminar a la compañera de Marco Antonio, también testigo en estas actuaciones, y también debiendo referir en este punto que no se va a proceder a deducir testimonio para iniciar una investigación por el tiempo que pasó detenida en Comisaría puesto que la detención se produce cuando la Policía ya advertida por Celestino de la presencia de su hermano en el lugar donde había concertado un encuentro, precisamente para ello, lleva a cabo la misma por el hecho de ser la acompañante de Marco Antonio y permanece en estancias policiales hasta que su papel en los hechos se aclara, no debemos olvidar que esta operación se desarrolla durante dos días y mediante labores de vigilancia y búsqueda de personas y efectos con lo que fue compleja en este sentido, si efectivamente la parte considera que se ha producido alguna actuación ilícita por parte de la Policía está en su derecho de interponer la correspondiente denuncia.

Lo cierto es que desde el primer momento, desde que se detiene a Celestino, y hasta el acto del juicio oral las declaraciones de los acusados lo son en el sentido de reconocer, salvo Maximiliano que declara no saber nada y que fue involucrado por su hermano, que los hechos son que, a raíz de una sospecha de Torcuato sobre que el matrimonio detenido pudiera ser miembro de una banda de narcotraficantes colombianos que lo tenían amenazado en su país, y previo concierto con un Comisario de Huelva y un Inspector de Policía secreta de Madrid, procede a buscar ayuda de su hermano y de Marco Antonio, a éste le conocía porque regentaba un bar en Torrejón, y en este último caso a cambio de dinero, en concreto 2.000 euros según declara Marco Antonio, quien a su vez contacta con su hermano Celestino quien se aviene a participar en el plan según sus declaraciones por 6.000 euros, aunque en el acto del juicio Torcuato manifieste de que fue por una recompensa en su país, para proceder a identificar a dichas personas conforme a un fax remitido desde Colombia con fotografías, y conseguir pruebas, para facilitar la labor policial. Historia fuera de toda lógica, realmente absurda, pero que en todo caso es el núcleo alrededor del que pivota todo el procedimiento porque realmente éste y por propio reconocimiento como veremos fue el fin de los delitos, tanto de la detención ilegal, identificación de los sujetos, como del allanamiento de morada, búsqueda de pruebas como pueda ser armas, droga o dinero, pero no para el robo, tesis sostenida y argumentada por las defensas en un ejercicio legítimo de dicho derecho, el de defensa, en el acto del juicio dado lo elevada de las penas que se pueden imponer, y tratando de encajar, inútilmente, todos los testimonios prestados hasta el momento en esta nueva versión de los hechos que ni tan siquiera mantienen los acusados que siguen, sobre todo Torcuato, insistiendo en que el fin era identificar a unos narcotraficantes, si ello no fuera así ni tan siquiera hubiera tenido sentido que hasta el mismo acto del juicio se haya pretendido traer al mismo a esos policías o determinar las llamadas cruzadas entre todos, es decir, que o bien existe una detención ilegal con error en las personas a las que se creía narcotraficantes, y que se ve respalda por todas las pruebas practicadas incluidos los testimonios de los acusados, o bien nos hallamos ante un robo con violencia que no se ve respaldado por dato alguno, efectivamente desaparecieron algunos objetos del domicilio pero según relatan sus propietarios eran objetos de escaso valor hasta el punto de que no se percataron de que los mismos había desaparecido y cosa curiosa es que determinados elementos que suele haber en viviendas y que tienen cierto valor como pueda ser una televisión o un electrodoméstico no hayan desaparecido o que doña Celsa recupere su bolso de manos de la Policía con todo en su interior, todo ello introduce al menos alguna duda sobre la tesis del robo, teniendo en cuenta asimismo que el hecho de que llevaran primero a la esposa y a los niños, y posteriormente retuvieran a éstos en el vehículo fuera del campo visual de sus padres, responde más bien a un intento de presión psicológica para conseguir determinada información, en este punto también en el atestado don Bernabe declara que le habían interrogando sobre una posible estancia en Alicante lo que le llevó ya a pensar en un error, que a la facilitación de un robo. En todo caso aunque consideráramos cierta, que no lo es, la descabellada historia narrada por Torcuato pero que realmente fue el inicio de este desagradable y desgraciado incidente nadie puede actuar por vías de hecho ante estas situaciones, no hay causa de justificación alguna, lo lícito y correcto es acudir a la Policía si efectivamente se sospechaba lo que se dice que se sospechaba.

