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Sentencia A.P. Lugo 41/2010, de 29 de marzo


 RESUMEN:

Observa la Audiencia, al margen de otras consideraciones, que el tipo recogido en el artículo 312.2 del Código Penal no exige, a diferencia de la figura delictiva del artículo 311.1 que las condiciones de trabajo ilegales se impongan mediante engaño o abuso de situación de necesidad.

SENTENCIA

Lugo, veintinueve de marzo de dos mil diez.

La Ilma. Audiencia Provincial de Lugo ha visto en juicio oral y público el Rollo de Sala n.º 4/10-A, dimanante de los autos de Procedimiento Abreviado n.º 47/07, instruidos por el Juzgado Mixto n.º 1, por el delito de Contra los derechos de los trabajadores, y seguido contra los acusados: . Anton, nacido en Friol, el día21-03-70, hijo de Andrés y de Dolores, con DNI n.º NUM000, representado por la procuradora Sra. De Vega Villa, y defendido por el letrado Sr. Darriba Castiñeira. Feliciano, nacido en Abadin, el dia 14-4-57. hijo de Jesús y Maria Lidia, con D.N.I. NUM001, representado por la procuradora Sra. Acuña Santamarina y defendido por la letrado Sra. Pérez Arias. omo Acusación Particular: Maximo, representado por la procuradora Sra. Peláez García y defendido por el Letrado Sr. Gómez González. Virgilio, representado por la procuradora Sra. Sabariz García y defendido por el Letrado Sr. Gómez González. Agustín, representado por el procurador Sr. López Mosquera y defendido por el Letrado Sr Gómez González. Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal y actuando como Ponente el Magistrado, Ilmo. Sr. D. JOSE MANUEL VARELA PRADA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación del Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, califica los hechos como: Segundo.- constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado por el artículo 311 del Código Penal. Tercero.- Del anterior delito responden ambos acusados como autores. Cuarto.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Quinto.- Procede imponer al acusado Anton, la pena de dos años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, y diez meses de multa, con cuota diaria de 30 euros y con la responsabilidad personal subsidiaria determinada en el artículo 53del Código Penal, así como al abono de la mitad de las costas procesales. Procede imponer al acusado Feliciano, la pena de un año y nueve meses de prisión, accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, y ocho meses de multa con cuota diaria de 15 euros y con la responsabilidad personal subsidiaria determinada en el artículo 53 del Código Penal, asi como el abono de la mitad de las costas procesales.

En el acto del juicio oral, modifica 2.º: delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros previsto y penado por el art. 312.2 del C.P y se mantiene el párrafo que contiene la 2.ª como subsidiario, 3.ª Responde como autor el acusado Anton.5.º Procede imponer a D. Anton 3 años de prisión y 10 meses de multa con cuota de 30 euros, y art. 53 del C.P. costas. Se suprime el párrafo 2.º. Retira la acusación de Feliciano.

Segundo.-Por la Acusación Particular, en sus conclusiones provisionales califica los hechos: Segundo.- De un delito continuado contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 312.2 del C. Penal: " (...) y quienes empleen a subditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman, o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual". En relación con el artículo 74 del mismo texto legal. Tercero.- Del anterior delito en relación con el 74 del C. Penal responden ambos acusados como autores. Cuarto.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Quinto. Procede imponer al acusado Anton, por el delito continuado del articulo 312.2 en relación con el artículo 74 del C. Penal, la pena de seis (6) años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y doce meses de multa con cuota diaria de 45 euros y con la responsabilidad personal subsidiaria determinada en el artículo 53 del C. Penal. La mitad de las costas del proceso.

De igual modo como responsabilidad civil se condene a Anton a que indemnice, conjunta y solidariamente con el otro acusado Feliciano, a cada uno de nuestros tres patrocinados en la cantidad de seis mil euros (6.000 euros), para cada uno de ellos en concepto de daños y perjuicios morales, esto es,

SEIS MIL EUROS (6.000 EUROS) PARA Maximo.

SEIS MIL EUROS (6.000 EUROS) PARA Virgilio.

