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Sentencia T.S.J. Valencia 336/2009, de 13 de marzo


 RESUMEN:

La negligente prestación sanitaria derivó en el fallecimiento del paciente por una infección provocada por una la errónea realización de una prueba para detectar la posibile reaparición de un tumor. Omisión del consentimiento informado respecto de la posibilidad de infección por contagio. Estimación del recurso contencioso-administrativo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El indicado Procurador, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso el recurso contra el acto administrativo ya reseñado.

Segundo.-Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley Jurisdiccional, habiendo despachado las partes, en momento oportuno y por su orden, los trámites de demanda y contestación, en cuyos escritos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en los mismos, suplicaron, respectivamente, la anulación del acto impugnado y la desestimación del recurso, en los términos que estimaron convenientes a sus derechos.

Tercero.-Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló para votación y fallo el día 3 de marzo pasado, en que ha tenido lugar.

Cuarto.-En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Ha sido ponente el Magistrado Don Miguel Soler Margarit.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso se ha interpuesto por el Procurador don Carlos Solsona Espríu, en nombre y representación de don Antonio, doña Raimunda y don Eleuterio y doña Araceli, contra la Resolución del Conseller de Sanidad de 16 de febrero de 2007, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 30 de octubre de 2002, por el fallecimiento de don Roberto por deficiente prestación de asistencia sanitaria en el IVO, solicitando una indemnización de 350.000 euros.

Segundo.-La exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración, en este caso por anormal funcionamiento del servicio público, requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.º La causación de un daño, incluso moral, o lesión evaluable económicamente que no deba soportar el ciudadano; 2.º Que tal daño sea imputable, causalmente, a la Administración tanto por el normal como por el anormal funcionamiento del servicio público y 3.º Que no concurra culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor, o que ésta no tenga el deber jurídico de soportarlo. Así, como ha indicado el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 25 de mayo de 2000, con cita de anteriores, "La responsabilidad de las Administraciones Públicas...tiene su base..., de modo específico, en los arts. 40 LRJAE, 106.2 CE y 121 y 122 LEF, apareciendo regulada en la actualidad en el art. 139 aps. 1 y 2 LRAJP, habiendo precisado la jurisprudencia que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: a)la efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterándolo, el nexo causal; c)ausencia de fuerza mayor, y d)que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta"; la responsabilidad, de que se trata, es de carácter objetivo o, dicho de otro modo, se configura por el resultado, siendo, por tanto, indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo y que concurra un nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso, sin que ello suponga, en consecuencia, la conversión de la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, lo cual implicaría, como ha señalado el Tribunal Supremo (Ss. 11 de mayo y 4 de junio de 1994 y 26 de febrero y 1 de abril de 1995), el acogimiento de un sistema providencialista no contemplado en el ordenamiento, porque el instituto de la responsabilidad patrimonial no convierte a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales (TS. Ss. 7 febrero 1998, 19 junio 2001 y 26 febrero 2002).

Es esencial, por consiguiente, y más tratándose de asistencia sanitaria y de la incidencia sobre la salud de tantos y tan variados factores, la prueba, de forma mediata, indirecta o concurrente, de la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el resultado dañoso (TS. Ss. 25 enero, 26 abril y 16 diciembre 1997, 28 febrero y 24 marzo 1998, 13 marzo 1999, 26 febrero y 15 abril 2000 y 21 julio 2001, entre otras).

El criterio de la lex artis se basa en el principio básico sustentado en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. Por lo tanto, se trata de un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha lex artis; de exigirse sólo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la lex artis.

Tercero.-La aplicación al caso de los indicados criterios y a la vista de la prueba practicada lleva a la estimación del recurso porque la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en la negligente prestación sanitaria dispensada al paciente de la que derivó, causalmente su fallecimiento y, además, en la omisión de consentimiento informado respecto a la posibilidad de infección por contagio.