En todo caso ya desde el primer momento Celestino declara que fue requerido por su hermano Marco Antonio para ayudar a unos colombianos, siendo su hermano quien le enseña las dos armas porque le manifiesta que iban a vérselas con unas personas muy peligrosas, siéndole entregados todos los elementos distintivos que luego lució en el lugar de los hechos, y allí efectivamente pudo escuchar que lo que se pretendía era identificar a unas personas que pertenecían a una mafia y que podían tener armas y drogas, declaración inicial ante la Policía que ratifica en el Juzgado, testimonio practicado con las debidas garantías, e incriminando en los hechos a su hermano y a dos colombianos, aunque luego en el acto del juicio varíe su declaración sustancialmente, en el sentido de que únicamente se le requirió para conducir un vehículo, que no sabía nada lo que carece de lógica, y que nunca vio a Maximiliano, cuando éste por reconocimiento de la víctima, cuestión que después trataremos estaba en el portal del edificio y subió a la vivienda ejerciendo actos de violencia contra Bernabe, y que todo lo manifestado anteriormente fue por presión policial, cuestión ya tratada, e insiste a preguntas de su Letrado que fueron a robar cuando inicialmente y en el mismo acto declara que no sabía a lo que iban. También Marco Antonio realiza declaraciones incriminatorias para sí mismo y para el resto de los implicados y así que fueron dos colombianos, entre ellos Torcuato, quienes contactaron con él y él con su hermano, relata los hechos básicos de los reseñados en los hechos probados aunque con cariz autoexculpatorio en el sentido de que prácticamente no intervino, aunque si reconoce portar un arma y tirarla a un jardín donde fue encontrada, declaración ratificada ante el Juzgado aunque luego en el acto del juicio trata de exonerar a Torcuato y a partir de ahí nada hizo y nada vio, aparte de declarar sobre esos posibles malos tratos en Comisaría antes aludidos y que hubieran propiciado las declaraciones iniciales y que quedan descartados al no haber sido acreditados, y que efectivamente oyó a los colombianos decir que iban a robar dinero y joyas, siempre conforme a esa nueva versión de los hechos del robo. Torcuato desde el primer momento declara haber quedado al margen del desarrollo material de los hechos, intentando exonerar también a su hermano, aunque insiste que la operación la organizó para ayudar a la Policía española a detener a esa banda de narcotraficantes que le tenían amenazado en su país, versión que mantiene hasta el mismo acto del juicio oral, pero apareciendo dos circunstancias nuevas, que son una recompensa por la captura, dato que hasta este momento no se había manifestado, y por la cual pudieron moverse aunque se equivocaran de personas, y unas conversaciones con un Comisario de Canillas, también hasta ahora desconocido, en un intento de llevar esta historia hasta sus últimas consecuencias, y de intentar justificar lo injustificable, aunque posteriormente se solicite la condena por robo. Y finalmente Maximiliano que también desde el principio niega su participación en los hechos y no conocer circunstancia alguna en torno a los mismos para posteriormente reconocer que lo llama su hermano y le explica algo sobre un reconocimiento de personas, en concreto buscar datos de las personas que le tenía amenazado de muerte. Es decir que todos ellos reconocen los hechos en cuanto a que efectivamente se produjeron, a partir de ahí todos sus testimonios evolucionan desde la implicación en algún caso, como el de Celestino, semiimplicación en el de Marco Antonio, y poca, Torcuato, y ninguna implicación, Maximiliano, en el sentido de que iban a por unos narcotraficantes o delincuentes para obtener y recabar información para la Policía, para pasar finalmente y en el acto del juicio oral a manifestar que iban a robar, excepto Maximiliano. Con lo cual está claro que los hechos sucedieron en la forma que relatan las víctimas, que su participación lo es en la forma que también describen y que en modo alguno puede aceptarse la tesis del robo, evidentemente mas favorable para los intereses de los acusados, ya que lo cierto y como hemos adelantado el grupo contacta a instancias de Torcuato para ese fin repetido hasta la saciedad, intentar la desmantelación de una banda de narcotraficantes, sin legitimación alguna, y utilizando distintivos de policía, y lo que es más grave haciendo uso de una violencia desmedida y de una grave intimidación totalmente desproporcionada, usando incluso como medio de presión a los niños aunque luego accedieran al requerimiento de los padres de entregárselos.

