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Sentencia T.S.J. Galicia 459/2009, de 27 de mayo


 RESUMEN:

Se confirma el derecho de un enfermero discapacitado a acceder a las listas para las contrataciones temporales en la sanidad pública. Las limitaciones del discapacitado le impiden hacer tareas muy concretas que no suponen una inaptitud para el desempeño del puesto, por lo que su exclusión de la listas vulnera el derecho de igualdad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "fallo que estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado D. Rafael Rossi Izquierdo, en nombre y representación de D. Luis ; contra la resolución de 10 de abril de 2007, del Director General de la División de Recursos Humanos del Sergas, que desestima el recurso de alzada contra la resolución de la Dirección Provincial del Sergas de Lugo, de 27 de octubre de 2006; procedimiento que es tramitado po rel cauce especial del Capítulo I del Título V de la LJJCA, de protección de derechos fundamentales, invocando la tutela del derecho a la igualdad garantizado en el artículo 14 de la CE, al entenderse discriminado por razón de su discapacidad, al acordar de modo cautelar su exclusión de los listados de contratación temporal de enfermería; y contra la resolución del Director General de la División de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional del Sergas, de 15 de noviembre de 2007, que le excluye definitivamente de los listados de vinculaciones temporales de la categoría de personal de enfermería (ATS/DUE), por no ser la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que deriven de un nombramiento en dicha categoría; anulo las resoluciones recurridas; y acuerdo que procede reintegrar al demandante en los vigentes listados de contrataciones temporales de ATS, levantando la medida cautelar de suspensión de llamamientos, para aquellos puestos en que sea apto e idóneo, debiendo la Administración realizar cuantas actuaciones sean precisas a tal fin, inclusive la valoración de puestos y funciones aptas para el demandante. Sin expresa condena en costas".

Segundo.-Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

SE ACEPTAN, los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida y,

Primero.-Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia número 255/2008, de fecha 1 de julio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Lugo en autos de Procedimiento Abreviado número 457/2007 que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Luis, por el cauce especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra resolución de 10 de abril de 2007 del Director General de la División de Recursos Humanos del SERGAS que desestima recurso de alzada contra otra de la Dirección Provincial del SERGAS de Lugo de fecha 27 de octubre de 2006, por la que se adopta la medida cautelar de suspensión de nombramientos y contra resolución del Director General de la División de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional del SERGAS de fecha 15 de noviembre de 2007 que le excluye definitivamente de los listados de vinculaciones temporales de la categoría de personal de enfermería (ATS/DUE).

Segundo.-A modo de antecedente de lo que luego se dirá, el recurrente en la instancia, Sr. Luis, se encuentra inscrito en las listas de vinculaciones temporales en la categoría de ATS/DUE, área de Lugo, con una puntuación de 12,370 y número de orden 383.

Tiene la condición de discapacitado, habiéndole sido reconocida una incapacidad orgánica y funcional del 66 por ciento, referida a enfermedad autoinmune que asocia, en lo que interesa al caso, ceguera del ojo izquierdo y déficit auditivo.

Tras una serie de eventos que constan al expediente administrativos relacionados con quejas relativas a la dificultad del recurrente para realizar tareas propias de la categoría de ATS/DUE que precisen suficiente habilidad y precisión, la Dirección de Enfermería de Atención Primaria de Lugo, con fecha 5 de julio de 2006, solicita instrucciones sobre como actuar y la valoración de acodar la suspensión cautelar de su disponibilidad para realizar sustituciones en tanto no se esclarezca la situación.

La Comisión de Seguimiento del Pacto, acuerda remitir a la Unidad de Salud Laboral, con carácter urgente, la demandada de la Dirección de Enfermería de Atención Primaria al objeto de que se cite al afectado y se haga una nueva valoración de los puestos de trabajo que puede desarrollar.

Con fecha 20 de julio siguiente, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales informa que el recurrente es especialmente sensible y apto para el desarrollo de las funciones, si bien con una serie de limitaciones consistentes, en no realizar trabajos que precisen de una asistencia de urgencia, deberá evitarse destinos con elevada carga asistencial con obligación de ser revisado por la Unidad de Salud Laboral en un período de ocho meses.

Dicho informe es trasladado a la Inspección Sanitaria al no contemplar los puestos de trabajo que puede desarrollar el actor al objeto de elaborar otro informe que es evacuado con fecha 2 de octubre de 2006, sin que contenga aquella relación limitándose a exponer la situación de los centros de atención primaria y en función de esta circunstancia, valorar las limitaciones funcionales que se hacen constar en el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Tras el relato de una serie de incidencias relacionadas con la actividad laboral del recurrente, con fecha 11 de octubre de 2006 se reúne la Comisión Provincial de Seguimiento de Pacto en la que se acuerda, la suspensión cautelar de los llamamientos hasta tener una resolución definitiva sobre el perfil del puestos de trabajo a desarrollar por el recurrente, solicitar nuevo informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que precise cual es el puesto de trabajo que puede desempeñar y para el caso de que dicho informe no fuera lo suficientemente aclaratorio, el envío de todos los antecedentes a la División de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional por si procede su estudio en la Comisión Central de Seguimiento del Pacto.

Con fecha 24 de octubre de 2006 se solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales nuevo informe en el que se precisen los puestos de trabajo que puede desempeñar el recurrente en atención a su capacidad funcional, sin que conste remitido.

Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2006, el Director Provincial en Lugo del SERGAS, acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión de llamamientos del recurrente hasta tener una resolución definitiva sobre el perfil de puestos de trabajo a desarrollar por el afectado.

A su vez, el Director General de la División de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional del SERGAS, en resolución de fecha 2 de marzo de 2007, acuerda incoar expediente de exclusión definitiva de vinculaciones temporales del recurrente y la suspensión temporal de los llamamientos en tanto no se resuelva el expediente de exclusión en curso.

Dicho expediente culmina con la resolución de fecha 15 de noviembre de 2007 del Director General de la División de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional que acuerda su exclusión definitiva de los listados de vinculaciones temporales de la categoría de personal de enfermería, ATS/DUE, por no poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que deriven de un nombramiento en la referida categoría.

Ante el juez a quo, el recurrente interpone recurso contencioso-administrativo por el cauce especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra ambas resoluciones, previa ampliación acordada en auto de fecha 7 de febrero de 2008, invocando el derecho fundamental de igualdad ante la ley del artículo 14 de la Constitución Española, entendiendo acreditado la sentencia de instancia, previa valoración de la totalidad del material probatorio, fundamento jurídico segundo, que el recurrente ha sido objeto de discriminación al coincidir los informes médicos que integran aquel, que ostenta aptitud para trabajar como ATS por lo que la decisión de excluirle de las listas de vinculación temporal en tanto que basada en la circunstancia de carecer aquel de la necesaria capacidad funcional para el desempeño de las funciones que integran aquella categoría, ha resultado contradicha, sin que la Administración demandada haya cumplido con la carga de la prueba de acreditar la legalidad de su actuación, siendo fundamental para al órgano de instancia que la Dra. Yolanda, responsable de la Unidad de Salud Laboral del Hospital Xeral Calde, que elaboró el informe de fecha 20 de julio de 2006, obrante al expediente administrativo y según el cual "el recurrente es apto para el desarrollo de sus funciones si bien y como limitaciones especifica que no deberá realizar trabajos en que se precise una asistencia de urgencias, que deberá evitarse su destino en puesto con elevada carga asistencial y que se deberá efectuar una revisión por la Unidad de Salud Labral en un período de ocho meses, matiza en su declaración en el acto de juicio y con relación a su informe de fecha 30 de octubre de 2006, en el que determina la no aptitud del trabajador, que no pretendió excluirle de cualquier puesto sino tan sólo de los de alta presión asistencial, concluyendo la juez a quo sobre la efectiva vulneración del derecho fundamental invocado y razonando que el término hábil de comparación no se refiere a otra persona con su misma discapacidad que haya sido objeto del mismo tratamiento sino cualquier otra persona que siendo apta para trabajar haya sido excluido de las listas y ello por haber quedado acreditado que el recurrente tiene capacidad para el trabajo si bien que con respecto de los concretos puestos de trabajo que se adapten a su discapacidad, entendiendo que el motivo de la exclusión lo ha sido no tanto su falta de aptitud, que sí la tiene, cuanto su discapacidad, extendiendo este razonamiento, no sólo respecto de la resolución de exclusión definitiva de las listas sino también respecto de la adopción de la medida cautelar de suspensión de llamamientos.

Con base en lo expuesto, estima la demanda si bien que con valoración de los puestos de trabajo que sean idóneos para su discapacidad.

Tercero.-Contra la sentencia de instancia se alza el Letrado del SERGAS que opone vulneración de los apartados 2 y 3 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto dedicado a la exhaustividad, congruencia de las sentencias y motivación, entendiendo que la sentencia de instancia se limita a motivar su fallo estimatorio respecto de la resolución que ordena la exclusión definitiva de las litas de vinculaciones temporales, haciendo, sin más extensiva, tal fundamentación en el último párrafo del fundamento de derecho segundo a la estimación de la pretensión anulatoria de la medida cautelar inicialmente adoptada de suspensión de llamamientos al recurrente, cuando el apartado 3 del precepto citado exige que siendo varios los puntos objeto del litigio, el tribunal haga con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, lo que representa la exigencia de una motivación separada al tratarse de pronunciamientos separados, exigencia que no ha sido respetada en la instancia, pasando, a continuación, a defender la conformidad a derecho de la medida cautelar desde los requisitos que explicitan los artículos 72 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que la sentencia apelada contenga una contradicción de la concurrencia ab initio de los citados antecedentes.

Sin duda el precepto que el Letrado del SERGAS estima vulnerado contiene un mandato diverso, en cada uno de sus apartados, para los órganos jurisdiccionales, siendo irrefutable que la juez a quo ha cumplido con el deber de motivación que le impone el apartado segundo, desde el momento en que, en su fundamento de derecho segundo, hace una exhaustiva disertación acerca de la finalidad del cauce procedimental especial elegido por el actor, hechos relevantes derivados del expediente administrativo, examen de la prueba practicada en la instancia y causalización de la decisión estimatoria que adopta, siendo así que, no sólo cumple con la exigencia de motivación sino con las derivadas del principio de congruencia, al dar respuesta puntual a las pretensiones deducidas y analizar los motivos de impugnación y excepciones opuestas de contrario.

El defecto que la representación letrada de la Administración demandada reprocha de la sentencia de instancia es no contener una respuesta autónoma a la nulidad decretada de la resolución de 10 de abril de 2007 del Director General de la División de Recursos Humanos del SERGAS que acuerda, como medida cautelar, la suspensión de los llamamientos hasta tener una resolución definitiva sobre el perfil de puestos de trabajos a desarrollar por el recurrente, por entender insuficiente, desde las exigencias de motivación de las sentencias que impone el aludido precepto, que la juez a quo se limite a aplicar lo razonado para apreciar infracción del derecho fundamental de igualdad ante la ley respecto de la resolución que acuerda la exclusión definitiva, a la suspensión cautelar.

En efecto, es ineludible el mandato que contiene el apartado 3 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por otra parte no hace más que positivizar consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de motivación de las resoluciones judiciales y principio de congruencia, resolviéndose la queja que formula la Administración demandada en esta alzada en la necesidad de motivar, de forma independiente, la nulidad de la medida cautelar, lo que indudablemente sería preciso caso de que la resolución cautelar y la resolución de exclusión definitiva respondieran a motivos diversos y distintos, se asentaran en documentos e informes diferentes, lo que no es el caso, ya que ambas resoluciones se basan en los mismos informes, no existiendo actuación añadida que innove la fundamentación de la decisión de exclusión definitiva y desconocida al tiempo de adopción de la medida cautelar y todo lo razonado sin perjuicio del incumplimiento, sólo imputable a la propia Administración, que en ningún momento y no obstante los informes requeridos a la Unidad de Salud Laboral y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, elaboró un perfil de puestos de trabajo adaptados a la discapacidad del recurrente, cuando la resolución conjunta de 24 de mayo de 2004 de la Secretaría Xeral de Sanidad, normativa reguladora de las vinculaciones temporales para la selección a que se acogía el recurrente, en su artículo 15 dispone, bajo la rúbrica "Adaptación de puestos de trabajo", que "La Comisión Central de Seguimiento del Pacto preverá la adopción de medidas de incorporación al trabajo temporal de personas que requieran adaptación de puestos de trabajo por razón de su discapacidad, que deberá ser acreditada."

Es decir, si la finalidad de la citada medida era la protección de la salud ex artículo 43 de la C.E . en tanto se procedía a la determinación de los puestos adaptados a la capacidad funcional del actor, esto nunca se llevó a cabo deduciendo de aquí, correctamente, la sentencia de instancia que, según el informe del perito judicial Médico Especialista en Medicina del Trabajo, el recurrente tiene plena aptitud y capacidad para el trabajo con las limitaciones que indica que se refieren a concretos puestos de trabajo, la medida cautelar vino, al igual que la resolución de exclusión definitiva, a vulnerar el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

De otro lado, disponiendo el apartado 4 del artículo 72 de la Ley 30/1992 que las medidas cautelares, en todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente, carece de sentido la pretensión deducida en esta alzada pues no pretendiendo la nulidad de la resolución de extinción definitiva de la vinculación acordada en la instancia y dado el carácter instrumental de la medida cautelar, según se dispone legalmente y no es negado por la Administración demandada, queda evidenciada la falta de consistencia de la pretensión revocatoria.

Por lo expuesto procede la desestimación del presente recurso de apelación.

Cuarto.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede acordar la imposición de costas a la recurrente habida cuenta la total desestimación del recurso articulado y sin que la Sala aprecie circunstancias que justifiquen la no imposición.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 255/2008, de fecha 1 de julio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Lugo en autos de Procedimiento Abreviado número 457/2007 debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma; con expresa imposición de costas a la recurrente.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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