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Sentencia T.S.J. Cataluña 302/2002 de 9 de abril


 RESUMEN:

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: Subasta judicial. Hecho imponible: Transmisión de un inmueble a una Caja de Ahorros por auto judicial de adjudicación. Impuesto sobre el Valor Añadido: Supuesto de sujeción, al acreditarse que se está ante una primera transmisión del deudor ejecutado en el ámbito de su actividad empresarial. Voto particular.

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Recurso n° 478/97

Partes: CAIXA DZESTALVIS I PENSIONS C/ TEARC y DEPARTAMENT DZECONOMIA I

FINANCES

Objeto: Resolución de fecha 11/12/1996 en reclamación 17/437/96-ITP-Subasta judicial

SENTENCIA N°302/2002

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

D.ª MARIA LUISA PÉREZ BORRAT

MAGISTRADOS

D.ª CONCEPCIÓN ALDAMA BAQUEDANO

D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVÁS

En la ciudad de Barcelona, a nueve de abril de dos mil dos.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA) constituida como figura al margen para la resolución del presente recurso contencioso-administrativo núm. 478/97, interpuesto por CAIXA DZESTALVIS I PENSIONS, representada por el Procurador D. Francisco Lucas Rubio y defendida por el Letrado D. Francesc Torres y Vallespi contra la citada resolución administrativa, actuando en nombre y representación de las Administraciones demandadas TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUNYA y el DEPARTAMENT DZECONOMIA I FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, el Abogado del Estado y el Letrado de la Generalitat, respectivamente, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M EL REY la siguiente sentencia, habiéndose encargado de la redacción de esta sentencia la Ilma. Sra. D.ª MARIA LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la mayoría de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Procurador citado, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la Resolución de fecha 11 de diciembre de 1996 en reclamación económico administrativa contra liquidación girada por la Oficina Gestora de la Administración Autonómica, en concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dictada por TEARC.

Segundo.-Admitido el recurso interpuesto, se le dio trámite conforme a la LJCA de 1.956, con aplicación de las normas del procedimiento ordinario dada la materia litigiosa, de cuantía 2.218.500 ptas.

Tercero.-Hechos los emplazamientos pertinentes y recibido el correspondiente expediente administrativo, las partes por su orden, formularon escritos de demanda y contestación, suplicando, respectivamente, la anulación del acto impugnado y la desestimación del recurso, en los términos que aparecen en dichos escritos.

Cuarto.-Por auto del Tribunal se acordó recibir el presente pleito a prueba, a solicitud de la parte actora, practicándose la prueba documental por ella instada, con el resultado que obra en autos.

Quinto.-Declarada conclusa la fase precedente, se evacuó por ambas partes escrito de conclusiones, ratificándose en sus respectivas pretensiones, conforme obra en autos. Recibida con posterioridad la prueba documental pública interesada en período probatorio, dilación no imputable a las partes, el Tribunal acordó unirla a los autos y dar vista a las partes. La parte actora y la Administración autonómica evacuaron dicho traslado con el resultado que es de ver en los autos.

Sexto.-Por providencia de fecha de 20 de diciembre de 2001, se señaló para votación y Fallo de este recurso el día 31/01/02, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes. No habiéndose conformado la Ilma. Sra. D.ª CONCEPCIÓN ALDAMA BAQUEDANO con la decisión de la mayoría, declinó la redacción de esta sentencia y anunció la formulación de voto particular disidente por lo que al amparo del artículo 206.2 de la LOPJ quedó encomendada la redacción a la Ilma. Sra. D.ª MARIA LUISA PÉREZ BORRAT.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La resolución del TEARC aquí recurrida de fecha 11 de diciembre de 1996 desestima la reclamación económico-administrativa núm. 17/437/96 formulada por la actora contra el acuerdo de la oficina liquidadora de Sant Feliu de Guixols (Gerona) por el concepto de ITP-AJD (expediente núm. 520/95) por el que se liquida al 6% del valor declarado, en concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, atendido que considera hecho imponible sujeto la transmisión del inmueble a la parte demandante por auto judicial de adjudicación. Dicha resolución entiende que tal transmisión no está sujeta al IVA (sí al ITP-AJD) por no acreditarse que estemos ante una primera transmisión del deudor ejecutado (la Sociedad "SAVI SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA"), en el ámbito de su actividad empresarial (anterior titular registral del bien). Por el contrario la aquí actora, que presentó la correspondiente declaración por IVA, entiende que tal transmisión no debe tributar por ITP-AJD contra lo que entendió la citada Oficina Gestora del Tributo y el propio TEARC.