Y en este punto debemos hacer referencia necesaria a los reconocimientos efectuados por las víctimas, reconocimientos que a pesar de haber sido impugnados por parte de dos defensas son perfectamente válidos y se han practicado con todas las garantías. Y así en sede policial y en reconocimiento fotográfico, y aunque efectivamente los sujetos como reconocen los perjudicados portaban pasamontañas aunque se lo solían levantar, don Bernabe reconoce perfectamente y entre distintas fotografías a Marco Antonio como la persona que le pone los grilletes y le traslada a su domicilio identificándose como policía ante los vecinos, a Maximiliano como la persona que se encontraba en el portal esperando y tras golpearle le introduce a la fuerza en el mismo, y a Torcuato como la persona que llegó posteriormente al lugar de los hechos y tras golpearle le traslada a la fuerza a su domicilio en compañía de los otros dos, e igualmente en rueda de reconocimiento vuelve a reconocer y ya ante el Juzgado a Torcuato como una de las personas que entraba y salía de su domicilio. Igualmente Celsa reconoce sin lugar a dudas y en reconocimiento fotográfico a Celestino como la persona que se quedó con ella en el vehículo y la introdujo posteriormente a la fuerza en su domicilio, reconociendo igualmente a Torcuato en rueda de reconocimiento y ya ante el Juzgado. En este punto queremos hacer referencia a una Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2004 que en relación a tales reconocimientos se pronuncia en el sentido de que por sí solos no constituyen prueba apta para destruir la presunción de inocencia pero pueden tener tal eficacia cuando el testigo o los funcionarios actuantes acuden al juicio oral y allí declaran sobre ese reconocimiento que se hizo en su día, como se ha hecho en el caso de autos, en el mismo sentido se pronuncian las Sentencias de 26 de diciembre de 1990, 1500/1992, 1162/97, 140/2000, 1638/2001, 684/2002 y 486/2003, pero es que en este caso además los reconocimientos fotográficos hechos ante la Policía Nacional se hicieron con exhibición de bastantes fotografías y sin que pueda advertirse el menor indicio de irregularidad en la actuación de los agentes que intervinieron en ellas. Aparte de el hecho de que efectivamente y por don Bernabe en el acto del juicio y a pesar de declarar protegido por mampara de seguridad y a petición suya tuvo a bien intentar el reconocimiento, práctica habitual en los actos de juicio oral, y efectivamente desde su ubicación reconoce a las tres personas que se encuentran en el banquillo hacia la izquierda desde donde miraba la Presidente de Sala, es decir, desde su posición hacia la izquierda, de manera que reconoce a Maximiliano, Torcuato y Marco Antonio, siendo innecesario el reconocimiento de Celestino por parte de Celsa dado que éste reconoce sustancialmente los hechos y ya fue reconocido en fotografía, como ha quedado expuesto.

De manera que es evidente la comisión de los delitos de detención ilegal imputados pero debemos hacer una referencia necesaria a la cuestión del lapso temporal y ello porque las partes hablan de la necesidad de un lapso de tiempo razonable para entender consolidada la conducta y el Ministerio Fiscal, a pesar de no modificar sus conclusiones provisionales, hace referencia a la posible aplicación del párrafo segundo del art. 163 CP, es decir, cuando el culpable diera libertad al detenido en el plazo de tres días sin haber logrado su propósito, y hacemos esta puntualización porque es claro que en este caso dicha circunstancia no puede tenerse en consideración y por una razón muy simple, nunca se dio libertad a los encerrados y detenidos sino que los acusados huyeron porque oyeron ruidos de coche y pensaron que podía ser la Policía, dejando esposados al matrimonio en el interior de la vivienda, con lo cual en modo alguno pueden verse beneficiados por esta circunstancia que no merece mayor comentario. Y también queda acreditado y por lo expuesto un delito de allanamiento de morada.

