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Sentencia T.S.J. Valencia de 30 de abril de 2010


 RESUMEN:

Impuesto sobre el Valor Añadido: Cuando constante matrimonio, sometido al régimen de sociedad legal de gananciales, se procede a la adquisición de bienes (inmuebles) por ambos cónyuges y habiéndose emitido factura de adquisición por ambos; pero el destino del bien adquirido es para afectarlo a la actividad desarrollada por uno de ellos (promoción inmobiliaria), procede la deducción de la totalidad del Impuesto soportado, con independencia de las formalidades de la factura, que no puede valorarse con excesivo rigor formal. En cuanto a la aplicación de la regla de prorrata, debe hacerse en el ejercicio en que el sujeto pasivo haya soportado las cuotas deducibles. Deuda tributaria: Inexistencia.

Sala Contencioso Administrativo

Sección Tercera

Asunto n.º 33/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

En la Ciudad de Valencia, a treinta de abril de dos mil diez.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Juan Luis Lorente Almiñana.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Luis Manglano Sada.

D. Cristóbal J. Borrero Moro.

SENTENCIA NUM:__________

En el recurso núm. 33/2008, interpuesto por Justino, representado por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER BLASCO MATEU y dirigido por el Letrado D. FERNANDO FORTUÑO MEZQUITA, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, de fecha 28 de septiembre de 2007, desestimatoria de la Reclamación económico-administrativa núm. 12/379/04, deducida contra Acuerdo de liquidación provisional, del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Castellón de la AEAT, de fecha 20 de febrero de 2004, en el que se declara la existencia de una deuda tributaria, incluido cuota e intereses de demora, por importe de 20.567,70 €, dictado en el seno del procedimiento de comprobación abreviada de la declaración resumen anual (modelo 390), del concepto tributario IVA, ejercicio 2001.

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el ABOGADO DEL ESTADO. Siendo Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Cristóbal J. Borrero Moro.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustadas a derecho las resoluciones recurridas.

Segundo.-La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmasen las resoluciones recurridas.

Tercero.-Habiéndose recibido el proceso a prueba, con el resultado que consta en autos, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.-Se señaló la votación para el día veintisiete de abril de dos mil diez.

Quinto.-En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el presente proceso la parte demandante, Justino, interpone recurso contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, de fecha 28 de septiembre de 2007, desestimatoria de la Reclamación económico-administrativa núm. 12/379/04, deducida contra Acuerdo de liquidación provisional, del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Castellón de la AEAT, de fecha 20 de febrero de 2004, en el que se declara la existencia de una deuda tributaria, incluido cuota e intereses de demora, por importe de 20.567,70 €, dictado en el seno del procedimiento de comprobación abreviada de la declaración resumen anual (modelo 390), del concepto tributario IVA, ejercicio 2001.

Segundo.-En el presente recurso, el demandante sostiene la nulidad del acto de liquidación con arreglo a los siguientes argumentos: primero, caducidad del procedimiento de comprobación abreviada, al incumplir el plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria, fijado en seis meses por el artículo 23 la Ley 1/1998, al haber transcurrido más de seis meses desde su inicio, con la notificación del requerimiento, en fecha 9 de diciembre de 2002, hasta su finalización el día 6 de marzo de 2004, fecha de notificación de la liquidación provisional; segundo, la plena deducibilidad del IVA soportado por la adquisición, por el demandante y su esposa, casados en régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales, de un inmueble con destino a la actividad de promoción inmobiliaria, realizada por el demandante, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; y tercero, la improcedente aplicación del porcentaje de prorrata general, establecido para el año 2001, al IVA soportado en 2000 (6.390.373 ptas./38.406,92 €) y no deducido en la liquidación provisional realizada por la Administración de dicho ejercicio, como consecuencia de que no se declaró por el demandante en las declaraciones-liquidaciones presentadas en dicho ejercicio.

