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Sentencia A.N. de 3 de mayo de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Indemnización por los daños sufridos como consecuencia de una caída producida en el pasillo inferior de los andenes de una estación de trenes, al tropezar con un cable de luz. Servicios que deben de ser vigilados por ADIF.

Madrid, a tres de mayo de dos mil diez.

Visto los autos del Recurso de Apelación n.º 39/09, que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido la Procuradora D.ª Cristina Velasco Echávarri, en nombre y representación de D.ª Rosa, contra Sentencia de fecha 30 de marzo de 2009, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1, en el recurso P.O. n.º 10/08, a la que se adhiere en parte la entidad THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA, representada por el Procurador D. Antonio González Sánchez; siendo parte apelada ADIF, representado por el Abogado del Estado, GEOTECNIA Y CIMIENTOS, SA, representada por la Procuradora D.ª Beatriz Martínez Martínez, y THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª ANA ISABEL GOMEZ GARCIA, Magistrada de la Sección.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El presente recurso de apelación se interpone contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2009, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado Central Contencioso-Administrativo n.º 1, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.ª Rosa,..., contra la resolución a la que se hace referencia en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, debo anular y dejar sin efecto dicha resolución al no ser la misma conforme a derecho, condenando al Organismo demandado, así como a THYSSENKRUPP, SA, y GEOTECNIA Y CIMIENTOS, SA, a estar y pasar por tal declaración, así como a que, solidariamente, abonen a la recurrente la cantidad de 4.000 €, sin intereses, sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas. "

Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, la parte recurrente interpuso recurso de apelación que fue admitido, dando traslado a las partes.

El Abogado del Estado y la representación de Geotecnia y Cimientos formalizaron escritos oponiéndose a la apelación. La representación procesal de Thyssenkrupp Elevadores presentó escrito de oposición a la apelación, pero adhiriéndose a ella, en relación al fundamento primero de la sentencia, únicamente en cuanto a la atribución de un 50% de responsabilidad.

Tercero.-Del escrito de adhesión a la apelación se dio traslado a la apelante, que se opuso a dicha adhesión. A continuación se remitieron las actuaciones a la Sala, para conocer del recurso de apelación.

Cuarto.-Recibidas las actuaciones en esta Sala ante la que comparecieron las partes, en providencia de 26 de febrero de 2010 se señaló para votación y fallo del recurso la fecha de 28 de abril de 2010, en que se deliberó y votó, habiéndose observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso apelación tiene por objeto la impugnación de la sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 1, de 30 de marzo de 2009, recaída en autos de Procedimiento Ordinario 10/2008, estimatoria en parte del recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la hoy apelante contra la resolución del Presidente del ADIF, de fecha 13 de noviembre de 2007, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada, en la que se pretendía indemnización, por los daños sufridos como consecuencia de caída producida el día 19 de octubre de 2005 en el pasillo inferior de los andenes de la estación de Ávila, al tropezar con un cable de luz.

En la reclamación administrativa solicitaba como indemnización 16.676'90 €. Cantidad que elevó en el recurso contencioso administrativo a 29.449'47 €.

La sentencia recurrida, valorando las pruebas practicadas y los indicios probatorios existentes, considera acreditado que el accidente sufrido por la actora se produjo en las dependencias de los servicios que ADIF tiene destinados para el público, servicios que deben ser vigilados y en disposición de ofrecer a los usuarios la finalidad acorde para que fueron establecidos, por lo que la realización de obras en dependencias de dicho organismo y las consecuencias que de las mismas se deriven supone la responsabilidad del organismo demandado, que podrá repetir contra las entidades contratista y subcontratista.

En cuanto a la forma de producirse el accidente, el Juez de instancia, tras valorar el conjunto de prueba practicada y lo obrante en el expediente administrativo, llega a la conclusión de que el accidente ocurrió en un lugar suficientemente iluminado y señalizado, si bien no existía prohibición de acceso por el pasillo donde se encontraban los cables con los que la actora tropezó, imputando la caída de ésta a la existencia de cableado de obras y a la propia negligencia de la recurrente, y aprecia la concurrencia de culpas en un 50%.

Por lo que respecta a la cuantía de la indemnización, se razona en la sentencia que el análisis de la pretensión debe limitarse a la cantidad reclamada en vía administrativa, y fija la cuantía de la indemnización correspondiente a la actora en 4000 €, sin intereses, dada la estimación parcial de la demanda y al haberse cuantificado la cantidad indemnizatoria en sentencia.

Segundo.-En el escrito de interposición del recurso de apelación ahora examinado alega la parte apelante que la declaración de concurrencia de culpas vulnera el principio de congruencia ante la falta de correlación entre el fallo y los problemas debatidos en el recurso, habiéndose modificado los términos del debate procesal, con quiebra del principio de contradicción y menoscabo del derecho fundamental de defensa, en atención a los términos en que se formularon tanto la acción indemnizatoria como los escritos de oposición a las cuestiones alegadas por la actora, no habiendo planteado ninguna de las partes la concurrencia de culpas. Considera errónea la valoración de la prueba en cuanto a la forma de ocurrir el accidente, entendiendo que no se podría exigir a la recurrente otra conducta dado que no estaba prohibido el paso por el pasillo que daba acceso al andén y los cables no estaban protegidos ni señalizados. Niega la existencia de negligencia por parte de la víctima, entendiendo que la única causa eficiente y verdadera del daño fue el cableado de la obras.

Por lo que respecta al importe de la indemnización, considera la apelante que los criterios establecidos en los baremos de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor sirven de referencia por la seguridad y objetividad jurídica que implican, en base a ello solicita una indemnización de 29.449,97 €, correspondiente a cinco días impeditivos con estancia hospitalaria, 770 días impeditivos sin estancia hospitalaria, secuelas y el 10% de factor de corrección, justificando el incremento en la cantidad reclamada en que a la hora de formular la reclamación en vía administrativa no constaba aún su alta médica definitiva. Añade que se ha de tener en cuenta la cantidad reclamada aun cuando supere a la reclamada en vía administrativa. Y resalta la incongruencia de la sentencia al fijar la cantidad en 4000 €, cantidad que no se corresponde con el 50% de lo reclamado ni siquiera en vía administrativa, denunciando la falta de motivación en la fijación de la cantidad.

Asimismo, impugna el pronunciamiento de la sentencia apelada en cuanto a la exclusión de los intereses devengados y a las razones que se exponen en el apoyo de tal pronunciamiento, que entiende contrarios a la reiterada jurisprudencia sobre tal cuestión.

El Abogado del Estado, en su escrito de oposición al recurso, afirma que la sentencia recurrida fija una indemnización totalmente adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias personales de la recurrente.

La representación de Geotecnia y Cimientos, SA, combate cada uno de los motivos expuestos por la apelante en justificación de su recurso, solicitando la desestimación del mismo.

La representación procesal de Thyssenkrupp Elevadores S.L. se opone al recurso de apelación, si bien se adhiere a ella en cuanto a la atribución del 50% de responsabilidad a los demandados, considerando que carecen de validez, a efectos probatorios, las fotografías realizadas por el marido de la apelante, mientras que la declaración de D. Dimas acredita el cumplimiento de las normas y la correcta señalización de la obra.

Tercero.-Por lo que respecta a la forma de producirse el accidente, si bien la información obrante en el expediente es escasa, pues parece que en el ADIF no constaba actuación o noticia alguna por tal motivo, de las fotografías y demás documentos obrantes en el expediente administrativo y del conjunto de la prueba practicada en el procedimiento jurisdiccional, considera la Sala que el juzgador de instancia ha hecho una ponderada valoración de todos los elementos probatorios a su disposición, sin que se pueda rechazar, como pretende la apelante la concurrencia por su parte de una actuación poco atenta, determinante de su tropiezo con el cableado existente en el pasillo de acceso al andén por motivo de las obras que se estaba llevando a cabo, pues está acreditado que existía señalización de obras e iluminación, y, por otra parte, es evidente que esas medidas de precaución y señalización no fueron suficientes, al menos en el pasillo de acceso al andén, para evitar la caída de la señora Rosa. El hecho de que ésta tenga una edad avanzada, que pudo disminuir su visión, su atención o bien su capacidad de reacción ante la existencia de obstáculos en el pasillo por el que accedía al andén, no supone que se excluya la responsabilidad de la Administración demandada y de las entidades que en virtud de la contrata eran en las encargadas de llevar a cabo la obra. Como tampoco, atendidas las circunstancias que se valoran en la sentencia de instancia, cabe imputar a la Administración y a las entidades codemandadas la exclusiva responsabilidad del accidente.

Valorando todo ello, la sentencia de instancia aprecia la concurrencia de culpa, que determina en un 50%, dentro de los términos del litigio, en el que la actora imputaba el accidente exclusivamente al funcionamiento de los servicios públicos, mientras que la Administración demandada y las entidades encargadas de llevar a cabo la obra consideraban que tal accidente era imputable únicamente a la propia víctima. Tal determinación de culpas concurrentes es el resultado del examen de las pretensiones de las partes y de la valoración de los documentos obrantes en el expediente administrativo y de la prueba practicada en el recurso, sin que pueda, ningún caso, considerarse constitutiva de incongruencia de la sentencia en relación con los términos de la litis.

Tal como ha dicho la Sala en ocasiones anteriores (entre otras, sentencia de 21/10/04) "para que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, pueda entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación de la tutela judicial efectiva, es necesario que la desviación sea de tal naturaleza que suponga una completa modificación de los términos en que discurrió la controversia judicial, como declara la sentencia de esta Sala de 13 de octubre de 2000, y ello aún cuando en el orden jurisdiccional contencioso administrativo exista un mayor rigor que en el orden civil en relación con la apreciación del principio de congruencia ya que, mientras en éste la congruencia viene referida a la demanda y a las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, pero no a los motivos que sirven de fundamento a la pretensión o a la oposición del demandado, es lo cierto que en el presente caso la Sala de instancia ha resuelto la controversia partiendo, ante el planteamiento por las partes de la misma, de la inexistencia de una lesión en el sentido técnico jurídico que estimó oportuno, aplicando para ello el principio iura novit curia, que permite al órgano jurisdiccional no ajustarse a los razonamientos jurídicos aducidos por las partes siempre que no se altere la causa petendi ni se sustituya el thema decidendi, pronunciándose sobre lo solicitado, motivando debidamente su decisión, lo que no supone que la motivación jurídica de la sentencia deba ceñirse a los argumentos jurídicos aducidos, ya que la congruencia requiere un análisis de los diversos motivos de impugnación pero no limita las facultades del tribunal de aplicar la norma jurídica correspondiente al juzgar dentro del límite de las pretensiones y motivos aducidos por las partes..."

Cuarto.-En cuanto al importe de la indemnización a determinar a favor de la apelante, estima la Sala que, efectivamente, la cantidad fijada en la sentencia recurrida carece absolutamente de motivación y no resulta congruente con los propios fundamentos de la misma, pues si se determina la valoración total de las lesiones y secuelas padecidas en el importe reclamado en vía administrativa, 16.676,90 euros, tal como se razona en la sentencia, el 50% de dicha cantidad sería 8.338'45 € y no los 4.000 € que se fijan como indemnización.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la actora interpuso la reclamación administrativa el día 7 de noviembre de 2005, con anterioridad a ser sometida a una intervención quirúrgica programada para el siguiente día 8 de noviembre, por lo que en esa fecha no podía cuantificar el importe de su reclamación. Requerida posteriormente para que subsanase las deficiencias apreciadas en el escrito de reclamación, con fecha 5 de abril de 2006 presenta escrito en el que individualiza los conceptos por los que reclama, por el importe total mencionado, pero consigna en dicho escrito que se encuentra en tratamiento rehabilitador, persistiendo la pérdida de movilidad parcial en hombro izquierdo, con secuelas de antepulsión y rotación. Con dicho escrito aporta documentos de la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, constando en informe de 27 de marzo de 2006 que "la paciente debe continuar con el tratamiento rehabilitador hasta recuperar la movilidad completa del hombro". Por tanto la reclamación efectuada en ese momento ha de entenderse provisional en la determinación de su cuantía.

En este sentido, es oportuno traer a colación la STS de 28/3/06, en la que se dice:

"Al respecto y frente a las alegaciones de las Administraciones demandadas, ha de rechazarse la desviación procesal o vinculación a la cantidad solicitada en vía administrativa, siendo que la misma se formuló de manera aproximada y sin carácter definitivo y han de considerarse acreditadas las secuelas que se describen en el informe pericial presentado y ratificado en la instancia, que se efectúa con las garantías procesales, a la vista de todos los informes anteriores y razonando su alcance y relación con en accidente sufrido, cuestión esta última que reafirma en la diligencia de ratificación y aclaraciones a la presencia judicial, apreciaciones que no resultan contradichas por los demás elementos de prueba."

En el presente caso, además de los partes médicos aportados por la apelante, se practicó prueba pericial, en la que el perito designado en el procedimiento, D. Humberto, especialista en traumatología, en medicina del trabajo y en medicina legal y forense, tras examinar a la interesada y evaluar los partes e informes médicos que le fueron facilitados, emite informe por escrito -ratificado a presencia judicial- en el que concluye que la Sra. Rosa estuvo hospitalizada 5 días, incapacitada sin hospitalización durante 384 días, y sufre secuelas el hombro izquierdo, que valora en 17 puntos.

Partiendo del informe pericial, en cuanto a la cuantía a fijar, se ha de tener en cuenta la doctrina recogida, entre otras, en STS 31/03/09:

"Pues bien, la cuantificación de la indemnización, cuya insuficiencia se denuncia por la recurrente y que ha de calcularse con arreglo a los criterios establecidos en el art. 141 de la Ley 30/92, como señala la sentencia de 25 de noviembre de 2004, debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, y con ello la indemnidad del derecho subjetivo o del interés lesionado, o como señala la sentencia de 6 de noviembre de 1998, "la aplicación del principio de la reparación integral implica que la misma comprende, dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, los daños alegados y probados por el perjudicado, lo que supone la inclusión de los intereses económicos valuables, partiendo de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de 7 de octubre y 4 de diciembre de 1980, 14 de abril y 13 de octubre de 1981, 12 de mayo y 16 de julio de 1982, 16 de septiembre de 1983, 10 de junio, 12 y 22 de noviembre de 1985)."

Ello incluye la reparación del daño moral, a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta que el resarcimiento del daño moral por su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable, que como señala la jurisprudencia, siempre tendrá un cierto componente subjetivo (S.S. del T.S. de 20 de julio de 1996, 26 de abril y 5 de julio de 1997 y 20 de enero de 1998, citadas por la de 18 de octubre de 2000), debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso.";

Además, a la hora de valorar los daños de carácter personal, entre los que se sitúa el pretium doloris, la jurisprudencia aconseja acudir a los precedentes judiciales y emplear los baremos existentes en otros ámbitos, en concreto el de los daños corporales sufridos con ocasión de accidentes de circulación (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2004), cuyas cuantías indemnizatorias se actualizan cada año, habitualmente conforme al índice general de precios al consumo.

Ahora bien, estos baremos no tienen más valor que el puramente orientativo, con la finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del quantum indemnizatorio, sin que puedan invocarse como de obligado y exacto cumplimiento (Sentencias del mismo Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1999, de 23 de enero de 2001, de 2 de octubre de 2003 y de 24 de enero de 2006, entre otras muchas).