En relación al delito de falsedad en documento oficial imputado por el Ministerio Fiscal a todos los acusados debemos hacer una precisión y es que tratándose de falsificación de carné y placa de policía la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene declarando que dicha falsificación lo es de documento privado y no oficial y así la sentencia de 23 de enero de 2006 [RJ 2006\606 ], con glosa de otras resoluciones del propio Tribunal tiene declarado que cuando la simulación de un documento oficial, como lo es el carné de policía, se hace de modo tal que, si bien sirve para engañar a los particulares, carece de aptitud para sustituir al documento oficial propiamente dicho por las relevantes diferencias que existen entre el auténtico y el falso, no cabe hablar de falsedad en documento público del art. 392, sino del mismo delito cometido en documento privado del art. 395, en estos casos los documentos en modo alguno pueden tener eficacia ante ningún órgano de carácter público, ni siquiera cabría hablar de documentos originariamente privados que pudieran adquirir después un rango público u oficial por ir destinado a incorporarse a algún libro, expediente u otro documento de carácter judicial, notarial o administrativo, y si tiene alguna relación con el ámbito de la Administración Pública, no es por la eficacia que pudiera tener el propio documento, sino por lo relativo a la función pública que pudiera ser objeto de usurpación, refiriéndose a un supuesto en el que se acusó por delito de usurpación de funciones del art. 402, y se absolvió de esta infracción, porque se aplicó al delito de detención ilegal el tipo cualificado del art. 165, cualificado precisamente por haberse ejecutado con simulación de función pública, pues en otro caso se habría vulnerado el principio "non bis in idem" inserto en el de legalidad del art. 25.1 de la Constitución, con lo que no se trata de documentos públicos (los notariales o judiciales) ni oficiales (los administrativos), ni por su procedencia ni por su destino, y como amparo jurisprudencial de esta conclusión cita dos sentencias de la Sala del año 2003, las números 1443 (RJ 2003\7352) y 835 (RJ 2003\4399), recordándose en esta última que el Código Penal de 1995 persiste como en el precedente en mantener la clasificación entre documentos públicos, oficiales y mercantiles, que resulta un tanto perturbadora, en primer lugar porque no los define, y en segundo lugar porque no es fácil hallar la nota diferenciadora entre el documento público y oficial que, por lo demás, somete a igual tratamiento penológico, siendo la jurisprudencia de la Sala y la doctrina científica quien viene distinguiendo, en trance de efectuar una delimitación conceptual de documento oficial, entre documentos oficiales que lo son por la persona o ente que los crea, al transmitirle especiales dosis de credibilidad, y los que merecen tal calificativo por el destino o efectos que están llamados a desarrollar, con lo que desde el primer punto de vista documentos oficiales serían los que provienen de las Administraciones públicas para satisfacer las necesidades del servicio o función pública y de los demás entes o personas jurídico-públicas para cumplir los fines institucionales (STS 8-11-99 [RJ 1999\8103 ]), o bien todos aquellos que se realizan por la Administración para que produzcan efectos en su ámbito y los que provienen de organismos en los que esté prevista una intervención o inspección por parte de la Administración pública (STS 10.10-97 [RJ 1997\7601 ]). Con lo que en este caso tratándose de documentos realizados por particular y destinados a engañar a particular, y manifiesta y absolutamente falsos, nos encontraríamos en todo caso ante falsedad de documento privado, aún así podríamos considerar la posibilidad de condena no por la vía del art. 392 sino del art. 395 CP y valorar la posible vulneración del principio acusatorio, pues bien en este sentido la citada Sentencia de 23 de enero de 2006 manifiesta con referencia a la Sentencia de 24 de mayo de 2002 [RJ 2002\5763 ] que aunque el principio acusatorio no aparece expresamente consagrado en la Constitución, como recuerda la Sentencia de 30 de diciembre de 1997 [RJ 1997\9229], el Tribunal Constitucional, en Sentencias como las n.º 17/1988 [RTC 1988\17], 168/1990 [RTC 1990\168], 47/1991, 14 de febrero de 1995 y 10 de octubre de 1994, ha consagrado una constante doctrina que reflejada, entre otras, en Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1995, 14 de marzo [RJ 1996\1961], 29 abril [RJ 1996\4545] y 4 noviembre 1996 [RJ 1996\8240 ], conducen a entender que los derechos a la tutela judicial sin indefensión, a ser informado de la acusación, y a un proceso con todas las garantías que reconoce el art. 24 de la Constitución, tienden a señalar que este precepto consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa, de manera que el principio acusatorio, fundamental en nuestro proceso penal, que ya desde la fase de instrucción se manifiesta en la necesaria atribución de la función de instruir a un órgano distinto de aquel al que corresponde la de juzgar, tiene, pues, en el ámbito del juicio oral y la sentencia, una doble vertiente, y así en primer lugar, relacionándose con el derecho a un juez imparcial, exige la separación entre quien acusa y quien juzga e impide que el Juez o Tribunal responsable del enjuiciamiento adopte iniciativas que corresponden a la acusación, con lo que de esta forma, el Tribunal