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Sentencia T.S.J. Galicia 148/2009, de 25 de febrero


 RESUMEN:

Se desestima la pretensión del recurrente que entendía que la lesión medular que padecía fue agravada por el traslado de centro hospitalario sin proceder según el protocolo establecido. Ante ello, afirma la Sala que al paciente se le aplicaron los medios diagnósticos adecuados a la sintomatología que presentaba, faltando cualquier dato objetivo para concretar una relación de causalidad entre la atención recibida y la producción de la lesión finalmente diagnosticada.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración, por los daños producidos al recurrente, y se condene a la Administración a pagar 800.146€, más los intereses correspondientes; con expresa imposición de las costas.

Segundo.-Conferido traslado a las partes demandadas, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestaciones de la demanda.

Tercero.-Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada la misma según obra en autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

Cuarto.-En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 800.146 euros.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.-La parte actora pretende fundamentar el "petitum" de su demanda, consistente en que se declare su derecho a percibir la suma de 800.146€, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios irrogados, incrementada en los intereses devengados a partir de la fecha en que se formula la correspondiente reclamación, aduciendo al respecto que, habiendo sufrido una caída casual en su domicilio el 9 de agosto de 2004, sintió un intenso dolor cervical que motivó se avisara a una ambulancia para su traslado al Complejo Hospitalario de Pontevedra "Montecarlo" donde ingresó por su propio pie a las 10:47 horas de dicho día; allí, tras ser atendido, se le realizó un TAC craneal y cervical, siendo informadas dichas pruebas diagnósticas como "sin alteraciones", por lo que se le diagnosticó una simple contractura muscular y cervical, acordándose el alta del paciente.

Al intentar levantarse a las 17:30 horas, -al serle comunicada el alta-, de la silla de ruedas donde había permanecido todo el tiempo, sufrió un intenso calambre a lo largo de toda la columna que le obligó a tener que sentarse otra vez, por lo que se avisó al facultativo que le atendía, quien le indicó, según el recurrente, que eran nervios y que se levantara otra vez, momento en que sintió un pinchazo en la columna aún más fuerte, que le hizo desplomarse nuevamente sobre la silla de ruedas al haber perdido la sensibilidad en las extremidades inferiores.

Que como consecuencia directa de la nueva clínica que presentaba el paciente, se acordó su traslado al Hospital Juan Canalejo de A Coruña, lo que se llevó a efecto a las 22:00 horas de dicho día en ambulancia, con suspensión de ballestas.

Cuando finalmente ingresó en el Hospital Juan Canalejo, se procedió a realizarle una primera exploración inicial, observándose un síndrome neurológico compatible con una lesión medular que motivó se le realizasen nuevas pruebas diagnósticas entre la que se indicó una resonancia magnética cervical que constató la existencia de hernia discal C5-C6, con contusión medular, como consecuencia de cuyo diagnóstico se procedió a intervenir quirúrgicamente al paciente el 27 de agosto de 2004, realizándole disectomía C5-C6 y artrodesis con placa atornillada AO. Que a pesar de dicha intervención el recurrente padece actualmente una tetraplejia C6 incompleta sensitiva (ASIA C), habiendo recibido tratamiento rehabilitador que, sin embargo, no ha podido evitar que el paciente padezca actualmente las irreversibles secuelas que aparecen recogidas en el informe de alta de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Juan Canalejo de A Coruña, que obra al folio 82 del expediente administrativo y que hacen del recurrente una persona absolutamente dependiente de terceras personas para el desarrollo de la totalidad de las actividades de la vida diaria.

Que a la vista del anterior relato, entiende queda suficientemente acreditada la relación de causalidad entre las secuelas que actualmente padece y la deficiente asistencia que recibió, pues habiendo entrado a pie en el hospital, si se le hubiera realizado en lugar del TAC una resonancia magnética se le habría podido diagnosticar acertadamente la dolencia que sufría, y no se habría dado lugar a la imprudencia de ponerle en movimiento, sin tan siquiera tener inmovilizada la zona con un collarín.

Que además, una vez diagnosticada la verdadera lesión, no se efectuó el traslado en helicóptero, tal y como está protocolizado, según el recurrente, para lesionados medulares, lo que generó que el inicial desplazamiento de las vértebras que había sufrido inicialmente, acabará degenerando en una hernia discal con lesión medular que se pudo además agravar con el incorrecto traslado efectuado.

Frente a ello, la representación letrada del SERGAS, mediante escrito de 26 de septiembre, tras negar los hechos aducidos de parte contraria, y hacer relación de los, según ella, realmente acaecidos y que se desprenden del expediente e historial médico del recurrente, niega se den los presupuestos que harían prosperar la reclamación formulada, entendiendo, en todo caso, que no existe relación de causalidad entre la conducta de los facultativos que atendieron al recurrente y las secuelas que actualmente sufre, pues el paciente, desde su ingreso en el Complejo Hospitalario de Pontevedra ha estado en seguimiento continuado por los servicios sanitarios, dispensándosele en cada momento la asistencia que su estado requería.

En similar sentido se pronuncia en su escrito de contestación a la demanda, la representación letrada de la Xunta de Galicia, poniendo en conclusión de manifiesto que sostener que la lesión no la produjo la caída y que es una consecuencia del desacertado diagnóstico es un argumento que, a falta de pruebas concluyentes sobre el mismo, no puede prosperar.

Finalmente, por la representación letrada de Zurich España, tras una remisión, en cuanto a los hechos, a lo que se deduce del expediente administrativo y del historial clínico del recurrente, y amplias consideraciones en torno a la imposibilidad de apreciar relación de causalidad entre la lesión medular y finalmente neurológica sufrida por el recurrente, con las secuelas que constan acreditadas, y la asistencia recibida por el mismo del personal facultativo que le atendió, niega en todo caso, que se pueda afirmar la antijuridicidad del daño sufrido, y concluye interesando se dicte sentencia desestimando el recurso interpuesto.

A dicho escrito acompaña dictamen médico emitido por los Doctores D. Erasmo, especialista en Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, D. Higinio y D. Luis, el primero especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica y el segundo en Traumatología y Ortopedia; dictamen en que, tras analizar los hechos que se derivan del expediente administrativo e historia clínica del paciente, se concluye afirmando que el paciente, en el momento del traumatismo, tenía 73 años, fue atendido en el Servicio de Urgencias de su hospital de referencia por precipitación desde una escalera, aproximadamente 1Ž5 metros, sin que el paciente refiera pérdida de conocimiento, quejándose exclusivamente de dolor cervical, sensación de mareo y abombamiento con hormigueos en los dedos de la mano derecha y que, ante los datos clínicos, biológicos y de imagen (TAC) que son normales, se le diagnostica de traumatismo cráneo encefálico leve y de contusión cervical con contractura muscular cervical al que se le aplica el protocolo habitual de actuación en urgencias, por lo que decide el alta hospitalaria. Se inmoviliza con collarín y se pauta tratamiento medicamentoso y recomendaciones a seguir.

Que es efectivamente en el momento de ir a realizar el traslado a su domicilio, cuando el paciente refiere nueva sintomatología, por lo que se decide su ingreso para observación, previamente a lo cual se efectúa nueva exploración neurológica sobre las 17:30 horas.

Que el período post-traumático sin manifestación clínica de lesión neurológica, fue lo que condicionó inicialmente la posibilidad de traslado a su domicilio; que una vez aparecida la sintomatología de afectación neurológica, el protocolo de actuación ha sido totalmente correcto (ingreso en observación y traslado al centro especializado). Que siendo cierto que la prueba complementaria para estudiar la lesión medular sería la RMN, sin embargo, en este caso, el diagnóstico de certeza de lesión medular aconsejó prioritario el traslado del paciente previa administración del tratamiento indicado en estos casos.

Segundo.-Con carácter previo a, desde el estudio de la prueba derivada del expediente administrativo traído al proceso, así como de los informes, dictámenes e historia clínica que el mismo contiene, y de la testifical y pericial practicada en el seno de este proceso, establecer los hechos que se consideran probados y desde ese supuesto dar respuesta a la litis que se plantea, considera oportuno esta Sala poner de manifiesto lo que, con carácter general, viene siendo la doctrina de la misma en torno a la responsabilidad patrimonial que se reclama. Y así poner de manifiesto que, configurada por primera vez en 1954, dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en el artículo 121, y contenida en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, en los artículos 40 y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado adquiere relevancia constitucional en los artículos 9 y 106.2 de la Constitución como garantía fundamental de la seguridad jurídica, con entronque en el valor de la justicia, pilar del Estado de Derecho social y democrático (artículo 1 de la Constitución) y se desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (Título X) y en el Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo:

a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.

b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.

c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.

d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero, 1 de abril de 1995, 15 de diciembre de 1997, 28 de enero y 13 de febrero de 1999) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, por lo cual no sólo no es menester demostrar, para exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. A su vez, como ha declarado la sentencia TS de 26 de septiembre de 1998, es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal. Así se deduce del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, pues sólo excluye la obligación de la Administración de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, quien reclame a la Administración la indemnización de unos daños sólo tiene que acreditar su realidad y la relación de causalidad que existe entre ellos y la actuación o la omisión de aquélla.

Como recuerda la sentencia TS de 6 de octubre de 1998, resumiendo la doctrina jurisprudencial sobre el nexo causal "Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal - especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (sentencias de 25 de enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de 2000, y 21 de julio de 2001, entre otras). Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquéllas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél (sentencia de 25 de enero de 1997), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (sentencia de 5 de junio de 1997), pues el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o "conditio sine qua non" esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario además que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (sentencia de 5 de diciembre de 1995)".

La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración obliga a deducir que la conducta del personal asistencial no ha de ser enjuiciada aquí bajo el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad sino más bien desde la estricta objetividad mecánica de un comportamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causalidad material, a nivel de experiencia, en la producción de un resultado (STS 14 de junio de 1991, confirmando sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 4 de noviembre de 1985, y STS de 13 de julio de 2000).

Ahora bien, al implicar la asistencia sanitaria la existencia de una obligación de medios, no de resultados (sentencias TS de 9 de diciembre de 1998 y 11 de mayo de 1999), en ocasiones la jurisprudencia (sentencia sala 3.ª TS de 10 de febrero de 1998) ha hecho depender la obligación de indemnizar de la vulneración o no de la "lex artis ad hoc". En este sentido la sentencia TS de 22 de diciembre de 2001 razona que cuando del servicio sanitario o médico se trata el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a las propias dolencias del paciente. En efecto, aunque el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico, valoración y tratamiento se circunscriben a la actuación del servicio sanitario y, por consiguiente, resultarían en principio irrelevantes para declarar la responsabilidad objetiva, mientras que han de ser inexcusablemente valoradas para derivar una responsabilidad culposa, sin embargo también tienen trascendencia en orden a una conclusión sobre el nexo de causalidad, pues el correcto enjuiciamiento sobre la vinculación causal entre el funcionamiento de aquel servicio y el resultado producido exige valorar todos aquellos hechos y circunstancias que sean imprescindibles para solucionar el debate y decidir el litigio, de modo que el análisis sobre si la técnica y los medios de diagnóstico y tratamiento empleados han sido idóneos y correctos permite, en primer lugar, determinar con alto grado de certeza la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico, es decir, si éste tiene o no el deber jurídico de soportarlo, pues sólo son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción de aquéllos (artículo 141.1 de la Ley 30/1992). Este planteamiento coincide con el seguido por la más moderna jurisprudencia, así en sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1999, 3 y 10 de octubre de 2000, 14 de julio de 2001, la ya citada de 22 de diciembre de 2001, 14 de octubre de 2002, 24 de septiembre y 19 de octubre de 2004 y 10 de julio de 2007 .

La anterior tendencia objetivadora no puede, sin embargo, hacernos olvidar que cuando nos encontramos en presencia de una actividad administrativa como la que nos ocupa, esto es una prestación pública en el ámbito sanitario, una traducción mecánica del principio de objetividad en la construcción del instituto resarcitorio puede provocar resultados no sólo contrarios a un elemental principio de justicia sino incluso a la propia y concreta función del instituto indemnizatorio. De hecho, la jurisprudencia ha repetido incansablemente que este instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración no convierte a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales (sentencias de 7 de febrero de 1998, 19 de junio de 2001 y 26 de febrero de 2002).

Puede fácilmente entenderse que la naturaleza de la actividad administrativa que nos ocupa en la que convergen la acción de la propia Administración pero también el estado físico del usuario del servicio y en el mismo el curso natural de procesos que la ciencia o la técnica, en el momento actual de los conocimientos, no puede evitar o minorar con la producción final de un resultado que se nos presenta como inevitable o imprevisible. La exigencia de una responsabilidad patrimonial a la Administración en estos supuestos se nos aparece como una deducción que olvida que, en el ámbito de la acción prestacional sanitaria, la obligación no puede concebirse como una obligación de resultado, la sanación completa del individuo, sino de medios. No pudiendo ampararse esa construcción tampoco en los derechos reconocidos en los artículos 41 y 43 de nuestra norma suprema, pues en esta se consagra un derecho a la protección de la salud no un derecho a la salud, éste último de imposible garantía. Una construcción objetiva que anude la responsabilidad atendiendo a la identificación de una actuación, actividad o inactividad, administrativa en el orden causal fáctico del resultado no parece compatible así ahora con la nueva redacción, por Ley 4/1999, del artículo 141 de la Ley 30/1992. Y si bien pudiera razonarse, en razón del momento temporal de la producción de la lesión, en contra de la vigencia de esta última disposición en su actual formulación es lo cierto que la misma responde, como ya ha señalado el Tribunal Supremo, así Sentencia de 31 de mayo de 1999, a una interpretación también acogida en nuestra doctrina.

Tercero.-Constituye objeto de la presente "litis" concretar si el daño neurológico que sufre en la actualidad D. Luis Miguel, tiene o no su origen en la praxis médica llevada a cabo por los facultativos del Hospital de Pontevedra que le atendieron, y en tal sentido, si puede considerarse erróneo el inicial diagnóstico de dichos facultativos del Servicio de Urgencias del Hospital de Pontevedra, y derivado de ello, fueron asimismo erróneas las determinaciones inicialmente adoptadas, así como, en su caso, las seguidas durante su traslado al Complejo Hospitalario Juan Canalejo en A Coruña.

En tal sentido, se denuncia por el recurrente que, cuando a las 17:30 horas se le informó del resultado de las pruebas y del acuerdo tomado de darle el alta, al intentar incorporarse de la silla de ruedas donde había permanecido durante todo el tiempo en que estuvo ingresado, sufrió un intenso calambre a lo largo de toda la columna que le obligó a tener que volverse a sentar de manera inmediata, y como consecuencia de dicha sintomatología se procedió a avisar al facultativo médico que estaba asistiendo al paciente, a fin de informarle del incidente ocurrido, limitándose la actuación profesional de dicho facultativo a indicar que no ocurría nada y que tan sólo se trataba de nervios del propio paciente, por lo que se le instó a levantarse nuevamente. Que fue entonces cuando al intentar cumplir dicha indicación, el paciente notó un súbito pinchazo en la columna de mayor intensidad que el anterior que le desplomó sobre la silla de ruedas, al privarle de toda sensibilidad y fuerza en sus extremidades inferiores.

Tales afirmaciones no se compadecen, estando más bien en oposición, con lo que se desprende de las anotaciones obrantes en la historia clínica. Así, al folio 39 se anota "...Valorado por el traumatólogo alta hospitalaria. Le da un calambre, dice que no es capaz de moverse. Se tumba en cama, se avisa de nuevo al Traumatólogo. Dice que "no es capaz de mover las piernas" y "que no tiene fuerza en las manos"... visto por el trauma. Queda ingresado". De otra parte, al folio 39 figura "...Me avisa la enfermera de observanción de Urgencias, porque el paciente refiere no es capaz de mover las piernas y que no tiene fuerza en sus manos. Se realiza una nueva exploración física: fuerza, sensibilidad, movilidad y ROT son normales en el momento de la nueva exploración y no tiene dolor. Se decide el ingreso para observación... Soy avisado de nuevo por la enfermera de observación porque dice que el paciente tiene mucho dolor a nivel cervical y que no se puede mover; en una nueva exploración se aprecia disminución de fuerza en MMSS y pérdida de fuerza, movilidad e hipotonía en MMII... JC. probable lesión medular a nivel cervical. Se decide traslado a Juan Canalejo...".

Sobre tal base fáctica, que es la única que se desprende claramente del expediente administrativo y del historial clínico contenido en el mismo, no puede prevaler la versión del recurrente que se apoya exclusivamente en la prueba testifical de D. Aquilino, pues amén de que esencialmente las manifestaciones de dicho testigo parecen incidir en el hecho de que durante su permanencia en la silla, el paciente, hoy recurrente, no estuvo, tras comunicarle inicialmente el alta, inmovilizado con collarín, debe en todo caso tenerse en cuenta que frente a lo que obra en los informes clínicos manuscritos tal testifical no puede prevaler habida cuenta que tan siquiera está acreditado, como correctamente apunta el letrado del SERGAS y de la propia Xunta de Galicia, que el citado testigo coincidiera y durante cuánto tiempo en el Servicio de Urgencias del Hospital de Pontevedra, ni menos aún en calidad de que, si como paciente o acompañante de otro paciente, con el hoy recurrente.

En tal sentido, y en el presente supuesto, partiéndose de la base de que la relación causal entre el daño sufrido y la actividad del personal sanitario y facultativo que atendió al paciente para ser determinada, precisa, en todo caso, concretar si los medios utilizados y puestos en juego fueron razonablemente los suficientes y adecuados al efecto, siendo así que D. Luis Miguel, al ser atendido sobre las 10:47 horas del día 9 de agosto de 2004 en el Servicio de Urgencia -al que según propias manifestaciones había llegado por su propio pie- había acudido refiriendo traumatismo craneal por precipitación desde una escalera de una altura de metro y medio aproximadamente, sin pérdida de conciencia, quejándose exclusivamente de sensación de mareo, dolor cervical y abombamiento con hormigueo en los dedos de la mano derecha, dado que de las pruebas practicadas no se desprendía dato alguno que permitiera presumir una lesión ósea y menos aún alteraciones de tipo neurológico, cabe concluir que se emplearon conforme al protocolo existente al efecto, dentro de los medios disponibles, los aconsejables en orden a la situación clínica del paciente, a los hechos que habían dado origen a la necesaria atención y a los signos manifestados por el mismo, y en tal sentido, aunque en la práctica como luego se verá, pudiera haberse estado ante un diagnóstico insuficiente, el mismo, en cuanto tal tratamiento, estuvo ajustado a la "lex artis" al ajustarse a los signos clínicos que presentaba el paciente.

Si bien hechos posteriores evidenciaron que se había producido un desplazamiento cervical y una lesión medular, no puede afirmarse que en ello haya incidido la actuación facultativa llevada a cabo, pues a tal efecto no sólo de los informes y dictámenes médicos traídos al proceso -testifical pericial- sino particularmente del informe emitido por el perito judicial D. Fausto, especialista en Neurocirugía y Neurología, se extraen afirmaciones tales como "la exploración con RMN no se realiza de forma rutinaria en accidentes como el que sufrió D. Luis Miguel, particularmente cuando las otras pruebas de imagen con TC son negativas en cuanto a lesiones..." opinión que corrobora el informe emitido por el Doctor D. Erasmo, que afirma, que "al ser la sintomatología neurológica -inicialmente- negativa, según el Protocolo del Centro, se efectuó el TAC, el cual es específico para las lesiones óseas, mientras que la RM (resonancia magnética) lo es para partes blandas, por lo que se indica TAC para descartar lesión ósea.

Por lo demás, el hecho de que se le colocara o no el collarín inmovilizador en el mismo momento en que inicialmente se le comunica el alta o en momento inmediatamente posterior o anterior es irrelevante, siendo lo único cierto al efecto que la inmovilización estuvo pautada no sólo en el momento del alta, sino en el nuevo inmediato ingreso y en todo caso, durante este y el posterior traslado como se desprende de cuanto se hace constar en la historia clínica.

