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Sentencia T.S.J. Madrid 64/2010, de 25 de enero


 RESUMEN:

Contratos de las Administraciones Públicas: Reclamación de intereses de demora por el pago tardío de la certificación final del contrato de servicios. Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. "Dies a quo"y "Dies ad quem". La Administración toma en cuenta como día inicial para el cómputo de los intereses el de dos meses desde la fecha de la certificación final. La liquidación del contrato debió serle abonada al contratista en el plazo de un mes. Si la Administración se demora, debe abonar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro. El día final para el cómputo de los intereses de demora debe de ser el del cobro efectivo por parte del contratista de las cantidades adeudadas. Estimación en parte el recurso interpuesto.

SENTENCIA

En la ciudad de Madrid, a 25 de enero del año 2010, visto por la Sala el Recurso arriba referido, interpuesto por el Procurador Don Alejandro Escudero Delgado, actuando en representación de Mantenimiento de Infraestructuras S.A. contra la Orden de fecha 27 de noviembre de 2007 de la Consejería de Transportes e

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que estimó en parte la reclamación de intereses de demora realizada por el recurrente por el pago tardío de la certificación final del contrato de servicios "VIALIDAD INVERNAL EN LA ZONA DE LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA MORCUERA CANENCIA Y NAVAFRIA 2003-2004 adjudicado a la recurrente en fecha 29 de octubre de 2003.

Es ponente de esta Sentencia la Ilma. Sra. Doña Fátima Arana Azpitarte, que expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Se interpuso este Recurso contencioso-administrativo formalizándose demanda por la recurrente en la que terminaba suplicando una Sentencia estimatoria del recurso con base a los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

Segundo.—El demandado contestó a la demanda exponiendo lo que estimó oportuno, solicitando la desestimación del recurso.

Tercero.—Despachado por las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos para deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 18 de enero del año 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El Procurador Don Alejandro Escudero Delgado, actuando en representación de Mantenimiento de Infraestructuras S.A. interpone recurso contencioso administrativo contra la Orden de fecha 27 de noviembre de 2007 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que estimó en parte la reclamación de intereses de demora realizada por el recurrente por el pago tardío de la certificación final del contrato de servicios "VIALIDAD INVERNAL EN LA ZONA DE LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA MORCUERA CANENCIA Y NAVAFRIA 2003-2004 adjudicado a la recurrente en fecha 29 de octubre de 2003.

La Administración cuantificó los intereses adeudados en la cantidad de 1.959,37 euros, tomando como día inicial para el cómputo de los intereses el de dos meses desde la fecha de la certificación final, es decir desde el 29 de junio de 2006, ya que la certificación final es de fecha 29 de abril de 2006, y como día final el 26 de diciembre de 2006.

El recurrente discrepa de tal cálculo alegando que la fecha real de terminación del contrato fue el día 30 de junio de 2004, por lo que la fecha máxima de abono de la certificación final era el 30 de septiembre de 2004 (tres meses desde la finalización real de los trabajos, aunque su recepción formal fuera posterior), siendo así que la fecha real de abono fue el 28 de diciembre de 2006 por lo que el importe de los intereses de demora adeudados asciende a la cantidad de 8.017,93 euros, haciéndose el cálculo de los intereses en los términos previstos en la Ley por la que se establecieron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es decir, al tipo de interés de demora aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación, efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales, de conformidad con lo establecido en el art. 110.4 del RDL 2/2000, reclamando en consecuencia en esta litis la diferencia entre dicha cantidad y la reconocida por la Administración, que se cifra en 6.058,56 euros, más los intereses legales sobre los intereses de demora de conformidad con lo establecido en el art. 1109 del Código Civil.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el art. 110 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable al caso presente por razones cronológicas:

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

2. En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de las características del objeto del contrato. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, el acto para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.

4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el art. 147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a partir de los dos meses siguientes a la liquidación.

Precepto que por lo que al supuesto presente interesa fue modificado por la Disposición Final primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecieron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en los siguientes términos: "4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el art. 147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".Quedando igualmente redactado el art. 99. 4 del TRLCAP de la siguiente forma: 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del art. 110, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".

La Ley 3/2004 es aplicable al contrato presente conforme a lo dispuesto en su Disposición Transitoria Única, ya que es de aplicación a todos los contratos que, incluidos en su ámbito de aplicación, hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a sus efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su art. 7.