no puede incluir en la sentencia elementos de cargo, perjudiciales para el acusado, que no hayan sido incorporados por las acusaciones, ni puede condenar por un delito más grave que el contenido en aquellas, ni siquiera previo planteamiento de la tesis del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no es acogida por alguna de ellas, y el Tribunal deberá moverse solamente dentro del ámbito marcado por las acusaciones de manera que exista una correlación entre acusación y sentencia, y podrá condenar por delito distinto solo si es homogéneo, de forma que sus elementos estén contenidos en el delito objeto de acusación, y no es más grave que éste, y en segundo lugar, desde la óptica del derecho de defensa, el Tribunal no puede incorporar a la sentencia ningún elemento de cargo del que el acusado no haya podido defenderse, lo cual exige el previo conocimiento del mismo y el tiempo suficiente para la preparación de la defensa, con lo que la introducción de los elementos acusatorios corresponde a la acusación y ha de hacerse de forma que el acusado pueda defenderse adecuadamente de los mismos. Y en este caso y al imputarse un delito de falsedad en documento oficial que lo sería realmente de documento privado debemos plantearnos si se podría efectuar una condena a la vista de la homogeneidad de los tipos y sin vulnerar el principio acusatorio, y la referida sentencia en un caso similar concluye en que sí. Pues bien partiendo de que el Código Penal en su art. 26 define al documento como todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica, efectivamente nos hallaríamos ante una posible falsedad documental pero debemos tener en cuenta que en las falsedades materiales el particular debe ser el autor material y directo de las mismas, y en este caso y con la prueba practicada en modo alguno podemos deducir quien efectuó esas falsedades, Celestino nos dice inicialmente, aunque luego lo niega, que fue dos días antes de los hechos, algo que también su hermano niega, con éste a ver a un colombiano que le hizo unas fotos de torso en el coche pero sin identificar realmente a la persona, pero poco mas, únicamente que al parecer fue en el momento y lugar de los hechos cuando se reparten placas que según ambos hermanos traían los colombianos, es decir, no existe el más mínimo dato para poder determinar quien procede a realizar el carné y la placa, porque en realidad lo que la Policía interviene es una placa, un carné y un porta emblemas, y en modo alguno una condena penal puede basarse en meras presunciones sin soporte probatorio alguno, no es posible inferir responsabilidad por el simple hecho de llevarlas y repartirlas con lo que es clara la absolución en este sentido de los acusados por el delito de falsedad que se les imputaba, y ello en base al derecho a la presunción de inocencia y al principio "in dubio pro reo", puesto que como hemos adelantado no existe dato alguno que permita determinar la figura del autor material de la falsedad, cosa distinta es que esta Sala y dentro de la homogeneidad del tipo penal, y entendiendo que en modo alguno vulneramos el principio acusatorio dada la postura procesal del Ministerio Fiscal, se plantee la posibilidad de una condena por vía del art. 396 CP., es decir, por uso de documento falso a sabiendas de dicha falsedad, conducta típica cuando se realiza presentando dicho documento en juicio o "para perjudicar a otro". En este sentido y si consideramos que dicho perjuicio abarca la lesión de cualquier bien, incluidos los no económicos y especialmente y sobre todo los morales (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1990) es evidente que dicha conducta falsaria en la modalidad de uso se puede aplicar al caso de autos en relación a aquellas personas que portaron dichos documentos falsificados. Y en este sentido la ya citada Sentencia de 23 de enero de 2006 y en un supuesto muy parecido al nuestro dice textualmente que "el "perjuicio a otro" se encontraba en el hecho de trasladar en un coche a la víctima de un lugar a otro sin su consentimiento (delito de detención ilegal).", sin que la introducción de ese elemento específico del art. 395 concretado en la expresión "para perjudicar a otro", pueda suponer indefensión material alguna. Con lo que los hechos aquí descritos y respecto de las personas que portaran dichos documentos falsos, carné y placa de policía, integraría la conducta penal descrita en el citado art. 395 CP, sin embargo en este punto debemos insistir en que es necesario determinar quien de todos los intervinientes en el proceso portaron esos elementos falsos e hicieron uso de ellos para perjudicar a las víctimas y en este sentido y de la prueba practicada únicamente tenemos constancia clara de que lo fue Celestino por propio reconocimiento, por la declaración de doña Celsa, y porque le fueron intervenidas por la Policía cuando fue detenido, sin embargo respecto del resto de participantes no nos consta de manera indubitada que efectivamente portaran alguna, el propio Celestino nos dice que en el lugar de los hechos se repartieron placas y pistolas pero no especifica quien las llevaba, Bernabe manifiesta que vio placas pero tampoco concreta, y Celsa dice que una de las personas que estaba con ella en la habitación llevaba placa pero no especifica si era Celestino, que efectivamente la llevaba, o Marco Antonio, con lo que la imputación penal es clara respecto a Celestino pero no podría mantenerse respecto al resto.

