Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Madrid 1308/2009, de 9 de julio


 RESUMEN:

Reclamaciones económico administrativas: Tasas y tributos parafiscales. Legalidad de la liquidación en concepto de Tarifa de Utilización del Agua del sistema de Abastecimiento. Retroacción indebida en la aprobación de la tarifa. Omisión del trámite de audiencia para corregir el valor inicialmente asignado. Estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid a 9 de Julio de 2009

Visto por la Sala del margen el recurso núm. 390-2007 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE ESCARICHE (GUADALAJARA) representado por el procurador D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 27.11.2006 reclamación n.º 28/07600/04 Y 7601/04 interpuesta por el concepto de Tasas y Tributos Parafiscales habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, siendo codemandada la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO representada por el ABOGADO DEL ESTADO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

Segundo.-Dado traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido. Igualmente se dio traslado a la codemandada para contestación a la demanda.

Tercero.-Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo, la audiencia del día 07-07-2009 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. DÑA. María Antonia de la Peña Elías.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El Ayuntamiento de Escariche (Guadalajara) impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 27 de noviembre de 2006, que desestimó de manera acumulada las reclamaciones económico administrativas número 28/07600 y 07601/04 que respectivamente interpuso contra la liquidación número 9915901268490 de 24 de marzo de 2004 girada por la Confederación Hidrográfica del Tajo en concepto de Tarifa de Utilización del Agua del sistema de Abastecimiento Almoguera-Modejar, camapña 2003 por importe de 16.472,97 euros, al tipo de gravamen 0,1508300 y contra el acuerdo de 17 de marzo de 2004 desestimatorio del recurso de reposición contra la liquidación número 1268016, que se anula, girada por el mismo concepto

En esta resolución se estimó que solo hubo una rectificación de error material al amparo del artículo 156 de la Ley General Tributaria; no hubo retroactividad y de acuerdo con el artículo 114.7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas las liquidaciones se emitieron en el ejercicio al que correspondían; hubo el correspondiente peeriodo de información pública sin indefensión alguna al poder alegar también ane el tribunal y los fondos europeos debían quedar incluidos en las exaciones.

Segundo.-La representación procesal de la corporación recurrente solicita de la Sala que se anule el acuerdo recurrido y la liquidación de la que procede y en síntesis alega: la infracción del artículo 114.7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, porque la tarifa de 2003 se aprobó en 2004 y no ha quedado acreditado que la modificación producida fuera una mera rectificación de errores materiales sino que hubo una revisión de oficio de un acto nulo e ilegal; se omitió el trámite de audiencia para corregir el valor inicialmente asignado; no se cumplen las prescripciones de los artículos 114.2 de la citada Ley y 304 a 311 del Reglamento de Dominio Público Hidraúlico, ya que la cuota debe fijarse de manera equitativa por la participación en los beneficios y mejoras por las obras como es el consumo real de agua en caso de abastecimientos y por último considera que las ayudas procedentes del Fondo de Cohesión de la Unión Europea no consiste en una subvención sino en la cofinanciación de un proyecto distinta de la del Estado en el 85 por 100 de las obras que este no ha soportado y que tampoco debe repercutir.

Tercero.-El Abogado del Estado se opuso al recurso por estimar que hubo una mera rectificación de un error material al amparo de los artículos 156 de la LGT de 1963 y 220 de la LGT de 2003 consistente en el establecimiento de una base de facturación superior a la que correspondía; no se produjo la indefansión denunciada porque hubo la correspondiente comunicación y el correspondiente periodo de información pública y no era procedente traslado alguno en el procedimiento de rectificación de errores materiales puesto que no se inicio de oficio; la tarifa se aprobó y las liquidaciones se dicatron en 2003 como refleja el expediente y no en 2004 y solo por efecto de la rectificación de errores aritméticos la liquidación se modificó ya en 2004, además se trata de una cuestión nueva no planteada ante la Administración y en cuanto a los fondos europeos no se trata como el Ayuntamiento pretende de una inversión directa en España sino que de acuerdo con los criterios de distribución de los fondos comunitarios los Estados los reciben considerándose a todos los efectos como de inversión de fondos propios del Estado beneficiario.

Cuarto.-El Ayuntamiento de Escariche(Guadalajara) cuestiona en este recurso la legalidad de la liquidación de 24 de marzo de 2004 que le fue girada por la Confederación Hidrográfica del Tajo en concepto de Tarifa de Utilización del Agua del sistema de Abastecimiento Almoguera-Modejar, campaña 2003 por importe de 16.472,97 euros, al tipo de gravamen 0,1508300, que fue confirmado por el acuerdo recurrido.

