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Sentencia A.N. de 31 de octubre de 2007


 RESUMEN:

IVA: Transmisión de inmuebles sometidos a ordenación urbanística. Cuestión prejudicial: No existe obligación por parte del Tribunal de su planteamiento puesto que contra la sentencia cabe recurso de casación. Concepto legal de empresario o profesional. Sujeción IVA: No procede porque la enajenación se produce antes de la urbanización de los terrenos por lo que los transmitentes no han adquirido la condición de empresarios a efectos del impuesto. Tributación por ITP.

Madrid, a treinta y uno de octubre de dos mil siete.

Visto el presente recurso contencioso administrativo número 631/2006 interpuesto ante esta

Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la

Procuradora doña Silvia Vázquez Senin, en nombre y representación de construcciones

Construcciones Tesafer S.A., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de

fecha 12 de julio de 2006, por la cual se desestima la reclamación económico administrativa,

interpuesta contra el acuerdo de liquidación dictado por el Jefe de la Oficina Técnica de la

Inspección de Tributos de la comunidad de Madrid de fecha 15 de marzo de 2004, derivado de las

actuaciones de comprobación que dieron lugar a la incoación por los servicios de Inspección del

Acta de disconformidad número 90214881, siendo parte la Administración General del Estado,

dirigida y representada por el Abogado del Estado; habiendo sido Ponente el señor don José Luis

López-Muñiz Goñi, Presidente de la Sección


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de Construcciones Tesafer S.A., en fecha 24 de julio de 2006 ante esta Sección.

Segundo.-Presentado el recurso se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello a la actora para que formalizara la demanda, la cual expuso los hechos invocó los fundamentos de derecho y terminó por suplicar que, previos los tramites legales pertinentes, se dicte sentencia por la que se anule la resolución recurrida y se declare la no sujeción al Impuesto de Transmisión Patrimonial Onerosa de la transmisión de la Finca por los vendedores.

Subsidiariamente en el caso de que se considere que la interpretación ofrecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del artículo 4.3 de la Sexta Directiva en su sentencia Belastungdienst no suministra todos los elementos necesarios para proceder a una correcta interpretación del artículo 5.uno.d) de la Ley 37/192 a la luz de dicho precepto de la Directiva que proceda a plantear ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas en virtud del artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea las cuestiones prejudiciales de interpretación: 1. Cuando según la legislación urbanística en vigor aplicable en un estado miembro se sabe con certeza que un determinado terreno no puede tener otro uso o utilización que no sea la futura edificación sobre el mismo,¿tiene dicho terreno la consideración de terreno edificable a los efectos de la letra b) del apartado 3 del artículo 4 y de la letra h) del apartado B) del artículo 13 de la Sexta Directiva ?

2. Para el caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa una norma nacional de transposición de la Sexta Directiva que haciendo uso de la facultad prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 4 considera empresarios a efectos del IVA entre otros, a quienes efectúen con carácter general la urbanización de terrenos, siquiera ocasionalmente, ¿puede interpretarse a la luz de la Directiva en el sentido de que se exige que hayan realizado alguna obra de transformación material de los terrenos aun cuando, de acuerdo con el Derecho urbanístico nacional de dicho Estado dichos terrenos no pueden ser destinados a otra cosa que no sea la edificación sobe ellos?

3. ¿Tendría alguna influencia en la respuesta anterior el hecho de que la exclusión de la tributación por el IVA llevara aparejada la sujeción a otro impuesto indirecto que, al no ser deducible, se trasladara en cascada a los largo de todo el proceso de edificación?.

Tercero.-Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada por ser ajustada a Derecho con imposición de costas a la recurrente.

Cuarto.-Se recibió el recurso a prueba y se practicó la que fue propuesta por las partes y admitida por la Sección con el resultado que obra en autos, quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 18 de octubre de 2007 en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se dirige el presente recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 12 de julio de 2006, por la cual se desestima la reclamación económico administrativa, interpuesta contra el acuerdo de liquidación dictado por el Jefe de la Oficina Técnica de la Inspección de Tributos de la comunidad de Madrid de fecha 15 de marzo de 2004, derivado de las actuaciones de comprobación que dieron lugar a la incoación por los servicios de Inspección del Acta de disconformidad número 90214881, que se basa en los siguientes hechos: Con fecha 27 de mayo de 1999 en escritura pública la sociedad Construcciones Tesafer S.A., adquiere una finca sita en Colmenar Viejo por el precio de 650.000.000 de pesetas, no haciendo constar en la misma que los vendedores tuvieran la condición de empresarios o profesionales no de urbanizadores de terreno declarando no obstante haber recibido el importe correspondiente al IVA por importe de 104.000.000 pesetas, EN esta escritura se manifiesta que esta presentado el proyecto de urbanización en el Ayuntamiento de Colmenar conforme al planeamiento anterior. Los vendedores emiten la factura haciendo constar la repercusión del mismo. Con fecha 21 de junio de 1999 presenta ante la Oficina Liquidadora autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales modalidad Actos Jurídicos Documentados.