Las defensas de los acusados en sus conclusiones definitivas plantean con carácter subsidiario o alternativo a la absolución la posibilidad de la comisión de un delito de robo con intimidación, en distintos grados de participación y en concurso o no con otros delitos. Pues bien del desarrollo expositivo que de los hechos y de la calificación jurídica que de los mismos hemos efectuado es claro que esta Sala no puede aceptar dichas conclusiones. No nos encontramos ante un robo, los acusados no iban a robar, los acusados y después de una valoración global de la prueba que no sesgada como refiere alguna defensa iban a buscar a unas personas que entendían que podían ser narcotraficantes colombianos para su identificación, y así según ellos poder ayudar a la Policía, aunque luego en el desarrollo de los hechos procedieron en primer lugar a detenerlos y luego accedieron al domicilio a buscar pruebas de esta circunstancia y todo ello de común acuerdo. Esta consideración de los hechos es la única que explica las declaraciones de todos ellos de principio a fin y la postura procesal en cuanto a la proposición de prueba, casi hasta el último momento, en cuanto a las testificales denegadas y el listado de llamadas cuya incorporación a autos también se deniega. Pero es que además existen datos objetivos que demuestran que la intención no era robar y así que aunque efectivamente falten pequeños objetos de la vivienda, de tanta insignificancia que ni tan siquiera las víctimas se dan cuenta de su falta en un principio, lo cierto es que no se sustrajo nada de importante valor y gran cantidad de objeto, circunstancia esta última que justificaría ese extraordinario despliegue de la operación, totalmente desproporcionado para finalmente llevarse algún anillo, una pulsera, un perfume o unos billetes, y todo eso después de revolver toda la casa como confirman los perjudicados y los Policías que acuden al lugar de los hechos, lo que concuerda más bien con una búsqueda de pruebas de narcotráfico como puedan ser armas, drogas o grandes cantidades de dinero, pero como prueba de dicha actividad, que es lo que se mantiene durante todo el procedimiento. E inclusive en esta tesis encajaría el hecho, al que nos hemos referido anteriormente de que separaran al grupo familiar para ejercer mayor presión psicológica, y que una vez llevada a la madre al domicilio los niños permanezcan en el vehículo, o con la declaración en Comisaría de doña Celsa de que le habían devuelto el bolso con todas sus pertenencias, es decir, que carece de toda lógica que unas personas que montan una operación de gran envergadura, aparte de no llevarse ningún objeto relevante por uso, tamaño o valor, para ir a robar no se molestan en sustraer los objetos de un bolso donde normalmente suele haber dinero y tarjetas de crédito. El elemento más importante del delito de robo, arts. 237 y siguientes del Código Penal, en cualquiera de sus modalidades es el "animo de lucro ", y en este caso el fin que presidía la acción realizada por los acusados es la expuesta hasta la saciedad, es decir, identificar y obtener pruebas de unos narcotraficantes colombianos que podrían estar actuando en Guadalajara, con lo que en modo alguno puede aceptarse las tesis de las defensas en este sentido, no hay delito de robo sino pura y simplemente detención ilegal con esa finalidad concreta.