La corporación local recurrente estima que se ha producido una retroacción indebida en la aprobación de la tarifa y en la liquidación pues se referían al ejercicio de 2003, con vulneración del artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas; se ha omitido el trámite de audiencia para corregir el valor inicialmente asignado, la cuota no se ha fijado de manera equitativa y las ayudas de fondos europeos consistían en una verdadera financiación del proyecto que el Estado no había soportado en un porcentaje del 85 por 100 y, por su parte, la Administración considera que la aprobación y la liquidación se produjeron en 2003 y en 2004 solo hubo una rectificación de un error material rectificable en cualquier momento, se cumplio el trámite de audiencia a traves del trámite de información pública sin indefensión alguna y los fondos de cohesión de la Unión Europea deben considerarse como estatales y quedar incluidos en la exacciones.

Tal como figura en el expediente administrativo, el 30 de octubre de 2003 se aprobó de manera automática la Tarifa de Utilización del Agua para el Abastecimiento Almoguera-Mondejar en la cuantía de 0,246133 euros/m3 y el 16 de marzo de 2004 se modifica y fija en 0,150830 euros/m3, afirmando que se rectifica por un error material al tomar una base superior a la real del agua utilizada por los usuarios, de 25.953.903 m3 en lugar de la procedente de 14.506.560 m3.

Quinto.-En idénticos términos se han planteado ante la Sala sendos recursos por distintos Ayuntamientos afectados por la aprobación y liquidación de las tarifas de utilización de agua por la misma Confederación Hidrográfica del Tajo del sistema Almoguera-Mondejar y la fundamentación de las sentencias recaídas en los mismos resulta de plena aplicación por lo que pasamos a reproducirla.

Concretamente en la reciente sentencia número 760 de 2 de abril de 2009, dictada en el recurso número 388/07, se afirma que debe examinarse en primer lugar el motivo de impugnación que denuncia la transgresión del principio de irretroactividad, a cuyo efecto procede recordar que la tarifa de utilización del agua del sistema de abastecimiento Almoguera-Mondéjar para el ejercicio 2003 fue aprobada inicialmente el 30 de octubre de 2003, quedando fijado el precio unitario en 0Z 246133 euros el metro cúbico, tarifa que fue dejada sin efecto y sustituida por una nueva (0Z150830 euros/metro cúbico) mediante acuerdo del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 16 de marzo de 2004, lo que dio lugar a que se anulase la liquidación girada en principio al Ayuntamiento demandante aplicando la primera tarifa, liquidación que fue sustituida por una nueva practicada el 24 de marzo de 2004 en aplicación de la nueva tarifa.

Pues bien, sobre la cuestión planteada ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en anteriores sentencias referidas a la Ley 29/1985, de Aguas, Ley que fue derogada y sustituida por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprobó el texto refundido de la Ley de Aguas, aquí aplicable. No obstante, dada la sustancial identidad entre los preceptos de ambos textos legales que regulan la materia que nos ocupa, debe mantenerse el criterio que ha venido sosteniendo esta Sala, con el cambio exclusivo de las normas vigentes.

Así, el canon por obras de regulación de aguas superficiales o subterráneas y la exacción por la disponibilidad o uso de tales aguas (tarifa de utilización del agua) aparecen previstos, respectivamente, en los apartados 1 y 2 del art. 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El apartado 3 de dicho artículo enumera las cantidades o partidas cuya suma determinará la cuantía total de aquellas exacciones para cada ejercicio presupuestario, mientras que el apartado 4 del reseñado artículo dispone que "la distribución individual de dicho importe global, entre todos los beneficiados por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio, en la forma que reglamentariamente se determine", normas legales vigentes en la época a que se refiere este recurso.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, desarrolló en sus artículos 296 y siguientes aquellas previsiones legales, pero además de pormenorizar el método de cálculo del canon de regulación y de las tarifas para cada ejercicio de acuerdo con los criterios marcados en la Ley, contiene otras disposiciones que carecen de cobertura legal. En concreto, el art. 310 del Reglamento establece, en el caso de la tarifa de utilización del agua, que si no pudiera ser puesta al cobro en el ejercicio corriente debido a retrasos motivados por tramitación de impugnaciones o recursos o por otras causas, el Organismo gestor podrá aplicar provisionalmente y a buena cuenta la última tarifa aprobada que haya devenido firme, añadiendo seguidamente el art. 311 que una vez aprobadas las tarifas de utilización del agua, el Organismo de cuenca formulará las correspondientes liquidaciones y las notificará a los interesados.

