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Sentencia T.S.J. Valencia 383/2009, de 18 de marzo


 RESUMEN:

Ha lugar a la condena a la Administración por los daños sufridos por una paciente causados por un medicamento recetado por el facultativo. La prueba de que se informó al paciente sobre los riesgos del medicamento y el consentimiento oral de éste debe ser probado por la Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Interpuesto el Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dictara Sentencia anulando por no ser ajustado a derecho el acto recurrido.

Segundo.-Por la parte demandada se contestó a la demanda mediante escrito en el que se solicitó la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de las resoluciones objeto del mismo, por estimarlas ajustadas a derecho. En similares términos se pronunció la codemandada HCC Europe.

Tercero.-Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la propuesta por las partes que resultó admitida, y cumplido dicho trámite se dio traslado a éstas para que formalizaran sus escritos de conclusiones, verificado lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo.

Cuarto.-Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día cuatro de los corrientes.

Quinto.-En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.-Las recurrentes manifiestan en su escrito de reclamación en sede administrativa, que su padre D. Juan Manuel, de 78 años de edad, venía tomando una dosis diaria de Viox, desde que le fue recetada en enero de 2.001, por padecer persistentes dolores de cabeza que fueron atribuidos a cervicales; en dicha consulta no se le controló la tensión arterial, que sufrió una brusca subida el 11/junio/01, motivando que acudiera de nuevo a la consulta médica, en la que se le realizó un electrocardiograma que evidenció signos de extrasístoles ventriculares, quedando pendiente de ser remitido a cardiología. El 11/agosto, ante una elevada subida de tensión acude a urgencias del Centro de Salud de Xàbia, desde donde es remitido a su domicilio al tener en ese momento la tensión normalizada. No obstante, tras sufrir por la noche pérdida de visión y confusión mental es llevado por sus familiares al Hospital la Marina Alta de Dénia, donde sufre un repentino deterioro de su estado general de salud estando en la sala de espera, con pérdida de conciencia y entrada en coma, falleciendo el 19/agosto/01 con el diagnóstico de enfermedad cerebro vascular aguda, probable trombosis a nivel protuberancial.

Consideran los demandantes que ha existido una deficiente asistencia sanitaria puesta de manifiesto en el inicial diagnóstico de cervicales sin tomar su tensión arterial ni practicarle una radiografía, en la prescripción de Vioxx 25 pese a tener triglicéridos elevados, en la larga espera en ser atendido por un cardiólogo, falleciendo el paciente antes de ser visitado por dicho especialista, y finalmente, en haber dejado pasar horas esenciales en urgencias del Hospital de Dénia sin una atención médica adecuada. Se reclama una indemnización de trescientos mil euros que, posteriormente, en la demanda se reduce a doscientos cincuenta mil euros.

La Administración se opone a su pretensión alegando la inexistencia de nexo causal entre el funcionamiento de los servicios sanitarios y el fallecimiento del paciente, que se produjo como un evento inevitable, sin que tampoco la ingesta de Vioxx sea relevante en la producción de la enfermedad cardiovascular que le produjo la muerte; considera igualmente excesiva la indemnización solicitada. Análogos planteamientos se aducen por la aseguradora Houston Casualty.

Analicemos, pues, los argumentos que sustentan este debate.

Segundo.-Es sabido que en el ámbito de la sanidad curativa o asistencial la obligación que se impone a la Administración viene referida al empleo de todos los medios existentes para conseguir la curación del paciente, pues no nos hallamos ante una obligación propiamente de resultado, sino de medios, que se descompone en: 1.º) la utilización de cuantos medios conozca la ciencia médica, 2.º) la información al paciente del diagnóstico de la enfermedad y del pronóstico y 3.º) el tratamiento hasta que el enfermo pueda ser dado de alta, con advertencia de los riesgos de su abandono. A lo que debe unirse el criterio de la lex artis como modo de determinar la actuación correcta del médico independientemente del resultado producido en la salud o vida del enfermo al no resultar posible a la Administración garantizar la sanidad o la salud del paciente.

Por ello, debe concluirse que allí donde se hayan empleado de manera adecuada los medios objetivamente indicados, el resultado dañoso que en su caso se pueda producir no podrá ser atribuido a la prestación del servicio; y así, las situaciones en las que procederá la atribución de responsabilidad a la Administración sanitaria, se concretan de ordinario en las siguientes: a) La inadecuada actuación médica en la selección o el empleo de los medios de diagnóstico y tratamiento, b) La inadecuación objetiva del servicio y c) La generación de riesgos que no puedan considerarse asumidos por el paciente cuando, con lesión de su autonomía y facultad de autodeterminación, no fuese debidamente informado del diagnóstico, alternativas de tratamiento y riesgos potenciales, antes de consentir la aplicación de un tratamiento médico que sólo en condiciones excepcionales y muy especiales podría aplicarse sin contar con su voluntad.

Y como recuerdan las SSTS de 10/febrero/2000 o 7/junio/2001, el título de imputación de la responsabilidad patrimonial por los daños o perjuicios generados por la actividad administrativa a causa del funcionamiento normal o anormal de los servicios, puede consistir no sólo en la realización de una actividad de riesgo, sino que también puede radicar en otras circunstancias, como es, singularmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, el carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo. En este sentido, reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo (Ss. 16/marzo/2005, o 7 y 20/marzo/2007), insisten en que lo exigible a la Administración es la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente. Así, concluye la STS de 28/marzo/2007 que "la responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la producción del daño, ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible"; estamos pues ante un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida; criterio que es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo exista el elemento de la lesión sino también la infracción del repetido criterio; prescindir del mismo conllevaría una excesiva objetivización de la responsabilidad que podría declararse con la única exigencia de existir una lesión efectiva, sin necesidad de demostración de la infracción del criterio de normalidad.

Tales son los parámetros con arreglo a los cuales procede analizar la pretensión.

Tercero.-Así las cosas, ninguna prueba fehaciente avala que se haya producido una mala praxis médica, tanto en la prescripción del Vioxx ante los síntomas de dolores y rigidez derivados de la artrosis padecida por el paciente, como en la posterior atención que le fue prestada, en los respectivos servicios de urgencias a los que acudió, ni concretamente en el hecho -objeto de especial énfasis en las argumentaciones de las partes- de su fallecimiento antes de ser visitado por un especialista en cardiología, pues a este supuesto sería de plena aplicación la doctrina jurisprudencial recaída en relación con las denominadas listas de espera, cuya existencia ha de considerarse inevitable, y a este respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de noviembre de 2004, con cita de la STS de 24 de septiembre de 2001, declara que "...... los medios de la Administración no pueden ser ilimitados. Nadie pretende tal cosa. Ni respecto de la Administración sanitaria, ni respecto de ninguna otra. El llamado régimen "de cola" es criterio -alumbrado de antiguo- que inspira la interpretación aplicativa de la regulación jurídica de los servicios públicos en general, y del servicio público sanitario, en particular. La disponibilidad de medios personales y materiales es siempre limitada, y con ello hay que contar... No se trata, pues, de exigir a la Administración que disponga de medios ilimitados -lo que sería antijurídico por ir contra la naturaleza de las cosas y hasta contra el mismo sentido común- sino de probar que los medios materiales y personales disponibles, dentro del sistema estaban operativos y ocupados en atender a pacientes que habían entrado antes en el sistema por ocupar un puesto anterior en la cola". También, la SAN de 31/mayo/2000 señala que "para la prestación del servicio sanitario la Administración tiene un deber de puesta de medios, pero dispone de unas medios materiales y humanos limitados, medios que gestiona y con los que tiene que atender, en función de la organización sanitaria cierto número de beneficiarios. En este contexto la llamada lista de espera es una realidad en sí jurídica y como tal tiene su previsión legal. Así se deduce, por ejemplo, del artículo 16.2 de la Ley 4/86, de 25 de abril, General de Sanidad en relación con el artículo 28.2 del RD 521/87, de 15 de abril, sobre Hospitales gestionados por el INSALUD (....) Desde la juricidad de la lista de espera y al margen del reintegro de gastos, en centros privados, cabe entender que serán daños jurídicos, luego existe el deber jurídico de soportarlos, los que se refieran a las molestias de la espera, precauciones y prevenciones que hay que tener en tanto llega el momento de la intervención, la desazón que implica o la rebaja que esto suponga en calidad de vida por controles o vigilancia del padecimiento hasta la operación. Por contra el daño que se sufra será antijurídico cuando venga dado por una lista en sí mal gestionada o irracional, de duración exagerada o cuando hubiere un error en la clasificación de la prioridad del enfermo o cuando en el curso de esa espera se produjesen empeoramientos o deterioros de la salud que lleven a secuelas irreversibles o que sin llegar a anular, sí mitiguen la eficacia de la intervención esperada".