En definitiva los hechos serían constitutivos de cuatro delitos de detención ilegal del art. 163.1.º en relación al art. 165 CP, al haberse cometido los hechos con simulación de autoridad y ser dos de las personas menores de edad, y de un delito de allanamiento de morada del art. 202.2.º CP, al haberse ejecutado los hechos con violencia e intimidación, del que serían responsables los cuatro acusados. E igualmente de un delito de falsedad en documento privado del art. 396 en relación al art. 395 CP, imputable a Celestino exclusivamente, al haber hecho uso de documento falso en perjuicio de tercero.

Tercero.-Los hechos declarados probados son jurídicamente atribuibles en concepto de autor a los acusados, conforme al art. 28 CP, por su intervención directa y dolosa en los hechos, convicción a la que llega el Tribunal después de la valoración probatoria explicitada en el anterior fundamento de derecho. Y en concreto los cuatro acusados serían autores de cuatro delitos de detención ilegal cada uno, y de un delito de allanamiento de morada. E igualmente Celestino sería autor de un delito de uso de falsedad descrito en el fundamento anterior.

Cuarto.-No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en la conducta de los acusados, que por otra parte no han sido planteadas por ninguna de las defensas al determinar sus conclusiones definitivas.

Quinto.-En este punto y a nivel penológico podríamos considerar la posibilidad de concurso dado que con un solo hecho se han producido distintos resultados delictivos, tanto en relación a los cuatro delitos de detención ilegal que se producen simultáneamente como en relación al delito de allanamiento de morada, y como en el caso de Celestino en relación al delito de uso de documento falso, dado el tenor literal del art. 77 CP que establece que: "1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra. 2. En estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. 3. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado." Pues bien vamos a rechazar dicha posibilidad, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de febrero de 2009 y en un supuesto de robo y detención ilegal resume la doctrina que sobre el concurso, en sus distintas variantes, mantiene dicho Tribunal y así con referencia en primer lugar a la Sentencia n.º 337/2004 de la Sala, recuerda que la eventual relación de los delitos de robo con intimidación y de detención ilegal podría ser tratada como concurso de normas en los casos de mínima extensión temporal en los que la afectación a la libertad deambulatoria se produjera en el curso de la propia actividad de apoderamiento y de manera que resultase limitada al tiempo estrictamente necesario para llevarla a cabo, con lo que en tales supuestos la detención ilegal quedaría absorbida por el robo, dada la evidente total superposición de las acciones y de las infracciones y que, como dice la STS12/2005, de 20 de enero, la privación de libertad habría sido un instrumento necesario y proporcionado para obtener el apoderamiento de la cosa, en cambio habría concurso ideal-medial de delitos del art. 77 CP cuando la detención sea medio necesario para cometer el robo y se produzca durante la ejecución de éste, si la privación de libertad por sí misma tiene una relevancia tal que rompe la estricta relación de funcionalidad, afectando de manera autónoma al bien jurídico tutelado por el delito de detención ilegal, que, por ello, resultaría desprotegido con la sola aplicación del delito contra la propiedad [STS 178/2007, de 7 de marzo, entre muchas], mientras que y por último el concurso sería real cuando la privación de libertad tenga lugar después de cometido el robo o se prolongue de manera gratuita, desde el punto de vista de la necesidad de asegurar el fin perseguido por éste, para el que, por ello, en el exceso o la prolongación, ya no sería medio [STS 273/2003, de 28 de febrero, también entre muchas otras]. Y en este caso la desestimación de un posible concurso ideal o mediad es la que mejor se ajusta al planteamiento jurisprudencial consolidado que acaba de exponerse, debido a que la privación de libertad se extendió más allá de lo objetivamente requerido para la finalidad para la que se habría efectuado que era la simple identificación de unos presuntos delincuentes, siendo totalmente gratuito e innecesario que posteriormente se accediera al domicilio, y todo ello conforme a la inicial versión de los hechos que efectúan los acusados. Aparte de la gravedad de los hechos que se realizan con una agresividad desproporcionada, con una intimidación desmesurada, y ante dos menores total y absolutamente desprotegidos cuando se ven separados de sus progenitores sin mediar palabra ni razón alguna. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008 que requiere que entre las conductas haya una conexión instrumental de carácter objetivo, situada más allá del mero pensamiento o deseo del autor de los hechos para entrar en el ámbito de lo imprescindible, de suerte que aunque entre las infracciones pudiera existir una relación de medio a fin en el propósito del sujeto, si falta el nexo de necesidad objetiva, no podrá aplicarse el concurso medial, y en este caso insistimos en la falta de necesidad de las infracciones cometidas, como la exhibición de placa de Policía desde el momento en que eran varios sujetos los que detienen al matrimonio y a sus hijos y que se encañona a la mujer con una pistola detonadora, procediendo a esposarlos y dejarlos en situación de indefensión, o el allanamiento de morada por el argumento anteriormente expuesto. Una simple identificación de la pareja y ante el hecho de que efectivamente no eran las personas que se buscaban hubiera supuesto o bien la no realización de ilícito alguno o bien la inmediata puesta en libertad incluso antes de la entrada en el portal, y máxime cuando había dos niños de por medio, el resto de las acciones fueron gratuitas y desproporcionadas, fuera de toda lógica y desconectadas temporalmente aunque sucedan en un lapso de tiempo muy corto, insistimos que al tener que darse a la huida los acusados al considerar la posible presencia de la Policía, y no por desistimiento voluntario de la acción. Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2009 se manifiesta en el sentido de que en el art. 71 CP se contemplan dos diferentes figuras de concurso de delitos con unas reglas especiales en orden a la imposición de las penas, distintas de las establecidas en los artículos anteriores para el concurso real, por un lado, el caso en que un solo hecho constituya dos o más delitos, el llamado propiamente concurso ideal, y por otro, el supuesto de que un delito sea medio necesario para cometer otro, que es por su naturaleza una modalidad de concurso real, al existir una pluralidad de acciones constitutivas de otros tantos delitos, pero que en la determinación de la penalidad, se asimila al concurso ideal, llamado en nuestra doctrina concurso medial o ideal impropio, y aunque criticada por un importante sector doctrinal, parece que el fundamento de tal asimilación punitiva, de un caso de concurso real a las normas del concurso ideal, con la posible atenuación que ello supone, se encuentra en la existencia de una unidad de pensamiento y de voluntad que el legislador español asimila al caso de unidad de acción, con lo que evidentemente, no basta tal relación de medio a fin en el propósito del sujeto activo, pues la ley exige que sea necesaria, esto es, que no obedezca a una mera conveniencia o mayor facilidad para cometer el delito, sino que haya una conexión instrumental de carácter objetivo, situada más allá del mero pensamiento o deseo del autor de los hechos para entrar en el ámbito de lo imprescindible según la forma en que realmente ocurrieron, y la conclusión es que para la existencia de concurso medial, no basta el propósito de una relación de medio a fin existente simplemente en el animo del sujeto, sino que entre los diversos hechos constitutivos de diferentes delitos ha de haber una conexión de carácter objetivo a deducir en cada supuesto de los distintos elementos concurrentes en el caso, de modo tal que pueda decirse que uno de ellos fue imprescindible para la comisión del otro, postura esta en que inciden las sentencias más recientes de 13 de abril de 2007 y 26 de diciembre de 2008 al señalar que por la Sala se había venido afirmando que la mera conexión instrumental entendida en clave subjetiva como preordenación de un delito a la realización de otro se reconoce insuficiente para colmar el presupuesto del concurso medial, con lo que es necesario contemplar la interconexión de los delitos también en clave objetiva, de manera que en términos generales para que proceda la estimación del concurso instrumental no basta la preordenación psíquica, o sea que la necesidad medial no ha de ser contemplada solamente desde el aspecto subjetivo o atendiendo al proceso psicológico o intencional del agente para llegar a conseguir el fin o resultado que se había propuesto, sino también al aspecto objetivo o real, de manera que al aplicar el juicio hipotético negativo resulte que el segundo delito no se hubiera producido de no haber realizado previamente el delito precedente pues el precepto atiende a la unidad del hecho en el aspecto ontológico del ser y su causalidad afectiva y no en el orden teleológico individual (SSTS. 172/98 de 14.2; 326/98 de 2.3, 123/2003 de 3.2; 1438/2004 de 20.12), por consiguiente, no es suficiente con que las diversas acciones aparezcan concatenadas por un propósito delictivo previo, sino que resulta inexcusable que se hallen ligadas por elementos lógicos, temporales o espaciales. Y en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2009 que además se refiere al exceso en la acción en relación a lo necesario, o con relevancia que excede de la finalidad pretendida por el autor, en cuyo caso no se trata ya de la superposición o solapamiento de distintas acciones sino de la existencia de un concurso real donde secuencial o sucesivamente se muestran sus finalidades y los tipos penales son autónomos y tienen sustantividad propia, con cita de otras resoluciones como las Sentencias de 23 de marzo, 29 de abril y 30 de junio de 2004, que es lo que ha ocurrido en este caso.