Así, de los preceptos reglamentarios transcritos se infiere que si las tarifas no estuvieran aprobadas a la entrada en vigor del presupuesto de cada ejercicio, el Organismo gestor tiene la opción de practicar liquidaciones a cuenta aplicando provisionalmente la última tarifa aprobada que hubiera devenido firme, pero, en todo caso, cuando finalmente se apruebe la tarifa correspondiente al ejercicio deberá practicar y notificar las oportunas liquidaciones.

En el presente caso la Confederación Hidrográfica del Tajo no hizo uso de la facultad conferida por el art. 310 del Reglamento, ya que no practicó "liquidación a cuenta" aplicando la última tarifa aprobada con carácter firme, sino que en fecha 24 de marzo de 2004 practicó la liquidación relativa al ejercicio 2003 aplicando la tarifa de utilización del agua aprobada el 16 de marzo de 2004. Por tanto, sin haber hecho uso previamente de la opción prevista en el art. 310 del Reglamento, aplicó el art. 311 y practicó la liquidación referida al ejercicio 2003 una vez aprobada la tarifa correspondiente, lo que supone una aplicación retroactiva de dicha tarifa por haber sido aprobada cuando la indicada campaña ya había finalizado.

Ciertamente, la actuación de la Confederación Hidrográfica del Tajo se acomoda a lo previsto en los reseñados arts. 310 y 311 del Real Decreto 849/1986, pero lo establecido en ambos preceptos reglamentarios conduce a una aplicación retroactiva de tarifas que la Sala estima contraria a Derecho. En efecto, desde el punto de vista material, tales disposiciones sobrepasan con mucho los límites dentro de los cuales la jurisprudencia constitucional circunscribe la posible retroactividad de normas tributarias o de gravamen (cfr. sentencias del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 1996, 21 de mayo de 1997 y 28 de octubre de 1997). Y desde la perspectiva formal o de rango normativo, aquellos preceptos reglamentarios carecen de cobertura legal, ya que la simple remisión que hace el art. 114.4 del texto refundido de la Ley de Aguas a un ulterior desarrollo reglamentario resulta insuficiente a tal fin, incurriendo por ello el citado art. 310 del Reglamento en una extralimitación que la Sala considera contraria al ordenamiento jurídico y que determina su inaplicación a tenor del art. 6.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sexto.-Sobre dicha cuestión también se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de diciembre de 2003 (que a su vez cita las de 28 de octubre de 1995 y 1 de abril de 2002), que desestimó el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado contra sentencia de esta Sección y en cuyo segundo fundamento jurídico se afirma: "Finalmente y ello es definitivo para rechazar el motivo casacional, la retroactividad, en cualquier caso, solo puede ser establecida de manera expresa por una Ley y no por una norma -como lo es un Reglamento- de rango inferior; así lo estableció desde antiguo el viejo art. 3.º del Código Civil (incluido en su Título Preliminar, al que la doctrina concedió valor cuasi constitucional), lo ha venido a consagrar el art. 9.º3 de la Constitución Española de 1978 y lo reconoce una constante y reiterada doctrina de esta Sala...".

Posteriormente, la sentencia de la misma Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2004 estimó en parte la cuestión de ilegalidad planteada por esta Sección en relación con los arts. 303 y 310 del Real Decreto 849/1986, declarando nula la frase "provisionalmente y a cuenta" que figura en el párrafo 2.º de los aludidos preceptos reglamentarios. En dicha sentencia se argumenta, en lo que aquí interesa: "Es sólo cuando la retroactividad entra en colisión con otros principios constitucionales, singularmente el de seguridad jurídica, cuando puede afectar a la confianza de los ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos no razonablemente previsibles, y cuando puede significar, por consiguiente, una vulneración de la Constitución". Y añade: "En el supuesto aquí examinado, nada de esto se produciría si fuera la propia Ley de Aguas la que hubiera previsto esa aplicación de cánones y tarifas aprobados posteriormente a la realización de los correspondientes hechos imponibles o al transcurso o agotamiento de los ejercicios a que vinieran referidos. Pero no ha sido así... Resulta claro, pues, que la remisión al Reglamento no comprende más que la distribución individual del importe global de las exacciones y el desarrollo de los criterios a que ha de sujetarse la distribución. Nunca la aplicación de cánones y tarifas aprobados con posterioridad al ejercicio al que correspondan... Ninguna dificultad puede existir para que cánones y tarifas se confeccionen al mismo tiempo que los presupuestos y, consecuentemente, sean aplicados en el ejercicio pertinente". Y tales argumentos han sido reiterados por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de enero de 2005, que volvió a declarar nula la frase "provisionalmente y a cuenta" que figura en el párrafo 2.º de los arts. 303 y 310 del Real Decreto 849/1986. Por tanto, ya no procede plantear respecto de esos preceptos reglamentarios la cuestión de ilegalidad prevista en los arts. 27 y 123 de la Ley de esta Jurisdicción.