Nada de ello se acredita que concurra en el caso que analizamos; por el contrario, el tema que centra el debate se residencia por las partes en el alcance que la toma de medicamento Vioxx tuvo con relación al resultado lesivo producido; pero sin embargo, en la consideración de la ingesta de Vioxx como causa del fallecimiento del paciente discrepan los peritos de las partes, pues mientras es descartada por el perito de la aseguradora HCC Europe, Dr. Eulalio, que entiende que la trombosis de aquel fue resultado de un proceso crónico arterioesclerótico y no de un proceso agudo, como sería si la hubiera provocado el Vioxx, por el contrario, para el perito de la parte actora Dr. Jon, no fue la única causa, pero influyó en el desenlace, dados los efectos de este medicamente sobre el sistema cardiaco y vascular. Ahora bien, en el propio informe del perito de la aseguradora codemandada, tras analizar la historia de este medicamento, antiinflamatorio no esteroideo cuyo principio activo es el rofecoxib, y que desde 2004 está retirado del mercado, se afirma que fue en febrero de 2.001 cuando se publicó el Estudio Konstam que indicaba el riesgo cardiovascular del Vioxx y de ocasionar procesos trombóticos, y en abril de 2.002 cuando la FDA indicó la obligación de notificar tales riesgos; por tanto, en enero de 2.001, cuando al paciente se le prescribió por vez primera Vioxx a dosis de 25 mgrs/día, "se habían hecho notificaciones de posibles riesgos y se indicaba que se tuviera precaución aunque no se conocía realmente el mecanismo por el cual podían ocurrir". Añade que, en cualquier caso, tales problemas derivarían de un consumo continuado de esta medicación, pero no de su consumo ocasional, como fue el del fallecido Sr. Juan Manuel, al que le fue prescrito en enero/2001, y cuando el 14/mayo acude a consulta le es prescrito otro medicamento distinto (Zytram); finalmente, el 30/mayo vuelve a prescribírsele Vioxx. No obstante, el perito admite que pese a que el riesgo cardiovascular deriva sólo de un consumo continuado, añade que el riesgo "es mayor en los tres primeros meses de consumo", y no cabe olvidar que el fallecimiento del paciente se produce en agosto de ese mismo año.

Así pues, la presente problemática queda reconducida al campo de la falta de información al paciente de los riesgos que conllevaba la administración del citado medicamento; el art. 10 de la Ley General de Sanidad 14/86, establece que toda persona, con respecto a las distintas Administraciones públicas sanitarias, tiene derecho "a que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento" (apartado 5); "a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención", (apartado 6) excepto, entre otros casos que ahora no interesan, "cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas" (letra b); y, finalmente, "a que quede constancia por escrito de todo su proceso" (apartado 11).

Con relación a la exigencia de este consentimiento informado, el TS, en Ss. 1/febrero/2008, o 23/octubre/2007, ha afirmado que "viene estrechamente relacionado, según la doctrina, con el derecho de autodeterminación del paciente característico de una etapa avanzada de la configuración de sus relaciones con el médico sobre nuevos paradigmas", añadiendo que:

"Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la sanidad se pone cada vez con mayor énfasis de manifiesto la importancia de los formularios específicos, puesto que sólo mediante un protocolo, amplio y comprensivo de las distintas posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se cumpla su finalidad. El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, olvidar que la información excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada --puesto que un acto clínico es, en definitiva, la prestación de información al paciente-- y en un padecimiento innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la función médica --no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una agresión--, sin excluir que la información previa pueda comprender también los beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que cabe esperar en caso contrario.

Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de modo radical la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a esta forma documental, más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y contenido, la nueva normativa contenida en la Ley General de Sanidad tiene virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de la prueba, (según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la Administración). La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha información. Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una notable excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente la justificación de no haberse producido la información, dado el carácter negativo de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad.