Es por todo ello que procede condenar, y teniendo en cuenta que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a don Celestino, don Marco Antonio, don Torcuato y don Maximiliano como autores cada uno de ellos de cuatro delitos de detención ilegal del art. 163.1.º en relación al art. 165 CP, al haberse cometido los hechos con simulación de autoridad y ser dos de las personas menores de edad, a la pena de cinco años de prisión por cada uno de los delitos, y como autores de un delito cada uno de allanamiento de morada del art. 202.2.º CP, al haberse ejecutado los hechos con violencia e intimidación, a la pena de prisión de un año y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, al no constarnos ingresos y como mínimo razonable, con arresto sustitutorio en caso de impago del art. 53 CP, y accesorias legales con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. E igualmente se condena a don Celestino, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, como autor de un delito de falsedad en documento privado del art. 396 en relación al art. 395 CP, al haber uso de documento falso en perjuicio de tercero, a la pena de tres meses de prisión y accesorias legales con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Sexto.-Se solicita por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones la condena a los acusados a indemnizar a Bernabe y a Celsa en 6.000 euros por daños morales. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2009, con referencia a la Sentencia de 23 enero de 2003, manifiesta que hemos de tener en cuenta, en estos casos, que la responsabilidad civil no lo es por la obligación de reparar el daño causado ni por la de indemnizar los daños materiales consecuencia de la acción delictiva, conforme al art. 110 CP, de ahí la indudable dificultad de fijar unas bases para determinar concretamente la cuantía de la obligación que debe imponerse al condenado respecto del daño moral por la falta de parámetros objetivos sobre el particular, siendo tres las exigencias que el Tribunal ha de respetar en esta materia, en primer lugar la necesidad de explicitar la causa de la indemnización; en segundo lugar la imposibilidad de imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación; y en tercer lugar atemperar las facultades discrecionales del Tribunal en esta materia al principio de razonabilidad. Y en este supuesto debemos tener en cuenta la naturaleza de los hechos cometidos que indujeron a las víctimas a una situación de desasosiego, ante el desconocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo, y de miedo ante la agresividad demostrada y la puesta en peligro de su seguridad, no hay que olvidar que utilizaron dos armas aunque luego se comprobó que eran detonadoras, no sólo por ellos sino lógica y evidentemente por sus propios hijos, situación de desasosiego, miedo y angustia que de manera necesaria ha de conducir a una indemnización por daños morales que cuantificada en 6.000 euros por el Ministerio Fiscal entendemos muy razonable, y proporcionada a la situación descrita.

Séptimo.-Conforme a lo establecido en el art. 123 CP las costas procesales han de imponerse a los responsables criminalmente de todo delito o falta, debiendo resolverse sobre las mismas en sentencia y de la forma en que se establece en los arts. 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este caso se imputaban a los condenados un total de 24 delitos, 16 de detención ilegal, cuatro de allanamiento de morada y cuatro de falsedad, con lo que viniendo absueltos tres de los acusados del delito de falsedad, don Celestino habrá de asumir el pago de seis de las veinticuatroavas partes de las costas procesales, y el resto de condenados cinco de las veinticuatroavas partes, declarando de oficio tres de las venticuatroavas partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que debemos condenar y condenamos a don Celestino, don Marco Antonio, don Torcuato y don Maximiliano como autores cada uno de ellos de cuatro delitos de detención ilegal del art. 163.1.º en relación al art. 165 CP, al haberse cometido los hechos con simulación de autoridad y ser dos de las personas menores de edad, y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de cinco años de prisión por cada uno de los delitos, y como autores de un delito cada uno de allanamiento de morada del art. 202.2.º CP, al haberse ejecutado los hechos con violencia e intimidación, y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de prisión de un año y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, al no constarnos ingresos y como mínimo razonable, con arresto sustitutorio en caso de impago del art. 53 CP, y accesorias legales con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. E igualmente se condena a don Celestino, como autor de un delito de falsedad en documento privado del art. 396 en relación al art. 395 CP, al haber hecho uso de documento falso en perjuicio de tercero, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de tres meses de prisión y accesorias legales con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

E igualmente se condena a los cuatro imputados al pago de las costas procesales debiendo don Celestino asumir el pago de seis de las veinticuatroavas partes de las mismas, y el resto de condenados cinco de las veinticuatroavas partes, declarando de oficio tres de las venticuatroavas partes, es decir, el resto.

Para el cumplimiento de la pena impuesta, será de abono, a los condenados, la totalidad del tiempo que han permanecido privados cautelarmente de libertad por esta causa, incluyendo el período de detención.

Y asimismo deberán indemnizar solidariamente a don Bernabe y doña Celsa en la cantidad de seis mil euros por perjuicios morales.

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra, Magistrada Ponente de esta Audiencia Provincial, estando la misma celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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