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Sentencia T.S.J. Galicia 242/2009, de 25 de marzo


 RESUMEN:

El paciente acudió al centro de salud aquejado de un dolor torácico y falleció a causa de un infarto. El facultativo sólo realizó un electrocardiograma que interpretó mal. Además, debió realizar otras pruebas o derivar el paciente al especialista, pues los sintomas indicaban un posible infarto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que se declare la responsabilidad patrimonial de las Administraciones demandadas, condenándolas a indemnizar a la recurrente en la cantidad de 150.250 euros, y a su hija menor, Elsa, en la cantidad de 90.150 euros, como indemnización en concepto de daños y perjuicios por el mal funcionamiento de la Administración Sanitaria, con los intereses legales correspondientes desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa; con expresa condena en costas a las codemandadas.

Segundo.-Conferido traslado a las partes demandadas, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestación de la demanda.

Tercero.-Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada ésta según obra en autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

Cuarto.-En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 240.400 euros.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.-La parte actora da razón del "suplico" de su demanda, consistente en que, con estimación de la misma y de la reclamación formulada, se declare la responsabilidad de la Administración demandada y se le condene a indemnizar a la recurrente en la suma de 150.250 euros y a su hija menor, Elsa, en la de 90.150 euros, aduciendo al respecto que D. Gaspar, a la sazón de 35 años de edad, entre cuyos antecedentes familiares destacaban los hechos de que su padre había fallecido joven, víctima de un infarto agudo de miocardio y de tener una hermana diagnosticada y tratada por una cardiopatía isquémica siendo fumador de 20 cigarrillos diarios, a las 16:31 horas del día 12 de enero de 2001 -viernes- acudió al Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Sada, presentando desde hacía 48 horas, un cuadro de dolor torácico, localizado en cara anterior del pecho irradiado hacia el brazo izquierdo. Estos dolores, de breves minutos de duración, aparecieron y desaparecieron espontáneamente, sin estar relacionados con los esfuerzos y se acompañaban de palidez, sudoración y vómitos.

En el Centro de Salud de Sada fue atendido por el Médico de Guardia, Especialista en Pediatría, que tras examinarlo, explorarlo y realizarle un electrocardiograma que fue informado como ritmo sinusal, crecimiento auricular izquierdo, en el límite de la normalidad, le diagnosticó "dolor torácico de posible origen costal" y dado de alta "para observación en domicilio" a las 16:45 horas. Siguiendo las instrucciones recibidas, el paciente regresó a su domicilio, seguía con dolor y se acostó a las 22:30 horas; a las 13:00 horas del día 13 de enero, día siguiente, fue descubierto cadáver, en la cama, por la demandante, certificándose por los Servicios del 061 que el fallecimiento se había producido horas antes.

Practicada la autopsia, se establece que "la causa fundamental de la muerte es una enfermedad común, posiblemente de origen cardiopulmonar, remitiéndose muestras al Instituto Nacional de Toxicología.

El Instituto Nacional citado, el 5 de marzo de 2001, emite informe en el que, tras examinar el corazón remitido, concluye: "presenta ateromas calcificados que reducen hasta un 70% la luz en la porción posterior de la coronaria derecha, en más de un 75% la rama descendente anterior de la coronaria izquierda y en un 50% la circunfleja". "El estudio microscópico mostró la luz de la rama descendente anterior ocluida por un trombo sobre una placa rica en lípidos rota. En las muestras tomadas del tabique intraventricular y de la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, a nivel del tercio medio hay una extrema zona con necrosis por bandas de contracción o de coagulación de los miocitos, acompañado de edema e infiltrado leucocitario intersticial, donde predominan los polimorfonucleares y escasos monocitos". Como diagnóticos anatomopatológicos se establece: "arterioesclerosis de las arterias coronarias epicardíacas con trombosis de la rama izquierda descendente anterior. Infarto agudo de miocardio anterolateral y trasmural del ventrículo izquierdo. Cambios característicos de fumador y edema alveolar en pulmón. La patología isquémica encontrada en el corazón explica el fallecimiento en este caso" (folios 41, 42 y 43 del expediente).

A consecuencia de los hechos se instruyeron por el Juzgado Núm.1 de Betanzos, diligencias previas núm. 33/2001. Posteriormente, por el Juzgado de lo Penal Núm.5 de A Coruña se dicta sentencia absolutoria respecto de D. Carlos María, confirmada por nueva sentencia de la Audiencia Provincial, de 10 de noviembre de 2004 .

Que, tanto en el informe pericial emitido en el seno de dicho proceso penal (folio 177 del expediente administrativo), como en el Informe Médico Pericial que obra a los folios 192 y ss. del mismo, se llega a la conclusión de que "D. Gaspar fue diagnosticado erróneamente en el Servicio de Salud de Sada, el día 12 de enero de 2001. Que dicho error diagnóstico se produjo porque no se agotaron las pruebas diagnósticas correspondientes. Que si se hubieran agotado esas posibilidades diagnósticas se habría instaurado una terapia adecuada que habría producido seguramente un final distinto al que se produjo".

Sobre tal base fáctica, la parte actora entiende se dan los presupuestos de existencia de un daño, antijuridicidad del mismo y relación de causalidad, que permite afirmar la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se reclama.

Por la representación letrada de la Xunta de Galicia se formula oposición a la demanda, por entender no existe relación de causalidad entre la actuación o asistencia médica prestada al paciente y el fatal resultado producido. Niega los hechos de la demanda en el sentido de que el paciente no presentaba sintomatología ni antecedentes clínicos -carecía de historia clínica- que permitieran sospechar la existencia de la patología posteriormente confirmada; en tal sentido, interesa la desestimación de la demanda.

En similar sentido se pronuncia en su escrito de oposición a la demanda la representación letrada del SERGAS.

Finalmente, por la representación letrada de la Compañía Aseguradora AXA Aurora Ibérica de Seguros, se formula igualmente escrito de oposición a la demanda, en similares términos a los anteriores.

Segundo.-De cuanto antecede cabe concluir que el objeto de la litis estriba en determinar si cabe hablar de la existencia o no de un error de diagnóstico del que pueda hacerse derivar el resultado fatal finalmente producido, por no haberse facilitado al paciente el tratamiento adecuado y si dicho error de diagnóstico es o no imputable a una deficiente actuación del médico de Urgencias, que atendió a D. Gaspar, toda vez que realmente no cabe hablar de discrepancias esenciales en cuanto a los hechos, salvo en los extremos que afirma el Doctor que atendió al Sr. Gaspar, en el sentido de que presentaba aspecto jovial, no sudoración, no náuseas, que había acudido por su propio pie, andando... y otros similares, que a juicio de la Sala no afectan en modo esencial, como luego se dirá, al fondo de la cuestión debatida.

Sentado lo anterior, y con carácter previo a intentar dar respuesta, sobre la base de las resultas de la prueba practicada, a las cuestiones que se dicen, conviene poner de manifiesto lo que viene siendo doctrina con carácter general, aplicada por esta Sala en la materia de que se trata, y así, establecer que, configurada por primera vez en 1954,dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en el artículo 121, y contenida en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, en los artículos 40 y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado adquiere relevancia constitucional en los artículos 9 y 106.2 de la Constitución como garantía fundamental de la seguridad jurídica, con entronque en el valor de la justicia, pilar del Estado de Derecho social y democrático (artículo 1 de la Constitución) y se desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (Título X ) y en el Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo:

a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.

b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.

c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.

d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero, 1 de abril de 1995, 15 de diciembre de 1997, 28 de enero y 13 de febrero de 1999 ) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, por lo cual no sólo no es menester demostrar, para exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. A su vez, como ha declarado la sentencia TS de 26 de septiembre de 1998, es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal. Así se deduce del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, pues sólo excluye la obligación de la Administración de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, quien reclame a la Administración la indemnización de unos daños sólo tiene que acreditar su realidad y la relación de causalidad que existe entre ellos y la actuación o la omisión de aquélla.

Como recuerda la sentencia TS de 6 de octubre de 1998, resumiendo la doctrina jurisprudencial sobre el nexo causal "Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal - especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (sentencias de 25 de enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de 2000, y 21 de julio de 2001, entre otras). Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquéllas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél (sentencia de 25 de enero de 1997 ), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (sentencia de 5 de junio de 1997 ), pues el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o "conditio sine qua non" esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario además que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (sentencia de 5 de diciembre de 1995 )".

La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración obliga a deducir que la conducta del personal asistencial no ha de ser enjuiciada aquí bajo el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad sino más bien desde la estricta objetividad mecánica de un comportamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causalidad material, a nivel de experiencia, en la producción de un resultado (STS 14 de junio de 1991, confirmando sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 4 de noviembre de 1985, y STS de 13 de julio de 2000 ).

