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Sentencia T.S.J. Andalucía 667/2007 de 21 de diciembre


 RESUMEN:

IVA: Servicios prestados por los Registradores de la propiedad en la gestión del ITP e ISD. Allanamiento a la demanda por la Administración del Estado: No existe manifiesta infracción del ordenamiento jurídico. Encomienda de gestión tributaria: Análisis de las funciones de gestión y liquidación de impuestos ejercidas por los Registradores de la propiedad. No sujeción IVA: Por estos servicios prestados por los Registradores de la Propiedad porque se efectúan en régimen de dependencia y derivan de relaciones administrativas. Tesis asumida por el TS en recurso de casación en interés de ley. Estimación por allanamiento.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

RECURSO NUMERO 1196/2004

SENTENCIA NÚM. 667 DE 2.007

Ilmo. Sr. Presidente:

Don José Antonio Santandreu Montero

Iltmos. Sres. Magistrados

Don Federico Lázaro Guil

Don Rafael Toledano Cantero

______________________________________

En la ciudad de Granada, a veintiuno de diciembre de dos mil siete. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 1196/2004, seguido a instancia de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, que comparece representada y defendida por el Letrado adscrito a sus Servicios Jurídicos, siendo parte demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA, en cuya representación y defensa interviene el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 1723,24 euros


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la actuación administrativa que se detalla en el primer fundamento jurídico de esta resolución, se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada.

Segundo.-En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia en la que estimando el recurso, se revoque y anule la resolución del TEARA aquí impugnada.

Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada, representada por el Sr. Abogado del Estado se allanó a la demanda quedando los autos pendientes para dictar la resolución procedente,

Cuarto.-Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso, actuando como Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don José Antonio Santandreu Montero.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El recurso se dirige contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, de fecha 25 de marzo de 2004, dictada en el expediente número 23/1726/02, por la que se desestima la reclamación económico administrativa interpuesta por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía contra los actos de repercusión tributaria del IVA practicados por la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Martos (Jaén) por la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del mes de septiembre de 2.002, por importe de 1.723,24 euros.

En dicha resolución, el TEARA justifica el sentido de su fallo en la nota de prevalencia del criterio orgánico sobre el funcional, de tal modo que al no hallarse integrada la Oficina Liquidadora en la estructura orgánica de la Comunidad Autónoma y actuar con plena independencia, concluye que no se puede considerar la actividad desarrollada en la gestión de los mencionados impuestos, como no sujeta al IVA.

Segundo.-Aunque el allanamiento de la Administración no obliga al Tribunal a dictar una sentencia necesariamente vinculada a las pretensiones de la parte actora, -ya que conforme al art. 75.2 de la L.J.C.A., el Tribunal debe dictar la sentencia que estime ajustada a derecho, cuando apreciare que el mismo supusiere una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico- sin embargo tal conducta puede ser interpretada como una situación de conformidad con los hechos alegados por la demandante (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1.993 y de 2 de mayo de 1.993) determinante, por regla general, de la resolución del litigio.

En el presente caso, tal situación de manifiesta infracción del ordenamiento jurídico derivable del acto de allanamiento de la Administración demandada no se aprecia por la Sala, y ello en la medida en que las razones que lo fundamentan vienen a coincidir, en esencia, con el criterio sostenido por esta Sala en la sentencia de fecha 9 de junio de 2003, dictada en el recurso n1 3094/97, en la que, en lo que aquí interesa, se dijo:" La función liquidadora, distinta y ajena a la propia y específica de los Registradores -la calificación y la inscripción registral- es una función administrativa y en cuanto tal, implica el ejercicio de una potestad que se materializa o da lugar a un acto administrativo susceptible de impugnación, que no es otro que el acto de liquidación que concreta la deuda a satisfacer por el sujeto pasivo.