SEIS MIL EUROS (6.000 EUROS), PARA Agustín.

Todo ello con la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades mercantiles" Construcciones y Promociones JL Mahia S.A." y "Estructuras y Obras Mahia S.L., para el supuesto de que los acusados no alcanzaran a abonar el total de las cantidades reclamadas.

Imponer al acusado Anton conjunta y solidariamente con las entidades mercantiles " Construcciones y Promociones JL Mahia S.A." y Estructuras y Obras Mahia S.L." la condena al abono de las cotizaciones a la Seguridad Social que resulten por todos los conceptos a favor de mis tres patrocinados: Maximo, Virgilio, Agustín, cotizaciones a ingresar en la TGSS, una vez practicadas por ésta Tesorería General de la Seguridad Social- y remitidas a los presente autos, en función de la categoría profesional de miss tres patrocinados, teniendo en cuenta los convenios de aplicación a éstos, que obran en autos, así como el periodo trabajado por éstos para dichas empresas.

Procede imponer al acusado Feliciano por el delito del artículo 312.2 en relación con el artículo 74 del C. Penal la pena de seis (6) años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y diez meses multa con cuota diaria de 25 euros y con la responsabilidad personal subsidiaria determinada en el artículo 53 del C. penal. La mitad de las costas del proceso.

De igual en concepto de responsabilidad civil se condene a Feliciano, a que indemnice, conjunta y solidariamente tonel otro acusado Anton, a cada uno de nuestros tres patrocinados en cantidad de seis mil euros (6.000) para cada uno de ellos en concepto de daños y perjuicios morales, esto es.

SEIS MIL EUROS (6.000 EUROS) PARA Maximo.

SEIS MIL EUROS (6.000 EUROS) PARA Virgilio.

SEIS MIL EUROS (6.000 EUROS) PARA Agustín.

Todo ello con la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades mercantiles "CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES J.L. MAHIA S.A" y " ESTRUCTURAS Y OBRAS MAHIA S.L.", para el supuesto de que los acusados no alcanzaran a abonar el total de las cantidades reclamadas.

En el acto del Juicio Oral; en la 5.ª, añadir, imponer a Anton conjunta y solidaria con las mercantiles " Construcciones y promociones J.L. Mahia S.A" y Estructuras y Obras Mahía S.L. la condena a abonar a Maximo en 3.323, 46 euros; a Virgilio en 3.083, 73 euros y a Agustín, en 3.597, 68 euros o subsidiaria las que se determinen y ello por despido improcedente. El resto a definitivas.

Tercero.-Por la defensa del acusado, Feliciano, en sus conclusiones provisionales; Primero.- Disconforme con la correlativa del Ministerio Fiscal. Mi representado ni contrata a trabajadores, ni conocía de forma contrastada su situación administrativa, ni proporcionaba nombres falsos. Segunda.- Niego la correlativa porque los hechos en os que intervino mi representado no son constitutivos de delito. Tercera.- Niego la correlativa. Sin delito no puede hablarse de responsabilidad criminal de ninguna clase. Cuarta.- Conforme con la correlativa. Sin delito y sin responsable no pueden existir circunstancias modificativas de la responsabilidad. Quinta.- Disconforme con la correlativa. Procede absolver a mi representado con todos los pronunciamientos favorables. Procede por ello declarar las costas de oficio.

En el acto del Juicio Oral, eleva las conclusiones provisionales a definitivas.