Con fecha 9 de noviembre de 2001 la AEAT, comunica a la entidad Construcciones Tesafer S.A., el inicio de actuaciones de comprobación e investigación relativas al IVA por el período comprendido 4T/1997 a 4T/2000. En el curso de las actuaciones se requiere a cada uno de los vendedores para que aclaren y documenten datos relativos a la operación de compraventa de la finca referenciada, a lo que los mismos contestan con un escrito en el que manifiestan haber adquirido la finca por diferentes títulos hereditarios y que por indicación del Ayuntamiento suscribieron la parcelación del terreno, no habiendo realizado ninguna obra de urbanización también manifiestan que no han estado dados de alta en el IAE referente a la finca, ni incluida en ninguna actividad empresarial. No presentaron el Proyecto de Urbanización presentado al Ayuntamiento.

Con fecha 13 de diciembre de 2002 la AEAT, incoa acta a la entidad Construcciones Tesafer S.A., no admitiendo la deducibilidad de la cuota soportada al no tener los transmitentes la condición de empresarios o profesional en relación con la finca vendida tributando la misma como transmisión patrimonial onerosa sujeta a ITP y AJD.

Con fecha 21 de mayo de 2003, se inicia por la Comunidad de Madrid el procedimiento de inspección, ya que teniendo en cuenta los hechos expuestos procede liquidar ITP y AJD, porque la operación analizada no cumple las condiciones del artículo 4.1 de la Ley 37/1992, reguladora del IVA, que exige para que una venta esté sujeta al IVA, quien realiza la entrega del bien sea empresario profesional y actúe como tal entregando un bien perteneciente a su patrimonio empresarial o profesional.

Los argumentos de la parte actora se basan en los siguientes: Nulidad de la resolución recurrida por incorrecta interpretación del artículo 5.1.d) de la Ley del IVA, por estimar que la sujeción al IVA de la operación analizada en el caso de autos es la única alternativa compatible con los principios de neutralidad y generalidad vertical que inspiraron el establecimiento de este Impuesto. La interpretación de dicho precepto en atención a su contesto y antecedentes legislativos: la sujeción a IVA de la operación analizado en autos es la única alternativa compatible con los mandatos contenidos en la Sexta Directiva, tal y como ha sido interpretados por el TJCE. Interpretación de dicho precepto en atención a su relación con el artículo 20.uno.20 de la Ley del IVA y la interpretación del concepto promotor contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2004.

Segundo.-La primera cuestión que debe ser resuelta es la propuesta de planteamiento de la cuestión prejudicial formulada de manera subsidiaria para el supuesto en que no se admita la interpretación propuesta por la parte actora.

Al respecto debe tenerse presente que como dice al sentencia del Tribunal Supremo 25 de enero de 2003 "el citado artículo 177 a) del Tratado de Roma, basta recordar el contenido de su último párrafo, según el cual el deber de plantear la cuestión prejudicial corresponde al órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, posición institucional que ocupa en el caso enjuiciado este Tribunal de Casación, de modo que sería él quien debería, si procede, plantear las cuestiones prejudiciales propuestas.

Por su parte la sentencia de 10 julio 1999, establece que

Como declara la Sentencia de 20 de septiembre de 1996, el artículo 177 TCEE (LCEur 1986\8) incorpora un procedimiento de remisión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con un cierto paralelismo con los procesos incidentales de inconstitucionalidad de normas legales en los ordenamientos de justicia constitucional concentrada (art. 163 CE, por lo que a nosotros se refiere), y, en general, con las cuestiones prejudiciales devolutivas, que tiene como finalidades: garantizar la uniformidad del Derecho comunitario, favorecer su desarrollo y asegurar la estabilidad del Derecho derivado, proporcionando, incluso, a los particulares una protección efectiva de los derechos e intereses que les reconoce el ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea, pues si este Derecho comunitario no fuese interpretado de manera uniforme, se llegaría a decisiones contradictorias.