Segundo.-Para una adecuada resolución de la controversia hemos de partir de que tanto de la prueba que obra en el expediente como de la certificación registral aportada a los autos resulta perfectamente acreditada que la finca objeto de este proceso fue objeto de una única transmisión, la cual operó por auto de adjudicación en virtud de la ejecución por la entidad de crédito aquí demandante al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, es decir, al incumplir la deudora las obligaciones derivadas del contrato préstamo garantizado por hipoteca inmobiliaria.

En efecto, dicha certificación cuya unión a los autos fue acordada por el Tribunal por providencia de 30 de abril de 1999, después del trámite de conclusiones al recibirse con posterioridad y no ser imputable el retraso a ninguna de las partes, nos dice literalmente que "...la última inscripción vigente de dominio de las fincas descritas en dicho mandamiento, es la 1.ª, de cada una de las fincas NUM000; NUM001; NUM002; NUM003 y NUM004 a los folios NUM005, NUM006, NUM007, NUM008 y NUM009 respectivamente, del tomo NUM010 del Archivo-libro NUM011 de San Feliu de Guixols...". Esta prueba debe ponerse en relación con la que figuraba en el expediente seguido ante la Oficina de gestión y a la que más adelante haremos una breve referencia, siendo significativo resaltar que la documental pública (testimonio de los folios registrales) que obraba en dicho expediente de gestión no pudo ser tenida en cuenta por el TEAR al dictar su resolución por no haberle sido remitido completo el expediente por la Oficina gestora durante la tramitación de la reclamación económico-administrativa (y pese a las peticiones de la parte reclamante). La no remisión de todo el expediente por la Oficina gestora fue la circunstancia determinante de que la resolución fuera desestimatoria y que se fundamentó en la falta de prueba.

En sede jurisdiccional la parte actora puso de manifiesto esta circunstancia e interesó que se completara el expediente, petición a la que accedió el Tribunal, por lo que fue remitido finalmente el expediente completo por la Administración autonómica.

Como quiera que el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales de bienes y que sus asientos producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en las leyes (art. 1° de la Ley Hipotecaria), al ser el soporte en el que se inscribirán los títulos traslativos o declarativos de dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos y, quedando constatado en el Registro que la Empresa constructora adquirió el inmueble y que construyó a su costa una obra nueva que declaró, gravando además la finca en garantía de un préstamo, así como certificando el Registrador, tal como ha quedado literalmente transcrito más arriba, que esta inscripción de dominio era la única y vigente, está claro que la transmisión operada en virtud de auto de adjudicación por impago del préstamo garantizado con hipoteca, a favor del acreedor hipotecario es una primera transmisión.

Tercero.-Hemos dicho en nuestras sentencias de 21 de noviembre de 2001, en recursos 479/97 y 480/97 seguidos entre las mismas partes que: "La aquí actora alega que esta operación está sujeta al IVA y no al ITP-AJD (aquél excluye éste y viceversa sobre la misma operación, como es sabido), en cuanto que se trata de primera transmisión de la finca, realizada en el ámbito de su actividad empresarial (promoción y venta inmobiliaria, como se señaló), no siendo obstáculo a ello el que se realice en virtud de resolución judicial que no transmite " per se ", sino en ejecución de la deuda existente.

La representación y defensa de los codemandados, al igual que el TEARC sostienen que la operación está sujeta al ITP por lo ya expuesto (falta de acreditación de la 1.ª transmisión de bienes objeto de la actividad empresarial, alegado en su favor STS de 10-3-94 (c refAr 1925).

La citada sentencia de 10-3-94, en un supuesto de subasta judicial con cesión del remate en la ejecución de una hipoteca (cual aquí sucede), señala que tal operación o transmisión no está sujeta al IVA (en la legislación precedente a la actual), en cuanto que tal impuesto indirecto grava las entregas de bienes realizados por empresarios "en el desarrollo de su actividad empresarial". Aunque la entrega en subasta judicial se entendiese hecha por el deudor habría de llevarse a cabo en el desarrollo de tal actividad empresarial, condición, dice la citada sentencia literalmente " que no puede atribuirse a la venta en pública subasta de bienes del propio empresario como consecuencia de las deudas, garantizadas con hipoteca, que haya asumido".

Añade dicha sentencia del TS que, a mayor abundamiento, la anterior legislación del IVA exigía en estos casos (art. 8.22, último párrafo de la Ley de 1985 del Impuesto) que se tratase de la "primera" transmisión de la finca".".