Amén de ello, y en cuanto a que una vez constatada la existencia de posible lesión medular, se debió haber realizado el RMN antes de ordenar el traslado, tanto los especialistas como el perito judicial que han depuesto en el proceso son contextes en el sentido de que en un caso como en el que nos ocupa "con un paciente con un diagnóstico clínico de certeza de lesión medular cervical en un centro hospitalario que no cuenta con Servicio de Neurología ni de asistencia a lesionados medulares es perentoria la administración urgente de tratamiento farmacológico de protección medular... y su traslado a centro idóneo para dicha patología". (Dr. Fausto), mientras en otro lugar se afirma que "en el centro que asistía al paciente no existe Unidad de Lesión Medular y, dado que la evolución clínica se va agravando... el facultativo se pone en contacto con la Unidad de Lesionados Medulares y decide su traslado, pues en esta Unidad está protocolizado la asistencia y el tratamiento de la misma..." y es en esa Unidad donde se realiza la RMN (Don. Erasmo) o que "era más pertinente realizar el traslado que la resonancia, ya que el diagnóstico de lesión medular era cierto". (Dr. Paulino).

En otro orden de cosas se deriva asimismo de la prueba pericial médica realizada en el proceso que en el caso del asunto no era trascendente que el traslado se verificase en ambulancia o helicóptero, cuando consta además en el expediente que, dada la distancia existente entre los centros hospitalarios, el elemento a utilizar era la ambulancia, que estaba dotada con los medios adecuados.

Finalmente, de dicha prueba se desprende asimismo, -contestaciones dadas a preguntas de las partes por el perito informante, Dr. Fausto-, que "por la historia clínica le consta que al paciente, una vez realizadas las pruebas complementarias, especialmente el TC cervical, no se observó desplazamiento vertebral, se diagnosticó contusión cervical" y que "la lesión medular se constató por la clínica que presentó el paciente posteriormente y no por pruebas complementarias..." que "aun no pudiendo discernir en qué momento se produjo la lesión medular, no debió producirse en el momento de la caída, ya que el paciente ingresó en Urgencias por su propio pie...", "que posiblemente la lesión medular se produjo por la obstrucción del fragmento discal herniado hacia el canal medular, no pudiendo discernir si fue antes o después de colocarse el collarín cervical". En similar sentido abunda el Dr. Erasmo al afirmar que "... existe un período ventana y la luxación unilateral es inestable, por lo cual al principio no existe clínica neurológica que se demuestre con la exploración que se efectúa al paciente...", "son las alteraciones vasculares y metabólicas las que, con el transcurso del tiempo, dan la clínica neurológica...".

En definitiva, cabe afirmar que al paciente se la aplicaron los medios diagnósticos adecuados a la sintomatología clínica que presentaba sin que pueda afirmarse la existencia de dato objetivo alguno del que hacer derivar una relación de causalidad entre dicha atención, en todo conforme a la "lex artis" y la producción de la lesión medular finalmente diagnosticada, que fue igualmente tratada de modo conforme a la "lex artis ad hoc".

Razones las expuestas que llevan a la Sala al convencimiento de que en el presente caso no existe prueba demostrativa de entidad suficiente para poder afirmar la relación de causalidad entre la asistencia prestada y el daño finalmente producido, cuya existencia se aprecia para sobre ella construir la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria que reclama.

Cuarto.-No apreciando temeridad ni mala fe en la interposición del precedente recurso ni la defensa del mismo, no resulta procedente, de conformidad con lo previsto en el art.139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, hacer expresa imposición de costas.

Por todo ello, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Luis Miguel, en reclamación de la indemnización que se dice en el Cuerpo de esta Sentencia, por cuanto no se aprecia exista relación de causalidad entre la asistencia sanitaria que se le prestó y los daños, secuelas y perjuicios que sufre, para sobre ello basar la responsabilidad patrimonial que reclama; sin imposición de costas.

Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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