Al respecto, el TEARV niega la nulidad del acto de liquidación, ya que, en primer lugar, con independencia de que se haya incumplido el plazo de los procedimientos de gestión tributaria, la normativa reguladora de dicho procedimiento no contempla consecuencia alguna para la infracción del plazo -arts. 123 y 105.2 LGT/1963; en segundo lugar, el acomodo a Derecho de la exclusiva deducibilidad por el demandante del 50 por 100 del IVA soportado por la adquisición del solar, conforme al artículo 92 LIVA, al ser éste el IVA efectivamente soportado, como consecuencia de haber sido adquirido por ambos cónyuges; y, finalmente, en tercer lugar, es acomodado a Derecho la aplicación del porcentaje de prorrata a todas las cuotas autoliquidadas como deducibles en 2001, al no haberse acreditado por el demandante que antes del inicio del ejercicio 2001 estuviera en posesión de las facturas controvertidas. En la misma línea, el Abogado del Estado contesta a la demanda pretendiendo la confirmación del acto de liquidación.

Planteándose como cuestiones a resolver en el presente litigio las siguientes:

La caducidad del procedimiento de gestión tributaria.

Porcentaje de deducibilidad del IVA soportado por adquisición del inmueble por el matrimonio con destino a la actividad económica.

Procedencia, o no, de la aplicación del porcentaje de prorrata al IVA soportado en 2000.

Tercero.-En orden a la caducidad del procedimiento de gestión, la Sala no ignora que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común estableció, a diferencia de la Ley de 17 de julio de 1958 anterior, la caducidad o perención, por paralización de los procedimientos por culpa de la Administración, y así el art. 43, apartado 4, de la nueva Ley 30/1992, dispuso "4. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir efectos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento"; sin embargo, tampoco puede desconocerse la Disposición Adicional Quinta. "Procedimiento Administrativo en materia tributaria", que dispone: "1. Los procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley", precepto que nos remite al art. 105 de la Ley General Tributaria, en su versión original de 28 de diciembre de 1963, que dispone: "1. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites. 2. La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja". A su vez hay que tener presente que la disposición Adicional Quinta de la Ley 30/992, antes de su modificación por la Ley 4/1999 de 13 de enero, señalaba el carácter subsidiario de la LPAC, al indicar que los procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley, sin embargo, partiendo de que estamos analizando un procedimiento posterior a dicha redacción, fue la Ley 4/1999 quien introdujo una especialización en materia tributaria al señalar que los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. Añadiendo, y esto es importante, que "En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley." Así como que "En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria."

De manera que la paralización o la inobservancia de estos procedimientos no lleva consigo la caducidad de los mismos, aunque, y esto es importante, tuviera un plazo de resolución establecido.

No puede extrañar que el art. 105, apartados 1 y 2, rechace la caducidad de estos procedimientos porque tiene una justificación y es que el retraso o incuria de la Administración Tributaria debe dar lugar al recurso de queja y a la responsabilidad de los funcionarios culpables, pero no debe perjudicar a la Hacienda Pública, entendida ésta como el "procomun" o sea el patrimonio de todos los españoles, y así lo reconoce el propio Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, en cuya Exposición de Motivos se dice "Tanto en materia de plazos como en lo relativo a los efectos desestimatorios de la falta de resolución expresa, se ha llevado a cabo un esfuerzo al objeto de que las diferencias existentes respecto de los principios generales previstos por la Ley 30/1992 se produzcan únicamente en aquellos casos en que la aplicación de estos últimos pudiera producir perjuicios de entidad a los intereses de la Hacienda Pública, cuya finalidad es la de posibilitar la efectiva realización del deber constitucional de contribuir.

Ha sido, por fin, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la que en su art. 104 "Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa", ha regulado la caducidad o perención, de carácter general, en su apartado 4, en términos similares a los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo cual demuestra que con anterioridad no existía.

En conclusión, es criterio de la Sala la imposibilidad de estimar el efecto de la caducidad como consecuencia de superación en exceso del plazo de seis meses fijados por el Legislador para el término del procedimiento de gestión tributaria.

Por todo lo cual, procede desestimar esta pretensión de la demandante.

Cuarto.-La cuestión relativa al porcentaje del IVA soportado por la adquisición del solar, sostiene la Administración tributaria que:

"Se disminuye el iva deducible... que corresponde al 50% de la factura emitida por VALPALMA, S.L. a nombre de Justino y María Julia......

...

-En relación con la minoración de la mitad de la factura de compra de un solar por estar a nombre de los cónyuges manifiesta que dicho solar se afectó a la actividad de un cónyuge por lo que debe suponer la deducción total de la cuota de iva. No se estiman dichas alegaciones, dado que el art. 92 de la Ley 37/1992 establece que "Los sujetos pasivos podrán deducir las cuotas... que hayan soportado por REPERCUSIÓN DIRECTA..."

Ciertamente, en la escritura pública otorgada para formalizar la adquisición del inmueble, firmaron como adquirentes el demandante y su esposa, sujetos al régimen económico matrimonial de sociedad legal de gananciales; entregándose una factura a nombre de ambos.

Al respecto, establece el artículo 92 LIVA "Cuotas tributarias deducibles", que:

"1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o satisfecho por las siguientes operaciones:

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto...

...

2.El derecho a la deducción establecido en el apartado anterior sólo procederá en la medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en la realización de las operaciones comprendidas en el artículo 94.1 de esta Ley."

El artículo 93 LIVA, "Requisitos subjetivos de la deducción", establece que:

"Uno. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales."

El artículo 94 del mismo texto "Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción", establece que:

"1. Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en el artículo 92 en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las siguientes operaciones:

Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto que se indican a continuación:

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido."

A su vez, el artículo 95 LIVA "Limitaciones del derecho a deducir", establece que:

"1. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

2. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:

Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.

Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.

Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.

Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.

Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad."

El artículo 97 LIVA "Requisitos formales de la deducción.", afirma que:

"Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho.

A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción:

La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

....

Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos.

....

Cuatro. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común por varias personas, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción, en su caso, de la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplicados de la factura se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los destinatarios."

En el presente caso, se deduce del expediente administrativo, en primer lugar, que el demandante ejercía, entre otras, la actividad de promoción inmobiliaria; y en segundo lugar, que el solar se afectó totalmente al desarrollo de dicha actividad económica, sin que la Administración tributaria cuestione esta circunstancia.

Con base en lo cual, así como a la luz de la normativa aplicable al caso, citada supra, y con independencia de que se adquiriera el inmueble, constando así en la factura, por ambos cónyuges en régimen económico matrimonial de sociedad legal de gananciales, el demandante tiene derecho a deducirse completamente el IVA soportado por su adquisición, al tratarse de un bien afecto plenamente a su actividad económica. Así, lo entiende la propia Dirección General de Tributos en su Consulta vinculante de 22 de noviembre de 2006.

Ciertamente, la factura, requisito imprescindible para el ejercicio del derecho a deducir, no cumple los requisitos legales, conforme al artículo 97 LIVA, al venir expedida a nombre de ambos cónyuges; con base en lo cual no justificaría el derecho a la deducción del demandante, al no considerarse documento válido para ello.

No obstante, dicho rigor formalista debe matizarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En particular, el Tribunal en su sentencia de 21 de abril de 2005, Asunto C-25/03, establece que:

"75. Esta cuestión trata esencialmente de que se dilucide si los artículos 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva exigen que, para poder ejercer el derecho de deducción en circunstancias como las del litigio principal, el sujeto pasivo disponga de una factura emitida a su nombre, en la que consten las fracciones del precio y del IVA correspondientes a su cuota de copropiedad, o si, a tal fin, basta que la factura se dirija indistintamente a los cónyuges que forman una sociedad conyugal, sin que conste tal desglose.

76.- A este respecto, del artículo 22, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, tanto en su versión inicial como en la resultante de la Directiva 91/680, se desprende que, a efectos del ejercicio del derecho de deducción, en las facturas debe figurar separadamente el precio sin impuesto y el impuesto correspondiente por cada tipo impositivo diferente, así como, en su caso, las exenciones que procedan.

77.- En consecuencia, fuera de estas exigencias mínimas, la Sexta Directiva no impone otras menciones obligatorias, como las indicadas en la cuarta cuestión prejudicial.

78.- Es cierto que, conforme al artículo 22, apartado 3, letra c), de la Sexta Directiva, los Estados miembros tienen la posibilidad de fijar los criterios en virtud de los cuales un documento se puede considerar sustitutivo de una factura y que, con arreglo al apartado 8 del mismo artículo, los Estados miembros están facultados para establecer otras disposiciones, siempre que las juzguen necesarias con el fin de asegurar la exacta percepción del impuesto y de evitar el fraude.