Esta Sala igualmente ha señalado con absoluta nitidez que el defecto del consentimiento informado se considera como incumplimiento de la "lex artis" y revela una manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario, pero obviamente se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de las actuaciones médicas realizadas sin tal consentimiento informado."

Esta exigencia de consentimiento informado se extiende también como decimos entre otras muchas en nuestra Sentencia de 2 de Marzo de 2.005 a los tratamientos alternativos que puedan darse al margen de la intervención que se practique, exigiéndose que el paciente dé su consentimiento a la realización de esta, una vez que haya sido debidamente informado de las posibilidades alternativas que hubiese al tratamiento quirúrgico".

No obstante, debe indicarse que la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria en los casos de falta de información y consentimiento sobre los riesgos del tratamiento, no puede extenderse al reconocimiento de una indemnización económica de idéntica cuantía que la que se hubiera reconocido caso de haberse apreciado mala praxis médica y ello por cuanto que, en ambos supuestos, el contenido de la indemnización tiene un contenido resarcitorio distinto, pues en el primero de ellos la misma abarca a los daños físicos y lesiones físicos derivados de la intervención médica en directa relación de causalidad con aquélla, mientras que, acreditada la mala praxis "ad hoc", en que consiste la falta de tal consentimiento informado, el contenido de la indemnización se extiende tan sólo a los daños morales, pues resulta contrario al principio de causalidad, que preside el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la indemnización de unos daños que no se han producido por aquella causa, por lo que la misma deberá constreñirse exclusivamente a la indemnización por daños morales, tal y como se ha decantado en una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los diversos Tribunales Superiores de Justicia.

Aplicando dicho criterio al caso objeto de los presentes autos, el contenido de la indemnización debe extenderse tan sólo a los daños morales, y no puede olvidarse que tampoco la parte recurrente no ha acreditado que hubiera otras alternativas terapéuticas a la medicación a la que fue sometido el fallecido, ni que una más completa información habría permitido otra elección sobre la cuestión. Desde estas premisas, y a la hora de efectuar la valoración del daño indemnizable, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia (SSTS 20/octubre/1987, 15/abril/1988 o 5/abril y 1/diciembre/1989) ha optado por efectuar una valoración global que, a tenor de la STS 3/enero/1990, derive de una «apreciación racional aunque no matemática» pues, como refiere la STS de 27/noviembre/1993, se «carece de parámetros o módulos objetivos», debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones en dicha suma total el conjunto de perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo, como hace la STS 23/febrero/1988, «las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y subjetivas» en una suma dineraria. La STS de 19/Julio/1997 habla de la existencia de un innegable "componente subjetivo en la determinación de los daños morales". Partiendo de esta doctrina, y dentro de los límites cuantitativos que impone la estricta indemnización de la falta de información de los riesgos del tratamiento, se estima que la cifra de TREINTA MIL EUROS (30.000 euros) constituye una suma prudente y razonable que cubre la totalidad de los perjuicios sufridos por las actoras.

Procede, pues, la estimación parcial de su recurso.

Cuarto.-No se aprecian motivos para un especial pronunciamiento de imposición de costas, a tenor del art. 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de aplicación al caso,

F A L L A M O S

I.-Se estima parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D.ª Florencia y D.ª Micaela, contra la Resolución de 12/marzo/2007 del Conseller de Sanidad, recaída en expediente numero 253/02, que desestima su reclamación de responsabilidad patrimonial.

II.-Se anulan, por ser contrarios a derecho, los actos administrativos a que se refiere el presente Recurso.

III.-Se declara la responsabilidad patrimonial de la Administración, y se reconoce, como situación jurídica individualizada de la parte recurrente, su derecho a ser indemnizados en la suma de 30.000 euros, condenando a la Administración a estar y pasar por tal pronunciamiento, abonando la referida suma más sus intereses legales devengados desde la fecha de su reclamación en sede administrativa. Condena que se hace extensiva solidariamente, dentro de los límites de cobertura de su póliza de aseguramiento, a la mercantil aseguradora HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE, SEGUROS Y REASEGUROS SA.

IV.-No procede hacer imposición de costas.



Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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