En síntesis, sustituido, según la propia doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el criterio de la separación por el de la cooperación al diseñar el reparto de las funciones jurisdiccionales entre el Juez comunitario y el Juez nacional (STJCE 11 de diciembre 1965, Schwarze, 16/1965), corresponde a éste la iniciativa de la remisión (SSTJCE de 16 junio de 1981, Salonia, 126/1980, y 6 de octubre de 1982, Cilfit, 283/1981) y decidir si es necesario para dictar su fallo que el TJCE se pronuncie prejudicialmente, con autoridad de cosa interpretada (STS de 3 de noviembre de 1993) sobre algún extremo del Derecho comunitario (pertinencia de la cuestión planteada). Así, pues, conforme al sistema resultante del artículo 177 TCEE, "el Juez nacional, que es el único que tiene un conocimiento de los hechos del asunto así como de los argumentos aducidos por las partes, y que deberá asumir la responsabilidad de la resolución judicial que haya de ser pronunciada, está mejor situado para apreciar, con pleno conocimiento de causa, la pertinencia de las cuestiones de Derecho suscitadas en el litigio de que conoce y la necesidad de una decisión prejudicial, para poder dictar su resolución" (STJCE de 29 de noviembre de 1978, Pigs Marketing Board, 83/1978).

Los párrafos 2 y 3 del citado artículo 177 TCEE distinguen la facultad de plantear cuestiones al Tribunal de Justicia, que corresponde a cualquier órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, y la obligatoriedad de plantear la cuestión y efectuar la remisión al Tribunal de Justicia cuando se trata del órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. En este caso, para garantizar la unidad y aplicabilidad del Derecho comunitario, teniendo en cuenta, además, el valor de jurisprudencia nacional que tienen las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional supremo, se impone la obligación de plantear, antes de decidir el litigio, la cuestión prejudicial. Ahora bien, ello no supone negar un margen de apreciación al Juez de última instancia o supremo Juez nacional para determinar la pertinencia o efectuar el juicio de relevancia para el planteamiento de las cuestiones prejudiciales en los términos que pasamos a señalar.

La valoración de la pertinencia de la cuestión prejudicial suscitada, que corresponde efectuar al Juez nacional, incluso, como se ha dicho, cuando culmina la instancia judicial interna, según deriva de la propia formulación del artículo 177 del Tratado que se refiere a "si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo", ha estado presidida, paradigmáticamente, por el criterio del acto claro. Sin embargo, aunque el TJCE, en un primer momento, pareció considerar que la obligación contenida en el artículo 177, apartado 3 TCEE, era absoluta, desde la Sentencia Cilfit (TJCE 6 octubre de 1982) ha precisado que existen dos hipótesis que dispensan al Juez de última instancia del reenvío: la primera es aquella en que exista jurisprudencia establecida del TJCE que resuelva el punto controvertido, cualquiera que sea la naturaleza de los procedimientos que hayan dado lugar a dicha jurisprudencia; la segunda cuando la aplicación correcta del Derecho comunitario se impone con una evidencia tal que no da lugar a ninguna duda razonable sobre la forma de resolver la cuestión o, en sus propias palabras, "la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la solución de la cuestión suscitada"; en tal caso, siempre que el órgano jurisdiccional nacional esté convencido de que "la misma evidencia se impondría igualmente a los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia", podrá abstenerse de someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

Tercero.-De la anterior doctrina se llega a la conclusión que no existe obligación por parte de este Tribunal a plantear la cuestión prejudicial, puesto que contra la sentencia que se dicte en este recurso, puede prepararse recurso de casación atendiendo a la cuantía del mismo, sin perjuicio de entender que nos hallamos ante un supuesto de acto claro, a la vista de la interpretación dada por la doctrina del Tribunal Supremo a estas cuestiones.

Cuarto.-Entrando a conocer del fondo del presente recurso, la cuestión no es otra que determinar si el contrato de compraventa de fecha 27 de mayo de 1999, por los propietarios de la finca vendida a la hoy actora, se encuentra sujetas al IVA como postula la parte recurrente, o por el contrario, como sostiene el Abogado del Estado, y nos encontramos ante una transmisión sujeta a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Ha de tenerse en cuenta que, debido al carácter residual y subsidiario del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, para saber si una determinada operación se encuentra gravada efectivamente o no por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas es imprescindible comenzar siempre el análisis examinando si la operación está o no sujeta al IVA.

