Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. 1365/2009 (Sala 2) de 29 de diciembre


 RESUMEN:

Delito contra la salud pública: Tráfico de drogas. Cocaína y heroína. Vulneración presunción de inocencia. No procede.

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Diciembre de dos mil nueve

En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante este tribunal pende, interpuesto por la acusada Silvia representada por el procurador Sr. Deleito García contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2009 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, que la condenó por un delito contra la salud pública, los componentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que al margen se expresan, se han reunido para su deliberación y fallo. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y ponente, Joaquin Delgado Garcia.


ANTECEDENTES


 
1. - El Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola incoó procedimiento abreviado con el n.º 243/08 contra Silvia que, una vez concluso, remitió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga que, con fecha 30 de abril de 2009, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"Probado, y así se declara, que: La acusada Silvia, mayor de edad y sin antecedentes penales, el día 26 de mayo de 2008 sobre las 14'00 horas se encontraba en las proximidades de la Calle Feria de San Fermin de los Núcleos de Fuengirola, llevando a cabo varias entregas o dosis de "cocaína y heroína" a terceros que se lo solicitaban, papelinas que eran sacadas del interior del sillín del ciclomotor Y-....-YJH propiedad de Hilario, que era ajeno a estos actos, donde los Agentes de Policía, alertados que fueron por un vecino, intervinieron un monedero de la acusada, que contenía 99 papelinas de mezcla de "heroína y cocaína" con peso de 4'50 grms. y pureza del 45'6 en heroína y 17'7 en cocaína, algunas de ellas, mientras otras contenían sólo cocaína con peso neto de 2'08 grms. y pureza del 93'3 %. Tales dosis las controlaba la acusada y las destinaba a la venta y distribución entre terceros consumidores o compradores que se lo solicitaban. El ciclomotor se encontraba en la calle mencionada y no era usado por su propietario desde hacia tiempo."

2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a la acusada Silvia como autora criminalmente responsable de un delito contra la salud pública, ya definido, sin concurrir circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de tres (3) años y un (1) mes de prisión y multa del valor de la droga intervenida, a determinar en ejecución de sentencia, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, con el apremio que se determine en ejecución de sentencia si no hiciere efectiva la multa y al pago de las costas procesales así como el comiso y destino legal de la droga y efectos intervenidos, siendo de abono para el cumplimiento de la expresada pena el tiempo que haya estado privado de libertad en la presente causa.

Notifíquese esta resolución a la Delegación Provincial de Sanidad y Consumo y a la Dirección General de la Seguridad del Estado".

3.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional por la acusada Silvia, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

4.- El recurso interpuesto por la representación de la acusada, se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION: Primeroy único.- Por la vía del art. 5.4 de la LOPJ, denuncia vulneración del art. 24.2 de la CE, presunción de inocencia.

5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, impugnó su único motivo, la sala lo admitió a trámite y quedaron conclusos los autos para señalamiento sin celebración de vista pública cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el correspondiente señalamiento, se celebró la deliberación y votación el día 21 de diciembre del año 2009.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Preliminar. La sentencia recurrida condenó a Silvia, de etnia gitana y 28 años de edad, como autora de un delito contra la salud pública por haber sido vista cuando vendía droga en una calle de una barriada de Fuengirola, para lo cual sacaba un monedero que contenía la sustancia tóxica y que guardaba dentro del sillín de un ciclomotor allí aparcado. Cuando venía el cliente cogía el monedero con la droga, la vendía y lo volvía a ocultar todo en el mismo sitio. Un vecino testigo de los hechos llamó a la policía que la detuvo y aprehendió 99 papelinas: 63 pesaron en total 4'50 gramos, con una mezcla de heroína y cocaína con un 45'6% y 17'7% de pureza respectivamente; y otras 36 contenían cocaína del 93,3%.

Fue sancionada Silvia con tres años y seis meses de prisión y multa equivalente al valor de la droga y ahora recurre en casación por un solo motivo.

Segundo.-1. En tal motivo único, al amparo del art. 5.4 LOPJ, se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE.

Veamos en primer lugar qué papel le corresponde a esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando se alega esa infracción de precepto constitucional en un recurso de casación, sobre la base de que, en principio, hemos de respetar la valoración que de la prueba hizo el órgano judicial de instancia.

Ante todo hemos de resaltar aquí la obligación de cada juzgado o tribunal de expresar en su resolución condenatoria la prueba de que se vale como respaldo de los hechos probados que ha de fijar como base de sus pronunciamientos. Ha de existir en estas sentencias una motivación fáctica. Si no la hay, se infringe el art. 120.3 CE y el derecho a la tutela judicial efectiva, así como también el relativo a la presunción de inocencia. El respeto a esta presunción exige como premisa fundamental tal motivación, a no ser, lo que es raro en la jurisdicción penal, que no se haya discutido la materia de la prueba y la defensa haya aceptado los hechos por los que se acusa, quedando reducido entonces el debate exclusivamente a temas de calificación jurídica o aplicación de la norma.