Tercero.—Sentado lo anterior, y habiendo tenido lugar en el caso presente el acta de recepción del contrato en fecha 5 de septiembre de 2005, la liquidación del contrato debió de realizarse y serle abonada al contratista en el plazo de un mes, y si la Administración se demorase en tal abono, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento del plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por lo que el "dies a quo" a partir del cual la Administración debe intereses de demora es el 5 de diciembre de 2005, y no el 29 de junio de 2006, como sostiene la Administración y tampoco el 30 de septiembre de 2004 que alega el recurrente (tres meses desde la finalización real de los trabajos, aunque su recepción formal fuera posterior) porque si bien es cierto que el contrato de servicios,cuyo plazo de ejecución era de ocho meses, finalizaba el 30 de junio de 2004, no se aprecia que en el caso presente la demora en la realización de la recepción fuera por causa imputable a la Administración y ajena al contratista, toda vez que lo que resulta del expediente administrativo es que la demora se debió a un intento de prorrogar el contrato por parte de la Administración con la conformidad del contratista (folio 419 y concordantes del expediente administrativo) que finalmente no prosperó,habiendo continuado la recurrente prestando sus servicios con posterioridad a la fecha de finalización del contrato y habiéndose, incluso, dictado en fecha 4 de noviembre de 2004 una Resolución por la que se acordaba prorrogar el plazo de entrega del contrato al estarse redactando un Proyecto Modificado que no fue recurrida por el contratista, y sin que conste en momento alguno que el contratista solicitase la recepción del contrato a la Administración con anterioridad a la fecha en que tuvo lugar, ni que manifestara su disconformidad con el retraso, ya que,como decimos, el retraso obedeció a los intentos de prórroga del contrato realizados con la anuencia del contratista.

Cuarto.—En relación al "dies ad quem" ó día final de devengo de los intereses, esta Sala y Sección tiene reiteradamente declarado que el día final para el cómputo de los intereses de demora debe de ser el del cobro efectivo por parte del contratista de las cantidades adeudadas, ahora bien, si dicha fecha le es negada por la Administración, como ocurre en el caso presente, es el recurrente quien tiene la carga de acreditar que la fecha que alega ha sido la de tal cobro efectivo, lo que no ha ocurrido en el caso presente en que el recurrente no ha aportado los extractos bancarios que acrediten que el importe de la certificación final se le abonó el día que alega 28 de diciembre de 2006 y no el 26, conforme al que la Administración ha realizado su cálculo, obrando tan solo en autos,en relación con el pago, al folio 357 del expediente administrativo el documento OK de reconocimiento y propuesta de pago realizada por la Administración.

De lo razonado resulta que tan solo procede estimar en parte la reclamación del recurrente.

Quinto.—Finalmente, la parte recurrente solicita los intereses legales de los intereses de demora (anatocismo) de conformidad con lo dispuesto en el art. 1109 del Código Civil. Dicha petición no puede ser acogida ya que tal como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2002, entre muchas otras, el anatocismo o intereses legales de los intereses de demora, tiene lugar cuando estos últimos han sido claramente determinados y configurados como líquidos, lo que no sucede cuando, como aquí, los parámetros de que ha de partirse para su cómputo son distintos de los que antes reclamaron y se tuvieron en cuenta, debiendo de referirse la reclamación a lo solicitado en demanda donde se calculaban los intereses por el recurrente de forma errónea tanto por lo que se refiere al día inicial como al final del cómputo, razones por las que no existiendo cantidad de intereses líquida y determinada hasta su concreción en la presente Sentencia, no procede el pago de los intereses de intereses.

Sexto.—Y según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe, es por lo que no procede formular expresa condena en costas.

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que estimando en parte el recurso interpuesto por el Procurador Don Alejandro Escudero Delgado, actuando en representación de Mantenimiento de Infraestructuras S.A. contra la Orden de fecha 27 de noviembre de 2007 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid a que esta litis se refiere, la anulamos en parte por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho del recurrente y condenando a la Administración demandada a que abone al actor los intereses de demora devengados por el pago tardío de la certificación final del contrato de servicios "VIALIDAD INVERNAL EN LA ZONA DE LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA MORCUERA CANENCIA Y NAVAFRIA 2003-2004, tomando como día inicial el 5 de diciembre de 2005 y como día final 26 de diciembre de 2006, siendo el tipo legal de interés aplicable el establecido en la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cantidad que se determinará en ejecución de Sentencia y de la que se descontará la cantidad de 1.959,37 euros ya abonada al contratista, sin anatocismo. No se realiza condena en costas.

Hágase saber a las partes que la presente Sentencia es firme y que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. D.ª Fátima Arana Azpitarte, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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