Cuarto.-Por la defensa del acusado Anton, en sus conclusiones provisionales, Primera.- Negamos los hechos tal y como los relata el Ministerio Fiscal, en lo que se refiere a D. Anton por no ajustarse a la realidad ya que en ningún caso este contrataba a personas de nacionalidad extranjera a sabiendas de que carecían de los permisos de residencia y trabajo exigidos por la legislación vigente, todo ello con el fin de eludir el cumplimiento de las formalidades legales y el alta en a Seguridad Social, así como tampoco es cierto que se aprovechase de la situación de dichos trabajadores para imponerle condiciones de trabajo ilícitas contrarias a la normativa básica laboral, por lo que entendemos, dicho en estrictos términos de defensa que de las actuaciones practicadas hasta la fecha no pueda concluirse la comisión por parte de mi mandante de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Así la realidad de los hechos constata que nuestro patrocinado contrataba a las personas a medio de anuncios en periodo o a través de la oficina de empleo o en ocasiones eran estos propios trabajadores los que se ofrecían para trabajar en su empresa, y en todo caso interesa reiterar lo manifestado en su día por nuestro patrocinado en sede judicial y es que estos trabajadores le manifestaban tener todos los papeles en regla y que era D. Anton el que insistía en la necesidad de que le aportaran todos los documentos, por lo que en algunos casos estaba e la espera de que por parte de los trabajadores se le facilitara dicha documentación a los efectos oportunos. SEGUNDA.- Se niegan el resto de correlativos formulados por el Ministerio Público y acusación particular en lo que respecta a D. Anton pues sin delito no se puede hablar de tipicidad penal. Tercera.- Sin delito no cabe hablar de autoría en lo que se refiere a nuestro representado. Cuarta.- Sin delito ni autoría no es preciso hablar de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Quinta.- procede declara la libre absolución de mi representado D. Anton y en consecuencia no procede condenar a este a indemnizar a D. Maximo, D. Virgilio y D. Agustín en concepto de responsabilidad civil por daños morales.

En el acto del Juicio Oral, eleva las conclusiones provisionales a definitivas.


HECHOS PROBADOS

Y así se declaran:

El acusado D. Anton, nacido el dia 21 de marzo de 1970, con D.N.I. NUM000, sin antecedentes penales, como propietario de las empresas CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES J.L. MAHIA S.A, y ESTRUCTURAS Y OBRAS MAHIA S.L,, con frecuencia, contrataba verbalmente, a personas de nacionalidad extranjera, con conocimiento de que carecían de los permisos de residencia y trabajo exigidos por la legislación vigente, eludiendo conscientemente, de este modo, el cumplimiento de las formalidades legales, y entre ellos, la exigible alta de los trabajadores en la Seguridad Social, razón por la cual la Inspección de Trabajo levantó diversas actas de infracción contra el acusado, quien, aprovechándose de la irregular situación de los trabajadores en España, y abusando de la situación de necesidad de aquellos, al carecer de ingresos, les imponía unas ilícitas condiciones de trabajo, obviando la observación del contenido del Estatuto de los Trabajadores.

Durante el mes de diciembre del año dos mil seis, en la obra que ejecutaba la empresa propiedad del acusado, en la confluencia de la denominada Atalaya con la calle Aceloreilo de Lugo, fueron encontrados los siguientes trabajadores:

D. Agustín, de nacionalidad uruguaya, quien trabajaba para el acusado desde hacía aproximadamente dos años y cuatro meses, haciendo normalmente, unas nueve horas y media diarias, de lunes a viernes, a cambio de un salario de 780 euros mensuales, descontándole al acusado, si faltaba algún día al trabajo, una cantidad que alcanzaba casi el triple de lo que hubiera ganado ese día si lo hubiera trabajado efectivamente, recibiendo, además, instrucciones, del acusado, de esconderse en el caso de que se presentara algún miembro de la Inspección de Trabajo.

D. Virgilio, de nacionalidad uruguaya, que trabajaba para el acusado desde hacía aproximadamente dos años, haciéndolo normalmente, unas nueve horas diarias de lunes a viernes, a cambio de un salario de 600 euros al mes, trabajando en ocasiones, sábados y domingos - a veces en el domicilio y fincas particulares del acusado- días que, le eran abonados como un día laborable normal- y recibiendo instrucciones del acusado, de esconderse en el caso de que se presentase algún miembro de la Inspección de Trabajo.

D. Maximo, de nacionalidad brasileña, quien trabajaba para el acusado aproximadamente desde el mes de febrero de 2005, haciendo una diez horas diarias, a cambio de 800 euros mensuales, trabajando también, en ocasiones los sábados, como oficial de la construcción, descontándole al acusado, por cada dia de ausencia normalmente la cantidad de 90 euros, recibiendo, asimismo, instrucciones de esconderse para el caso de que se presentase en el lugar de trabajo, algún miembro de la Inspección de Trabajo.