En este sentido, aun no siendo necesaria la realización de una cistoscopia dada la duda planteada en el Informe Radiodiagnóstico (fol. 450 del expediente), si bien estaba indicada para descartar-confirmar implantes tumorales, su realización fue errónea al dejar el catéter en mala situación lo que, dados los síntomas postoperatorios consignados en las hojas de enfermería: oligoanuria, dolor en flanco derecho, náuseas, vómitos, bradicardia, hipotensión, sudoración, placidez, significativos de una diuropatía obstructiva alta y manifiesta, asimismo, por el suministro de diuréticos incrementado en el tiempo, debió extremarse la precaución en la asistencia al paciente a quien, además, le habían extirpado antes el riñón izquierdo, por ello, puede afirmarse que la infección causante del shock séptico con el consiguiente fracaso renal y PCR (causa de su fallecimiento) fue consecuente con la obstrucción producida por la mala situación del catéter pese a la cual, no se extrajo el mismo para su adecuada reubicación ni, como sugería el Servicio de Anestesia-Reanimación y Terapéutica del Dolor (fol.485) se valoró la necesidad de nefrostomia. No cabe olvidar que el paciente, antes de la cistoscopia, no presentaba alteraciones funcionales o morfológicas del aparato urinario. Tal conclusión, avalada por preciso informe pericial del Dr. Arcadio, ratificado y aclarado en el proceso, no se desvanece por la alegación de la Administración, carente de justificación y sustento probatorio alguno, relativa a la posibilidad de haberse causado la infección por entrada de microorganismos tratándose de una persona inmunodeprimida, hipótesis, más que posibilidad, que carece de base justificativa alguna y que, por consiguiente, queda en el plano de mera o simple alegación cuando correspondía a la Administración la plena probanza de tal aserto, lo que, no habiéndose hecho así, reconduce a la conclusión fundada del perito sobre el particular. Es más, en el propio informe del Médico Inspector no se descarta que la causa de la obstrucción de la vía urinaria fuera el alojamiento del cabo distal del catéter doble J en uréter pélvico, sino que, tan sólo, apunta una posibilidad a la vista de la diuresis de 3.6000 cc y cifras de urea 44 mg/dl y de creatinina 1,7 mg/dl, pero, como aclara el perito, tales datos son consecuentes al suministro, sucesivamente incrementado, de diuréticos y, por tanto, no reflejan las cifras correspondientes a un diuresis natural.

Por último, no tratándose de una intervención requerida por una situación de urgencia vital, ni de un paciente de alto riesgo, la omisión en del consentimiento informado (fols. 457 y 458) de la posibilidad de infección por introducción de microorganismos implica ya una infracción de la lex artis ad hoc al tratarse, como se ha dicho y conviene reiterar, de un paciente monorreno que, por ello, exigía información más completa y mayor control de la evolución postoperatoria.

Cuarto.-Respecto al importe de la indemnización esta Sala la fija en 60.000 euros, 20.000 para la viuda y 10.000 para cada uno de sus hijos, ponderando las circunstancias concurrentes: edad del fallecido (71 años) y estado de salud; y la falta de acreditamiento alguno de la necesidad de sus ingresos para el sustento de sus familiares lo cual reconduce la cuestión al ámbito de los daños morales ante la falta de prueba sobre cualquier otro perjuicio real y valorable.

Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso, sin que se aprecie temeridad o mala fe a efectos de expresa imposición de costas.

F A L L A M O S

Estimamos en parte el recurso interpuesto por el Procurador don Carlos Solsona Espríu, en nombre y representación de don Antonio, doña Raimunda y don Eleuterio y doña Araceli, contra la Resolución del Conseller de Sanidad de 16 de febrero de 2007, la que declaramos contraria a derecho y anulamos, dejándola sin efecto.

Reconocemos el derecho de doña Araceli a ser indemnizada en 20.000 euros, y de don Antonio, D.ª Raimunda y don Eleuterio, en 10.000 euros cada uno, con los correspondientes intereses legales desde 30 de octubre de 2002 hasta el día de su pago.

No hacemos expresa imposición de costas.

A su tiempo, con certificación literal de la presente sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Centro de procedencia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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