Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Galicia 102/2009, de 11 de febrero


 RESUMEN:

Retraso en el diagnóstico de un linfoma Burkitt. Se declara la improcedencia de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración ya que la paciente era de avanzada edad y el linfoma muy agresivo, por lo que, aunque se hubiera diagnósticado más tempranamente, la paciente no hubiera podido recuperarse.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a las partes recurrentes para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que se declare la responsabilidad patrimonial de las Administraciones demandadas, y se condene a las mismas a indemnizar a los recurrentes en la cantidad de 290.000 euros, en concepto de daños y perjuicios por el mal funcionamiento de la Administración Sanitaria; con los intereses legales correspondientes y con expresa imposición de las costas a las codemandadas, si se opusieren.

Segundo.-Conferido traslado a las partes demandadas, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestaciones de la demanda.

Tercero.-Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada la misma según obra en autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

Cuarto.-En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 290.000 euros.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.-La parte actora da razón del "petitum" de su demanda, consistente en que se condene a la Administración sanitaria autonómica demandada, al pago, en concepto de indemnización, de la suma de doscientos noventa mil euros por los daños y perjuicios causados al demandante y a los dos hijos del matrimonio, como derivados del fallecimiento de la esposa del mismo, argumentando que su citada esposa, a la sazón de 75 años de edad, y que presentaba como antecedentes médicos personales una diabetes "mellitus" no insulinodependiente, hipertensión arterial y fibrilación auricular crónica sometida a tratamiento anticoagulante, el 10 de noviembre de 2003 fue sometida a un cateterismo que mostró la existencia de una insuficiencia mitral moderada y unas arterias coronarias sin obstrucción significativa.

Que la paciente, a partir del 16 de noviembre de 2003 acude en reiteradas ocasiones al Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Xeral-Cíes por episodios repetidos de insuficiencia cardiaca congestiva, siendo examinada en dicho servicio, entre otras, en 17, 19, 21 y 26 de enero y 27 de mayo de 2004, y remitida en todos los casos a su médico de cabecera.

Examinada el 27 de mayo de 2004 en el Servicio de Cirugía Vascular, es remitida nuevamente a su médico de cabecera, quien, el 22 de julio del mismo año, la remite al Servicio de Cirugía General del Hospital de referencia, con la siguiente nota manuscrita: "bultoma inguinal derecho poco móvil, no doloroso, no reduce con la presión. No parece hernia, lipoma en otros lugares, aunque a la palpación no tiene aspecto de lipoma. Ruego consulta".

Que el 1 de agosto de 2004 a las 5:56 horas, la paciente acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Xeral-Cíes, presentando un cuadro de 15 de evolución, con disnea, dolor retroesternal. Fue empeorando progresivamente la disnea, apareciendo ortopnea de dos almohadas y D.P.N. Además, aparece "hernia" en región inguinal derecha", siendo remitida a su médico de cabecera. Esto se repite el día 2 de agosto de 2004. El día 4, el médico de cabecera la remite al Servicio de Urgencias del Hospital Xeral-Cies, con la siguiente nota manuscrita: "mujer de 76 años acudió en dos ocasiones al Xeral, los días 1 y 2 de agosto de 2004. Desde hace 3 días, varios episodios de disnea, sensación de falta de vida, palpitaciones de varias horas de duración. Arritmia completa por fibrilación auricular. Insuficiencia cardiaca incipiente".

Ese mismo día acude al Servicio de Urgencias y el día 5 es ingresada en el Servicio de Cardiología. A la exploración llamaba la atención la presencia de "nódulo- masa a nivel de fosa ilíaca derecha e ingle derecha de 30 días de evolución, doloroso, se desplaza, caliente. La paciente dice que crece (tenía cita para el cirujano el día 4 de agosto de 2004).

Desde su ingreso, la paciente continuó con fuerte dolor lumbar irradiado a ambos miembros inferiores, con parestesias y sensación de acorchamiento en el muslo, que no cedían a pesar de dosis altas de múltiples analgésicos y antiinflamatorios.

El 26 de agosto de 2004 se recoge en la Historia Clínica, "pendiente de poder realizar RMN de columna lumbar con anestesia el próximo 31 de agosto de 2004, continúa mucho dolor. Hay más sudoración y desorientada; la ve el Dr. Carlos Miguel (Cirugía) apreciando hernia inguinal estrangulada que me indica precisa operar".

El mismo día 26 de agosto, aparece manuscrito en la Historia Clínica una nota del Servicio de Cirugía General "17:45 horas. Operada. Resección de bloque ganglionar derecho (pseudo-hernia. Biopsia. La paciente seguirá estudio por medicina interna).

No consta, respecto a dicha intervención en el expediente administrativo ni el protocolo operatorio, ni la hoja de anestesia, ni el consentimiento informado, ni hoja de tratamiento postoperatorio, ni hojas de evolución en cuidados intensivos; no existe constancia alguna de profilaxis antibiótica, ni antes ni durante, ni después de la cirugía.

Tras la intervención, la paciente se deterioró en las 24 horas siguientes, falleciendo a las 16:05 horas del 27 de agosto de 2004.

Del estudio necrópsico se demostró como diagnóstico definitivo: A) Linfoma No Hodkin de célula B, tipo Burkitt, afectando a masa inguinal derecha, masa lumbar derecha, adenopatías retroperitoneales, útero, ambos pulmones, meninges. B) Shok séptico por estafilococo Aureus. C) Siendo la causa del fallecimiento shock séptico.

Por la representación letrada de la Xunta de Galicia, así como por la del SERGAS, mediante sendos escritos de 23 de enero de 2007, y 6 de febrero del mismo año, sin negar esencialmente los hechos aducidos de parte contraria, afirma que el linfoma No Hodgkin de células B, tipo Burktt es una afección cancerígena del sistema linfático caracterizada por su alto grado de malignidad y por su rapidez de diseminación, lo que, sumado a la edad de la paciente y a sus antecedentes médicos, no aseguraban en modo alguno, su supervivencia o que fuese una candidata ideal para tratamiento con quimioterapia, procedimiento muy invasivo; que, a mayor abundamiento, en el presente supuesto no es aplicable la teoría de la "pérdida de oportunidad hipotética", pues al respecto, tal y como ha señalado, entre otras, la Sentencia del TS de Justicia de Madrid Núm. 71/2006, de 18 de enero, es imprescindible para declarar la responsabilidad patrimonial, incluso en supuestos de posibles pérdidas de oportunidad, operar con realidades y no con meras hipótesis.

Afirma, al mismo tiempo, que la causa de fallecimiento fue un shock séptico por staphylococus aureus y no el linfoma, con lo que no existe ningún nexo causal entre la falta de diagnóstico de aquél y el fallecimiento de la paciente. Que además, dados los antecedentes personales de la paciente, el hecho de padecer diabetes Mellitus tipo II, ello constituía factor de riesgo específico para la infección.

Alega, de otra parte, incorrecta determinación de daño causado y la falta de fundamentación de la indemnización que se solicita, atendido el hecho de la edad que ya tenía la interesada y la mala salud que presentaba.

Por su parte, la representación letrada de la Compañía Zurich España, SA, al oponerse asimismo a la demanda formulada por la parte actora, pone de manifiesto que la paciente fallecida, de 76 años de edad, presentaba severas patologías de base, crónicas algunas de ellas, y muy especialmente con una patología cardiaca muy amplia, que de por sí limitaba el tratamiento médico del paciente y facilitaba un mal pronóstico. Opone, asimismo, que no acredita la relación de causalidad entre el linfoma y el fallecimiento, pareciendo, al contrario, según se deriva de la prueba de autopsia realizada, que el fallecimiento fue debido a una infección por estafilococos aureus y además, tampoco estima se haya acreditado que la infección haya sido debida a falta de profilaxis médica intraoperatoria, estando acreditado se le administró tratamiento antibiótico en el postoperatorio amén de en el preoperatorio, como medida profiláctica y en el operatorio. Afirma, de otra parte, que la asistencia prestada a la paciente fallecido se ajustó a las exigencias de la lex artis y, en consecuencia, el daño sufrido por aquélla, no es antijurídico, sin que pueda aplicarse el criterio jurisprudencial de la pérdida de oportunidad por un posible retraso en el diagnóstico. Concluye interesando la desestimación de la demanda.