D. Eusebio, de nacionalidad uruguaya, quien trabajaba unas cincuenta horas semanales, a cambio de 600 euros mensuales, debiendo, después de la jornada laboral, realizar distintos trabajos (tales como cargar herramientas, buscar materiales, etec) sin retribución alguna.

Además de los anteriores, trabajaban para el acusado:

D. Octavio, de nacionalidad uruguaya, quién fue contratado el dia 15 de diciembre de 2006, teniendo realizado 45 horas semanales, a cambio de 600 euros mensuales.

D. Carlos María, de nacionalidad uruguaya, quien fue contratado en el mes de septiembre de 2006, para realizar unas 50 horas semanales, a cambio de un salario de 750 euros mensuales.

D. Ambrosio, de nacionalidad uruguaya, quien trabajaba para el acusado, desde finales del año 2004, realizando unas 50 horas semanales, a cambio de un salario mensual de 600 euros, y, que después de su jornada laboral, debía de realizar diversas labores, tales como llevar materiales o herramientas a otros lugares, ó dar comida a unos caballos en los aledaños del domicilio de los padres del acusado, trabajos por los que no recibía retribución en efectivo alguna.

D. Emilio, de nacionalidad uruguaya, quien comenzó a trabajar para el acusado en el mes de septiembre de 2004, realizando normalmente unas 50 horas semanales, con una retribución salarial de 700 euros mensuales.

El acusado Sr. Anton llevaba a cabo tales contrataciones verbales, conociendo que la falta de permisos correspondientes (ni de residencia, ni de trabajo), impedía a los trabajadores en tal situación, denunciar su situación (respecto a sus condiciones de trabajo) ante las autoridades administrativas, aprovechando tales circunstancias para limitar los derechos que le corresponderían como trabajadores, obligándoles (como ya se anticipó) a esconderse en caso de que hiciese acto de presencia algún miembro de la Inspección de Trabajo, o a aportar una identificación falsa, - que le era facilitada con anterioridad, por el aquí acusado Sr. Anton - en el caso de que fuesen descubiertos obligándoles en algunos casos, a realizar otras funciones distintas de las que correspondían - y fuera del horario estipulado- sin retribución ninguna, (como ocurría por ejemplo en D. Eusebio o D. Ambrosio, a quienes, en ocasiones, ordenaba fuera de su horario buscar herramientas, además, en el caso del segundo de ellos, obligándole a realizar otros trabajos en el domicilio de sus padres; asimismo, los trabajadores no disfrutaban de vacaciones ni les eran retribuidas, ni les eran abonadas pagas extras.

En general el acusado se ofrecía a regularizar la situación ilegal de los trabajadores, no llevando, sin embargo, a cabo, gestión alguna a tal fin; además, exigía, como ya quedó reflejado, a tales trabajadores, un mayor Número de horas que el legalmente permitido, a cambio (como también quedó señalado) de un salario inferior, en la mayoría de los casos, al establecido en el correspondiente convenio colectivo, con descuentos desproporcionados en caso de ausencia por enfermedad u otras circunstancias (llegando a descontar por tal motivo, diariamente, casi el triple de lo que ganaba el trabajador acudiendo al trabajo, ó llegando a despedir a los trabajadores por faltar al trabajo, por causas justificadas, como por ejemplo, el nacimiento de un hijo, y tener que llevar a cabo la correspondiente inscripción en el Organismo correspondiente (así ocurrió en el trabajador D. Eusebio, a quien el impidió acudir al trabajo por el periodo de un mes, por haber, faltado al trabajo- habiéndole solicitado permiso que le fué denegado- al tener que inscribir a su hija recién nacida) no ocupándose, asimismo, tampoco, de la situación de los trabajadores que sufrían accidentes en su lugar de trabajo, obligándoles a mentir, respecto a la causa de las lesiones que sufrían (así fué el caso del trabajador D. Virgilio, que habiendo sufrido un accidente en la obra, sufriendo la rotura de costillas, le obligó a decir - so pena de ser despedido- que la causa de las lesiones había sido un accidente jugando con sus amigos, no pagándole nada durante el tiempo de curación, y D. Ambrosio, quien habiendo sufrido una accidente con una motocicleta propiedad del Sr. Anton, estando en el domicilio de éste, con motivo de las fiestas del pueblo, en donde trabajó como camarero, aquel no le abonó nada durante un mes que le duraron las lesiones).

No se considera probado que el otro acusado D. Feliciano, llevase a cabo alguna conducta que pudiera tener alguna incidencia o relevancia en los hechos anteriormente señalados y realizados por D. Anton.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 312.2 del Código Penal, del que es autor el aquí acusado, D. Anton, derivado ello, tanto de las diligencias de investigación llevadas a cabo durante el periodo de instrucción, como de la prueba practicada en el acto del juicio oral.

Segundo.-En efecto, en primer lugar, ha de ponerse de manifiesto que la propia rubrica del título XV del Libro II del Código Penal " De los delitos contra los derechos de los trabajadores", viene a reflejar y se justifica precisamente por la importancia que a tales derechos les confiere nuestra Norma Fundamental, y así ha de tenerse en cuenta que cuestiones como la estabilidad y la seguridad en el empleo, la salud y la integridad física de los trabajadores, y, en definitiva, los derechos que les son reconocidos por las leyes son intereses de gran importancia para un Estado que se califica asimismo, entre otras cosas, como Social) artículo 1.1 de la Constitución Española) que reconoce como básico el derecho de todos los ciudadanos al trabajo (artículo 35-1 de la Constitución) propagando como principios rectores de su política social y económica, tanto la protección de las condiciones de trabajo, como el manteniendo de un sistema público de Seguridad Social que garantice al ciudadano, la asistencia y prestaciones pertinentes en situaciones en las que las necesiten, y especialmente de desempleo (artículos 40-2 y 41 de la Constitución) así como también la necesaria existencia médica que requiera cada situación, coligiéndose de todo lo anterior, que el bien jurídico protegido no es único, sino plural, tutelando, así, la seguridad jurídica del trabajador, la estabilidad del mercado laboral, y las legítimas expectativas de los trabajadores que legalmente reúnen las condiciones para acceder a un empleo, pero no solo a tales trabajadores, sino, también, a los trabajadores extranjeros que se encuentran en situación de ilegalidad, sin el necesario permiso de trabajo, con lo que se trata de evitar la explotación de multitud de estos últimos, por parte de empresarios que podríamos denominar "sin escrúpulos" y, que, aprovechándose de la condición de ilegales de aquellos, los someten a condiciones de trabajo infrahumanas y totalmente alejadas de la mínima dignidad exigible, soslayando los contratos administrativos establecidos al efecto, por lo que el sujeto pasivo de este delito solo puede serlo el empleador o empresario, ya sea individual o colectivo, mientras el sujeto activo, en el caso del artículo 312-2 del Código Penal, es el trabajador extranjero sin permiso de trabajo, a diferencia del caso del artículo 311-1 que lo es cualquier trabajador, en el bien entendido que ello no quiere decir que a los extranjeros con permiso de trabajo, se le pudieran imponer unas condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos laborales, pues, en tal caso, la conducta estaría incardinaba en el artículo 311-1 del citado cuerpo legal, si concurriesen los elementos del tipo.

Así la acción típica viene a consistir en imponer a los trabajadores sin permiso de trabajo, unas condiciones laborales ó de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, debiendo de entenderse por disposiciones legales, obviamente, no solo, y naturalmente, la Constitución Española, (artículos 40 y 43) sino también, y de modo concreto y basicamente la legislación laboral integrada en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, así como los diversos Reglamentos y Reales Decretos, que de manera sectorial, vienen a desarrollar las normas de carácter general, entendiéndose, asimismo, por Convenio Colectivo, el resultado de las negociaciones desarrolladas entre los distintos agentes sociales, trabajadores y empresarios, que vienen a constituir la expresión adoptada libremente en virtud de la denominada autonomía colectiva, y en donde son reguladas las condiciones de trabajo y de productividad así como la también denominada (en tal ámbito) paz laboral a través de las obligaciones que sean pactadas, siendo el contrato individual de trabajo - al que se refiere la regulación del tipo- una clase específica de negocio jurídico bilateral, que tiene como finalidad, la creación de una relación jurídico-laboral constituida por el cambio continuado entre una prestación de servicios dependiente y por cuenta ajena y una prestación salarial.

Asimismo, ha de repararse en que si bien el artículo 312-2 no hace referencia expresa a los derechos y condiciones de la Seguridad Social, (a diferencia del artículo 311-1 que habla específicamente de condiciones laborales de Seguridad Social), haciendo mención, solamente a condiciones laborales - sin distinguir unas de otras- ha de entenderse, no obstante, (así lo viene estableciendo constante Jurisprudencia) que los derechos y condiciones abarcan tanto a las de normativa laboral como a los de la Seguridad Social, y que, si también es lo cierto que el primer inciso del articulo 312-2 se refiere a condiciones de trabajo engañosas, eso no autoriza a entender que el uso del citado término, "condiciones" en el segundo inciso, deba quedar restringido a las propiamente laborales, ya que también en los Convenios Colectivos se vienen reconociendo condiciones de Seguridad Social, mediante mejoras voluntarias establecidas en la Ley General de la Seguridad Social (entre otros, artículos 39 y 191 y siguientes.

Tercero.-Por lo demás, el artículo 312-2 infiere no exige, a diferencia del artículo 311-1, que las condiciones ilegales se impongan mediante engaño o abuso de situación de necesidad, ello, se debe, sin duda, a que el legislador consideró que la contratación de un trabajador extranjero sin permiso de trabajo, lleva implícita e insita, la actuación engañosa y el aprovechamiento, por parte del empresario, de su situación de ilegalidad, a fin de imponerle tales condiciones de trabajo perjudiciales para los derechos de los trabajadores, siendo conocida la realidad existente en el país, de la existencia, cada vez mayor, de este tipo de trabajadores denominados "sin papeles" que se ven obligados a sobrevivir aceptando cualquier tipo de trabajo y en cualesquiera condiciones sumidas en la ilegalidad, situación de necesidad que es aprovechada por algunos empresarios que obtienen así pingües beneficios, conductas, éstas que, desde luego, deben de tener la adecuada respuesta penal que, por cierto resulta más contundente, desde la reforma del artículo 312 del Código Penal, aprobada por Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, elevando la pena privativa de libertad hasta los cinco años.

Asimismo, ha de observarse, que en la descripción del tipo que nos ocupa (regulado en el artículo 312-2) no se emplea el verbo imponer, como ocurre en el artículo 311, sino que el núcleo del tipo, lo constituye el mero empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, pues, indudablemente, los que están en posesión de todo la documentación necesaria, se encuentran, naturalmente, en mejores condiciones a la hora de encontrar trabajo y pueden en cierta medida, rechazar aquellos trabajos, en los que se les intenta menoscabar sus derechos, pues, no pende sobre ellos, la "amenaza"- en términos de posibilidad y probabilidad - de la expulsión administrativa.

Cuarto.-En el presente caso, la actuación del aquí acusado, Sr. Anton, ha de incardinarse (como ya se anticipó en el fundamento jurídico primero), en el artículo 312-2 del Código Penal, al concurrir los elementos del tipo que han sido examinadas en los razonamientos anteriores.

Así, frente a las manifestaciones realizadas, en el acto del juicio oral, por el citado acusado, que resultaron meramente exculpatorias, se encuentran las llevadas a cabo, no solo por los trabajadores denunciantes, sino por también por los demás trabajadores comparecientes a tal acto y que resultaron creíbles para la Sala, manteniendo su versión uniforme en lo esencial a lo largo del tiempo, narrando como el acusado les imponía unas condiciones de trabajo realmente atentatorias de los derechos más elementales que corresponden a cualquier trabajador, imponiéndoles un horario semanal muy superior a lo establecido en los convenios colectivos, sin gozar los trabajadores de ningún día de vacaciones durante el tiempo que trabajaban para aquel (en algunos casos más de dos años), ni tampoco pagarselas, no dándoles de alta en el Régimen de la Seguridad Social, suponiendo ello, sin duda unos importantes beneficios económicos para el acusado, no remunerándoles nada, cuando alguno de ellos (como era el caso de D. Eusebio o D. Ambrosio)realizaban trabajos - como llevar herramientas de un lugar a otro- una vez conclúida la jornada laboral impuesta por el acusado,que solían rondar las cincuenta horas semanales..

Asimismo, el acusado, abusando y aprovechándose de la situación de los trabajadores, no se hacia cargo de cualquier eventualidad surgida, como un accidente ocurrido en el lugar de trabajo, obligando a los trabajadores en tales casos de accidentes laborales, con resultado de lesiones, a mentir sobre la causa de las lesiones si acudían a un centro médico a recibir la necesaria atención (así ocurrió con el trabajador D. Virgilio, que habiendo sufrido un accidente en el lugar de trabajo, cayéndole encima un elemento de la construcción, y que sufrió rotura de costillas, exigiéndole el acusado - después de tener que esperar el trabajador en el lugar de trabajo, en donde había sufrido el accidente, un buen espacio de tiempo hasta que llegó a tal lugar, el acusado, tiempo durante el cual, naturalmente, estuvo sin recibir ninguna asistencia médica- que tenía que decir, al ser preguntado por la causa de las lesiones que sufría, bajo la amenaza de ser despedido, que se las había producido jugando con sus amigos, ó con D. Ambrosio, quien señalaba que habiendo tenido un accidente con una moto de la propiedad del acusado, en el pueblo en donde tenía una casa los padres de aquel- al que había acudido D. Ambrosio, para prestar servicios de camarero con motivo de las fiestas del pueblo-, el acusado no le había abonado nada durante el mes que el trabajador tardó en curar de sus lesiones, o del trabajador D. Eusebio, a quien el acusado, denegó permiso para ir inscribir a su hija recien nacida, impidiéndole - por falta un día de trabajo, para llevar a cabo tal gestión que, por otra parte, resulta necesaria - acudir al trabajo por el periodo de un mes.

Igualmente, indicativo del ánimo inequívoco de aprovecharse de la precaria situación de tales trabajadores, resulta el dato relativo a que el acusado (tal y como declaraban con claridad diversos trabajadores) daba instrucciones a aquellos, de que, en el caso de que presentase en el lugar de trabajo algún miembro de la Inspección de Trabajo, y les fuese requerida su identificación, diesen los datos personales falsos (-nombre y apellidos), facilitándoles, incluso, a algunos de ellos, un papel que contenía el nombre y apellidos de otra persona, (así lo manifestaban, D. Virgilio, D. Agustín, D. Eusebio, o don Carlos María), donde instrucciones asimismas, de que, antes que nada, si aparecía la Inspección, se escondiesen ó se marchasen del lugar de trabajo.

Quinto.-Frente a las manifestaciones creíbles de los trabajadores, y los demás datos obrantes -entre los que se encuentran las diversas actas de sanción levantadas por la Inspección de Trabajo por negarse el acusado a facilitar datos y documentación que le era requerida por tal Organismo - el acusado se limitaba a decir que, a su juicio, y encontrándose en un país "mileurista", entendía que los trabajadores estaban bien pagados, diciendo,- como única explicación a las irregulares y lamentables condiciones laborales de los trabajadores- que él le solicitaba la documentación y aquellos le iban "dando largas", versión que resulta ajena a la más elemental lógica, pues, los trabajadores serían los primeros interesados en legalizar su situación, pues, entre otras cosas, con ello - tal legalización- eran conocedores que conseguirían unas mejores condiciones laborales, diciendo, a tal respecto los trabajadores, - como se dijo, con más credibilidad- que era el acusado quien se ofrecía a legalizarles su situación, no haciéndolo sin embargo, así.

