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Sentencia T.S.J. Valencia 150/2010 de 17 de febrero


 RESUMEN:

Impuesto sobre el Valor Añadido: El derecho a declarar exenta una transmisión intracomunitaria de vehículos exige la concurrencia de dos requisitos: 1.º- Que la entrega de los bienes, su transporte y puesta a disposición del comprador se haga desde España y a un país diferente de la Comunidad Europea. 2.º- Que el adquirente acredite estar en posesión del NIF/IVA atribuido por el país distinto de España que le identifique como operador intracomunitario, es decir, que se identifique como empresario a efectos del IVA. No procede la exención cuando consta que los adquirentes o bien no estaban dado de alta al momento de la transmisión o o se había dado de baja en su condición empresarial.

Sala Contencioso Administrativo

Sección Tercera

R. 12/08

SENTENCIA N.º 150/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Iltmos. Srs.:

Presidente:

D. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.

Magistrados:

D. LUIS MANGLANO SADA.

D. RAFAEL PÉREZ NIETO.

_________________________

En la Ciudad de Valencia, a 17 de febrero de dos mil diez.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo n.º 12/08, interpuesto por SORIO AUTOMOCIÓN S.A., representada por la Procuradora D.ª Beatriz Llorente Sánchez y asistido por la Letrada D.ª Sonia Bru Senent, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que realizó mediante escrito en que solicitó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

Segundo.-La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmara la resolución recurrida.

Tercero.-No habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que practicaran el trámite de conclusiones y, realizado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.-Se señaló la votación y fallo para el día 16 de febrero de dos mil diez, teniendo así lugar.

Quinto.-En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS: Los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS MANGLANO SADA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto por SORIO AUTOMOCIÓN S.A., representada por la Procuradora D.ª Beatriz Llorente Sánchez y asistido por la Letrada D.ª Sonia Bru Senent, contra las dos resoluciones de 28-9-2007 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, desestimatorias de las reclamaciones 03/3656/04 y acumulada 03/4345/04 y 03/4830/05 y acumulada 03/4831/05, planteadas frente a la liquidación de 26-7-2004 del Inspector Jefe de la Dependencia Regional de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en concepto de IVA de 1999 y 2000, por importe de 57.420,75 euros, y su correspondiente sanción de fecha 11-10-2004, por una cuantía de 29.259,79 euros, así como contra la liquidación de 19-10-2005 por IVA de 2001 y 2002, por 177.945,03 euros y la sanción correspondiente de 20- 10-2005, por importe de 99.219,66 euros.

Segundo.-Del expediente administrativo se desprende que la mercantil actora era una empresa cuya actividad era la distribución, venta y fabricación de vehículos, centrándola en las ventas intracomunitarias, constando que en fecha 26-5-2003 dio inicio la actividad inspectora de investigación y comprobación del IVA de los ejercicios 1999 a 2002, dictándose acta de disconformidad el 23-6-2004 respecto al IVA 1999-2000 y acta de 14-9-2005 por el IVA 2001-2002, aprobándose seguidamente las liquidaciones ya mencionadas anteriormente.

La demanda pretende que se confirme en sede jurisdiccional las exenciones practicadas por la actora en sus entregas intracomunitarias, por darse los requisitos previstos legal y reglamentariamente para ello, anulando la actuación inspectora que la niega por no haberse cumplido el requisito de ser empresario a efectos del IVA el sujeto adquiriente de los vehículos, alegando caducidad del procedimiento inspector y prescripción del derecho a liquidar de la Administración tributaria, denunciando falta de motivación de las resoluciones impugnadas y nulidad de las sanciones por no acreditarse la culpabilidad de la actora, argumentando que se trata de un supuesto de responsabilidad solidaria del adquiriente.

El Abogado del Estado se opone a la demanda y solicita su desestimación, alegando que la actora no podía practicar la exención por incumplirse el requisito de ser empresario identificado en otro Estado de la UE la parte compradora de los vehículos, sin que quepa la caducidad y sin existir prescripción, siendo evidente la culpabilidad de la actora al mostrar negligencia al no comprobar el NIF o la condición d empresario a efectos del IVA de los adquirientes, pudiendo hacerlo.

Tercero.-El análisis de las cuestiones suscitadas por la demanda deberá realizarse siguiendo su orden lógico, comenzando por la cuestión de la caducidad y prescripción alegadas.

La demandante alega la caducidad del procedimiento inspector y la prescripción del derecho a liquidar por haber sobrepasado el plazo de doce meses de duración las actuaciones inspectoras.