Ahora bien, al implicar la asistencia sanitaria la existencia de una obligación de medios, no de resultados (sentencias TS de 9 de diciembre de 1998 y 11 de mayo de 1999 ), en ocasiones la jurisprudencia (sentencia sala 3.ª TS de 10 de febrero de 1998 ) ha hecho depender la obligación de indemnizar de la vulneración o no de la "lex artis ad hoc". En este sentido la sentencia TS de 22 de diciembre de 2001 razona que cuando del servicio sanitario o médico se trata el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a las propias dolencias del paciente. En efecto, aunque el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico, valoración y tratamiento se circunscriben a la actuación del servicio sanitario y, por consiguiente, resultarían en principio irrelevantes para declarar la responsabilidad objetiva, mientras que han de ser inexcusablemente valoradas para derivar una responsabilidad culposa, sin embargo también tienen trascendencia en orden a una conclusión sobre el nexo de causalidad, pues el correcto enjuiciamiento sobre la vinculación causal entre el funcionamiento de aquel servicio y el resultado producido exige valorar todos aquellos hechos y circunstancias que sean imprescindibles para solucionar el debate y decidir el litigio, de modo que el análisis sobre si la técnica y los medios de diagnóstico y tratamiento empleados han sido idóneos y correctos permite, en primer lugar, determinar con alto grado de certeza la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico, es decir, si éste tiene o no el deber jurídico de soportarlo, pues sólo son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción de aquéllos (artículo 141.1 de la Ley 30/1992 ). Este planteamiento coincide con el seguido por la más moderna jurisprudencia, así en sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1999, 3 y 10 de octubre de 2000, 14 de julio de 2001, la ya citada de 22 de diciembre de 2001, 14 de octubre de 2002, 24 de septiembre y 19 de octubre de 2004 y 10 de julio de 2007 .

La anterior tendencia objetivadora no puede, sin embargo, hacernos olvidar que cuando nos encontramos en presencia de una actividad administrativa como la que nos ocupa, esto es una prestación pública en el ámbito sanitario, una traducción mecánica del principio de objetividad en la construcción del instituto resarcitorio puede provocar resultados no sólo contrarios a un elemental principio de justicia sino incluso a la propia y concreta función del instituto indemnizatorio. De hecho, la jurisprudencia ha repetido incansablemente que este instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración no convierte a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales (sentencias de 7 de febrero de 1998, 19 de junio de 2001 y 26 de febrero de 2002 ).

Puede fácilmente entenderse que la naturaleza de la actividad administrativa que nos ocupa en la que convergen la acción de la propia Administración pero también el estado físico del usuario del servicio y en el mismo el curso natural de procesos que la ciencia o la técnica, en el momento actual de los conocimientos, no puede evitar o minorar con la producción final de un resultado que se nos presenta como inevitable o imprevisible. La exigencia de una responsabilidad patrimonial a la Administración en estos supuestos se nos aparece como una deducción que olvida que, en el ámbito de la acción prestacional sanitaria, la obligación no puede concebirse como una obligación de resultado, la sanación completa del individuo, sino de medios. No pudiendo ampararse esa construcción tampoco en los derechos reconocidos en los artículos 41 y 43 de nuestra norma suprema, pues en esta se consagra un derecho a la protección de la salud no un derecho a la salud, éste último de imposible garantía. Una construcción objetiva que anude la responsabilidad atendiendo a la identificación de una actuación, actividad o inactividad, administrativa en el orden causal fáctico del resultado no parece compatible así ahora con la nueva redacción, por Ley 4/1999, del artículo 141 de la Ley 30/1992. Y si bien pudiera razonarse, en razón del momento temporal de la producción de la lesión, en contra de la vigencia de esta última disposición en su actual formulación es lo cierto que la misma responde, como ya ha señalado el Tribunal Supremo, así Sentencia de 31 de mayo de 1999, a una interpretación también acogida en nuestra doctrina.

Tercero.-Retomando el hilo del planteamiento efectuado al inicio del fundamento jurídico anterior, y en orden a dar respuesta a las cuestiones planteadas, ha de tomarse como base el resultado de la prueba pericial practicada en el seno del presente proceso.

En tal sentido, debe señalarse como hechos básicos, a partir de los cuales plantear el razonamiento, que el paciente acudió sobre las 14:31 horas de la tarde del 12 de enero de 2001 de la Unidad de Atención Primaria de Sada, con dolor en el tórax y que 14 minutos después es dado de alta para observación en su domicilio; que tras auscultación, exploración y realización de un electrocardiograma, al parecer en límites de normalidad, se le diagnosticó de dolor torácico de origen costal; que 13.30 horas después del alta, sobre las 06:00 horas del día siguiente, fallece, siendo causa de dicho fallecimiento un infarto de miocardio complicado con una paricarditis y taponamiento coronario.

Sobre tal base, el perito informante, Doctor en Medicina y Cirugía, y Especialista en Cardiología, D. Emilio, pone de manifiesto que el diagnóstico es un ataque cardíaco que requiere de una actuación médica adecuada, en la que deben hacerse una serie de maniobras mínimas obligadas y en caso de quedarse con dudas, dejarlo en observación o trasladarlo. Que hoy día se dispone de sistemas rápidos, baratos y sencillos, como extraer una muestra de sangre capilar para confirmar o descartar un ataque cardiovascular, cuya aplicación en caso de duda está fuera de toda sospecha. Que es cuestión básica en Medicina que un electrocardiograma (ECG) normal, no excluye un ataque cardíaco, y que esta falta de sensibilidad electrocardiográfica para diagnosticar un ataque, debe suplirse con la pericia obligada que espera el paciente, consistente, como se dijo, en un exhaustivo interrogatorio, una minuciosa exploración, una adecuada observación y ante la sospecha, realizar el análisis de marcadores de infarto (troponina, CKP, y niroglobina, entre otros), y de no disponer de ellos, desplazarlo. Que, siguiendo esta actuación, el diagnóstico de infarto tiene una probabilidad hoy en día que podría situarse en el 100%; es decir, que una asistencia adecuada permite diagnosticar un infarto de forma sencilla, rápida y barata.

En el caso analizado, y al margen de otras consideraciones iniciales, en particular el escaso tiempo dedicado al paciente, se hace constar, y ello es relevante, que un rápido análisis del ECG practicado al paciente permite diagnosticar un infarto en evolución puesto que en VI aparece un punto J. elevado con rectificación del ST con bloqueo de rama derecha de grado menor asociado; hay isquemia y hay lesión subepicardiaca; en V y V6 la morfología del espectro es típica de infarto de dos a tres horas de evolución en DII, DIII y Avf imagen en esejo.

De otra parte, y a las preguntas y aclaraciones interesadas por las partes, el perito informante pone de manifiesto que el dolor torácico que presentaba el paciente podía tener y reunía las características de ataque cardiovascular y que dicho dolor de horas de duración, acompañado de sensación de adormecimiento del miembro superior izquierdo, puede ser sugestivo de un episodio de isquemia. Que ante un paciente joven, de 35 años, que acude a un centro de salud con una clínica de dolor torácico de varias horas de evolución, es fundamental descartar la existencia de un episodio de cardiopatía isquémica aguda grave, del tipo de al angina de reciente comienzo o de infarto agudo de miocardio en evolución antes de darle el alta. Que en el caso concreto analizado, el paciente presentaba una serie de datos clínicos con los que establecer una sospecha elevada de ataque isquémico agudo, y el procedimiento es desplazarlos para confirmar o descartar dicha sospecha. Que no se agotaron las medidas diagnósticas, ni tan siquiera se adoptaron las básicas, como sería una buena historia clínica, ya que sólo con ella, se obtendría el diagnóstico correcto. Que no debió de dársele el alta domiciliaria y sí, por el contrario, enviársele a un centro dotado para estos casos y que si el paciente hubiera sido atendido en un Unidad Coronaria, tales lesiones, tratadas a tiempo se suelen resolver favorablemente.

Tales conclusiones, son esencialmente coincidentes, tanto con el dictamen ratificado a presencia judicial y contestaciones dadas a las preguntas que le fueron formuladas por las partes, por el Dr. D. Leonardo, Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y Especialista en Cirugía, como con el informe y aclaraciones efectuadas al respecto ante el Juzgado de Instrucción de Betanzos el 21 de junio de 2001, y ratificadas en el presente proceso, en comparecencia de fecha 26 de octubre de 2007 por el Dr. D. Adrian .

En tal sentido, y a modo de conclusiones, esta Sala ha llegado al convencimiento de poder afirmar, dando respuesta a las cuestiones que se plantean en orden al objeto de la presente litis, que efectivamente en el presente supuesto se puede hablar de un evidente error de diagnóstico, error de diagnóstico derivado de una clara quiebra de la "lex artis ad hoc", por cuanto puede afirmarse, como lo hace, y de modo contundente, el perito informante, que no se practicaron las pruebas mínimamente exigibles para llegar a su correcto diagnóstico y de ellas, la primera y más adecuada, que es una historia clínica que de suyo habría permitido plantear un correcto diagnóstico, atendidos los antecedentes familiares del paciente, y sintomatología que presentaba, dándose además una incorrecta interpretación al ECG realizado, con el que se tenía que haber sospechado de la presencia de un ataque cardiaco y haber realizado la totalidad de las pruebas precisas para excluir dicha posibilidad, por lo que en definitiva, cabe afirmar, como así lo hace esta Sala, que dicho error fue culpable y determinante, en evidente relación de causalidad del fatal desenlace producido horas después, que podría haberse muy posiblemente evitado de haberse ingresado en observación al paciente en un centro médico adecuado, donde pudiera haberse llegado fácilmente a un diagnóstico acertado y recibir el paciente el tratamiento que precisaba la patología cardiaca que de hecho sufría, por lo que el fatal resultado dañoso producido, ha de tacharse asimismo de antijurídico.

Frente a tales conclusiones, carecen de las más mínima relevancia las que la Administración demandada y la Compañía Aseguradora de ésta, pretenden hacer derivar de las resultas del proceso penal en su día instruido y concluso sin relación de responsabilidad criminal para el facultativo que, en fecha 12 de enero de 2001, atendió al paciente, pues ninguna relación guardan los presupuestos que han de tenerse en cuenta para hacer derivar de ellos una responsabilidad de tipo penal, con los que han de ser tenidos en consideración a la hora de concretar la existencia de la responsabilidad que en el presente proceso se dilucida. Como asimismo carece de relevancia, a los efectos de enervar las conclusiones anteriormente plasmadas, las que pretenden hacerse derivar de las anotaciones que se hacen constar en la hoja de asistencia de Urgencias, porque según el perito informante, en el caso concreto analizado, para dicho perito la hoja de Urgencias y lo que se hace constar en ella es poco creíble y tan breve que no resulta valorable.

Por lo que, en definitiva, ha de concluirse se dan en el presente supuesto las condiciones precisas para estimar la concurrencia de los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial que se reclama.

Cuarto.-En todo caso, la responsabilidad patrimonial que se reclama no puede extenderse a la compañía aseguradora personada en el presente proceso, por cuanto ni la demanda ni la previa reclamación fue dirigida contra la misma.

Quinto.-A la hora de fijar la cuantía indemnizatoria, con base en el art.141 de la Ley 30/1992, se considera adecuado, partiendo como pauta de la que aporta el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación por parte de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados. Ahora bien, dado que el baremo de valoración del seguro de uso y circulación de vehículos de motor no ha de tener carácter vinculante (STC núm. 101/2000 ), en la fijación de la indemnización en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración es perfectamente admisible que se tome como criterio orientativo y se ajuste seguidamente a las circunstancias del caso, que junto al carácter de deuda de valor de la indemnizatoria, aconseja y obliga a matizar el resultado cuantitativo que se deduce del indicado baremo, y teniendo en cuenta los conceptos a indemnizar, y demás circunstancias personales acreditadas, relativas principalmente a la edad del fallecido, dependencia de la unidad familiar, tanto de la pareja de hecho y parte actora como de la hija de ambos, menor de edad, no constando acreditados otros extremos tales como la actividad del causante, salario que percibía, si era o no el único que percibía ingresos, y otras circunstancias cuya prueba correspondía a la parte actora, se estima adecuada la cantidad de 150.000 euros, a distribuir del siguiente modo: 60.000 euros para D.ª Sacramento y 90.000 euros para la hija menor de ambos, D.ª Elsa, sin que la condena al pago de dichas cantidades deba extenderse a los intereses, debido al carácter de deuda de valor de la indemnizatoria y a la ausencia de liquidez previa, dado que la cuantía definitiva de la condena se ha fijado en la presente sentencia.

Por lo que procede la estimación en parte, del presente recurso contencioso-administrativo.

Sexto.-Al estimarse, siquiera parcialmente, el recurso y no apreciarse temeridad o mala fe en la oposición al mismo, no procede hacer expresa condena en las costas del mismo, de conformidad con lo previsto en el art.139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Por todo ello, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

que debemos estimar y estimamos en parte, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Sacramento, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la Consellería de Sanidad, a reclamación de responsabilidad patrimonial, de fecha 17 de enero de 2005, por deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios causante del fallecimiento de D. Gaspar, así como contra la posterior resolución expresa desestimatoria, de 23 de abril de 2006, que anulamos, y en consecuencia, declaramos la responsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica demandada y condenamos a que abone a D.ª Sacramento, pareja de hecho de D. Gaspar, la suma de 60.000 euros, y a la menor, D.ª Elsa, hija de ambos, la de 90.000 euros, como indemnización de los daños y perjuicios sufridos; sin hacer imposición de costas.




Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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