Segundo.-Por la Compañía Zurich España, SA, se acompaña al escrito de contestación a la demanda antes citado, dictamen médico emitido colegiadamente por los Doctores Especialistas, todos ellos en Medicina Interna, D. Clemente, D. Federico, D. Iván, y D. Nicanor, quienes, tras analizar la documentación obrante en el expediente administrativo traído al proceso y de modo particular, el Historial Clínico de la paciente y los distintos informes y dictámenes médicos obrantes en el mismo, y establecer decurso fáctico en lo esencial similar al expuesto en la demanda, efectúan diversas consideraciones en torno a la naturaleza de los linfomas y en concreto, al linfoma No Hodgkin tipo Burkitt, detectado a la fallecida y que se considera como uno de los más agresivos, así como a la asistencia que en todo momento se había prestado a la misma, concluyen afirmando que D.ª Encarna presentaba una cardiopatía que justifica la mayor parte de la sintomatología por la que consultó la paciente desde finales de 2003 a agosto de 2004; que a finales de julio y primeros de agosto de 2004 a la sintomatología cardiaca de la paciente se añadió un cuadro de lumbalgia y la aparición de un bultoma en la región inguinal derecha, por lo que a primeros de agosto se decide su ingreso para control sintomático de la misma, y dado que predominaba la clínica cardiológica, se decide que dicho ingreso se efectúe en el Servicio de Cardiología; que fue en el plazo de tres semanas desde el momento del ingreso y tras la realización de una multitud de pruebas y una cirugía sobre la región inguinal se determinó que la patología del paciente era tumoral, impresión que se confirma en el estudio histológico, confirmándose la presencia de un linfoma No Hodgkin de alto grado tipo Burkitt. Dado el diagnóstico, la localización del tumor y la velocidad de la progresión de la enfermedad resulta imposible establecer una relación entre la sintomatología por la que la paciente consultó a finales del año 2003 y primeros del 2004 en el Servicio de Urgencias del CHXC y el diagnóstico finalmente alcanzado. La paciente fallece en el plazo de

24 horas desde la práctica de la cirugía que condujo al diagnóstico, sin que pueda relacionarse aquél directamente con el proceso tumoral, sino con la aparición de un cuadro de shock en el contexto de una infección diseminada de Staphylococus aureus (germen colonizador habitual del ser humano); que incluso en el caso de haber podido adelantar en algo el diagnóstico, es casi seguro que este hecho no hubiera influido en el pronóstico de la paciente, que depende de la agresividad de la propia patología tumoral, así como de la propia edad y patologías de base de la paciente, que limita las posibilidades de tratamiento de la misma. No se puede descartar tampoco que se hubiera presentado igualmente la complicación infecciosa que finalmente acabó con la vida de la enferma.

Tercero.-De cuanto antecede, pueden extraerse como presupuestos de la "litis", o cuestiones a las que ha de darse respuesta en orden a determinar la concurrencia de los requisitos que darían razón de la apreciación de la responsabilidad que se reclama, el determinar en primer término si el fallecimiento de la causante se produjo como consecuencia, y en su caso, en qué forma y medida, del linfoma No Hodgkin tipo Burkitt que padecía; en todo caso, si en el fatal desenlace intervino o tuvo incidencia, y con qué relevancia, un eventual retraso en el diagnóstico de dicha patología, y en su caso, si dicho eventual retraso, de existir, fue debido o puede achacarse a un deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios que atendieron a la esposa y madre de los actores.

Pues bien, sentado así el objeto de la "litis", y con carácter previo a dar respuesta a las cuestiones que han quedado explicitadas, se considera necesario traer a colación la doctrina o posición que reiteradamente viene manteniendo esta Sala al respecto, y en tal sentido, poner de manifiesto que configurada por primera vez en 1954, dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en el artículo 121, y contenida en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, en los artículos 40 y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado adquiere relevancia constitucional en los artículos 9 y 106.2 de la Constitución como garantía fundamental de la seguridad jurídica, con entronque en el valor de la justicia, pilar del Estado de Derecho social y democrático (artículo 1 de la Constitución) y se desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (Título X ) y en el Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo:

a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.

b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.

c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.

d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero, 1 de abril de 1995, 15 de diciembre de 1997, 28 de enero y 13 de febrero de 1999 ) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, por lo cual no sólo no es menester demostrar, para exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. A su vez, como ha declarado la sentencia TS de 26 de septiembre de 1998, es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal. Así se deduce del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, pues sólo excluye la obligación de la Administración de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, quien reclame a la Administración la indemnización de unos daños sólo tiene que acreditar su realidad y la relación de causalidad que existe entre ellos y la actuación o la omisión de aquélla.

Como recuerda la sentencia TS de 6 de octubre de 1998, resumiendo la doctrina jurisprudencial sobre el nexo causal "Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal -- especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos-- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (sentencias de 25 de enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de 2000, y 21 de julio de 2001, entre otras). Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquéllas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél (sentencia de 25 de enero de 1997 ), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (sentencia de 5 de junio de 1997 ), pues el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o "conditio sine qua non" esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario además que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (sentencia de 5 de diciembre de 1995 )".

La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración obliga a deducir que la conducta del personal asistencial no ha de ser enjuiciada aquí bajo el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad sino más bien desde la estricta objetividad mecánica de un comportamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causalidad material, a nivel de experiencia, en la producción de un resultado (STS 14 de junio de 1991, confirmando sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 4 de noviembre de 1985, y STS de 13 de julio de 2000 ).

Ahora bien, al implicar la asistencia sanitaria la existencia de una obligación de medios, no de resultados (sentencias TS de 9 de diciembre de 1998 y 11 de mayo de 1999 ), en ocasiones la jurisprudencia (sentencia sala 3.ª TS de 10 de febrero de 1998 ) ha hecho depender la obligación de indemnizar de la vulneración o no de la "lex artis ad hoc". En este sentido la sentencia TS de 22 de diciembre de 2001 razona que cuando del servicio sanitario o médico se trata el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a las propias dolencias del paciente. En efecto, aunque el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico, valoración y tratamiento se circunscriben a la actuación del servicio sanitario y, por consiguiente, resultarían en principio irrelevantes para declarar la responsabilidad objetiva, mientras que han de ser inexcusablemente valoradas para derivar una responsabilidad culposa, sin embargo también tienen trascendencia en orden a una conclusión sobre el nexo de causalidad, pues el correcto enjuiciamiento sobre la vinculación causal entre el funcionamiento de aquel servicio y el resultado producido exige valorar todos aquellos hechos y circunstancias que sean imprescindibles para solucionar el debate y decidir el litigio, de modo que el análisis sobre si la técnica y los medios de diagnóstico y tratamiento empleados han sido idóneos y correctos permite, en primer lugar, determinar con alto grado de certeza la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico, es decir, si éste tiene o no el deber jurídico de soportarlo, pues sólo son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción de aquéllos (artículo 141.1 de la Ley 30/1992 ). Este planteamiento coincide con el seguido por la más moderna jurisprudencia, así en sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1999, 3 y 10 de octubre de 2000, 14 de julio de 2001, la ya citada de 22 de diciembre de 2001, 14 de octubre de 2002, 24 de septiembre y 19 de octubre de 2004 y 10 de julio de 2007 .

La anterior tendencia objetivadora no puede, sin embargo, hacernos olvidar que cuando nos encontramos en presencia de una actividad administrativa como la que nos ocupa, esto es una prestación pública en el ámbito sanitario, una traducción mecánica del principio de objetividad en la construcción del instituto resarcitorio puede provocar resultados no sólo contrarios a un elemental principio de justicia sino incluso a la propia y concreta función del instituto indemnizatorio. De hecho, la jurisprudencia ha repetido incansablemente que este instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración no convierte a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales (sentencias de 7 de febrero de 1998, 19 de junio de 2001 y 26 de febrero de 2002 ).

Puede fácilmente entenderse que la naturaleza de la actividad administrativa que nos ocupa en la que convergen la acción de la propia Administración pero también el estado físico del usuario del servicio y en el mismo el curso natural de procesos que la ciencia o la técnica, en el momento actual de los conocimientos, no puede evitar o minorar con la producción final de un resultado que se nos presenta como inevitable o imprevisible. La exigencia de una responsabilidad patrimonial a la Administración en estos supuestos se nos aparece como una deducción que olvida que, en el ámbito de la acción prestacional sanitaria, la obligación no puede concebirse como una obligación de resultado, la sanación completa del individuo, sino de medios. No pudiendo ampararse esa construcción tampoco en los derechos reconocidos en los artículos 41 y 43 de nuestra norma suprema, pues en esta se consagra un derecho a la protección de la salud no un derecho a la salud, éste último de imposible garantía. Una construcción objetiva que anude la responsabilidad atendiendo a la identificación de una actuación, actividad o inactividad, administrativa en el orden causal fáctico del resultado no parece compatible así ahora con la nueva redacción, por Ley 4/1999, del artículo 141 de la Ley 30/1992. Y si bien pudiera razonarse, en razón del momento temporal de la producción de la lesión, en contra de la vigencia de esta última disposición en su actual formulación es lo cierto que la misma responde, como ya ha señalado el Tribunal Supremo, así Sentencia de 31 de mayo de 1999, a una interpretación también acogida en nuestra doctrina.

Cuarto.-Sentado lo anterior y retomando el hilo del razonamiento iniciado al comienzo del fundamento jurídico anterior, y siguiendo esencialmente al respecto, el informe emitido y respuestas dadas y ratificadas en sede judicial, a preguntas de las partes, por el perito judicial nombrado al efecto, Doctor D. Pablo, Especialista en Hematología y Medicina Interna, respondiendo a la primera de las cuestiones formuladas, cabe concluir que si bien la causa próxima del fallecimiento estribó en un shock séptico, debe tenerse inevitablemente en cuenta la grave tumoración subyacente no diagnosticada, hasta que fue realizada la biopsia de la masa ganglionar inguinal estudiada en Anatomía Patológica (26 y 27 de agosto de 2004), que padecía y que ha sido, sin duda, la causante de la subsiguiente incapacidad de la fisiología de la paciente para una buena defensa natural contra infecciones como la muy grave que ha provocado probablemente el shock séptico, o la que seguramente ya tenía cuando fue intervenida y tampoco identificada con cultivos y/o antibiogramas, a tenor de los resultados de los análisis de 18 de agosto de 2004, en que ya se apreciaba un deterioro de las funciones renal y hepática... y la posibilidad de existencia de una infección bacteriana, toda vez que las cifras de leucocitos superaban los 10.000 m/m3 y los gramulocitos superaban el 90%, según los hemogramas... En tal sentido, además tratándose de una paciente diabética es probable que este presunto germen, previo a la cirugía, podría tener mucho que ver con la evolución hacia el shock séptico que sufrió la paciente.

Sentada la relación de causalidad, como concausa, o causa agravatoria de la causa directa del fallecimiento, entre éste y la grave tumoración que le fue estirpada y posteriormente diagnosticada como linfoma de Burkitt, preciso es dar respuesta a si la actuación del equipo médico fue en todo momento la adecuada y conforme a la lex artis ad hoc y, en todo caso, si existió un retraso culpable en el diagnóstico que eventualmente hubiera imposibilitado tratar a tiempo y con posibilidades de éxito la patología detectada y evitar en tal sentido, el fatal desenlace producido.

En tal, siendo y siguiendo fundamentalmente al respecto el dictamen pericial emitido por el Dr. D. Pablo, debe partirse del hecho a tener en cuenta, de que la primera noticia que se tiene de la existencia de lo que posteriormente sería diagnosticado como un linfoma Burkitt, fue el 22 de julio de 2004, fecha en que el médico de cabecera de la paciente la remite al Servicio de Cirugía General del Hospital de referencia, con la siguiente nota manuscrita "bulto inguinal derecho poco móvil, no doloroso, no reduce con la presión; no parece hernia; lipoma en otros lugares, aunque a la palpación no tiene aspecto de lipoma. Ruego consulta", pues toda la atención anterior, particularmente a partir de noviembre de 2003, había venido referida a la patología cardio-vascular que asimismo padecía". Sin embargo, antes de que la paciente acuda al Servicio de Cirugía General para la valoración del "bulto inguinal" detectado, ha de acudir al Servicio de Urgencias del Hospital de referencia en la madrugada del día 1 de agosto con disnea y dolor retroestenal, hecho que se repite el 2 de agosto, por lo que el día 4, y por su médico de cabecera es remitida nuevamente al Servicio de Urgencias del Hospital Xeral Cíes, con una nota manuscrita "mujer de 76 años acudió en dos ocasiones al Xeral, los días 1 y 2 de agosto de 2004. Desde hace 3 días, varios episodios de disnea, sensación de falta de vida, palpitaciones de varias horas de duración. Arritmia completa por fibrilación auricular. Insuficiencia cardiaca incipiente", por lo que en fecha 5 ingresa en el Servicio de Cardiología.

Es, una vez ingresada en el Servicio de Cardiología, cuando a la vista del informe de Urgencias, el día 1 de agosto, en que se hacía referencia a una masa longitudinal en trayecto inguinal derecho, y se había constar que está pendiente de valoración por cirugía, que el mismo día, 5 de agosto, se hacía constar la existencia de "nódulo masa duro a nivel de fosa ilíaca derecha (FID) -ingle derecha en zona de cateterismo de hace dos años, de 30 días, doloroso, se desplaza, ¿caliente?, la paciente dice que crece; adenopatía inguinal izquierda, no signos de consistencia dura, similar a bultoma inguinal derecho", practicándose el día 9 una ecografía abdominal de la que deriva informe en que se hace constar la existencia de "hernia inguinal derecha con asa en su interior; hernia inguinal izquierda, sin que se visualice asa en saco herniano; base con múltiples imágenes hiperecoicas, inespecíficas, en relación con granulomas o áreas de afectación vascular, ambos riñones sin alteraciones significativas; no se visualiza líquido libre peritoneal". Aconsejada por el Servicio de Traumatología la realización de una RMN por el Servicio de Radiología se informa el 19 de agosto que "no es posible realizarla porque la paciente no soporta la postura necesaria a causa del dolor aconsejando que debería hacerse bajo anestesia general si se considera necesaria".

Sobre tal secuencia fáctica, el perito informante, partiendo de la base de que el linfoma de Burkitt es poco frecuente, que representa tan sólo el 1% de la totalidad de los linfomas, que su inicio es muy brusco, su comportamiento es extraordinariamente agresivo y su evolución muy rápida, aún estimando que lo que podría y debería haberse realizado desde la aparición del bultoma, vendría dado por una biopsia de la masa inguino-clural, máxime teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio, particularmente los resultados de la analítica de 18 de agosto, que dan signos de afectación multiorgánica por un proceso anormal que estaba todavía sin diagnosticar, y siendo lo cierto, en todo caso, que nunca se sospechó la existencia de un linfoma, y menos de uno de la índole del que padecía la paciente, concluye en este aspecto afirmando, en todo caso, que la clasificación pronóstica de la paciente estaría dentro de los "Factores Desfavorables", según la clasificación del IPI (Índice Pronóstico Internacional) en grupo de riesgo alto y presuntamente de mala evolución, con un ECOG superior a 2, pues se trataba de un linfoma muy agresivo.

Abundando en lo anterior, afirma el perito actuante que el linfoma de Burkitt es tratable siempre que la situación clínica y la edad del paciente lo permitan, pero que debe ser diagnosticado enseguida, y el estadiaje debe ser expeditivo, porque en el ser humano empeora rapidísimamente y cualquier retraso en comenzar a tratarlo puede influir de modo negativo en el pronóstico del paciente. Que en tal sentido, el comienzo del tratamiento no debe ir más allá de las 48 horas desde el diagnóstico, pues es de esperar que un 70 a 80% de niños y adultos jóvenes se curen cuando reciben el tratamiento eficaz de poliquimioterapia intensiva, siendo este porcentaje menor en personas mayores de 60 años, especialmente si tienen otras patologías asociadas.

Que en el caso de la paciente, D.ª María Luisa, de haberse realizado un diagnóstico certero con anterioridad, podría eventualmente haber sido tratada con quimioterapia, pero condicionado a las circunstancias historiadas de la citada paciente, que debía ser considerada como de un alto riesgo, toda vez que no pocos de los fármacos a administrar podrían estar contraindicados en relación con varias de las patologías que padecía, tanto cardiovasculares como la diabetes.

Abundando en lo anterior, a partir del primer dato exploratorio realizado en Urgencias, que da como resultado, el 1 de agosto de 2004, la existencia de una masa longitudinal en trayecto inguinal derecho, que desde la segunda quincena del mes de julio estaba pendiente de valoración por cirugía, y del hecho de que ya el 6 de agosto, se había detectado una LDH de 1117, que es un índice tumoral, siendo el hemograma normal y la bilirrubina normal -datos que permitían descartar otras patologías hematológicas o valvulares-, dándose asimismo una Gramma-GT de 217, elevada, que podría ser atribuible a padecimiento hepático, tumoral o de otra índole, todo ello unido finalmente a que el 9 de agosto, cuando se hace la ecografía abdominal y se informan tales bultomas derecho e izquierdo como "hernia inguinal derecha con asa en su interior; hernia inguinal izquierda, sin que se visualice asa en sanco herniano" y se hace referencia a un "bazo con múltiples imágenes hiperecoicas inespecíficas, en relación con granulomas o áreas de afectación vascular...", era muy importante realizar una biopsia, incluso indicarla y solicitarla en el momento de la primera exploración; es decir, el 1.º de agosto de 2004, con lo que se habría podido tener la información diagnosticada en tiempo adecuado para decidir qué hacer con la paciente: si tratarla y cómo hacerlo.

Además, afirma que la clasificación pronóstica jamás excluye la posibilidad de tratar, salvo que haya serios problemas de patología añadida que lo impidan, y que aún así en el informe de Burkitt la única posibilidad de sacar adelante al paciente es tratarlo... ponderando los riesgos y consecuencias provocadas por el tratamiento quimioterapéutico o monoclonal, para aplicar el más ajustado a las circunstancias del paciente... El linfoma de Burkitt es el más agresivo de los linfomas conocidos, el que más rápido prolifera y es uno de los que mejor responden al tratamiento específico, aplicado en el momento adecuado y prematuramente. La respuesta será tanto mejor cuanto menos masa tumoral muestre, pues a mayor afectación, mayor número de células se destruirán con riesgo de desarrollar un síndrome de Lisis Tumoral. Que la paciente era subsidiaria de dicho tratamiento y que podía ser curable si no se demoraba su diagnóstico y su tratamiento, pues de otro modo es mortal.

Por tanto, concluye en la primera semana de su ingreso hospitalaria si pudo haberse tratado a pesar de todas las complicaciones presentes y presuntas, pues sólo tratándolo se puede superar, siempre dentro de las normas éticas y legales. El problema radicó en que no fue diagnosticada a tiempo, y que cuando se hizo, no se buscaba un tumor, sino una hernia; y entonces era muy tarde, pues la enfermedad había evolucionado seriamente, la paciente ya estaba infectada y sus alteraciones bioquímicas estaban muy deterioradas, así como su estado clínico.

Frente a ello, en el acta de prueba testifical pericial realizada en sede judicial en fecha 1 de julio de 2008, el perito, D. Clemente, Doctor Especialista en Medicina Interna, y coautor del informe-dictamen pericial presentado por Zurich España, acompañado al escrito de contestación a la demanda, pone de manifiesto como extremos relevantes que "aunque el diagnóstico final es de linfoma de Burkitt, la clínica de la paciente y la exploración radiológica practicada con anterioridad a esa cirugía, avalaban el diagnóstico de hernia inguinal"; que si bien tal diagnóstico requiere habitualmente la realización de una biopsia, y en el presente caso trascendente es si estaba indicada la realización de la misma ante la sospecha de una hernia inguinal, a criterio del citado perito, y ante dicha sospecha no se justificaba la realización de una biopsia; "que en general, el linfoma de Burkitt es tratable con unos buenos porcentajes de supervivencia, pero esta afirmación general hay que aplicarla al caso concreto"; en tal sentido, "en primer lugar, la edad de la paciente y la cifra de LDH tan elevada al inicio del cuadro son dos indicadores del mal pronóstico"; "de hecho, en los estudios realizados para el tratamiento de este tumor, la mayor parte de los pacientes son más jóvenes, y en aquellos estudios que han incluido paciente mayores de

60 años, lo que se ha visto es que la supervivencia para el tratamiento no es muy elevada". "Además, la paciente presentaba importantes patologías de base, como una diabetes mellitus y una cardiopatía que limitan las posibilidades de utilización de la quimioterapia, que es en este caso tremendamente tóxica y agresiva. Es por todo ello, por lo que concluimos... que el adelanto de unos días en el diagnóstico del linfoma de Burkitt, en este caso, muy probablemente, no hubiera supuesto un cambio relevante ni en la evolución ni en el pronóstico de la paciente, que muy probablemente hubiera fallecido en el mismo tiempo.

Sobre la base de tales apreciaciones de los peritos informantes, la Sala llega a la conclusión de que el retraso en el diagnóstico, como tal retraso, no se dio en el presente supuesto, sino más bien una equivocación en aquél, inducido por los síntomas iniciales y primeras pruebas practicadas, que llevan a pensar en la existencia de una hernia inguinal. Ello no obstante, tal equivocación o error que lleva a no realizar otras pruebas, en definitiva necesarias a los efectos de lo que hubiera sido un diagnóstico acertado, resulta evidente no estaba absolutamente justificado, atendidas las razones expuestas por el Dr. Pablo y la existencia de indicadores que podrían hacer sospechar acerca de la existencia de un linfoma, por lo que la cuestión a debatir ha de reconducirse a si nos encontramos o no en el presente caso, ante un supuesto de pérdida de oportunidad, doctrina ésta que ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencias de 13 de julio y 7 de septiembre de 2005, así como en las más recientes de 4 y 12 de julio de 2007, y que se configura como una figura alternativa a la quiebra de la "lex artis", que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño derivable del funcionamiento del servicio. La peculiaridad de dicha doctrina es la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los acontecimientos, de haberse seguido unas pautas de actuación distintas a las que se siguieron, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.

En tal contexto, en el caso analizado, no es en modo alguno posible afirmar, salvo partiendo de una postura meramente voluntarista, que de haberse actuado unos días antes practicando la biopsia, que eventualmente hubiera hecho posible un diagnóstico acertado, y tratando en la forma indicada la patología realmente existente, hubiera podido sobrevivir a dicho tratamiento la paciente, toda vez que tenidos en cuenta su edad, patologías previas, mal estado general de la misma, agresividad en el tratamiento de quimioterapia aplicable al linfoma Burkitt, y graves contraindicaciones que no pocos de los medicamentos a administrar representaban para las patologías previas que presentaba la paciente, era aventurado y poco razonable pensar que la misma hubiera resistido, dado su mal estado general, el mismo. En tal sentido, y a esta conclusión no se oponen claramente las afirmaciones vertidas en su informe por el Dr. Pablo, pues evidentemente el mismo también hace constar el mal pronóstico que presentaba la paciente de qué se trataba, razones las expuestas que llevan a la Sala a concluir, en el presente supuesto, la no concurrencia de los requisitos y condiciones exigibles en que apoyar la declaración de la interesada responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, y con ello, a la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

Quinto.-No apreciándose, no obstante, en la interposición del recurso, mala fe ni temeridad manifiesta, no procede, hacer expreso pronunciamiento en materia de imposición de costas, de conformidad con lo previsto en el art.139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Por todo ello, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación letrada de D. Eusebio y de la comunidad de herederos de D.ª Encarna, contra la resolución presuntamente desestimatoria por silencio administrativo de la reclamación deducida en 19 de noviembre de 2004 que se dice en el encabezamiento; sin hacer expresa condena en costas.



Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación