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Sentencia T.S.J. Valencia 394/2010 de 9 de abril


 RESUMEN:

Impuesto sobre el Valor Añadido: Deuda tributaria. Inclusión de cuotas tributarias e intereses de demora. Inspección tributaria: Infracciones tributarias graves en el marco de la actividad de comercio al por menor de vehículos usados. Entregas intracomunitarias de bienes: Improcedencia de la exención por la ausencia de acreditación de la empresa de la efectiva realización del transporte a un Estado miembro.

 

Sala Contencioso Administrativo

Sección Tercera

Asunto n.º 216/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

En la Ciudad de Valencia, a nueve de abril de dos mil diez.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Juan Luis Lorente Almiñana.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Luis Manglano Sada.

D. Cristóbal J. Borrero Moro.

SENTENCIA NUM. 394/10

En el recurso núm. 216/2008, interpuesto por AUTOMEDITERRÁNEO, S.A., representada por la Procuradora Dña. BEATRIZ LLORENTE SÁNCHEZ y dirigida por la Letrada Dña. SONIA BRU SENENT, contra Resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Valencia, de fecha 31 de octubre de 2007, desestimatoria de la Reclamación económico- administrativa núm. 46/4562/04, y de sus acumuladas 03/2841/05 y 03/2842/05, deducidas, respectivamente, contra Acuerdo de liquidación definitiva, del Inspector-Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, sede de Alicante, de la AEAT, de fecha 17 de junio de 2004, en el que se declara la existencia de una deuda tributaria, incluidos cuota e intereses de demora, por importe de 85.201,86 €, dictado en el seno del procedimiento de inspección en el que se incoaron dos Actas de disconformidad - A02, núms. 70848155 y 70848961-, por el concepto tributario IVA, ejercicios 1999-2000 y 2001-2002, respectivamente; y contra Acuerdos de imposición de sanción del Inspector-Jefe, de fecha 25 de octubre de 2004, dictados en el marco de procedimiento abreviado sancionador, derivado del anterior procedimiento inspector, por infracciones tributarias graves, tipificadas en el artículo 79, por importes de 7.427,80 € y de 30.148,34 €, respectivamente.

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el ABOGADO DEL ESTADO. Siendo Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Cristóbal J. Borrero Moro.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustadas a derecho las resoluciones recurridas.

Segundo.-La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmasen las resoluciones recurridas.

Tercero.-Habiéndose recibido el proceso a prueba, con el resultado que consta en autos, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.-Se señaló la votación para el día seis de abril de dos mil diez.

Quinto.-En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el presente proceso la parte demandante, AUTOMEDITERRÁNEO, S.A., interpone recurso contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, de fecha 31 de octubre de 2007, desestimatoria de la Reclamación económico-administrativa núm. 46/4562/04, y de sus acumuladas 03/2841/05 y 03/2842/05, deducidas, respectivamente, contra Acuerdo de liquidación definitiva, del Inspector-Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, sede de Alicante, de la AEAT, de fecha 17 de junio de 2004, en el que se declara la existencia de una deuda tributaria, incluidos cuota e intereses de demora, por importe de 85.201,86 €, dictado en el seno del procedimiento de inspección en el que se incoaron dos Actas de disconformidad -A02, núms. 70848155 y 70848961-, por el concepto tributario IVA, ejercicios 1999- 2000 y 2001-2002, respectivamente; y contra Acuerdos de imposición de sanción del Inspector-Jefe, de fecha 25 de octubre de 2004, dictados en el marco de procedimiento abreviado sancionador, derivado del anterior procedimiento inspector, por infracciones tributarias graves, tipificadas en el artículo 79, por importes de 7.427,80 € y de 30.148,34 €, respectivamente.

Segundo.-En el presente recurso, la demandante alega, por un parte, la nulidad del acto de liquidación con arreglo a argumentos tanto de forma: infracción de los artículo 215, 237 y 239 LGT/2003, por falta de motivación total de la Resolución del TEARV; como de fondo, procedencia de la exención del IVA en las entregas intracomunitarias de bienes, conforme a los artículos 25 LIVA y 13.2 RIVA, al haberse acreditado, en primer lugar, las entregas intracomunitarias a adquirentes con un NIF/IVA atribuido por un Estado miembro de la Comunidad, distintos de España; y, en segundo lugar, el transporte de los vehículos a otros Estados miembros de la Unión Europea, mediante las cartas de porte internacional; y, por la otra, la nulidad del acuerdo de imposición de sanción por ausencia de culpabilidad. Siendo rechazable la pretensión de imputar responsabilidad solidaria al adquirente, por falta de motivo normativo en el que encajar dicha pretensión.

