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Auto A.P. Castellón 283/2010, de 13 de julio


 RESUMEN:

Seguridad y salud laboral: Conducción por el trabajador en el momento del accidente de una Jumper. Contradicciones sobre los hechos. Delito de omisión de las medidas de seguridad e higiene adecuadas: Inexistencia. Imprudencia del trabajador al coger el dumper sin disponer de la debida capacitación y desoyendo a un compañero. Sobreseimiento provisional: No se puede considerar que los hechos se puedan calificar como constitutivos de un delito contra la seguridad de los trabajadores.

AUTO

En la ciudad de Castellón a trece de julio de dos mil diez

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Penal Núm. 294/2010, incoado en virtud del recurso interpuesto contra el Auto de 10 de marzo de 2010 dictado por la Ilma Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Castellón, en las Diligencias Previas núm. 1203/09.

Han sido partes en el recurso, como APELANTE, D. Emiliano, representado por el Procurador D. Miguel Tena Riera y asistido por el Letrado D. Alejandro Francisco Gómez-Bello Pagliaro y como APELADO, el Ministerio Fiscal, representado en las actuaciones por D. Candido Rodríguez Couso.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Pérez Cebadera.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En las Diligencias Previas de referencia con fecha diez de marzo de dos mil diez se dicto Auto cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: "Se acuerda desestimar el recurso de reforma interpuesto por el Procurador D. Miguel Tena Riera, en nombre y representación de D. Emiliano, contra el Auto de fecha 18 de noviembre de 2009, confirmando la mencionada resolución en todos sus efectos".

Segundo.-Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto con carácter subsidiario, se dio traslado al Ministerio Fiscal quien se opuso solicitando su desestimación y la confirmación del Auto apelado.

Tercero.-Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial se turnaron a la Sección Primera, donde se formó el oportuno Rollo de apelación tramitándose el recurso y la señalándose la deliberación y votación del tribunal.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado todas las formalidades y prescripciones legales.


RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


 
Se ACEPTAN los de la resolución recurrida; y

Primero.-Se alza en apelación el denunciante D. Emiliano contra el auto que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones seguidas en virtud de denuncia interpuesta por aquél contra la empresa Ibrahym Mohamed por la presunta comisión de un delito contra los trabajadores. La instructora tras la práctica de las diligencias de instrucción necesarias estimó que no aprecía debidamente justificada la perpetración del delito por lo que conforme a los arts. 779.1 y 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acordó el sobreseimiento provisional, con reserva de las acciones correspondientes en la vía civil.

Disconforme con la decisión acordada, solicita el apelante la revocación del auto apelado y que se dicte por esta Sala una nueva resolución por la que se acuerde que prosigan las actuaciones y que practiquen nuevas diligencias. Alega el recurrente que, de las diligencias practicadas sí se pone de manifiesto la perpetración de un delito contra la seguridad de los trabajadores, contenidos en los arts. 316 y 317 del Código Penal. Para ello, afirma que "examinadas las diligencias practicadas, se desprende que el trabajador en el momento del accidente conducía un Jumper y que aquella tarde le había sido ordenada la tarea transportar cemento a una arqueta situada a 40 metros infringiendo la normativa de prevención de riesgos laborales". Añade que el denunciado se contradice en sus declaraciones porque en su primera declaración dijo que "no mandaba a nadie sino el encargado del a obra", mientras que a continuación dijo que "ese día a las 3 de la tarde el declarante le dijo a Emiliano que cogiese cemento y una carretilla y fuera a hacer una arqueta". Por otro lado, en apoyo de su recurso el recurrente manifiesta sus conclusiones en relación con el Informe del Inspector de Trabajo de las que deduce que en el mismo existen contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos.

Segundo.-Como manifestábamos en el Auto núm. 452/2009, de 8 de octubre de esta Sala, el artículo 316 del Código Penal es un delito de omisión -de las medidas de seguridad e higiene adecuadas-, pero al que se añade la exigencia de que, en conexión causal, se produzca un peligro grave para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Esa omisión debe ser -en expresa remisión a la normativa laboral- de normas de prevención de riesgos laborales y sólo afecta a los legalmente obligados a facilitarlas. Es cierto que el elemento normativo consistente en la infracción de las normas de prevención no exige legalmente dosis de gravedad alguna, a diferencia del peligro y de la comisión por imprudencia (art. 317 CP), y precisamente por ello una cosa es la falta de prevención del riesgo equivalente a la omisión de las medidas necesarias y adecuadas exigidas conforme a la legislación laboral y otra distinta su insuficiencia o defectuosidad, lo que debe dar lugar a los dos tipos de comisión previstos, radicando su diferencia en el elemento subjetivo: conciencia del peligro cuando se trata del tipo doloso, y a pesar de ello se omiten las medidas adecuadas y necesarias, e infracción del deber del cuidado por ausencia de todas las previsibles exigibles al garante de la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 14.2 Ley 31/1995). Debe tenerse en cuenta, por último, que protección corresponde sustancialmente al derecho laboral y que su trascendencia penal debe constituir un remedio extremo.

Pues bien, si se examina el Informe de la Inspección de Trabajos (folios 66 y 67), como señala la Juez Instructora en su Auto, no se aprecia la existencia de incumplimientos a la normativa de prevención de riesgos laborales que sean la causa del accidente, añadiendo La Inspectora que realiza el Informe (folio 67) que a su juicio fue la imprudencia del trabajador al coger el dumper sin disponer de la debida capacitación y desoyendo al compañero la causa del accidente.