Partiendo de lo anterior, para resolver esta primera cuestión planteada hay que tener en cuenta que la normativa aplicable está constituida esencialmente por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que señala en el artículo " 18.1. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidaran sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el art. 27 respecto al gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados.

Lo dispuesto anteriormente será aplicable cuando se renuncie a la aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a lo previsto en este Impuesto.

2. Si a pesar de lo dispuesto en el numero anterior se efectuara la autoliquidación por la modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ello no eximirá en ningún caso a los sujetos pasivos sometidos al Impuesto sobre el Valor Añadido, de sus obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio del derecho a la devolución de los ingresos indebidos a que hubiese lugar, en su caso, por la referida modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas"..

Por su parte, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre -vigente al otorgarse la escritura pública liquidada que es cuando se produjo la entrega del bien, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1462 del Código Civil y consecuentemente el hecho imponible- aparte de señalar en su artículo 4 Cuatro que las operaciones sujetas a este impuesto no estarán sujetas al concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, delimita en el citado artículo el hecho imponible considerando sujetas a IVA, en concreto, " Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual y ocasional, en desarrollo de su actividad empresarial o profesional...".

Se hace preciso, por tanto, delimitar en primer lugar los conceptos de "empresario" y "profesional" así como de "actividad empresarial.

El art. 5 establece "Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se reputarán empresarios o profesionales:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, en todo caso.

c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.

d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.

Tres. Se presumirá el ejercicio de actividades empresariales o profesionales:

a) En los supuestos a que se refiere el art. 3 C. Com.

b) Cuando para la realización de las operaciones definidas en el art. 4 de esta ley se exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas."

De lo expuesto se deriva que para la sujeción al IVA, han de darse los siguientes requisitos:

a) Que las operaciones se realicen por empresario o profesional.

b) Que las realice con carácter habitual o ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

c) Que tales actividades puedan clasificarse de empresariales o profesionales.

En resumen, la regla general es que las actividades empresariales o profesionales hayan de realizarse con habitualidad. Sin embargo, y como excepción, el propio art. 5.1 d)."Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente".

Por consiguiente, de la literalidad del precepto se deduce, que a diferencia de lo que ocurre en la regla general, en la que la nota de habitualidad califica subjetivamente al empresario o profesional, en el supuesto del art. 5.1 d) la calificación de empresario no depende de la habitualidad, sino de la nota objetiva consistente en la realización de determinadas operaciones, y entre ellas, la urbanización, la promoción y construcción de edificaciones para su venta, aunque se realicen ocasionalmente.

La razón de ser de este precepto radica en que el mero hecho de que se proceda a la urbanización de un terreno dota al suelo de un valor añadido. La propiedad del suelo no comprende en sí misma el derecho a la edificación, sino que para que este derecho entre en la esfera jurídica del propietario han de realizarse una serie de actuaciones urbanísticas.

Quinto.-Dicho esto ha de analizarse el caso concreto planteado, para lo que debe tenerse en cuenta que los vendedores habían adquirido la finca resultante y transmitida por diversos títulos hereditarios, y que por sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de abril de 1991, había declarado que dicha finca reunía los requisitos necesarios para estimarse como urbana, manteniendo dichos propietarios una postura activa en la ejecución de dicha sentencia, a cuyo fin negocian con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y logran una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio, en el año 1994, por lo que se recoge la ordenación urbanística de dicha finca, de conformidad con los acuerdos sucritos entre los vendedores y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo para la ejecución de dicha sentencia.

En el año 1995 los vendedores formulan un Proyecto de Compensación que fue aprobado en fecha 11 de mayo de 1995, se produce la sustitución de la finca inicial por las fincas de reemplazo y se encarga la redacción del proyecto de urbanización.

En el año 1998 se firma un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los vendedores y en fecha 15 de enero de 1999 la Comisión de Urbanismo de Madrid aprueba definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de Colmenar Viejo promovida por los vendedores y se publica en el B.O. de la Comunidad de Madrid.

En fecha 14 de diciembre de 1998 se firma un contrato de arras entre los vendedores y la entidad recurrente, en la que se entregan 65.000.000 pesetas en tal concepto con el compromiso de compra de dicha finca en el plazo de noventa días siguientes a la publicación el B.O.C.M. de la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU, y en ejecución de dicho acuerdo se firma la escritura pública de venta de fecha 27 de mayo de 1999.

Sexto.-Como recoge el TEAC en su resolución, se requiere a cada uno de los vendedores para que aclaren y documenten datos relativos a la operación de compraventa de la finca referenciada, a lo que los mismos contestan con un escrito en el que manifiestan haber adquirido la finca por diferentes títulos hereditarios y que por indicación del Ayuntamiento suscribieron la parcelación del terreno, no habiendo realizado ninguna obra de urbanización también manifiestan que no han estado dados de alta en el IAE referente a la finca, ni incluida en ninguna actividad empresarial. No presentaron el Proyecto de Urbanización presentado al Ayuntamiento.

Es decir que se transmitió la finca antes de que se iniciase el proceso urbanizatorio, lo que tiene trascendencia, pues como señala la resolución de la Dirección General de Tributos en la Consulta 953/03 de 8 de julio, cuyas consideraciones compartimos en lo aquí debatido, la venta de parcelas aportadas por particulares a una Junta de Compensación de carácter fiduciario, realizada por sus propietarios antes de iniciarse la urbanización de los terrenos, no estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, ya que los aportantes todavía no han adquirido la condición de empresarios a los efectos de dicho impuesto, estando dicha venta sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Ténganse en cuenta que conforme a lo manifestado en la escritura de venta de fecha 27 de mayo de 1999, los vendedores no hacen constar que tuvieran la condición de empresarios o profesionales ni de urbanizadores del terreno, y por tanto, la enajenación que nos ocupa no está incluida en el ámbito del hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, estando por tanto sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Transmisiones Onerosas."

Y este mismo criterio se recoge en la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de noviembre de 2006, de la que ha sido Ponente D.ª M.ª Asunción Salvo Tambo y en la que se concluye que:

"En definitiva en esta interpretación generalizada la expresión "en curso de urbanización" se adopta como premisa que la finalidad del IVA es someter a gravamen la generación de valor añadido que tiene lugar en la producción de bienes y servicios, entendiendo que, cuando lo producido es suelo edificable, esta creación de valor añadido comienza con la preparación material del suelo para la producción de las edificaciones, que es cuando se aporta propiamente un valor que no existía, distinguiéndose así entre el tráfico del suelo sin transformación industrial alguna, prescindiendo de las transformaciones ideales que hubiera podido experimentar por efecto del mero planeamiento urbanístico, del tráfico de suelo convertido por la acción del hombre en una superficie susceptible de aprovechamiento constructivo.

De ahí que el IVA no deba gravar operaciones realizadas en fases anteriores al proceso de edificación que comienza con las obras materiales de urbanización. Y es esta fundamental circunstancia de haberse iniciado las obras de urbanización con anterioridad a la fecha de venta de las respectivas parcelas (las escrituras públicas fueron otorgadas el 19 de octubre y el 6 de noviembre de 1998) tal y como consta en el expediente administrativo y el propio Ayuntamiento no deja de reconocer, con independencia de cuando se hubiese girado las facturas correspondientes; lo que en definitiva, conlleva la improcedencia también de la exención pretendida."

Séptimo.-Por lo que cabe concluir de lo que resulta de autos, que en el presente caso la transmisión realizada por los propietarios aunque hubieran realizado gestiones para lograr la calificación como suelo urbano de la finca enajenada, se efectuó antes de iniciarse la urbanización de los terrenos, como manifiestan los propios vendedores a requerimiento de la AEAT

Procediendo por todo lo expuesto, la integra desestimación del recurso con la consiguiente confirmación de la resolución impugnada.

No se aprecian causas o motivos que justifiquen una especial imposición de costas, de conformidad con el art. 139.1 de la Ley 29/98 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación


FALLO


 
DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo número 631/2006 interpuesto ante esta Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la Procuradora doña Silvia Vázquez Senin, en nombre y representación de construcciones Construcciones Tesafer S.A., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 12 de julio de 2006, por la cual se desestima la reclamación económico administrativa, interpuesta contra el acuerdo de liquidación dictado por el Jefe de la Oficina Técnica de la Inspección de Tributos de la comunidad de Madrid de fecha 15 de marzo de 2004, derivado de las actuaciones de comprobación que dieron lugar a la incoación por los servicios de Inspección del Acta de disconformidad número 90214881, por ser conformes a derecho o rlo que se confirman en todas sus partes

No se hace expresa imposición en cuanto al pago de las costas

Contra esta resolución puede preparase recurso de casación ante esta Sección en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de su notificación y para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia testimonio de la cual se unirá al expediente de su razón, que se devolverá al órgano de procedencia una vez sea firme lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el sr. Magistrado-Ponente de la misma estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico,


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