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Sentencia T.S.J. Madrid 83/2009, de 10 de febrero


 RESUMEN:

El demandante sufrió una infección por estafilococus aureus durante una intervención quirúrgica. Enitende la Sala, siguiendo el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2000 que este tipo de infecciones puede ser, en algunos casos, inevitable pero, al ser un evento previsible deben tomarse medidas precautorias. Al no constar en la historia clínica el suministro de tratamiento antibiótico en el preoperatorio, se condena a la administración al pago de una indemnización al paciente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

Segundo.-El Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

Tercero.-Habiéndose recibido el presente proceso a prueba y practicándose la misma con el resultado que obra en autos, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.-En este estado se señala para votación el día 5 de febrero de 2009, teniendo lugar así.

Quinto.-En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-A través del presente recurso la Procuradora de los Tribunales Sra. Alonso Álvarez, en nombre y representación de don Lucio impugna la resolución presunta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se desestima su reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 7 de octubre de 2005.

Segundo.-La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) El actor, don Lucio, padecía acortamiento de miembro inferir izquierdo desde la infancia lo que le producía cojera.

b) Cuando contaba 71 años de edad, fue visto en consulta externa de Traumatología del H. "12 de Octubre", el 26.de noviembre de 2003, remitido por el Centro de Salud de Puerta Bonita I, por dolor e impotencia funcional de cadera izquierda. El problema padecido era de larga evolución si bien, desde hacía unos meses se había incrementado precisando bastón, no teniendo dolor nocturno y si durante lñas primeras horas de la mañana.

c) Diagnosticado de coxartrosis izquierda, posible secuela de displasia, es incluido en lista de espera quirúrgica para artroplastia total. Tras diversos inciodentes, entre otros, la pérdida del historial durante varios meses, el 20 de octubre de de 2004 fue intervenido de artroplastia total de cadera izquierda con implantación de prótesis tipo Génesis.

d) La intervención y el postoperatorio inmediato transcurrieron sin incidentes, pero el 25 de octubre de 2004 presentó un cuadro de fiebre alta, estupor y desorientación témporo-espacial por el que fue visto por Medicina Interna. Se solicitó hemocultivo y se puso tratamiento con Rocefalín. En los días siguientes fue valorado por Neurología, sin encontrar patología neurológica, y por el S.ª Infecciosos y Cardiología.

e) El 27 de octubre de 2004 se obtuvo en el hemocultivo un estafilococo (aureus meticulin resistente), encontrándose también secreción seropurulenta en la herida quirúrgica. Al localizarse la infección en la prótesis, fue reintervenido de nuevo el 25 de noviembre de 2004 para extraer la prótesis, colocándose un espaciador de cemento con gentamicina y rosario intremedular, además de tratamiento antibiótico con Vancomicina.

f) El 7 de enero de 2005 reingreso de nuevo para valorar reintervención e inserción de nueva prótesis de cadera, pero no fue posible debido a la importante contractura en flexión de cadera y rodilla. Fue tratado posteriormente por el Servicio de Rehabilitación con férulas de extensión de rodilla, sin obtener mejoría suficiente que le permitiera la deambulación con bastones.

g) Como consecuencia de ello, desde entonces el paciente se ve imposibilitado de deambular, necesitando silla de ruedas.

Tercero.-La parte recurrente fundamenta su impugnación en que la infección producida se debió a la falta de medidas higiénicas en los servicios hospitalarios, especialmente, en el quirófano en donde fue intervenido el actor pues aunque el Hospital 12 de Octubre cuenta con un Plan de Vigilancia y Control de la Infección por Estafilococo Áureo (SAOR), lo cierto es que no consta que las medidas allí previstas se hayan efectivamente aplicado. Por otro lado, tampoco consta que se le administrara tratamiento antibióticos preoperatorio dado que no se encuentra en el expediente administrativo la hoja de anestesia en la que deben aparecer todos los fármacos administrados.

La Administración demandada así como la codemandada, por medio de sus representaciones procesales respectivas, alegan que la Administración no resulta responsable de la infección cuando, como es el caso, ha realizado todos los controles y llevado a cabo todas las medidas de asepsia previstas en los protocolos de actuación para erradicar el contagio y para erradicar el contagio.

Cuarto.-Hallándonos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, conviene recordar como, dentro del principio general de responsabilidad de los poderes públicos recogido en el Título Prelimar de la Constitución, artículo 9.3 in fine, la responsabilidad del Poder Ejecutivo se concreta en el art. 106.2 de la Constitución al disponer que "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La remisión legal viene ahora cubierta por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aplicable en este supuesto, que en los dos primeros apartados de su artículo 139 establece que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

La jurisprudencia ha precisado que para apreciar la existencia de esta responsabilidad son precisos los siguientes requisitos a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupos de personas, b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal, c) ausencia de fuerza mayor y d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño por su propia conducta.

A lo expuesto cabe añadir, como viene significando esta Sala en reiteradas sentencias, la consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, según la cual, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que conduciría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así pues, solo en el caso de que se produzca una infracción de dicha Lex artis responde la Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son imputables a la Administración y no tendrían la consideración de antijurídicos por lo que deberán ser soportados por el perjudicado. La existencia de este criterio de la Lex Artis se basa en el principio jurisprudencial de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación se concreta en prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo.

Estamos ante un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida; criterio que es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo exista el elemento de la lesión sino también la infracción del repetido criterio; prescindir del mismo conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad que podría declararse con la única exigencia de existir una lesión efectiva.

Quinto.-Asimismo, hay que tener en cuenta que si bien, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2000 y viene a poner de relieve el dictamen pericial de la codemandada, la infección por estafilococus aureus en una intervención quirúrgica puede resultar en algunos casos inevitable, sin embargo, es un evento previsible y, por lo tanto, deben extremarse las medidas precautorias; medidas que en el caso que nos ocupa, y en relación con la adecuada profilaxis antibiótica, no consta que se hubieran adoptado oportunamente.

En efecto, desde un primer momento, la actora sostiene que no consta que se le suministrara tratamiento antibiótico al paciente en el preoperatorio.

Así lo afirma el perito de la parte actora al señalar que no hay noticia en el expediente de la existencia de una profilaxis antibiótica en la preparación para la intervención quirúrgica lo que resulta imprescindible en las cirugías con utilización de implantes protésicos y que no se ha podido constatar al faltar la "hoja de anestesia" en la historia clínica remitida por el hospital.

Es más, el perito de la parte codemandada no aporta elemento de la referida historia clínica del que poder deducir el suministro de antibióticos como preparación de la cirugía. Manifiesta este perito que el único motivo que tiene para pensar que se le suministró la profilaxis antibiótica es el informe del Jefe del Servicio obrante al folio 10 del expediente. Pero lo cierto es que en dicho informe después de relatar los hechos, por cierto, no desde el ingreso ni desde el preoperatorio sino desde la intervención quirúrgica, concluye en la página 10 último párrafo manifestando que al paciente se le prestó la asistencia que precisaba y que "fue tratado con la profilaxis antibiótica protocolizada en este centro". Sin embargo, dicho informe del Jefe de Servicios se confeccionó una vez iniciado el expediente de reclamación patrimonial, es decir, cuando su servicio ya se hallaba comprometido en el mismo. Lo cierto es que no hay documento alguno de la historia clínica en que sustentar la afirmación de que el paciente fue tratado de manera preventiva con antibióticos pues no aparece ni la "hoja de anestesia" ni otro documento que, perteneciendo a la historia clínica, es decir, que estando confeccionado al mismo tiempo que ésta, contuviera la afirmación de la dispensación de tal profilaxis antibiótica. Tal prueba le corresponde a la Administración teniendo una trascendental importancia pues la ausencia de tales medidas preventivas denotan una falta de cuidado que debe acarrear como consecuencia directa la responsabilidad de quien, con claro incumplimiento del protocolo de actuación, procede a realizar una cirugía con instalación de prótesis sin proteger al paciente debidamente.

Sexto.-En cuanto a la indemnización, la Sala la fija, teniendo en cuenta los antecedentes personales del paciente, especialmente su edad, la incapacidad funcional en que se encuentra y tomando como referencia el Baremo, en ochenta mil euros actualizada dicha cantidad al momento actual y que incluye los daños morales.

Séptimo.-Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción .

FALLAMOS

Que ESTIMANDO en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Alonso Álvarez, en nombre y representación de don Lucio contra la resolución presunta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se desestima su reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 7 de octubre de 2005, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS la citada resolución por no ser conforme a derecho, al tiempo que CONDENAMOS a la Administración al abono de OCHENTA (80.000) MIL euros.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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