Por otro lado, aunque el recurrente dice que el denunciado se contradice porque dijo que el que mandaba el encargado de obra y pese a ello el día de los hechos le dijo que cogiese cemento y una carretilla para hacer una arqueta, no resulta relevante dado que no le ordenó que cogiese el volquete o dumper sino que hiciese una arqueta, como así lo reconoció el denunciado en su primera declaración como imputado el 13 de mayo de 2009 (folio 32), y en la segunda que realizó el día 19 de octubre de 2009.

Tercero.-Conviene recordar que, como señala el Auto del Tribunal Constitucional núm. 246/2007, de 22 de mayo, el ius ut procedatur que ostenta el ofendido por el delito no contiene un derecho absoluto a la apertura y sustanciación del proceso penal, sino tan sólo el derecho a obtener una decisión judicial razonada sobre las pretensiones deducidas, por lo que el ejercicio de la acción penal no comporta un derecho incondicional a la plena sustanciación del proceso penal, sino sólo, en su caso, el derecho a obtener un pronunciamiento motivado del órgano judicial en la fase instructora sobre la calificación jurídica de los hechos expresando las razones por las que inadmite su tramitación. De forma que las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva se satisfacen cuando se fundamente de forma razonable la exclusión del carácter delictivo de los hechos imputados en la resolución que acuerde la terminación anticipada del proceso sin apertura de la fase de plenario en caso de que se sustente razonablemente en la concurrencia de los motivos legalmente previstos de sobreseimiento libre o provisional de conformidad con los arts. 637 y 641 Lecrim. El Tribunal Constitucional ha señalado que en relación con las decisiones de sobreseimiento y archivo de causas penales, que la misma no obliga constitucionalmente al Juez o Tribunal a efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta, por el contrario, que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que ésta responde a una determinada interpretación y aplicación del Derecho, y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos previstos por el Ordenamiento jurídico, sin que sea necesario el análisis pormenorizado de los elementos integrantes de los tipos penales por los que se formula una querella (STC 176/2006, de 5 de junio, F. 2).

Sentado lo anterior, se observa que el Auto recurrido la Juez de Instrucción tras realizar una exposición detallada de las diligencias de investigación realizadas manifiesta "atendido el resultado de las diligencias de investigación practicas a la que se ha hecho referencia (que por otra parte coinciden con las solicitadas por el denunciante en su denuncia para el esclarecimiento de los hechos), coincidiendo en sus manifestaciones el imputado y el testigo Sr. Laceh en que fue decisión del imputado el dejar la carretilla que estaba utilizando y coger el autovolquete para la realización del trabajo encomendado (hacer una arqueta), que recibió instrucciones en tal sentido por el imputado, y es más siendo advertido por el que aparece como único testigo presencial de los hechos, de que no lo hiciera, recociendo el denunciante que antes de coger el motovolquete realizaba su trabajo de manera manual, existiendo únicamente su versión respecto de que se le diera orden de coger el vehículo con el que sufrió el accidente (dijo que bajo amenaza de se despedido, extremo negado por el imputado y que no puede resultar acreditado por sus solas manifestaciones no corroboradas tampoco por el testigo presencial de los hechos) reconocida además su falta de capacitación y conocimiento para la conducción del vehículo (de hecho manifestó que contestó no saber conducir y temer sufrir un accidente y acceder bajo amenaza de despido a ello) y manifestando el testigo (en coincidencia con las manifestaciones del Sr. Pedro Enrique encargado de la obra al señalar que sólo dos personas estaban autorizadas) que él si estaba autorizado para coger el dumper (por lo que no explicaría porqué encontrándose este presente se le encomendaría tal acción al denunciado) y tampoco resultando clara la finalidad que pretendería la supuesta orden de sustituir la carretilla manual por el dumper, habida cuenta del trabajo que le estaba encomendado (hacer una arqueta de 40 x 40 de hormigón transportando hormigón desde el mortero a la arqueta que se encontraba a unos 30ó 40 metros de distancia)". Se observa, sin ningún género de duda que nos encontramos ante una motivación exhaustiva por parte de la Juez de instrucción que cumple sobradamente el canon que exige el Tribunal Constitucional para acordar el sobreseimiento provisional.

Por todo ello, revisados los autos, debemos confirmar el auto recurrido ya que no se puede considerar que los hechos se puedan calificar como constitutivos de un delito contra la seguridad de los trabajadores, por lo que, en consecuencia procede desestimar el recurso.

Cuarto.-Las costas de esta alzada, de haberlas, se declaran de oficio cual autoriza el artículo 240 de la Lecrim, al no apreciarse temeridad ni mala fe en la parte recurrente con su planteamiento.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


PARTE DISPOSITIVA


 
La Sala acuerda: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Miguel Tena Riera, en nombre y representación de D. Emiliano, contra el Auto dictado el diez de marzo de dos mil diez por la Ilma Sra. Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Castellón, en las Diligencias Previas 1203/2009, seguidas en ese Juzgado, y en consecuencia debemos confirmar y CONFIRMAMOS la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese a las partes la presente resolución, y remítase testimonio de la misma al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al presente rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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