Todo ello, indica que el acusado ha llevado a cabo una conducta claramente atentativa contra la dignidad y los derechos más elementales de los trabajadores, realizando una clara explotación de éstos, favorecida por la situación o tesitura en la que se encontraban, derivado de la carencia de permiso de trabajo, diciendo, en este sentido, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2000, que "el llamado derecho penal laboral de los que el tipo que se comenta, es elemento central sancionar fundamentalmente situaciones de explotación, que integran ilícitos laborales criminalizados, de suerte que el bien jurídico protegido está constituído por un conjunto de intereses concretos y generales que protegen la indemnidad de la propia relación laboral, mediante la sanción de aquellas conductas que atenten contra los derechos y condiciones laborales de los trabajadores", situación de claro aprovechamiento y abuso de la débil situación (alguna incluso con obligaciones familiares), en las que, como se dijo, se encontraban los trabajadores en el caso que nos ocupa y que debe de tener la adecuada respuesta penal.

Sexto.-Con respecto a la conducta de D. Feliciano que también era acusado (habiendo sido retirada la acusación contra el mismo, por parte del Ministerio Fiscal en el acto del juicio) entiende la _Sala que no ha quedado acreditado minimamente su actuación, con la necesaria mínima relevancia exigible, en los hechos delictivos objeto de este enjuiciamiento (a la vista tanto de las distintas declaraciones de los testigos como de la demás documental aportada), tratándose de un trabajador, que en algunas ocasiones y algunas obras, hacía las labores de encargado, limitándose a cumplir las órdenes que le daba el otro acusado Sr. Anton, como jefe y responsable de la empresa, no habiendo sido hallada la suficiente prueba de cargo para poder calificar su conducta no solo en grado de autoría, sino tampoco de cooperador ó de encubridor, siendo así que entiende la Sala que debe de ser absuelto del delito del que venía siendo acusado.

Séptimo.-Respecto de la aplicación de la figura de la continuidad delictiva, teniendo en cuenta los hechos que se declaran probados y demás circunstancias concurrentes, y encontrándose ante bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal, como son la dignidad de la persona del trabajador emigrante y su derecho a ser contratado en condiciones de igualdad con el resto de los trabajadores, entiende la Sala a la vista del contenido del propio artículo 74-3 del Código Penal, que no resulta procedente la aplicación de la figura del delito continuado.

Octavo.-A la vista de la dinámica de los hechos narrados y dados como probados, teniendo en cuenta la muy reprochable y lamentable actitud del acusado con los trabajadores, incluso en casos en los que éstos habían sufrido un accidente laboral con el resultado de lesiones, -no solo no prestándole la atención necesaria e inmediata, sino castigándole con la prohibición de acudir al trabajo durante el tiempo que tardaban en curar de sus lesiones- entiende la Sala que la pena a imponer por aplicación del art. 312-2 del Código Penal, debe de ser la de tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

Noveno.-En lo que respecta a la responsabilidad civil, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, entiende la Sala que el aquí acusado, deberá abonar en concepto de daños y perjuicios a los denunciantes D. Maximo, D. Virgilio y a Don Agustín, la cantidad de dos mil euros a cada uno de ellos, con el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Décimo.-No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Undécimo.-A la vista del contenido de los anteriores fundamentos jurídicos y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y concordantes, el aquí acusado deberá abonar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, al no resultar ésta inútil ni temeraria, y excluídas las relativas a don Feliciano.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
.

Que debemos de condenar y condenamos a D. Anton, como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 312-2 del Código Penal, a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo de indemnizar a D. Maximo, a D. Virgilio y a D. Agustín, en la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000 EUROS), a cada un de ellos, en concepto de daños y perjuicios, con la aplicación del interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuicimiento Civil; asimismo, el aquí condenado, deberá abonar las costas de este juicio, incluídas las de la acusación particular, y excluidas las relativas a Don Feliciano; por último, debemos de absolver y absolvemos libremente a Don Feliciano del delito contra los derechos de los trabajadores, del que venía siendo acusado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo de sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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