Si tal motivación existe, y afortunadamente ya es esto la regla en el funcionamiento de nuestros tribunales penales, esta sala del Tribunal Supremo, en casación, de modo similar a lo que ha de hacer el Tribunal Constitucional en los recursos de amparo relativos a esta misma cuestión, se ve obligada a realizar un examen profundo de lo que respecto al análisis de la prueba nos dice la sentencia recurrida, para realizar una triple comprobación:

1.ª Comprobación de que la prueba utilizada para condenar se encuentra en las actuaciones procesales practicadas (prueba existente).

2.ª Comprobación de que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada a tales actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas procesales aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita). Si existe infracción de norma constitucional, hay prohibición de valoración de tal prueba en los términos del art. 11.1 LOPJ. Si la infracción lo es de norma de rango inferior, en cada caso habrá de valorarse su eficacia en cuanto a la validez como elemento de cargo: a veces hay meras irregularidades procesales que a estos efectos han de considerarse irrelevantes.

3.ª Comprobación de que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso, ha de considerarse razonablemente suficiente como justificación de los correspondientes pronunciamientos condenatorios penales. Mínima prueba de cargo, nos decía el Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias, a partir de la primera de todas, la 31/1981 de 28 de julio. Después se ha tornado a este otro concepto, sin duda más exigente y más adecuado a su propio contenido: una suficiencia de tal prueba para condenar, sometida al criterio de la racionalidad. Conceptos muy abiertos, pero necesarios para poder controlar la observancia de este derecho fundamental, el relativo a la presunción de inocencia, que es fundamental no solo por venir consagrado en nuestra Constitución, sino por ser eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y, en definitiva, el funcionamiento de todo el procedimiento penal. Serán en cada caso las reglas de la sana crítica, o del sentido común, o de la experiencia, o como queramos llamar a este conjunto de criterios asequibles a las personas no profesionales del derecho, lo que hemos de tener en cuenta aquí, en estos recursos de casación, para apreciar si existió o no suficiencia en esas pruebas de cargo que la sentencia de instancia nos ha señalado como base de sus condenas. Lamentamos no poder ser más precisos en este punto.

2. En el caso presente la Audiencia Provincial de Málaga cumplió el mencionado deber de motivación fáctica cuando en los fundamentos de derecho 1.º y 2.º de la sentencia recurrida nos dice la prueba utilizada para condenar a Silvia.

A la vista de lo expuesto en dicha resolución de instancia y examinadas las alegaciones de la parte recurrente y del Ministerio Fiscal, podemos afirmar que esa tarea de triple comprobación nos ofrece aquí un resultado positivo:

A) En cuanto a la prueba existente en las actuaciones:

a) Cierto es que la acusada negó siempre la venta de droga que se le imputaba. Reconoció haber estado en el lugar de los hechos esperando a que abriera su padre el bar donde ella trabajaba, así como haber llevado en la cabeza un pañuelo azul como los que utilizan en tal establecimiento los que allí estaban empleados, dato, el del pañuelo, que había indicado quien llamó por teléfono a comisaría. Añadió encontrarse acompañada de su novio que estaba en el interior del coche de ella aparcado en las proximidades de ese lugar.

b) La prueba fundamental consistió en la declaración de un testigo protegido, el que había avisado a la comisaría de policía diciendo que en la calle Feria de San Fermín había una mujer con un pañuelo azul a la cabeza vendiendo droga. Tardó en llegar la policía unos 15 ó 20 minutos, y cuando vio que había hablado con Silvia y se encontraba registrando un coche dicho testigo volvió a telefonear a comisaría para decir que la droga estaba en una motocicleta al lado de donde la joven se encontraba. Dijo que esta las sacaba de la moto, las vendía y volvía a guardarlas en dicho vehículo que estaba allí aparcado.

c) Asimismo declararon como testigos los dos policías que acudieron al lugar, quienes dijeron que habían recibido dos avisos, el primero para que fueran a la calle referida donde hablaron con Silvia quien les manifestó que allí tenía aparcado un coche, y el segundo para comunicarles que la droga no estaba en ningún coche sino en un ciclomotor estacionado en un punto próximo a donde ella había sido vista cuando llegaron los agentes. Enseguida encontraron estos las mencionadas 99 papelinas dentro de un monedero (fotografía del folio 15) y detuvieron a Silvia.