Las partes coinciden que las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante comunicación al sujeto pasivo el 26-5-2003, no finalizando sino mediante los respectivos actos liquidatorios notificados el 29-7-2004 (IVA 1999-2000) y 4-11-2005 (IVA 2001- 2002), es decir, tras más de 14 meses el primer expediente y más de 29 meses el segundo. La Administración tributaria nada concreto alega al respecto, ni especifica que parte de ese plazo es imputable a la actora, no constando actuación de la contribuyente que permita imputarle todo o parte de la demora en resolver definitivamente el procedimiento.

En consecuencia, el retraso en resolver los expedientes es imputable a la falta de diligencia de la Inspección, lo que supone la superación del plazo máximo (12 meses) de duración de las actuaciones, cuyos efectos vienen establecidos en el art. 31.quarter del R.G.I.T., en el sentido de que no se considerará interrumpida la prescripción. El art. 29-1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, vigente en la época, dispone que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas, añadiéndose en el párrafo tercero del mismo artículo que el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones.

La primera consecuencia es la desestimación de la alegación de caducidad del procedimiento, pues como se ha expuesto, el efecto del transcurso del plazo previsto para resolver un procedimiento de la Inspección no es la caducidad, efecto tan solo predicable cuando se prevé explícitamente por el legislador, sino considerar interrumpida la prescripción por tales actuaciones.

En tanto el precepto citado regula un plazo en el que han de quedar conclusas las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación, sobrepasado el mismo, debe entenderse no interrumpido el plazo de prescripción por las actuaciones practicadas, y siendo así, contando el plazo de prescripción desde que finalizaron los plazos para presentar las declaraciones-liquidaciones relativas al IVA de cada ejercicio (a partir de los 30 días del ejercicio siguiente) hasta la fecha en que se puso final a los respectivos expedientes, debe concluirse apreciando la prescripción de la deuda relativa al IVA del ejercicio 1999, conforme al art. 64 de la LGT, en su redacción por Ley 1/1998, de 26 de febrero, razón por la que deberá anularse dicha liquidación y su correspondiente sanción.

Cuarto.-Respecto a la argumentación de la demanda sobre falta de motivación de los actos impugnados, actas y liquidaciones de la Inspección, se ha de recordar, con carácter previo, que el artículo 145, apartado 1, letra b), de la Ley General Tributaria de 1963, aplicable al caso de autos, dispone:

"1. En las Actas de la Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:

(...) b). Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo (...)",

El art. 49, apartado 2, letra d), del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, regula:

"2. En las actas de la Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:

(...) d) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo, retenedor, u obligado a efectuar ingresos a cuenta con expresión de los hechos y circunstancias con transcendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan hecho constar.

e) En su caso, la regularización que los actuarios estimen procedente de las situaciones tributarias, con expresión, cuando proceda, de las infracciones que aprecien, incluyendo los intereses de demora y las sanciones pecuniarias aplicables, con especificación de los criterios para su graduación, y determinando la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo, retenedor o responsable solidario (...)".

En cuanto a las liquidaciones, la Ley General Tributaria exigía (art. 121-2) y exige (art. 124) expresión concreta de hechos y elementos que la motivan cuando la liquidación suponga un aumento de la base imponible respecto de la declarada por el interesado.

La doctrina del Tribunal Supremo sobre ambos artículos se recoge con claridad en la sentencia TS 3.ª, Sec. 2.ª, de 10-05-2000 (rec. 5760/1995):

"...sostener que tanto en las actas de conformidad, como en las de disconformidad, e incluso en las diligencias extendidas para hacer constar hechos o circunstancias, es obligado exponer de modo pormenorizado y concreto los elementos del hecho imponible, debidamente circunstanciado, que determinan los aumentos de la base imponible, o las modificaciones de las deducciones, reducciones, bonificaciones, etc., de modo que el contribuyente conozca debidamente los hechos que acepta en las actas de conformidad o que niega en las de disconformidad."

El art. 145.3 de la Ley General Tributaria, dispone que:

"Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario."

De lo establecido en este precepto se desprende que las actas, conforme al artículo 1218 del Código Civil, dan fe "del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste", "hacen prueba, aún en contra de tercero", y se le concede a su contenido el valor de presunción "iuris tantum", al poder ser desvirtuadas mediante prueba en contrario.

Este precepto de la Ley General Tributaria ha sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de abril de 1990, que razona que no supone vulneración del principio de inocencia. En ella se declara que:

"El precepto combatido constituye un primer medio de prueba sobre los hechos que constan en las actas u diligencias de la Inspección tributaria. cuyo valor y eficacia ha de medirse a la luz del principio de la libre valoración de la prueba. A ello debe añadirse que ese valor probatorio solo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias."

Se trata, en efecto, del requisito de la "motivación" del acto administrativo, recogido en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que tiene por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto.

La obligación de notificar los elementos básicos del cálculo del aumento de la base imponible es una manifestación en el Derecho Tributario de esa obligación genérica que tiene la Administración de motivar, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho, los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 del artículo 9 CE de la Constitución y que también desde otra perspectiva puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino también por el artículo 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa).

La finalidad de la normas transcritas es que el inspeccionado tenga conocimiento de los "hechos" y "fundamentos jurídicos" de los que parte el Inspector, posibilitando la impugnación puntual de cada uno de los mismos, evitando así indefensión alguna, lo cual significa, que el sujeto pasivo debe conocer por medio del ejemplar del acta, que le entregan los Inspectores Actuarios, y que opera como notificación, los hechos y motivos de la propuesta de liquidación, como exige el artículo 124, apartado 1, a), de la Ley General Tributaria, así como las circunstancias concurrentes que permitan conocer la tipificación de las infracciones tributarias y los criterios aplicados para cuantificar las sanciones.

Es evidente que la exigencia de los arts. 145.1 LGT y 49.2 RGIT, relativa a la necesidad de que en las actas de la Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignen los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo, sólo cabe entenderla cumplida cuando en tales actas se expongan de modo pormenorizado y concreto los elementos del hecho imponible, debidamente circunstanciados, que determinan los aumentos de la base imponible o las modificaciones de las deducciones, reducciones, bonificaciones, etc., de modo que el contribuyente pueda conocer debidamente los hechos que acepta, en las actas de conformidad, o que niega, en las de disconformidad, extremos cumplidos en el presente caso, pues tanto las actas como las liquidaciones cumplen los parámetros de motivación indicados, como lo demuestra la plenitud del debate habido en este proceso sobre la denegación por la Inspección de las exenciones practicadas por la actora en sus declaraciones del IVA de los cuatro ejercicios comprobados y liquidados, las causas de la denegación de las exenciones, la concreción de los hechos tomados en cuenta y el derecho aplicado al respecto, explicando de manera pormenorizada la regularización tributaria producida, el razonamiento lógico, fáctico y jurídico que lleva al actuario a cuantificar las bases imponibles por denegación de la exención prevista en el artículo 25 del LIVA y 13 de su Reglamento y la deuda resultante, sin indefensión y con pleno conocimiento de los elementos esenciales, lo que determina la desestimación de este motivo impugnatorio.

Quinto.-Entrando en el fondo del litigio, procederá examinar la cuestión de la exención del IVA pretendida por la demanda, comenzando con la cita de la norma legal aplicable, el artículo 25 de la LIVA, que dice:

"Artículo 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro.

Estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones:

Uno. Las entregas de bienes definidas en el art. 8 y en el art. 9, número 2 de esta Ley, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea:

a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España.

b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del impuesto en un Estado miembro distinto del Reino de España.

La exención descrita en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios contenidos en el art. 14, apartados uno y dos de esta Ley.

Dos. Las entregas de medios de transporte nuevos, efectuadas en las condiciones indicadas en el apartado uno, cuando los adquirentes en destino sean las personas comprendidas en el último párrafo del apartado precedente o cualquiera otra persona que no tenga la condición de empresario o profesional....".

De tal norma legal y del artículo 13 del Reglamento del IVA se desprende que el derecho a declarar exenta una transmisión intracomunitaria, en este caso de vehículos, exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

Que la entrega de los bienes, su transporte y puesta a disposición del comprador se haga desde España y a un país diferente de la Comunidad Europea.

Que el adquiriente acredite estar en posesión del NIF/IVA atribuido por el país distinto de España que le identifique como operador intracomunitario, es decir, que se identifique como empresario a efectos del IVA.

Pues bien, la actora declaró diversas ventas intracomunitarias exentas del IVA por considerar que se cumplían estos requisitos. Sin embargo, la Inspección puso en evidencia que varias de las entregas no cumplían la segunda de las condiciones, negando a la actora la exención y liquidando la diferencia. La recurrente alega que ignoraba esta situación, que siempre creyó que los adquirientes eran empresarios y que no comprobó su condición por no entenderlo necesario, pues si bien ahora es fácil hacerlo a través de Internet, antes había que solicitarlo a la Administración de manera facultativa, no creyendo necesario pedir la confirmación.