Además, el Tribunal Supremo ha abordado la concreta cuestión que aquí se discute en la sentencia de 25 de octubre de 2005, en cuyo fundamento jurídico segundo proclama: "Sobre la cuestión de fondo a que se refiere el motivo de casación, es decir, la posibilidad de practicar liquidaciones aplicando tarifas aprobadas con posterioridad al período a que se refieren, se ha pronunciado esta Sala en reiteradas ocasiones; así en Sentencias de 21 de febrero de 1996, dictada en recurso se apelación núm. 685/1993; de 2 de marzo de 2000, dictada en recurso de casación núm. 3859/1995; de 2 de febrero de 2004, dictada en rec. de cas. núm. 4220/1998; y 10 de marzo de 2003, rec. cas. 2963/1998; 1 de diciembre de 2003, rec. cas. 6125/1998; 19 de diciembre de 2003, rec. cas. 7068/1998; 22 de febrero de 2005, rec. cas. 7933/1999.

Y la doctrina sentada en dichas Sentencias rechaza la tesis sostenida por el Abogado del Estado, y en base a las siguientes razones:

1.ª- En el año en que deba aplicarse la tasa, es decir en el ejercicio del devengo de la misma, deberán estar ya aprobadas las tarifas reguladoras, antes del presupuesto, aunque se hubiera de liquidar y notificar en el año siguiente, lo que no sería posible si el elemento cuantitativo del hecho imponible se pudiera definir por la Administración "post facto" o "post devengo".

2.ª- Las tarifas deben aprobarse antes de su entrada en vigor y del comienzo de cada campaña y no después de finalizado el ejercicio.

3.ª- No es admisible la tesis del Abogado del Estado de que no cabría elaborar un presupuesto de ingresos hasta tanto no se supiese lo que se ha gastado; por el contrario, la aplicación de la tasa requiere, como exigencia "sine qua non", que las tarifas estén previamente informadas y aprobadas y hayan quedado expresamente objetivadas en el presupuesto de ingresos y gastos que ha de presidir la campaña anual correspondiente.

Además, la Sentencia de esta Sala de 26-1-2004, al resolver la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de instancia en recurso similar, declaró nula la frase "provisionalmente y a buena cuenta" que figura en los artículos 303 y 310, antes citados, del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y que impide girar liquidaciones referidas a ejercicios consumidos y ajustadas a cánones y tarifas aprobadas con posterioridad a esa consunción.".

Por tanto, puesto que la tarifa de utilización del agua debe aprobarse antes de su entrada en vigor y del comienzo de cada campaña, como afirma la Sala Tercera del Tribunal Supremo, procede -sin necesidad de analizar los restantes motivos de impugnación invocados en la demanda- anular la resolución recurrida en este proceso y el acto administrativo del que deriva, porque se aplicó dicha tarifa con efectos retroactivos.

Séptimo.-No se aprecian motivos para hacer imposición de costas a la vista del artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.


FALLAMOS


 
Estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Escariche contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de noviembre de 2006, que desestimó de manera acumulada las reclamaciones deducidas contra acuerdo de 24 de marzo de 2004 de la Confederación Hidrográfica del Tajo de liquidación girada en concepto de tarifa de utilización del agua del sistema de abastecimiento Almoguera-Mondéjar, ejercicio 2003, y contra la resolución de 17 de marzo de 2004, desestimatoria del recurso de reposición deducido contra la liquidación número 1268016, que se anula, girada por el mismo conepto, debemos anular y anulamos la mencionada resolución así como los actos administrativos de los que trae causa, dejando sin efecto la liquidación impugnada; sin costas. Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma no cabe recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el día en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación