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Sentencia T.S.J. Valencia 35/2009, de 23 de enero


 RESUMEN:

Reclaman los recurrentes una indemnización por daños y perjuicios y la manutención de la hija nacida tras la realización de una vasectomía. De la prueba pericial practicada se concluye que no ha existido infracción de la lex artis, dado el conocimiento de la posible ineficacia de la intervención por parte de los recurrentes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

Segundo.-La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.

Tercero.-Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la propuesta por las partes que resultó admitida y se emplazó a éstas para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.-Se señaló la votación para el día 13 de enero de dos mil nueve, en que tuvo lugar.

Quinto.-En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La representación de D.ª Clara ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra Resolución del Conseller de Sanitat de la GENERALIDAD VALENCIANA de fecha 22 de septiembre de 2005, dictada en el expediente 412/01, desestimatoria de la reclamación de indemnización de los daños y perjuicios derivados del nacimiento de una hija después de haber sido practicada a su esposo D. Rodolfo una vasectomía, lo que desemboca en el derecho a la percepción de la cantidad reclamada por importe de 120.202,42 euros y a la manutención y proceso formativo correspondiente de la hija hasta que cumpla la edad de dieciocho años.

Segundo.-Para la resolución del caso examinado son hechos relevantes de los que debemos partir los siguientes:

El esposo de la actora, D. Rodolfo, nacido el 7 de junio de 1996, el día 29 de febrero de 2000 fue operado de vasectomía bilateral mediante doble incisión en el Hospital Clínico de Valencia, habiendo firmado con anterioridad a la intervención quirúrgica consentimiento informado, en el que se indica que " De forma excepcional ha sido descrita en la literatura científica la repermeabilización espontánea de la vía seminal, lo que conllevaría la posibilidad de embarazo".

En fecha 2 de junio de 2000 se le practicó un seminograma, dando como resultado 20 millones de espermatozoides y una motilidad grado III de 10%.

El 2 de junio del mismo año se efectúa nuevo control, que demostró azoospermia, por lo que se le comunicó que podía abandonar los métodos de anticoncepción.

En fecha 10 de enero de 2001 se practicó test de embarazo a la actora, con resultado positivo; verificado el día 18 de dicho mes nuevo seminograma, se informa de la aparición de un millón de espermatozoides / cc, con un 0% de motilidad grado III.

Repetidos los espermiogramas en los meses de abril y julio de 2001, dan como resultado azoospermia.

El día 3 de septiembre de 2001 se produce el nacimiento de la hija de la actora.

Con fecha 30 de noviembre de 2001 se formula escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por la actora y su esposo, que es desestimada por la resolución objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo, previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana de fecha 14 de julio de 2005.

La actora formula la reclamación de indemnización habida cuenta que si se hubiera practicado adecuadamente la vasectomía, no se hubiera producido su posterior embarazo y nacimiento de un tercer hijos, lo que afectó gravemente a la economía familiar.

Tercero.-El artículo 106,2 de la Constitución garantiza la responsabilidad de los poderes públicos, (ya recogida como principio general en el artículo 9,3) al disponer que "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

En estos preceptos de rango constitucional, así como en la normativa de rango legal actualmente aplicable, artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (que reproduce en buena medida la regulación anterior que procedía del artículo 40 de la LRJAE) se recogen los criterios y principios básicos de esta clase de responsabilidad; debe citarse el artículo 139,1 de dicha Ley que establece que:

"Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal ó anormal de los servicios públicos."

El fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración actualmente, y sin perjuicio de admitir en algunos supuestos otro fundamento, se considera que si la actuación administrativa tiene por objeto beneficiar, con mayor o menor intensidad a todos los ciudadanos, lo justo es que si con ello se causa algún perjuicio, éste se distribuya también entre todos, de forma que el dato objetivo de la causación de una lesión antijurídica por la actuación de la Administración constituye ahora el fundamento de la responsabilidad de la misma. La responsabilidad por tanto, surge con el perjuicio que se causa, independientemente de que éste se haya debido a una actuación lícita o ilícita de los poderes públicos y de quién haya sido concretamente su causante.

En cuanto a los requisitos para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 17 de octubre de 2000 (rec. 9201/1995) ha enumerado los siguientes:

a) Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar.

b) Que aquella sea real efectiva y susceptible de evaluación económica.

c) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos estos en el más amplio sentido de actuación, actividad administrativa o gestión pública, en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a casos de fuerza mayor.

Se hace necesario, pues, cuando los Tribunales se enfrentan ante un problema de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, fijar un parámetro que permita determinar el grado de corrección de la actividad administrativa a la que se imputa el daño; es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos en que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad administrativa (es decir, al tratamiento ó a la falta del mismo) y aquellos otros casos en que el resultado se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos.

El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso administrativa para hacer girar sobre él la existencia ó no de responsabilidad patrimonial es el de la "Lex Artis" y ello ante la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar cuando el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido correcto. La existencia de este criterio se basa en el principio básico sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación es de prestar la debida asistencia medica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. Por lo tanto, el criterio de la "Lex Artis" es un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida ("lex artis"). Este criterio es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha "Lex Artis"; de exigirse solo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la "Lex Artis".

El Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de marzo de 1998 utiliza el criterio de la "Lex Artis" y entiende que surge la responsabilidad "cuando no se realizan las funciones que las técnicas de la salud aconsejan y emplean como usuales, en aplicación de la deontología médica y del sentido común humanitario"; reproduce en este sentido el criterio de otras muchas sentencias como las de fecha 11 de febrero de 1991 ó 27 de noviembre de 1993. La STS de fecha 1 de marzo de 1999 (Rec. 7980/1994) establece con precisión la importancia de la prueba en esta clase de recursos e insiste en la importancia especifica de la prueba pericial: "lo cierto es que, en el caso enjuiciado, ante la ausencia de informes médicos periciales, no existe, siquiera sea indiciariamente, elemento probatorio alguno que acredite error en el diagnóstico médico que propició la primera de las intervenciones quirúrgicas en el servicio de Traumatología y Ortopedia del "Hospital C." de Oviedo".

Cuarto.-En el caso presente, la cuestión que se plantea como fundamental es la que se refiere a si se ha producido infracción de la "lex artis" como justificadora del nexo de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado producido.

La parte recurrente no ha practicado en vía jurisdiccional prueba pericial que hubiera permitido acreditar si se ha producido ó no esa infracción de la "lex artis", por lo que deberemos estar a los informes obrantes en el expediente administrativo, en concreto al emitido a instancia de la actora y su esposo por el doctor D. Edemiro, especialista en urología y andrología ( folio 47) y de la médico inspector D.ª Concepción ( ( folio 56). Del primer informe procede destacar las siguientes afirmaciones: " ...ambos miembros de la pareja conocían previamente a la realización de la vasectomía...la remota posibilidad de repermeabilización espontánea que se les había informado y que incluso me llegan a cifrar en un caso de cada 3500 vasectomías realizadas"; " La constatación de azoospermia en el segundo seminograma confirma que LA VASECTOMÍA FUE CORRECTAMENTE REALIZADA..."; " La posibilidad de repermeabilización espontánea de la vía seminal ha sido descrita desde que se realizan vasectomías. Su incidencia varía según las series consultadas y varía entre 1 cada 3000- 10000 casos"; " En presente caso, la presencia de los valores reflejados en el seminograma de enero de 2001 son difíciles de explicar dado que posteriormente se vuelve a constatar azoospermia en dos seminogramas. Dichos valores ( 1 millón de espermatozoides / cc pero con 0% de motilidad grado III) se consideran infértiles..."; " Las posibles explicaciones a ese seminograma serían a) una repermeabilización parcial y/o pasajera de la vía seminal, que posteriormente se habría sellado o b) la existencia de algún grumo seminal en alguna circunvolución de las vesículas seminales o de las ampollas deferenciales que hubiese quedado adherido a sus paredes. Ambas posibilidades concuerdan en el que la totalidad de espermatozoides ahí descubiertos fueran inmóviles, lo que técnicamente supone una gran traba para el proceso de fecundación". Del segundo informe destacamos su conclusión: " Por lo tanto tras el análisis de los datos obtenidos no parece existir relación causal entre la vasectomía realizada al paciente y los hechos reclamados por él". Por último, el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo concluye que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalidad Valenciana.

A la vista de los precitados informes, doctrina jurisprudencial, así como de la historia clínica del paciente, se llega a la conclusión de que el procedimiento seguido en la vasectomía no violó la "lex artis".

No procede, por todo ello, considerar acreditada la concurrencia de un daño derivado de la asistencia sanitaria prestada al paciente que no tenga el deber jurídico de soportar.

Quinto.-De conformidad con el criterio mantenido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es de apreciar temeridad o mala fe en ninguna de las partes a efectos de imponer las costas procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Clara contra Resolución del Conseller de Sanitat de la GENERALIDAD VALENCIANA de fecha 22 de septiembre de 2005, dictada en el expediente 412/01, desestimatoria de la reclamación de indemnización de los daños y perjuicios derivados del nacimiento de una hija después de haber sido practicada a su esposo D. Rodolfo una vasectomía; sin hacer expresa condena de las costas procesales.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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