De esta manera, las ventas realizadas a los adquirientes intracomunitarios SMART CARS DIRECT LTD, EXPRESS EXPORT LTD, PHILIP HUGHES y MENILLO VITTORIO resultaron con que se dio de alta de forma tardía (el 1-2-2000, la sociedad primera) o causó baja sin comunicarlo al vendedor (la segunda, con baja el 17-10-2000), siendo particulares los dos últimos compradores, lo que hace que se entienda incumplida la segunda de las condiciones antedichas.

En tal sentido, no cabe alegar que no era necesaria la comprobación de la identidad empresarial de los compradores, pues la obtención de una exención pasa por cumplir escrupulosamente los requisitos legalmente previstos y, en el presente caso, ha quedado demostrado que la actora no los cumplió, no pudiendo alegar que era potestativa dicha confirmación pues ello supone asumir un riesgo innecesario que acabó frustrando la obtención del citado beneficio fiscal por su propia negligencia, más cuando el artículo 17 del RD 338/1990 permitía a los operadores intracomunitarios solicitar a la Administración la verificación de la condición empresarial de los adquirientes.

No basta con acreditar la realidad de las operaciones ni la entrega puntual de los bienes, no estamos ante un mero e irrelevante requisito formal sino ante una condición ineludible para obtener la exención, pues siendo el IVA un tributo indirecto neutral, la exención se fundamenta en evitar la doble tributación en dos países de la Unión Europea y, en casos como el que nos ocupa, el resultado era que no se pagaba el IVA en ninguno de los dos países europeos contratantes, violando la finalidad del tributo y perjudicando a la Hacienda pública española.

Tampoco resulta consistente la alegación relativa a la solidaridad impositiva del adquiriente, pues resulta obvio que la Administración tributaria cumple su función con el contribuyente español, al que se le reclama la liquidación del IVA pertinente por haber sido quien ha incumplido el artículo 25 LIVA, sin necesidad de actuaciones respecto a terceros no nacionales.

Sexto.-Por último, alega la demanda la nulidad de las sanciones por no haberse acreditado la culpabilidad de la actora en las infracciones imputadas.

Resulta indudable que para imponer una sanción tributaria se requiere la comisión de la correspondiente infracción, es decir, que se produzca una conducta en el contribuyente en la que exista el elemento subjetivo de la culpabilidad, sea por haber actuado con dolo, bien con negligencia. Así lo ha apreciado el Tribunal Constitucional en su sentencia 76/1990, de 26 de abril, en cuyo Fundamento Jurídico 4.º se afirma que:

"Es cierto que... en la Ley General Tributaria se ha excluido cualquier adjetivación de las acciones u omisiones constitutivas de infracción. Pero ello no puede llevar a la errónea conclusión de que se haya suprimido en la configuración del ilícito tributario el elemento subjetivo de la culpabilidad. Por el contrario sigue rigiendo el principio de culpabilidad...Principio que excluye la imposición de sanciones por el simple resultado... ".

Así pues, se requiere de manera preceptiva la aplicación del principio de culpabilidad y la inexcusable prueba de su existencia con carácter previo a sancionar cualquier conducta.

En tal sentido se produjeron las dos últimas reformas de la Ley General Tributaria (Ley 25/1995 y Ley 58/2003) en las que modificó primero el apartado d) del número 4) del invocado art. 77 y, en el vigente texto legal de 2003, el art. 179.2 -d), en el que se fijan determinados supuestos de acciones u omisiones tipificadas en las leyes que no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria, resaltando el apartado d) el supuesto de "cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma...".

Por otra parte, la ya derogada Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, vino en su momento a clarificar todavía más la cuestión. Su artículo 33 disponía que:

"1.- La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe.

2.- Corresponde a la Administración Tributaria la prueba de que, concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias."

Este último precepto no supone, desde luego, una nueva normativa sino que, como muy bien se afirma en su Exposición de Motivos, párrafo II, lo que se hace es "reproducir los principios básicos que deben presidir la actuación de la Administración tributaria en los diferentes procedimientos".

El citado principio de culpabilidad es fiel reflejo de las previsiones generales del art. 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el que la imposición de sanciones tendrá como sujetos pasivos o responsables a las personas físicas y jurídicas culpables de las infracciones administrativas, ya sea por acción u omisión, ya de forma dolosa o culposa (SSTC 76/90, de 26 de abril, STC 246/1991, de 19 de diciembre y STS 10-2-1989), en relación con el principio de presunción de inocencia (art. 137 de dicho texto legal), que comporta el derecho a no ser sancionado sino en virtud de la necesaria prueba de cargo legítimamente obtenida por la Administración sancionadora, dentro de la línea apuntada por las SSTC 13/1982, 1 de abril y 76/1990, de 26 de abril.

En el ámbito del Derecho Tributario y sancionador el Tribunal Supremo ha venido construyendo una sólida doctrina en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halla amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente, cuando la ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esta interpretación puede ser negada por la Administración su apoyo razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria. Por ello, cuando no se sustrae al conocimiento los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la imposición de sanciones, puesto que para ello se exige el carácter doloso culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios, tal como establecieron las SSTS de 6-7-1995, 8-5-1997, 10-5-2000, 22-7-2000 y 23-9-2002, entre otras.

Por lo demás, esta doctrina ha encontrado expresa traducción normativa en el art. 179.2, apartado d), de la vigente Ley General Tributaria. En el ámbito tributario no cabe sancionar conductas por el mero resultado, exigiéndose necesariamente la concurrencia de los requisitos de tipicidad y culpabilidad. Más aún, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la Administración la carga de la prueba de la existencia de intencionalidad del infractor en la comisión de las infracciones tributarias

En el presente litigio, a la sociedad actora se le imputa la infracción tributaria grave consistente en dejar de ingresar, dentro del plazo reglamentario establecido para presentar la declaración, parte de la deuda tributaria. Tal apreciación proviene de las presentaciones en 2000, 2001 y 2002 (recordemos que el IVA de 1999 está prescrito) de autoliquidaciones del IVA que contenían la aplicación de exenciones a operaciones intracomunitarias en las que no se cumplían los requisitos para ello, obligando a la Administración tributaria a liquidar la deuda tributaria debida, no apreciando esta Sala que estemos ante una actuación que pueda ser tenida como razonable, pues la normativa legal y reglamentaria era clara y terminante y la actora la vulneró al no comprobar, o no importarle, la condición de empresario del adquiriente, realizando con ello una conducta negligente justificativa de la imputación de la infracción y de la imposición de la correspondiente sanción.

Así pues, siendo la conducta de la recurrente reprochable a título, al menos, de culpa, si la Administración tributaria analizó las circunstancias y valoró la negligencia de la actora, realizando un juicio concreto de culpabilidad de la contribuyente, estaremos ante una sanción con la suficiente valoración de la responsabilidad concurrente, permitiendo incardinar su conducta en la infracción grave prevista en el artículo 191.1, anterior 79-a), de la Ley General Tributaria, lo que debe suponer la desestimación de la demanda en este aspecto.

Así pues, procederá estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo, anulando la liquidación de la deuda del IVA de 1999 y la sanción correspondiente a ese ejercicio, y desestimando el recurso en sus demás pretensiones.

Séptimo.-No se aprecian motivos para hacer una expresa imposición de las costas procesales, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional.


FALLAMOS


 
1. Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por SORIO AUTOMOCIÓN S.A., representada por la Procuradora D.ª Beatriz Llorente Sánchez y asistida por la Letrada D.ª Sonia Bru Senent, contra las dos resoluciones de 28-9- 2007 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, desestimatorias de las reclamaciones 03/3656/04 y acumulada 03/4345/04 y 03/4830/05 y acumulada 03/4831/05, planteadas frente a la liquidación de 26-7-2004 del Inspector Jefe de la Dependencia Regional de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en concepto de IVA de 1999 y 2000, por importe de 57.420,75 euros, y su correspondiente sanción de fecha 11-10-2004, por una cuantía de 29.259,79 euros, así como contra la liquidación de 19-10-2005 por IVA de 2001 y 2002, por 177.945,03 euros y la sanción correspondiente de 20- 10-2005, por importe de 99.219,66 euros.

2. Anulamos la liquidación de la deuda del IVA de 1999 y la sanción correspondiente a ese ejercicio, por ser contrarias a derecho.

3. No se hace expresa imposición de las costas procesales.

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente sentencia, devuélvase el expediente administrativo al órgano de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente designado para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que certifico como Secretario de la misma. Valencia, en la fecha arriba indicada.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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