79.- La República Federal de Alemania ha hecho uso de esta última posibilidad. Así, en este Estado miembro la UStG dispone que las facturas deben incluir, en particular, el nombre y dirección del beneficiario de la operación, la cantidad y denominación comercial habitual de los bienes entregados o la naturaleza y alcance de la prestación de servicios y el precio de la operación.

80.- Sin embargo, como ha recordado la Comisión, según reiterada jurisprudencia, la exigencia, para el ejercicio del derecho a la deducción, de indicaciones en la factura distintas de las enunciadas en el artículo 22, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva debe limitarse a lo que sea necesario para garantizar la percepción del IVA y su control por la Administración fiscal. Además, dichas menciones no deberán, por su número o su carácter técnico, hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a la deducción (sentencia de 14 de julio de 1988, Jeunehomme y EGI, asuntos acumulados 123/87 y 330/87, Rec. p.4517, apartado17). Asimismo, las medidas que los Estados miembros están facultados para establecer con arreglo al artículo 22, apartado 8, de la misma Directiva con el fin de asegurar la exacta percepción del impuesto y de evitar el fraude no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. En consecuencia, no pueden ser utilizadas de forma que cuestionen la neutralidad del IVA, que constituye un principio fundamental del sistema común del IVA establecido por la legislación comunitaria en la materia (sentencias de 21 de marzo de 2000, Gabalfrisa y otros, asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, Rec. p.I-1577, apartado 52, y de 19 de septiembre de 2000, Schmeink & Cofreth y Strobel, C-454/98, Rec. p.I-6973, apartado59).

81.- Pues bien, en un caso como el controvertido en el litigio principal, no existe riesgo alguno de fraude o abuso, ya que este caso afecta a un tipo muy concreto de copropiedad, a saber, la copropiedad de hecho entre cónyuges, que carece en sí misma de la condición de sujeto pasivo y dentro de la cual sólo uno de los cónyuges ejerce una actividad económica, de modo que queda excluido que las facturas, aun emitidas a nombre del "Sr. y la Sra. HE" y sin hacer constar las fracciones de precio y de IVA correspondientes a la cuota de copropiedad de cada uno de los cónyuges, puedan utilizarse por el cónyuge no sujeto al impuesto o por la sociedad conyugal para obtener otra vez la deducción del mismo importe de IVA.

82.- En estas circunstancias, denegar al cónyuge sujeto al impuesto el derecho de deducción por el mero hecho de que las facturas no incluyen las indicaciones que exige el Derecho nacional aplicable sería incompatible con el principio de proporcionalidad.

83.- Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión que los artículos 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva no exigen, para poder ejercer el derecho de deducción en circunstancias como las del litigio principal, que el sujeto pasivo disponga de una factura emitida a su nombre, en la que consten las fracciones del precio y del IVA correspondientes a su cuota de copropiedad. A tal fin, basta que la factura se dirija indistintamente a los cónyuges que forman la sociedad conyugal, sin que conste tal desglose".

Por lo que el recurso debe ser estimado en este aspecto, al tener derecho el demandante a deducir el 100 por 100 del IVA soportado por la adquisición del inmueble, a tratarse de la adquisición de un bien que se afecta al desarrollo de la actividad del demandante, conforme a los principios de neutralidad y proporcionalidad.

Quinto.-Finalmente, en relación con la procedencia, o no, de la aplicación del porcentaje de prorrata general a las facturas del ejercicio 2000, consta en la motivación del acto de liquidación, lo siguiente:

"Al iva deducible se le aplica un porcentaje de prorrata del 64%, incluidas las facturas del Ejercicio 2000 (arts. 92, 102 y siguientes de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido)

....

En relación con la aplicación de la prorrata sobre todo el iva soportado, manifiesta en el escrito de alegaciones que la misma no debe aplicarse sobre las facturas cuya fecha de emisión fue en el ejercicio 2000, dado que aunque no se dedujeron en dicho ejercicio fueron recibidas en el mismo. No se tienen en cuenta estas alegaciones: el ejercicio del derecho a la deducción "EN PLAZO" de dichas cuotas fue el ejercicio 2001, sin que pueda probarse el momento de su recepción, por lo que la prorrata aplicable en el ejercicio 2001 se aplica sobre todas las cuotas soportadas que figuran en la declaración y de las que se ha decidido ejercitar el derecho a la deducción de las mismas, dada la flexibilidad en el ejercicio de dicho derecho que permite la Ley 37/1992, dentro del plazo de los cuatro años establecidos en el artículo 99.Tres."

El marco normativo de resolución del presente litigio viene constituido por los siguientes preceptos:

El artículo 99 LIVA "Ejercicio del derecho a la deducción", establece que:

"3. El derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.....

4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional que las soportó reciba la correspondiente factura o demás documentos justificativos del derecho a la deducción."

Por su parte, establece el artículo 102 LIVA "Regla de prorrata", que:

"1. La regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectúe conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de análoga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho."

Por su parte, el artículo 104 LIVA "La prorrata general", afirma que: "1. En los casos de aplicación de la regla de prorrata general, sólo será deducible el impuesto soportado en cada período de liquidación en el porcentaje que resulte de lo dispuesto en el apartado dos siguiente...."

Mientras que el artículo 105.Seis LIVA "Procedimiento de la prorrata general", establece que:

"6. El porcentaje de deducción, determinado con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se aplicará a la suma de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo durante el año natural correspondiente, excluidas las que no sean deducibles en virtud de lo establecido en los artículos 95 y 96 de esta Ley."

En el orden probatorio, en la diligencia, de fecha 5 de julio de 2001, expedida en el marco del procedimiento de comprobación abreviada seguido respecto del demandante por el concepto IVA, ejercicio 2000, se hace constar que:

"En el Libro Registro de Facturas Recibidas figura una cuota soportada de 15.518.659, ptas." (folio 17 del expediente administrativo).

Habiéndose computado, por la Administración Tributaria, como IVA deducible en la liquidación provisional del concepto IVA, ejercicio 2000, 9.128.386 ptas. (folio 18 del expediente administrativo).

En la diligencia, de fecha 17 de diciembre de 2002, expedida en el marco del procedimiento de comprobación abreviada seguido respecto del demandante por el concepto IVA, ejercicio 2001, se hace constar:

"El compareciente manifiesta... que ha aplicado un porcentaje de prorrata del 64% sobre el IVA soportado del Ejercicio 2001, no sobre el IVA soportado del 2000 que ahora se deduce por importe de 38.406,92 € ya que no se admitió su deducción en la revisión efectuada en dicho ejercicio por no haberse ejercitado en el mismo." (folio 11 del expediente administrativo).

A la luz de cual, estando acreditado en el expediente administrativo que el IVA soportado en 2000 asciende a 38.406,92 €, al constar en diligencia, de fecha 5 de julio, la contabilización de dicha cantidad en el ejercicio 2000; siendo, por un lado, ejercitable el derecho a la deducción en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles, en nuestro caso 2000; y, por el otro, aplicable el porcentaje de prorrata, exclusivamente, a la suma de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo durante el año natural correspondiente, en nuestro caso 2001; procede concluir la improcedencia de la extensión del porcentaje de prorrata al IVA soportado en 2000, al ser su ejercicio de deducción en plazo 2000; y no 2001, como realiza la Administración en el acto de liquidación.

Por lo que debe estimarse, también, este motivo de impugnación; declarando la anulación del acto de liquidación por ser contrario a Derecho.

Sexto.-De conformidad con el criterio mantenido por el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es de apreciar temeridad o mala fe en ninguna de las partes a efectos de imponer las costas procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
ESTIMAR el recurso interpuesto por Justino, representado por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER BLASCO MATEU y dirigido por el Letrado D. FERNANDO FORTUÑO MEZQUITA, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, de fecha 28 de septiembre de 2007, desestimatoria de la Reclamación económico-administrativa núm. 12/379/04, deducida contra Acuerdo de liquidación provisional, del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Castellón de la AEAT, de fecha 20 de febrero de 2004, en el que se declara la existencia de una deuda tributaria, incluido cuota e intereses de demora, por importe de 20.567,70 €, dictado en el seno del procedimiento de comprobación abreviada de la declaración resumen anual (modelo 390), del concepto tributario IVA, ejercicio 2001. ANULANDO LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS, POR SER CONTRARIAS A DERECHO. Todo ello sin expresa condena en costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico.


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