Con dichas alegaciones, la demandante pretende combatir los razonamientos del TEARV, que afirma, en primer lugar, la ausencia de acreditación, con base en las pruebas aportadas, de la efectiva realización del transporte a un Estado miembro, como consecuencia de dicha transmisión; mientras que, en segundo lugar, considera ajustada a Derecho el acuerdo de imposición de sanción. En la misma línea, el Abogado del Estado contesta a la demanda pretendiendo la confirmación tanto del acto de liquidación, en tanto que, correspondiendo a la demandante la acreditación de la concurrencia de los medios de prueba determinante de la realización de los presupuestos de hecho que justifican su aplicación, no los ha acreditado; como del acto de imposición de imposición.

Planteándose como cuestiones a resolver en el presente litigio las siguientes:

Falta de motivación de la Resolución del TEARV.

Procedencia de la exención por las entregas intracomunitarias de bienes.

Ausencia de culpabilidad.

Tercero.-La demandante alega la vulneración infracción de los artículo 215, 237 y 239 LGT/2003, por falta de motivación total de la Resolución del TEARV. Sin embargo, dicho motivo de impugnación debe ser rechazado, tanto con una simple lectura de la Resolución, en la que se puede apreciar los fundamentos jurídicos y fácticos en los que se funda la misma, como con la propia demanda en la que, pese a sostener la "Ausencia total de motivación de la resolución impugnada", se cita dicha motivación calificándola de limitada; con base en lo cual, procede calificar el motivo de impugnación como de incongruencia omisiva, más que de falta de motivación, al afirmarse que:

"Ante la falta de pronunciamiento por parte del tribunal en todas las cuestiones suscitadas por el interesado, se produce una ausencia de motivación por el órgano que resuelve las pretensiones del administrado..."

Debiéndose rechazar también la existencia de incogruencia omisiva en la Resolución del TEARV, ya que, como tiene declarado el Tribunal Supremo, por ejemplo en su Sentencia de 11 de septiembre de 2009:

"El supuesto de la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aún cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales.

Por ello, para determinar si existe incongruencia omisiva en una resolución judicial, no basta genéricamente con confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos (partes) y objetivos (causa de pedir y "petitum), a fin de comprobar si el órgano judicial dejó imprejuzgada alguna cuestión, sino que, además, es preciso ponderar las circunstancias realmente concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del art. 24.1 CE o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva. La exigencia de congruencia no comporta que el Juez haya de quedar vinculado rígidamente al tenor literal de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidos en su apoyo.

En ese sentido, esta Sala y Sección ha dicho que una sentencia desestimatoria no puede ser incongruente en cuanto a la demanda, pues de esa forma abarca todo el "petitum" de la misma. Una sentencia desestimatoria puede ser incongruente con respecto a lo que solicitan otras partes intervinientes en el proceso, pero nunca respecto de aquella que vea rechazadas todas sus pretensiones cuando se han observado los trámites y garantías legalmente establecidos y la resolución que ha puesto fin está suficiente y coherentemente motivada (sentencias, entre otras, de 1 de febrero y 27 de junio de 2008; casación nums. 615/1998 y 584/1999).

La sentencia de la Audiencia Nacional ahora recurrida en casación en su fallo acordó desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Transafrica S.A. contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. En consecuencia, siendo un pronunciamiento desestimatorio, no puede ser incongruente respecto al demandante.

En cualquier caso la sentencia de instancia contesta expresamente a las alegaciones del recurrente acerca del Reglamento del Impuesto de Sociedades, así como acerca de la supuesta revocación indebida de la Orden Ministerial por la que se concede la tributación consolidada al grupo del recurrente; y así, por lo que se refiere a esta última cuestión, la sentencia recurrida contiene distintos párrafos en los que razona que la Orden Ministerial por la que se concedió la tributación consolidada al grupo del recurrente se sujetaba al cumplimiento de determinadas condiciones, que posteriormente resultaron incumplidas, sin que, por tanto, pueda hablarse de revocación indebida de dicha Orden Ministerial sobre concesión de tributación en régimen consolidado.

....

Por otro lado, en cuanto a si se ha dado o no respuesta a todas las demás cuestiones planteadas, como es la revocación de un acto administrativo, ya se ha dicho que los razonamientos o motivación de la sentencia no tiene que coincidir, punto por punto, con todas las alegaciones de las partes, y que no ha existido en ningún modo incongruencia omisiva."

Pues bien, en parte, esto es lo que acontece en este caso. Así, el TEARV, en su Fundamento de Derecho Segundo, selecciona aquellos hechos sustantivos en orden a la cabal resolución de la reclamación, pronunciándose tanto sobre el valor probatorio del CMR, así como la falta de valor de las facturas para acreditar la realización efectiva del transporte; con base en lo cual, se puede discrepar del fallo del TEARV, de lo cual es buena muestra el presente proceso, pero no se le puede tachar de incongruente.

Por todo lo cual procede desechar el presente motivo de impugnación.

Cuarto.-La improcedente aplicación del IVA en los supuestos de entregas intracomunitarias de bienes, regulada en el artículo 25 LIVA, realizada por la demandante, durante el período objeto de inspección, en el marco de su actividad de comercio al por menor de vehículos usados, se justifica por la Inspección en el acta con base en la siguiente argumentación:

"Procede incrementar las base imponibles declaradas en los períodos siguientes por lo motivos que se exponen a continuación:

...

Estas cantidades (recogidas en la dil. De 3-3-04) corresponden a las ventas de vehículos realizadas por la empresa por las que se acogió a la exención prevista en los artículos 25 de la Ley y 13 del Reglamento del Impuesto relativa a las entregas de bienes destinados a otro Estado Miembro.

A juicio de la Inspección y tal y como se detalla en el Informe que se adjunta a la presente acta, no ha quedado justificado la expedición o el transporte de dichos vehículos en el momento de realizarse dichas ventas; por lo que dichas operaciones deben estar sujetas y no exentas incluyéndose en la Base Imponible del Impuesto y al tipo impositivo del 16 por 100 establecido en el art. 90 de la Ley." (folio 2 del expediente administrativo).

En este sentido, en el Informe ampliatorio del acta se detalla por la Inspección que:

"Pues bien, apreciadas las pruebas en su conjunto, no cabe sino llegar a la conclusión de que no se justifica la salida de las mercancías del territorio nacional como consecuencia directa de las ventas efectuadas por Automoediterráneo s.a., por lo siguientes motivos:

1/ Los vehículos nunca salen del territorio nacional con destino a Reino Unido (o a Alemania en el caso del año 2002), pues no existe documentalmente ni una sola prueba de ello, sino que ponen a disposición del "cliente" dentro del territorio nacional, en Novelda o en Madrid (en la mayoría de los casos), para que, a su vez, sean transportados al destino final en países de la Unión Europea en modos más o menos fraudulentos siendo el destino final países como Italia o Alemania.

2/ Que en muchos de los casos los mismos vehículos son documentalmente entregados dos veces, CMR de DEPERCART ESPAÑA SL o SLANCAR y CMR de CAR 3 LTD o FASTER IRELAN LIMITED, al mismo cliente y con igual número de CMR en ambos, e igual medio de transporte.

3/ Se observa sin género de duda que se trata de un montaje mediante fotocopia del original cambiando los datos.

4/ Pauta común en todos los CMR's es la poca claridad de los datos que figuran en los mismos. En muchos casos aparecen datos sobrescritos en las fotocopias, en otros, cuando aparece el sello de la empresa en la casilla del recibo de la mercancía, no coincide con el que aparece en la fotocopia de los mismos.

La operativa del fraude no puede estar mejor expuesta:

1.º Los vehículos son vendidos formalmente según consta en las facturas a las empresas británicas CAR 3 LIMITED y FASTER IRELAN LIMITED (en los ejercicios 1999, 2000 y 2001) y a la empresa alemana BMW JOST GMBF (en 2002), pero no se acredita el transporte de los mismos, ya que Automediterráneo SA, se desentiende del mismo. Tras el análisis de la documentación aportada, CMR's, escritos y documentos de pago, se observa generalmente, como puntos de carga NOVELDA, sede de SLANCAR O DEPECART, o bien centros de distribución de MADRID. Por tanto hubo de haber un primer transporte hasta dichos puntos de carga. Y ya en dichos puntos, cargados nuevamente salen de España. Por tanto la puesta a disposición de los vehículos es en territorio español.

De la documentación aportada y mencionada anteriormente se desprende que CAR 3 LTD y FAXTER IRELAN LTD están relacionadas con DEPECART con domicilio en Novelda.

2.º Los vehículos son trasladados a territorio italiano o alemán, generándose dos CMR, uno en el que figura la empresa británica que compra el vehículo, y otro, con iguales datos que el anterior, tanto de contenido de mercancía como de número de CMR (y en consecuencia falso), expedido por la empresa que realmente va facturar a la empresa italiana o alemana, DEPECART o SLANCAR.

Todo esto queda corroborado por las manifestaciones recogidas en diligencia instruida a la mercantil DEPECART ESPAÑA, SL, el 25 de septiembre de 2002,en la que se indica en su apartado 10 lo siguiente:

"Como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo en el presente expediente se han puesto de manifiesto los siguientes hechos:

Las compañías FASTER IRELAND LIMITED y CAR 3 LTD, radicadas en el Reino Unido, adquieren vehículos turismos usados a distintos concesionarios de vehículos y Rent a car españoles. Dichas operaciones se han considerado exentas de IVA por las empresas españolas que realizan las entregas por tratarse de entregas intracomunitarias exentas con destino a Reino Unido.

DEPECART ESPAÑA S.L. adquiere los vehículos a FASTER IRELAN LIMITED y CAR 3 LTD declarando las correspondientes adquisiciones intracomunitarias. Según manifestaciones realizadas con anterioridad a esta Inspección por la representante de DEPECART ESPAÑA S.L., los vehículos le son remitidos directamente desde los concesionarios y Rent a car españoles, en ningún momento son remitidos al Reino Unhido. DEPECART ESPAÑA S.L. vende los vehículos a compraventas situados en Francia, Italia y Alemania, declarando dichas operaciones como entregas intracomunitarias exentas en España." (folio 772 expediente administrativo)

(...)

Además, se desprende de la documentación obrante en el expediente que los vehículos no salen del territorio nacional como consecuencia de la transmisión efectuada por AUTOMEDITERRANEO S. Todas las gestiones de compra realizadas por los teóricos operadores británicos, así como los distintos canales a través de los cuales se efectúa el pago de la venta de los coches provienen del territorio nacional español, y prueba de ello es la identificación del autorizado José Alberto... administrador de SLANCAR y DEPECART (socio de esta última según figura en diligencia 15-9-02 instruida a la misma) y apoderado de FASTER IRELAND y CAR 3 lo que convierte a los operadores británicos en teóricos establecimientos permanentes sitos en España." (folios 22 a 23).

En este sentido, el artículo 25 LIVA establece que:

"Estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones:

1. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea:

a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España."

Precepto que exige, como requisito sine qua non, para la aplicación de la exención a dichas operaciones de entregas, y en lo que al presente caso afecta, la expedición o transporte al territorio de otro Estado miembro.

Siendo éste el tema controvertido; al no haber quedado acreditado, a juicio de la Inspección, la expedición o el transporte de dichos vehículos a otro Estado miembro como consecuencia directa de las ventas efectuadas por Automoediterráneo, S.A.; con base en lo cual califica dichas entregas de operaciones interiores, sujetas y no exentas, incluyéndose en la Base Imponible del Impuesto y al tipo impositivo del 16 por 100 establecido en el artículo 90 de la Ley. Posición que es avalada por el TEARV y por la representación procesal de éste.

Al respecto, el artículo 13 RIVA establece que:

"1. Están exentas del Impuesto las entregas de bienes efectuadas por un empresario o profesional con destino a otro Estado miembro, cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.

2. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, de la siguiente forma:

1.º Si se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los correspondientes contratos de transporte o facturas expedidas por el transportista.

2.º Si se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación.

La condición del adquirente se acreditará mediante el Número de Identificación Fiscal que suministre al vendedor".

Este precepto exige al contribuyente la justificación de la expedición o transporte de los vehículos al Estado miembro de destino; y ello lo podrá hacer, según el citado artículo reglamentario, por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, si la expedición o transporte se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación.

En el presente caso, en el que el transporte de los vehículos adquiridos, según consta en la diligencia de fecha 25 de julio de 2003, es asumido por el adquirente, la demandante aporta como elementos de prueba del transporte intracomunitario, en primer lugar, facturas de venta, expedidas a los clientes FASTER IRELAND LIMITES NOI, CAR 3 LTD NOI y BMW JOST GMBF NOI, justificativos de la efectiva venta a operadores intracomunitarios acreditados en España; en segundo lugar, documentos originales de baja de los vehículos vendidos en la Jefatura de Tráfico por tránsito intracomunitario; en tercer lugar, recibos de cobro, con membrete de la demandante y sello, acreditativos de la existencia de una compraventa y la recepción del importe de dicha venta; en cuarto lugar, presentación de las correspondientes declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias -modelo 349- de los ejercicios fiscales comprobados, en la que constan relacionadas todas las ventas efectuadas en el período inspeccionado; y, en cuarto lugar, y, fundamentalmente, los CMRs o cartas de porte internacional de los transportes de vehículos a otros Estados miembros, que tienen valor probatorio conforme al Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956, que configura al mismo como un documento fehaciente de la existencia del contrato de transporte internacional - arts. 9.1 y 4 -.

Pruebas todas que acogidas literalmente, tal como las expone la demandante, sin mayor análisis de su contenido y del resto de elementos probatorios presentes en el litigio, bastarían para la estimación del recurso, conforme al artículo 13 RIVA. No obstante, el caso, como sostiene la Inspección y expusimos supra, exige un análisis más detenido. De hecho, aristas vidriosas del mismo pueden atisbarse en la propia demanda, en la que la demandante, por una parte, defiende que los CMRs no pierden su virtualidad probatoria por haberse presentados incompletos; y, por la otra, destaca como interpretación fundamental el hecho de que para aplicar la exención en las entregas intracomunitarias no es necesario que el vehículo se transporte al mismo Estado en el que está identificado el adquirente.

Elementos, puesto de manifiesto por la demandante, que constituyen aspectos de la tesis de operaciones intracomunitarias fraudulentas, denunciada por la Inspección, en la que el pleito planteado no sería sino su primer acto.

No obstante, retomando el hilo argumental del presente caso, la cuestión controvertida estriba en determinar si dichas pruebas acreditan el transporte de los vehículos a otro Estado miembro. Y al respecto, los elementos de prueba aportados por la demandante, y materializados en las facturas de venta, documentos de baja en tráfico, justificantes del pago del adquirente, presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias debiendo ser aceptados como tales, su peso no puede ser definitivo respecto de la concreta cuestión litigiosa, de la que pende la aplicación de la exención en cuestión, ya que ninguna de las mismas son determinantes en la acreditación del efectivo transporte de los vehículos a otro Estado miembro; verdadera cuestión litigiosa.

Cuestión distinta son los CMRs -carta de porte internacional-, presentados por la demandante, que, conforme al Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956, "da fe, salvo prueba en contrario, de las condiciones del contrato y de la recepción de la mercancía por el transportista, constituyendo un documento fehaciente de la existencia del contrato de transporte internacional" -art. 9.1 -.

Con base en lo cual su presentación sí que es prueba determinante del transporte; aunque como sostiene el propio artículo, salvo prueba en contrario. Y esto es lo que precisamente sucede, a juicio de la Sala en el presente caso.

