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Sentencia A.N. de 7 de julio de 2004


 RESUMEN:

IVA: Transmisión de inmuebles por subasta judicial mediante procedimiento sumario. Sujeción: Procede por las entregas de bienes en ejecución forzosa de un procedimiento judicial siempre que se cumplan el resto de los requisitos y ello en aplicación de lo establecido por la normativa del impuesto. Base imponible: Su determinación se debe efectuar conforme a las normas reguladoras del IVA porque es una transmisión sujeta a dicho impuesto.

Madrid, a siete de julio de dos mil cuatro.

Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sección Sexta de la Sala de lo

Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, y bajo el número 852/2001, se tramita, a

instancia de BUENA PARK SITGES, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Morales

Sitges, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 6 de junio de

2003, sobre IVA, y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por

el Sr. Abogado del Estado, siendo su cuantía 1.750.484,24 euros (291.256.070 pesetas).


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se interpone recurso contencioso administrativo por la representación procesal indicada, contra la resolución de referencia, mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2001, y la Sala, por providencia de fecha 20 de septiembre de 2001, acordó tener por interpuesto el recurso y ordenó la reclamación del expediente administrativo.

Segundo.-Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente, para que en el plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en su escrito de demanda consta literalmente.

Dentro del plazo legal, la Administración demandada formuló, a su vez, escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que, a tal fin, estimó oportuno.

Tercero.-Se recibió el recurso a prueba, con el resultado que obra en autos, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día 6 de julio de 2004.

Cuarto.-En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales, previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en las demás disposiciones concordantes y supletorias de la misma.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José M.ª del Riego Valledor.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución del TEAC, de fecha 6 de junio de 2001, que desestimó la reclamación económico administrativa interpuesta por la sociedad recurrente contra la liquidación derivada del acta de conformidad formalizada por la Inspección de Barcelona el 11 de marzo de 1999, en un asunto relativo al IVA.

Son antecedentes fácticos a tener presentes en esta sentencia:

1) El 11 de marzo de 1999 la Inspección de Tributos de la AEAT en Barcelona formalizó acta número70537306, con la conformidad del obligado tributario -la empresa hoy demandante en el presente recurso-, por el concepto tributario IVA, ejercicio 1994, de la que resulta una propuesta de regularización por importe de 291.256.070 pesetas (196.500.001 pesetas de cuota y 94.756.069 pesetas de intereses).

En el cuerpo del acta se explica que la empresa demandante se dedicaba a la promoción inmobiliaria y que, por auto judicial de 10 de enero de 1994, se procedió a la transmisión por subasta de una serie de fincas urbanas de su propiedad, en aplicación del procedimiento judicial sumario de ejecución previsto en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Considera la Inspección que tal transmisión es un hecho imponible sujeto al IVA y que la base imponible es de un importe de 1.310.000.007 pesetas, suma de las deudas garantizadas con hipoteca (1.310.000.007 pesetas) que fueron canceladas, más el importe del precio por el que fue aprobada la subasta (210.000.007 pesetas).

2) La sociedad demandante interpuso reclamación económico administrativa ante el TEAC, y emitido el Informe ampliatorio de la Inspección, el TEAC desestimó la reclamación en su Resolución, antes citada, de 6 de junio de 2001, que constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo.

Segundo.-La parte actora sostiene en su recurso que: a) la transmisión de inmuebles por el procedimiento judicial sumario del artículo 131 LH no es una operación sujeta al IVA, y b) la base imponible determinada por la inspección es errónea.

El Abogado del Estado contesta que la operación está sujeta al IVA y que para la determinación de su base imponible no pueden ser tenidas en consideración otras reglas que las propias de este Impuesto.

Tercero.-El hecho imponible del IVA, de acuerdo con el artículo 4.1 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del IVA (LIVA), está constituido por las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso y en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Debe tenerse presente que una sociedad mercantil como la recurrente se debe reputar "en todo caso" empresario, a los efectos del IVA, de acuerdo con el artículo 5.1.b) LIVA.