Quinto.-Aplicando los criterios de baremación del anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, correspondientes al año 2005 (Resolución M.º Economía y Hacienda 7/2/05, BOE 18/02/05), correspondería fijar por cinco días de baja hospitalaria, a razón de 58'19 €, la cantidad de 290'95 €; por los días de incapacidad acreditados, 384, la indemnización prevista para la no impeditiva, que sería 25,46 € por día, de lo que resulta la cifra de 9.776'64 €; y por secuelas, teniendo en cuenta que tenía más de 65 años, a los 17 puntos valorados por el perito, a razón de 592'38 € por punto, le corresponde una indemnización de 10.070'46 €. De manera que la indemnización global a fijar sería de 20.138'05 €, sin que proceda aplicar el factor de corrección de perjuicio económico, pues no hay acreditación de que la víctima tuviera ingresos por trabajo personal.

Aplicando la compensación de culpas en el 50%, como determinó el Juez de instancia, resultaría a favor de la apelante la cantidad de 10.069 €.

Cantidad que, en aras a obtener una íntegra reparación del daño, se verá incrementada por los intereses correspondientes desde la fecha de la reclamación administrativa.

En este sentido, se señala en STS de 28/4/09, citando sentencias anteriores, "en aras del principio de reparación integral viene considerando, junto con el abono de intereses (sentencia de 20 de octubre de 1997), como uno de los instrumentos adecuados para hacer efectivo el principio de indemnidad que subyace tras la institución de la responsabilidad extracontractual de la Administración la consideración de la obligación pecuniaria de resarcimiento como una deuda de valor, que lleva a fijar la cuantía de la deuda actualizada al momento de su determinación o fijación, y no al momento de producción del daño (sentencias de 15 de enero de 1992 y 24 de enero de 1997). Esta Sala a tal fin establece que la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo actualizada a la fecha de esta sentencia con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, con el límite máximo de lo reclamado por el recurrente".

Por otra parte tal criterio responde a las previsiones del art. 141.3 de la Ley 30/92, que refiere el cálculo de la indemnización al momento en que se produjo la lesión, actualizada a la fecha que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, es decir, al momento en que se fija la indemnización, con arreglo al índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y los intereses de demora en el pago, que es tanto como decir desde que se fija la indemnización. Lo que trasladado al supuesto de autos supone la actualización de la cantidad de 18.042,12 euros desde el momento en que se produjo la lesión, a cuyo efecto la parte señala la fecha de 30 de septiembre de 1991 -que no se discute de contrario y que se justifica en cuanto dicho mes de septiembre de 1991 se indica como final de la certificación acreditativa de los salarios que hubiera percibido en activo y que se recoge en la resolución expresa del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2007-, hasta que se fijó la indemnización por resolución expresa de 21 de diciembre de 2007, más los intereses legales desde esta última fecha hasta su efectivo pago el 22 de abril de 2008."

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso, exige tener en consideración el hecho de que no ha habido una determinación de daños por parte de la Administración demandada, que desestimó la reclamación, siendo en vía jurisdiccional donde se ha declarado la existencia de responsabilidad patrimonial y se determina la cuantía de la indemnización, con base en la prueba pericial practicada en el presente procedimiento, y aplicando el baremo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en cuyo Anexo se establece el Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Por tanto, las cantidades resultantes, habrán de incrementarse con los intereses legales resultantes desde la interposición de la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de la presente resolución, y después en los intereses correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106 de la LJCA.

Sexto.-Procede, en consecuencia con lo expuesto, la estimación parcial del presente recurso de apelación, en los términos expuestos.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede hacer imposición de costas, dada la estimación parcial del recurso de apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Cristina Velasco Echávarri, en nombre y representación de D.ª Rosa, contra Sentencia de fecha 30 de marzo de 2009, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1, en el recurso P.O. n.º 10/08, la cual revocamos, fijando la cuantía de la indemnización a percibir por la apelante en 10.069 €, más los intereses legales devengados desde la fecha de la reclamación. Y desestimamos la apelación en la adhesión que a la misma hizo la representación procesal de THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.

Sin hacer condena en las costas de la apelación.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se dejará testimonio en los autos principales para su devolución al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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