Así, acontece en el presente caso, como consta en acta, así como en diligencia, como en la de fecha 3 de marzo de 2004, que, en general, todos los CMR's presentan importantes anomalías que desacreditan su validez como prueba de la existencia de contrato de transporte internacional respecto de la primera de las ventas efectuadas, que es la aquí enjuiciad; tales como la poca claridad de los datos que figuran en los mismos; la existencia de datos sobrescritos en las fotocopias; sello de la empresa en la casilla del recibo de la mercancía que no coincide con el que aparece en la fotocopia de los mismos; omisión de menciones elementales en el documento relativo a la transmisión a la entidad adquirente primera; existencia dos CMRs con la misma numeración, uno en el que figura la empresa británica que compra el vehículo, que es la aquí enjuiciada, y otro con los mismos datos de contenido de mercancía, expedido por la empresa, que realmente va facturar a la empresa italiana o alemana, DEPECART o SLANCAR, y que es el transporte realmente efectuado; en los CMR's se observa generalmente, como puntos de carga NOVELDA, sede de SLANCAR O DEPECART, o bien centros de distribución de MADRID.

Además, existen otros elementos de prueba que inciden en dicha conclusión, así, en primer lugar, consta en el expediente que CAR 3 LTD y FAXTER IRELAN LTD están relacionadas con DEPECART con domicilio en Novelda.

En segundo lugar, consta en el expediente escrito de DEPECART ESPAÑA SL, de fecha 24 de enero de2000, en el que señala a la demandante que:

"la facturación de los vehículos que le hagan, la hagan a nombre de la sociedad que tienen ellos en Inglaterra y cuyo nombre es CAR 3 LTD".

En tercer lugar, en la diligencia, instruida a la mercantil DEPECART ESPAÑA, SL, en fecha 25 de septiembre de 2002, apartado 10, se hace constar lo siguiente:

"Como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo en el presente expediente se han puesto de manifiesto los siguientes hechos:

Las compañías FASTER IRELAND LIMITED y CAR 3 LTD, radicadas en el Reino Unido, adquieren vehículos turismos usados a distintos concesionarios de vehículos y Rent a car españoles. Dichas operaciones se han considerado exentas de IVA por las empresas españolas que realizan las entregas por tratarse de entregas intracomunitarias exentas con destino a Reino Unido.

DEPECART ESPAÑA S.L. adquiere los vehículos a FASTER IRELAN LIMITED y CAR 3 LTD declarando las correspondientes adquisiciones intracomunitarias. Según manifestaciones realizadas con anterioridad a esta Inspección por la representante de DEPECART ESPAÑA S.L., los vehículos le son remitidos directamente desde los concesionarios y Rent a car españoles, en ningún momento son remitidos al Reino Unhido. DEPECART ESPAÑA S.L. vende los vehículos a compraventas situados en Francia, Italia y Alemania, declarando dichas operaciones como entregas intracomunitarias exentas en España." (folio 772 expediente administrativo).

En cuarto lugar, en la diligencia de fecha 29 de noviembre de 2001, instruida, igualmente, a la mercantil DEPECART ESPAÑA, SL, se hace constar la siguiente manifestación de la representante autorizada de la misma:

"Examinadas las facturas recibidas correspondientes al ejercicio 1999...

La compareciente, manifiesta que dichos vehículos son adquiridos en territorio español por los proveedores de DEPECART SL, y sin abandonar el territorio de aplicación del Impuesto son vendidos a su representada, quien finalmente los remite a sus compradores establecidos en otros países de la Comunidad Europea".

En quinto lugar, consta en el expediente la localización de las gestiones de compra, realizadas por los teóricos operadores británicos, así como los distintos canales a través de los cuales se efectúa el pago de la venta de los coches, en territorio nacional español; circunstancia que viene corroborada por la condición de D. José Alberto... de administrador de SLANCAR y DEPECART y apoderado de FASTER IRELAND y CAR 3.

Por lo que a la luz, del valor probatorio de las actas y diligencias tributarias, respecto de los hechos que motiven su formalización -art. 145.3 LGT/1963 -, del resto de documentos aportados al expediente, así como de la libre valoración de los mismos que compete a la Sala, queda acreditado para esta Sala, tal como sostiene la Inspección, la inexistencia de transporte a otro Estado miembro como consecuencia directa de la venta efectuada por la demandante; con base en lo cual, procede desestimar el presente motivo de impugnación.

Quinto.-El artículo 79 LGT/1963, establece que:

"Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de esta Ley o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 también de esta Ley ".

Mientras que el artículo 77 LGT/1963 establece que:

"1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia.

...

4. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:

...

d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma".

Marco normativo en materia de Derecho tributario sancionador que exige que la conducta tipificada como infracción grave: "(d)ejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria" -art. 79.a) LGT/1963 -, sea reprochable a la demandante, aunque sea a título de simple negligencia; esto es, que exista en la realización de la conducta tipificada como infracción tributaria incumplimiento de los deberes objetivos de cuidado que le incumben. No existiendo, por el contrario, culpabilidad en la realización de la conducta tipificada como infracción tributaria cuando se haya puesto la diligencia debida necesaria en el cumplimiento de las obligaciones.

Al respecto, consta en el Acuerdo sancionador que:

"En contra de lo manifestado en el escrito de alegaciones, también, ha quedado demostrado en el Acuerdo confirmatorio al Acta,..., que la legislación obliga al sujeto pasivo que puede "beneficiarse" (...) de la exención por entregas intracomunitaria, obliga decíamos, a probar la efectiva expedición de las mercancías a un Estado miembro comunitario, y tal obligación ha sido incumplida claramente por el sujeto pasivo infractor.

(...) Por lo que si,..., el tope de la culpabilidad es la negligencia simple, es decir, la omisión de la diligencia predicable de un "hombre medio", la falta de esta diligencia será el desencadenante para que la Administración deba intervenir y deba reconducir al ciudadano a sus deberes para con el Estado, sin que éste pueda oponer como causa de exculpación el error, puesto que el error hubiera podido ser subsanado y evitado con la diligencia que siempre legalmente será exigible.

La entidad no ha aportado argumentos a favor de su forma de actuar, puesto que las manifestaciones realizadas se limitan a afirmar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a decir que ha acreditado la realización del transporte de las mercancías entregadas, y en definitiva, exculpándose en la falta de concurrencia del elemento intencional. Pero en absoluto puede ampararse la entidad en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando la norma es imperativa respecto de la obligación de probar la expedición o el transporte de las mercancías a otro Estado miembro distinto del de la entrega, y en el presente caso no lo ha hecho.

Se debe concluir, por tanto, que la entidad obligada tributaria no ha puesto el cuidado debido y exigido por la Ley tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, apreciándose en su conducta un cierto grado de negligencia estimable como error viciable, a lo cual cabe añadir que, además, ha sido consciente de ello."

Motivación que, a la luz de los datos acreditados en autos, procede confirmar, afirmando la existencia del elemento culpabilístico en el presente caso.

Debiéndose estimar el presente motivo de impugnación, anulando los acuerdos de imposición de sanción.

Sexto.-De conformidad con el criterio mantenido por el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es de apreciar temeridad o mala fe en ninguna de las partes a efectos de imponer las costas procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
DESESTIMAR el recurso interpuesto por AUTOMEDITERRÁNEO, S.A., representada por la Procuradora Dña. BEATRIZ LLORENTE SÁNCHEZ y dirigida por la Letrada Dña. SONIA BRU SENENT, contra Resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Valencia, de fecha 31 de octubre de 2007, desestimatoria de la Reclamación económico- administrativa núm. 46/4562/04, y de sus acumuladas 03/2841/05 y 03/2842/05, deducidas, respectivamente, contra Acuerdo de liquidación definitiva, del Inspector-Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, sede de Alicante, de la AEAT, de fecha 17 de junio de 2004, en el que se declara la existencia de una deuda tributaria, incluidos cuota e intereses de demora, por importe de 85.201,86 €, dictado en el seno del procedimiento de inspección en el que se incoaron dos Actas de disconformidad - A02, núms. 70848155 y 70848961-, por el concepto tributario IVA, ejercicios 1999-2000 y 2001-2002, respectivamente; y contra Acuerdos de imposición de sanción del Inspector-Jefe, de fecha 25 de octubre de 2004, dictados en el marco de procedimiento abreviado sancionador, derivado del anterior procedimiento inspector, por infracciones tributarias graves, tipificadas en el artículo 79, por importes de 7.427,80 € y de 30.148,34 €, respectivamente. Todo ello sin expresa condena en costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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