Según el artículo 8.1 LIVA se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. Enseguida hay que advertir que la transmisión del poder de disposición constitutiva de la entrega gravable en el IVA puede producirse por cualquier título jurídico, ya sea el más común de la compraventa, ya por otros, como la aportación o disolución societaria, y resolución legal, administrativa o jurisdiccional.

Así resulta con toda nitidez del artículo 8.2.3.º LIVA, que considera entrega de bienes sujeta al IVA la transmisión de bienes en virtud de una norma o una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa.

Cuarto.-Mantiene el recurrente que estamos ante una cuestión dudosa, y en apoyo de sus tesis a favor de la no sujeción al IVA de las adjudicaciones efectuadas en subasta judicial, recoge los argumentos del voto particular integrante de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de noviembre de 2000 (RJ 200\957).

Frente a tales argumentos se alza la realidad de que el Tribunal Supremo no los hizo suyos, sino que desestimó -sin entrar en el fondo- el recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y no acogió la doctrina legal que ahora invoca el recurrente.

Además, debemos tener en cuenta como nuevo argumento a favor de la consideración de las transmisiones en subasta judicial como entregas de bienes sujetas al IVA, la introducción de una nueva disposición adicional a la LIVA, efectuada por el artículo 5.10 de la ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Tras la modificación de la LIVA, que es posterior a la fecha del citado voto particular, la actual disposición adicional sexta señala que en los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para: 1.º) expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante, y 2.º) efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el apartado dos del artículo 20 de la ley.

En suma, a la vista de la disposición adicional sexta LIVA parece claro que deben considerarse sujetas al IVA las entregas de bienes realizadas como consecuencia de una ejecución forzosa en un procedimiento judicial, siempre que se den los demás requisitos para la sujeción, y también que el deudor ejecutado tiene en estas ejecuciones judiciales la condición de sujeto pasivo del Impuesto.

Y ninguna consecuencia tiene que la disposición adicional sexta haya sido incluida en la LIVA con posterioridad a los hechos examinados en este recurso, con un auto judicial de adjudicación de fecha 10 de enero de 1994, porque la reforma efectuada por la ley 14/2000 es claramente interpretativa del alcance de las disposiciones que regulan el hecho imponible en la LIVA, sin modificar en nada su contenido, de suerte que la única posible interpretación de la actual disposición adicional sexta es que el legislador ha querido confirmar la sujeción al IVA de las adjudicaciones efectuadas en procedimientos de ejecución judiciales que ya establecía el artículo 8.2.3 LIVA.

Quinto.-En cuanto a la determinación de la base imponible, tiene razón el Abogado del Estado cuando señala que si hemos llegado a la conclusión de que la transmisión está sujeta al IVA, resulta entonces evidente que la base imponible habrá de fijarse de acuerdo con las normas reguladoras del IVA, y no con arreglo a las disposiciones que regulan otros tributos y que invoca el demandante.

Es entonces de aplicación la regla del artículo 78.1 LIVA que, con carácter general, establece que la base del Impuesto está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo. A dicha regla general debe añadirse lo dispuesto por el artículo 78.2.7 que, en particular, ordena incluir en la base imponible el importe de las deudas asumidas por el destinatarios de las operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las mismas.

El precepto se refiere a los supuestos como el de autos, en los que la contraprestación no consiste únicamente en el pago de efectivo, sino en la asunción de una deuda de la sociedad recurrente, como ocurre en toda venta de inmuebles hipotecados, en la que el adquirente se subroga, como deudor, en sustitución del vendedor.

Sexto.-No se aprecian méritos que determinen un especial pronunciamiento sobre costas, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.


FALLAMOS


 
En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha decidido:

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de BUENA PARK SITGES, S.A., contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 6 de junio de 2001, que se declara ajustada a derecho en los extremos examinados.

Sin expresa imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, indicando si es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente en la misma, Iltmo. Sr. D. JOSE M.ª DEL RIEGO VALLEDOR, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; certifico.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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