En el ejercicio de esa función típicamente administrativa que se reconoce y Aencomienda@ a los Registradores de la Propiedad como liquidadores de las Oficinas de Distrito Hipotecario, sus actuaciones quedan bajo el control de la Administración que lleva a cabo las oportunas inspecciones, les dirige instrucciones y circulares que en el ámbito de esa actividad son de marcado carácter obligatorio, por lo que dichas inspecciones sobrepasan, en buena medida, lo que podría estimarse como un simple control formal de tales Oficinas, dandose la circunstancia añadida de que las cantidades percibidas por los Registradores en el ejercicio de esta encomienda de gestión tributaria no tienen el carácter de una retribución, dado que la razón contractual que les une con la Administración autonómica no guarda el carácter de un contrato administrativo, sino de un convenio entre cuyas cláusulas se establecen las compensaciones e indemnizaciones a percibir por los Registradores como consecuencia del desarrollo de las actuaciones referidas a la revisión de las declaraciones y autoliquidaciones por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que terminan en el dictado de una acto de liquidación, típicamente administrativo, de modo que el ejercicio de las competencias de gestión y liquidación por parte de los Registradores de la Propiedad, les viene dado, directamente, por el ordenamiento jurídico y por el juego de las técnicas establecidas por éste para alterar el régimen de ejercicio de la competencia, lo que distancia y distingue absolutamente el ejercicio de tales actuaciones del régimen que fuera atribuido, por ejemplo, a los recaudadores de los tributos -figura que es atraída en la resolución administrativa que se combate- ya que su relación con la Administración es de naturaleza contractual y los actos de recaudación son de carácter puramente material, a diferencia de los producidos por los Liquidadores, con sustancia íntegramente jurídico-administrativa imposibles de ser producidos de ese modo, si no fuera porque en el ejercicio de dichas funciones, los Registradores, no tuviesen la cualidad de auténticos órganos administrativos integrados en la Administración de la que dependen y de la que deriva el ejercicio de la referida competencia que es modulada por el delegante, lo que significa su vinculación a los centros directivos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma.

En este orden de consideraciones, es interesante reproducir lo señalado en el artículo 11, tanto del Decreto 316/1987, de 23 de diciembre, como en el Decreto 247/1991, de 23 de diciembre, ambos, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, por los que se atribuyen a los Registradores de la Propiedad competencias en materia de gestión y liquidación, respectivamente, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando literalmente, dicen: ALa gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, afirma el Decreto 247/1991 -, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, estarán a cargo del Servicio de Gestión de Ingresos Públicos en las capitales de provincia y poblaciones en que exista Delegación u Oficina de la Consejería de Economía y Hacienda, y de los Registradores de la Propiedad en los demás Distritos Hipotecarios, dependiendo estos últimos funcionarios así como sus sustitutos y demás personal que integre la Oficina Liquidadora, directamente, en todo lo que a la gestión y liquidación del Impuesto se refiere, del Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos Públicos y del Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente, del Director General de Tributos e Inspección Tributaria y del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias específicas de otros Órganos de la Consejería@.

Los términos de las disposiciones reglamentarias indicadas son claros y precisan de poca interpretación; de ellos cabe deducir que, en el ejercicio de las funciones de gestión y liquidación de los Impuestos cedidos de referencia, los Registradores de la Propiedad actúan por encomienda de la Consejería de Economía y Hacienda y en relación de dependencia plena de quienes tienen asumidas funciones orgánicas de dirección. Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.51 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando declara como operaciones no sujetas al tributo Alos servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas....@ no podemos sino llegar a la conclusión de que los servicios prestados por los Registradores de la Propiedad para la gestión y liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, están no sujetos a gravamen en el Impuesto sobre el Valor Añadido por tratarse de servicios prestados en régimen de dependencia y derivados de relaciones administrativas.";

A ello hay que añadir - y esto es sin duda el argumento que ha inclinado a la Administración a formular su allanamiento -, que la tesis de la no sujeción al IVA de los servicios prestados por los Registros de la Propiedad en la gestión de los impuestos referidos, ha sido asumida por el Tribunal Supremo en recurso de casación en interés de la Ley, en sentencia de fecha 12 de julio de 2003, expresamente citada en la resolución del Ministerio de Justicia que autorizó el allanamiento.

Tercero.-Conforme al art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa no procede hacer expresa imposición de costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente


FALLO


 
1.-Estima, por allanamiento, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Junta de Andalucía, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, de fecha 25 de marzo de 2004, dictada en el expediente número 23/1726/02, por la que se desestima la reclamación económico administrativa interpuesta por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía contra los actos de repercusión tributaria del IVA practicados por la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Martos (Jaén) por la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del mes de septiembre de 2.002, por importe de 1.723,24 euros, y, en consecuencia, se anulan los actos impugnados por ser contrarios a derecho.

2.- No hace especial pronunciamiento sobre el pago de las costas causadas en esta instancia.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo al lugar de procedencia de este.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la sentencia es firme, pues contra la misma no cabe interponer recurso alguno, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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