Cuarto.-Hemos visto que del examen de los autos resulta que la parte recurrente aportó el auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1.ª Instancia por el que se aprobaba el remate y se adjudicaba a la recurrente determinado inmueble propiedad de su deudor hipotecario. También se aporta, en prueba, certificación registral acreditativa de que tal transmisión en vía judicial fue la primera de las fincas de que se trata, tras la división horizontal de la finca matriz. Y también consta en el expediente de gestión testimonio de las inscripciones NUM000; NUM001; NUM002; NUM003 y NUM004, conforme a las que la Entidad "SAVI SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA", era la dueña del inmueble matriz, por títulos de agrupación y declaración de obra nueva, según su inscripción 1.ª, entidad que a su vez lo dividió horizontalmente en finca independiente, mediante escritura pública de división el propiedad horizontal constituyéndose asimismo las hipotecas en garantía de préstamo cuya ejecución ante el impago de la deuda comportó la adjudicación a la acreedora aquí demandante.

Por tanto, debemos partir del material fáctico antes indicado, para dirimir si la transmisión está o no sujeta al ámbito del Impuesto del Valor Añadido.

Quinto.-Seguíamos diciendo en nuestras sentencias arriba indicadas, que siguen la doctrina en otras anteriores cuya cita es innecesaria, que "La cuestión objeto de controversia, es decir, si la subasta como entrega de bienes en el ámbito de la actividad del promotor-deudor ha de ser sujeta al IVA, es objeto de análisis detallado en la sentencia del TSJ de Baleares de 2 de julio de 1999 reiterando doctrina de dicha Sala, indicando que "la discusión no es tanto de si la transmisión está o no exenta de IVA, como de si está o no sujeta a dicho impuesto".

El art° 4 de la Ley 37/1992 sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido dispone." Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional".

En nuestro caso y por lo arriba explicado, parece claro que nos encontramos con una entrega de bienes realizada por empresario a título oneroso; la duda radica en si se puede entender que la venta en subasta que deriva de un proceso de ejecución de deudas puede entenderse como venta "en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional".

Sin desconocer que la citada STS de 10-3-1994 interpreta que a la venta en pública subasta de bienes del propio empresario a consecuencia de las deudas, no puede atribuírsele la condición de venta en el desarrollo de la actividad empresarial, no es menos cierto que, dice tal sentencia, no se ha hallado otra sentencia que se pronuncie en los mismos términos, por lo que falta el requisito de la reiteración para que pueda hablarse de jurisprudencia. Además dicha Sentencia se refiere a bienes del propio empresario para liquidar deudas de la Empresa (como se subrayó antes), lo cual es distinto al caso presente (se trata de bienes de la empresa destinados a su objeto social). No se trata de eludir la interpretación del T.S. en base a un cambio de legislación aplicable (en aquel caso era una transmisión realizada en 1986, antes de al vigente Ley 37/92) por cuanto debe reconocerse que, para el caso, la redacción de los preceptos implicados es prácticamente idéntica.

Dicho criterio también se sostiene por la Audiencia Nacional en sentencia de 31-10-00 (Rec 728/2000) y asimismo es el criterio de esta Sala (sentencias de 29-3-01 y 11-7-01, entre otras).

Además la tesis del TSJ de Baleares resultaría avalada, " prima facie", por la reciente STS de 20- 11-2000 (Sección 2.ª, Sala 3.ª- Ref. El Derecho 2000/47401), que confirma sentencia de dicho TSJ de Baleares sobre este mismo fondo litigioso, al resolver recurso de casación en interés de Ley, interpuesto por la representación procesal del Ejecutivo autonómico balear, si bien ha de significarse que, al desestimar tal extraordinario recurso, señala que ello se debe a "las características y en cierto modo la ambigüedad y falta de concreción de la doctrina legal propuesta por la recurrente", existiendo, no obstante, voto particular en contra del propio Ponente, sosteniendo la tesis impugnatoria de tal Ejecutivo autonómico.".

Sexto.-Y, continuábamos diciendo que: "En todo caso, si se entendiese que la intermediación judicial priva a la venta de su condición de transmisión realizada en el desarrollo de actividad empresarial, quedaría vacío de contenido (parece) el art. 8 dos 3° de la Ley 37/92, que a la hora de definir el concepto de "entrega de bienes" a efectos de la sujeción al IVA, indica que también se considerarán entregas de bienes:

"3°) Las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa ". Pues bien, si conforme a la tesis de la parte demandante, la entrega de bienes por subasta judicial no está sujeta al impuesto porque la intervención judicial desnaturaliza el requisito de que se efectúe en el desarrollo de la actividad empresarial, cabe preguntarse en qué supuestos se aplicaría el art. 8 dos 3° de la Ley, ya que en tales casos de transmisiones en virtud de resoluciones administrativas o judiciales, nunca habría acto propio de actividad empresarial, haciendo inaplicable dicho precepto.

Por ello, debe entenderse que la actividad empresarial (en este caso de promotor inmobiliario) está integrada tanto por la típica venta voluntaria de pisos para obtener la rentabilidad propia de este negocio, como por la venta forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas derivadas de esta misma actividad empresarial, ya que esta actividad no se limita a la transmisión voluntaria, debe soportarse la enajenación forzosa del patrimonio, por lo que ventas "voluntarias" y ventas "forzosas", no son sino las dos caras de la misma actividad empresarial.

En el mismo sentido se pronuncia el TEARC en la resolución impugnada, si bien entiende no acreditado que se trate de una primera transmisión. También la D. G. de Tributos, en varias consultas que cita la actora, se pronuncia en tal sentido.".

Séptimo.-En cuanto a la no aplicación de la exención en el supuesto contemplado en art. 20.1.22 de la Ley del IVA, que en su parte final equipara a las primeras transmisiones -y por consiguiente sujeta la transmisión al IVA- la segunda o ulterior transmisión realizada por el promotor siempre que tenga lugar una vez terminada la edificación o rehabilitación y antes de la utilización ininterrumpida por un plazo de dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o de la cesión de la edificación por el mismo plazo en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, este Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que no cabe equiparar la "utilización ininterrumpida" a la simple posesión que ostenta el vendedor en espera de que se presente un comprador -lo cual equivaldría a gravar la falta de actividad empresarial por no poder realizar los bienes derivada de circunstancias varias pero ajenas a la voluntad del empresario (por ejemplo: descenso de la demanda por circunstancias económicas adversas o coyunturales del mercado etc.)- sino que el precepto lo que exige es una efectiva utilización ininterrumpida -durante el plazo marcado por la Ley, es decir, dos años- por el propietario o por el titular de un derecho real de goce o disfrute o por la cesión de la edificación por el mismo plazo en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra tal como se ha examinado en las sentencias arriba citadas así como la sentencia de 31.10.2000 de la Audiencia Nacional (Rec. 728/00).

Finalmente, señalar de nuevo que la aplicación de éste precepto exige un primer presupuesto: que estemos ante una segunda o ulterior transmisión requisito que, como se ha dicho, no concurre en este caso a la vista de la documental pública debidamente valorada y a la que nos hemos referido más arriba que patentiza que estamos en el ámbito de aplicación del Impuesto del Valor Añadido, al tratarse de una primera entrega de bienes que tiene carácter empresarial, por lo que se halla sujeta al ámbito de éste Impuesto y ha de comportar la estimación del recurso.

Octavo.-No obstante la estimación del recurso no procede hacer imposición de costas, conforme al art. 131.1 LJCA, al no apreciarse temeridad ni mala fe al litigar.

En su virtud,


FALLAMOS


 
1.- Estimamos el recurso contencioso administrativo n° 478/97, interpuesto por la representación procesal de la CAIXA DZESTALVIS I PENSIONES DE BARCELONA contra la resolución del TEARC de fecha 11 de diciembre de 1996 en reclamación económico- administrativa objeto de este proceso, la cual anulamos en cuanto que no resulta ajustada a Derecho, así como el acuerdo de la Oficina Gestora por ella confirmado.

2.- Declaramos la no sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, de la adjudicación judicial objeto de este proceso al resultar sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

3.- Sin imponer las costas del proceso.

Notifíquese esta sentencia a las partes junto con el voto particular que formule la Magistrada Ilma. Sra. D.ª CONCEPCIÓN ALDAMA BAQUEDANO en la forma prevenida en la Ley.

Así por esta nuestra resolución de la que se unirá certificación a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

FIRMADO POR IMPERATIVO LEGAL, ANUNCIANDO LA FORMULACION DE VOTO PARTICULAR.

Publicación.-Leída y publicada que ha sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada D.ª MARIA LUISA PÉREZ BORRAT así como el voto particular que ha formulado la Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª CONCEPCIÓN ALDAMA BAQUEDANO en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Recurso N° 478/97 Partes: Caixa dZEstalvis i Pensions de Barcelona Departament dZEconomia i Finances de la Generalitat Tribunal Económico-Advo. Regional de Catalunya

Acto advo recurrido: Resolución del TEARC 11-12-1996.


VOTO PARTICULARA LA SENTENCIA N° 302/2002

En la Ciudad de Barcelona, a veintiséis de Abril del año dos mil dos, y en mi condición de Magistrada Ponente del presente litigio, que tras la deliberación, votación y fallo del mismo, anuncié la formulación de voto particular, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 260 de la L.O.P.J. muestro a continuación mediante el presente voto la disconformidad sostenida tanto con la argumentación como con el sentido del pronunciamiento, de modo que el redactado de la Sentencia seria del siguiente tenor:

Iltmos. Sres.

PRESIDENTEDña. MARIA LUISA PÉREZ BORRAT

MAGISTRADOSDña. CONCEPCIÓN ALDAMA BAQUEDANO

D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVÁS

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida para el examen del presente recurso contencioso- administrativo, ha pronunciado en nombre de S.M. El Rey la siguiente Sentencia, en, la que han sido partes como recurrente, LA CAIXA DZESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, representada por el Procurador D. Francisco-Lucas Rubio Ortega y defendida por el Letrado D. Francesc Torres i Vallespí, y como Administración demandada EL DEPARTAMENT DZECONOMIA I FINANCES DE LA GENERALITAT representada y asistida por el Letrado de la Generalitat, contra el fallo dictado por el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado y dirigido por el Abogado del Estado en la defensa de sus intereses en este proceso, planteado respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en cuanto a la procedencia de la liquidación girada por la Administración de Hacienda de Sant Feliu de Guixols, en atención al valor de remate que consta en el Auto emitido por el Juzgado respecto a las fincas adjudicadas a la actora en subasta judicial, que fueron autoliquidadas sin ingreso alguno, por considerar la operación como una primera transmisión efectuada por un sujeto pasivo en el ámbito de su actividad empresarial, sujeta por consiguiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-D. Francesc Torres i Vallespi, actuando en nombre y representación de la entidad actora, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEAR de Catalunya de 11 de Diciembre de 1996, desestimatoria de la reclamación económico- administrativa n° 17/437/96 formulada por la Caixa contra la liquidación por el Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados practicada por la Administración de Hacienda de Barcelona por importe de 2.218.500 pts. (6% del valor de adjudicación), respecto a la adquisición de los inmuebles que figuran en el expediente mediante adjudicación en subasta judicial (según Auto del Juzgado, de aprobación de remate y adjudicación de las fincas, cuyo testimonio obra unido al expediente), valor que por importe de 36.975.000 pts fue acogido por la Oficina gestora en el procedimiento de comprobación de valores de los inmuebles liquidados. La entidad recurrente se muestra disconforme no con el valor asignado a los inmuebles, -que se halla acreditado en la citada resolución judicial, y tanto la entidad adquirente como la Oficina gestora atienden al mismo-, sino con la procedencia de la liquidación de ese Impuesto, ya que la Caixa autoliquidó su adquisición sin ingreso por considerar la operación de adjudicación a su favor en su calidad de acreedor hipotecario como una primera transmisión efectuada por un sujeto pasivo en el ámbito de su actividad empresarial, sujeta por consiguiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segundo.-Admitido a trámite el recurso contencioso- administrativo interpuesto, se siguió el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuyo cumplimiento se emplazó y reclamó de la Administración demandada la aportación del expediente administrativo, que se remitió a la Sala, y en el que se contiene la resolución impugnada, que dispone literalmente lo siguiente:

"Este Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya, reunido en Sala y fallando en única instancia, acuerda: desestimar la presente reclamación y confirmar el acto administrativo impugnado".

Tercero.-Efectuada la publicación de la interposición del recurso en el B.O.P. de Barcelona de 24 de Abril de 1997, y habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes para su comparecencia en autos, se dedujo la correspondiente demanda en el citado recurso, en la que tras referir la recurrente los hechos y fundamentos de derecho que estimaban aplicables, basados esencialmente en la consideración de que se trata de la entrega de edificación por empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, lo que da lugar a una transmisión sujeta y no exenta de IVA, que por el juego de delimitación de hechos imponibles con el ITP, impide la tributación por este último impuesto, razón por la que considera enteramente correcta su autoliquidación, e improcedente y no ajustada a derecho la practicada por la Administración respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales sin dato alguno que permita deducir la transmisión entre particulares de los inmuebles objeto de liquidación.

Cuarto.-El Abogado del Estado y el Letrado de la Generalitat, en sus respectivos escritos de contestación a la demanda, solicitaron que se dictara Sentencia desestimando el recurso por entender ajustada a derecho la Resolución impugnada, ya que el hecho de que se trate de una adjudicación por subasta en un procedimiento de ejecución hipotecaria no acredita que se trate de la primera transmisión del inmueble, y ante la falta de prueba de que así sea -extremo cuyo presupuesto fáctico debe ser proporcionado -por la adquirente- permite deducir que se trata de una segunda o ulterior transmisión sujeta pero exenta del IVA y sometida en consecuencia al ITP, especialmente si como sucede en este caso -y así lo pone de relieve el TEARC- entre la escritura de constitución del préstamo hipotecario y declaración de obra nueva de la finca el 6 de octubre de 1988 efectuada por "Promotora Villajardin" y la fecha del Auto de adjudicación el 20 de Enero de 1995 no aparece ningún dato acerca de si ha existido entre dichas fechas una primera transmisión, siendo relevante por el contrario que en dicha adjudicación la que aparece como responsable hipotecaria contra quien la Caixa ejercita la acción real hipotecaria al amparo de lo establecido en el Art. 131 de la Ley Hipotecaria es otra entidad distinta, en concreto una Cooperativa de viviendas "Savi Sociedad Cooperativa Catalana Limitada", en atención a que se había instrumentado con ella el escritura pública otorgada el 28 de Febrero de 1990 el crédito hipotecario sobre las fincas ejecutadas, según se indica en el Antecedente de Hecho Primero del Auto de 26 de Mayo de 1995 del Juzgado de Sant Feliu de Guixols.

Quinto.-Proseguido el trámite correspondiente, se acordó el recibimiento a prueba del proceso por Auto de 14 de Diciembre de 1998, con el resultado que consta en el expediente, otorgándose posteriormente plazo a las partes para la presentación de conclusiones sucintas, que una vez incorporadas, dejaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado. VISTO, siendo Magistrada ponente la Iltma. Sra. Dña. CONCEPCIÓN ALDAMA BAQUEDANO, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si es o no ajustada a derecho la liquidación por ITP efectuada por la Administración de Tributos ateniéndose en cuanto al valor de las fincas al de adjudicación en subasta judicial, ya que inicialmente la entidad actora "La Caixa" autoliquidó sin deuda tributaria a ingresar por considerar la operación realizada sujeta al IVA.

No obstante, el que el acto de liquidación que se impugna sea correspondiente al ITP, no significa que la cuestión controvertida deba enfocarse tomando como punto de partida la necesidad de probar los requisitos de sujeción del ITP, y menos que para sustentar la procedencia de su liquidación deba recaer sobre la Administración de Tributos la necesidad de acreditar que se trata de una segunda o ulterior transmisión. Por el contrario, recae sobre la entidad que autoliquida y lo hace por IVA -sin ingreso- por entender la operación sujeta a este impuesto, que la operación efectuada reúne todos los requisitos de sujeción al IVA, por tanto que se trata de una transmisión mercantil y a su vez también una primera transmisión, siendo una consecuencia jurídica que se extrae legalmente por el juego de hechos imponibles de ambos impuestos, el que a falta de acreditación por el sujeto pasivo del requisito de sujeción consistente en que se trata de una primera transmisión de los inmuebles, se considera que se trata de una transmisión posterior con sometimiento de la adquisición al ITP.

Para dicha prueba es decisivo el conocimiento por la Administración Tributaria (y en su caso por los Tribunales) de la situación jurídica de las fincas desde la finalización de su construcción a su adquisición por el sujeto pasivo que autoliquida como primer adquirente. En este caso las fincas - los cuatro locales de una edificación cuya construcción financió la Caixa con un préstamo hipotecario concedido a "Promotora Villajardín, S.A." con quien lo constituyó- han sido adquiridas por la Caixa mediante adjudicación en subasta judicial en ejecución de dicha garantía, de otra Sociedad distinta de la Promotora, la Sociedad Cooperativa Catalana Limitada Savi, que aparece como propietaria de las fincas y responsable de la hipoteca.

Segundo.-En efecto, a la luz de la normativa de ambos impuestos -ITP e IVA- que interacciona sus respectivos hechos imponibles para delimitar la sujeción a uno u otro impuesto de las operaciones, ha de conocerse de modo fehaciente, en cada una de las operaciones sujetas a tributación, todos y cada uno de los requisitos que conforman el presupuesto de sujeción, que en cuanto al hecho imponible del IVA exige que se trate de una primera transmisión, ya que las segundas o ulteriores transmisiones -aunque se realicen ocasionalmente entre empresarios- están sujetas pero exentas del IVA, y en ese caso sometidas a tributación por ITP. Así pues, lo relevante no es en estos casos la condición de particular o empresario de las partes, sino también como requisito imprescindible que se trate de una primera transmisión, lo que debe acreditar el adquirente que tiene obligación de efectuar la correspondiente autoliquidación por ITP, y si cumple el requisito de que se trate de primera transmisión autoliquidar sin ingreso, como ha realizado la entidad actora, aunque a mi criterio -plenamente coincidente con el Fundamento de Derecho 5° del TEARC y la defensa tanto del Abogado del Estado como del Letrado de la Generalitat- sin haber acreditado el precitado extremo, pudiendo fácilmente haber proporcionado este dato en cualquier momento, ya que con dicha entidad se suscribió en primer lugar en Noviembre de 1988 el préstamo hipotecario para la construcción de la edificación con la empresa promotora "Promotora Villajardín, S.A." por medio de la cual se hipotecaban las fincas registrales objeto de este procedimiento, y posteriormente en Febrero de 1990 se instrumentaba el préstamo con la Sociedad Cooperativa Savi finalmente ejecutada respecto de determinadas fincas componentes de la edificación (por cierto locales comerciales situados en la planta baja del edificio, que figuran como propiedades números NUM012, NUM013, NUM014, NUM015 y NUM016, correspondientes a los números registrales NUM000, NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004, resultando adjudicadas según consta en el Auto del Juzgado cuatro de ellas -ya que la actora presenta escrito desistiendo respecto de la n° NUM001, que figura como propiedad número NUM013 -, a pesar de que el precio obtenido en la subasta por el conjunto fue inferior a las responsabilidades reclamadas en el procedimiento, por lo que no quedó cantidad alguna a disposición de los acreedores posteriores).

Tercero.-De lo anterior y a los efectos de detectar si efectivamente existe constancia -o al menos datos- que puedan reflejar que la adquisición en subasta por la Caixa se trata de una primera transmisión -como la entidad considera para autoliquidar por IVA- sorprende ya inicialmente que la construcción para la que se otorgó el préstamo y se constituyó la hipoteca que se ejecuta se realizase a favor de "Promotora Villajardin" -que además la finalizó, dada la existencia de escritura de declaración de obra nueva efectuada por dicha entidad, siendo años más tarde (desde 1988 a 1995), cuando tiene lugar la adjudicación de los inmuebles en subasta judicial pero ejecutando a otra entidad distinta de la promotora que aparece como responsable hipotecaria, la Sociedad Cooperativa de viviendas ejecutada.

Dicha Sociedad Cooperativa "SAVI SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA", figura efectivamente como primera titular registral, lo que no significa inevitablemente que la primera transmisión mercantil que se ha realizado de las fincas (los locales anteriormente descritos) sea la de ella como deudora hipotecaria hacia la Caixa como entidad financiera ejecutante, ya que su aparición como titular registral es efectivamente la primera pero desde la "Promotora Villajardín", quien en efecto construyó la edificación, realizó la agrupación y declaró la obra nueva, constando en la prueba documental posteriormente aportada a este litigio no el título por el que la Sociedad Cooperativa adquiere de la Promotora (que sería en ese caso la primera transmisión mercantil sujeta al IVA) sino la titularidad registral de la Cooperativa en la que apareciendo como ya como dueña del inmueble matriz divide horizontalmente en fincas independientes los locales que luego se adjudican en subasta judicial a la Caixa (como una porción y por lo demás pequeña de la edificación que no corresponde a viviendas).

Así pues, el hecho de que no aparezca documentalmente aportado al expediente el titulo por el que la Sociedad Cooperativa adquiere la propiedad de las fincas la adquisición, pero sí aparezca luego registralmente como dueña de la finca matriz -que procede a la división individualizada de las fincas- y transmite a su vez a la Caixa mediante la adjudicación en subasta de algunas de las pertenecientes a dicha finca matriz, que son los locales cuya tributación se cuestiona, evidencia que la adquisición por la Caixa de los mismos es posterior a la primera transmisión efectuada a favor de la Cooperativa, aunque dicha documental que seria la que evidenciaría la primera transmisión existente entre Promotora Villajardín y la Cooperativa no conste aportada, siendo ésta la que en su día quedó sujeta al IVA y no las posteriores.

Por todo ello, y aún pudiendo ya extraerse la falta de constancia de que en efecto se trate la adquisición de la Caixa de una primera transmisión de dichas fincas, el resto de los datos obrantes en el expediente conducen además a la conclusión de que se trata al menos de una segunda transmisión. En primer lugar porque la Cooperativa como dueña de las fincas sin constar el título por el que adquiere la propiedad de la edificación matriz ya construida por la Promotora Villajardín (Primera transmisión cuya documental no consta pero sino no se justifica ni su titularidad, ni que se instrumente por la Caixa con la Cooperativa la garantía hipotecaria del préstamo inicialmente otorgado a la promotora). En segundo lugar, como pone de relieve el TEARC por el tiempo transcurrido entre la declaración de obra nueva de la edificación, el 6 de Octubre de 1988, y su ejecución hipotecaria por la entidad crediticia con adjudicación definitiva en subasta judicial de las fincas que la componen, por Auto de 20 de Enero de 1995, ya que dicho intervalo parece excesivo para considerar que entremedio no sólo no ha existido ninguna transmisión sino incluso que las obras han sido finalizadas por la cooperativa -lo que en ningún momento se alega, sino que por el contrario se expresa y ello no se rebate que la construcción ha sido efectuada y terminada por "villajardín" que realiza la declaración de obra nueva-. Y finalmente, porque documentalmente lo que acreditan las anotaciones registrales testimoniadas de división horizontal que se acompañan como prueba en vía contenciosa, de que es la sociedad cooperativa, que aparece como dueña del inmueble matriz y primera titular registral, procede a la división horizontal en fincas independientes de los cuatro locales de la edificación que posteriormente serán adjudicados a la Caixa en ejecución del préstamo en su día suscrito con la promotora y del que posteriormente se responsabiliza la cooperativa, lo cual revela -aunque no se aporte- la existencia al menos de una primera transmisión mercantil entre la Promotora Villajardín y la Sociedad Cooperativa ejecutada que sería precisamente la sujeta al IVA, siendo la posterior a favor de la Caixa por adjudicación judicial en subasta una transmisión - bien que empresarial- posterior a una primera. Es más, por el intervalo temporal -desde 1988 a 1995-, de no haberse aportado en vía contenciosa las inscripciones registrales en las que efectivamente figura la Cooperativa como primera adquirente, incluso cabría pensar en la existencia de otras situaciones intermedias por no constar documentado quien transmite la propiedad de la edificación ya construida a la Cooperativa ejecutada, lo que no obstante no altera la cuestión controvertida en este litigio porque a efectos del sometimiento al ITP - por exclusión del presupuesto del IVA- basta con que no se trate de la primera transmisión. De ahí que, sin alterar la solución de sometimiento al ITP por no acreditarse que se trate de una primera transmisión, sea comprensible la consideración del TEARC expresada en un párrafo de su Fundamento 5° en el que, ignorando la prueba registral aportada posteriormente en vía contenciosa, pone de relieve que "en tan dilatado intervalo temporal transcurrido entre la declaración de obra nueva y el auto de adjudicación (desde 1988 a 1995) el Tribunal desconoce la situación jurídica en que se han encontrado los inmuebles en cuestión".

Así pues, además de la ausencia de acreditación por la actora de un requisito cuya prueba le compete -que su adquisición es la primera-, todos los datos existentes apuntan a la existencia previa a la suya de una primera transmisión mercantil ya efectuada entre la Promotora que inicialmente constituyó el préstamo para financiar la construcción y constituyó la hipoteca y la Cooperativa que en ejecución hipotecaria se hace responsable de su pago por ser dueña de las fincas, lo que lleva a la conclusión de que la adjudicación judicial en subasta a favor de la Caixa de dichas fincas -aún reuniendo las características de transmisión empresarial (sujeta al IVA) es una transmisión posterior y por tanto no una primera como seria el requisito para no ser sometida al ITP por quedar la indicada adjudicación sujeta pero exenta del IVA.

Por todo lo expuesto, en aplicación de lo establecido en el Art. 8° punto 22 de la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, en el que se establece que "Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación", en relación con la exención del hecho imponible del impuesto establecida en el párrafo segundo del Art. 3.3 de la misma Ley, ha de considerarse en e este supuesto correcta la sujeción con exención al IVA y, por consecuencia su sometimiento al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, tal y como se ha considerado por la Administración al practicar liquidación de la operación de adjudicación de las fincas por este Impuesto, así como la Resolución del TEARC que la confirma.

En consecuencia con lo antedicho, procedería la desestimación integra del recurso interpuesto, considerando ajustados a derecho tanto los razonamientos expuestos en la Resolución del TEARC como su pronunciamiento desestimatorio de la reclamación cursada contra liquidación de dicha operación por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Cuarto.-No procede efectuar pronunciamiento sobre las costas causadas en el recurso contencioso-administrativo interpuesto, de conformidad con lo que dispone la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por LA CAIXA DZESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA contra la Resolución dictada por EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA de 11 de Diciembre de 1996, por ser conforme a derecho, sin efectuar especial pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes, de la que se llevará testimonio a los autos principales.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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