d) También testificaron en el juicio oral el propietario del ciclomotor Hilario y su esposa Rosalia, quienes dijeron que tal vehículo se encontraba allí aparcado desde cinco años atrás, sin utilizarlo, porque Hilario estaba enfermo y no podía manejarlo. Añadieron que la mujer vio cómo la policía se lo llevaba e informó a Hilario quien salió a la calle, diciéndole los funcionarios que se lo llevaban para investigarlo. Ambos cónyuges declararon que ellos no habían visto nunca a la acusada junto al ciclomotor. Hilario manifestó que esa misma mañana había examinado su vehículo sin encontrar en él nada de particular.

e) Además, a los folios 76 y 76 bis de las actuaciones, se encuentra el resultado de los análisis de las papelinas ocupadas con su número, peso y porcentajes de cocaína y heroína. Sobre esto no se ha planteado cuestión alguna.

B) En cuanto a la licitud de tal prueba hemos de decir lo siguiente:

a) Las mencionadas diligencias fueron todas realizadas con las garantías propias del acto solemne del juicio oral, salvo la pericial relativa a los análisis de la droga, que tiene validez como prueba preconstituida al no haber sido impugnada por ninguna de las partes.

b) Se queja la recurrente de que sufrió indefensión, porque el anonimato del testigo fundamental le impidió interrogarle sobre posibles razones de venganza o enemistad que pudieran haber originado sus manifestaciones. Contestamos diciendo que esas manifestaciones se realizaron con observancia de la LO 19/1994, de 23 de diciembre, sobre Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, como lo acredita el auto de los folios 34 y 35 que manda abrir la correspondiente pieza separada ante la petición de protección por parte del interesado (folios 6, 13, 61 y 66). A dicho folio 61 consta que en la declaración sumarial prestada por el testigo protegido estuvo presente el letrado defensor de Silvia, D. Damián Cánovas, quien pudo interrogar a dicho testigo; como también pudo hacerlo, y de hecho lo hizo, en la que este testigo prestó en la segunda sesión del juicio oral. No cabe aducir ilicitud alguna en estas declaraciones del referido testigo protegido, lo que impide hablar de indefensión al respecto. La mencionada Ley Orgánica prevé esta figura procesal de los testigos o peritos protegidos y la observancia de lo dispuesto en tal norma procesal permite su utilización como prueba de cargo.

C) De lo antes expuesto, habida cuenta del contenido de las manifestaciones de los diferentes testigos antes referidos, cabe deducir que nos encontramos ante una prueba de cargo razonablemente suficiente para justificar la condena ahora recurrida:

a) Como venimos diciendo, la resolución aquí impugnada considera prueba fundamental al respecto la declaración del referido testigo protegido que vio a Silvia vender droga en esa mañana del 26 de mayo de 2008 con el detalle que se deduce de lo por él manifestado en el juicio oral y con la expresa identificación de la acusada como la autora de tales ventas en dicho acto solemne.

b) Esta declaración principal se vio corroborada por lo declarado por los dos agentes de la Policía Nacional en el mismo plenario, quienes dijeron haber acudido a la calle Feria de San Fermín de Fuengirola, que allí encontraron a Silvia en un lugar próximo al ciclomotor y con el pañuelo azul a la cabeza procediendo después a ocupar la droga oculta en un monedero debajo del asiento del sillín del mencionado ciclomotor.

c) Asimismo quedó aclarado que ese ciclomotor no había sido usado por su dueño desde cinco años atrás, mediante las manifestaciones de este y de su esposa.

d) Consta también en las actuaciones que, respecto del monedero y papelinas que este contenía cuando fue ocupado por la policía (folios 57 y 60) no fue posible obtener huella dactilar alguna, pues las superficies de dichos objetos no eran aptas para el asentamiento de tal clase de huellas.

e) Si a ello unimos el resultado de los análisis oficiales sobre el contenido de la droga ocupada, hemos de concluir que una condena con la prueba mencionada fue respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE.

Hay que rechazar este motivo único del recurso de casación interpuesto por Silvia.

Tercero.-Por lo dispuesto en el art. 901 LECr, es procedente condenar a la recurrente al pago de las costas de las presentes actuaciones.


FALLO


 
NO HA LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN formulado por Silvia contra la sentencia que la condenó por delito relativo a tráfico de drogas, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga con fecha treinta de abril de dos mil nueve. Se impone a dicha recurrente el pago de las costas de esta alzada.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia Provincial a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquin Gimenez Garcia Julian Sanchez Melgar Jose Manuel Maza Martin Alberto Jorge Barreiro Joaquin Delgado Garcia

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Joaquin Delgado Garcia, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación