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Sentencia A.N. de 17 de diciembre de 2008


 RESUMEN:

Reclamación de responsabilidad de la Administración Sanitaria por el fallecimiento de una paciente días después de recibir el alta hospitalaria. La Sala analiza los elementos necesarios para la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito sanitario; analiza después los informes periciales en busca de la relación de causalidad y concluye que la actuación de los profesionales sanitarios fue adecuada a la lex artis y que no se advierte relación de causalidad entre ésta y el fallecimiento de la paciente. Presunción iuris tantum de certeza de los informes periciales. Se desestima el recurso.

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Interpuesto el recurso, previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora para que en el término de veinte días formalizase la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el 2 de enero de 2008 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estima aplicables, recaba que se dicte sentencia por la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración, por los daños producidos a mi representada, condenando a la Administración a pagar la cantidad 300.000 euros, e intereses legales desde la reclamación administrativa, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Segundo.-El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el día 12 de marzo de 2008 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, recaba sentencia que desestime el recurso interpuesto.

Tercero.-Acordado el recibimiento del recurso a prueba por auto de 14 de abril de 2008, se ha practicado pericial y documental con el resultado que obra en autos.

Ha sido PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ángel Novoa Fernández quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Se interpone el presente contencioso por la Procuradora de los Tribunales Dña. Elisa Bustamante García en nombre y representación de D. Blas ; D. Ernesto, D. Gustavo, y Dª. Aurora, en nombre propio y en el de la herencia yacente de Mauricio, contra la resolución del Ministro de Defensa de fecha 26 de julio de 2007, que desestima su pretensión de responsabilidad patrimonial.

A efectos de una adecuada configuración de los hechos que a esta Sala deben interesar decir que:

1.-Los hoy recurrentes, demandan los perjuicios derivados de un tratamiento médico, a su juicio deficiente, dispensado en el Hospital General Básico de la Defensa de Valencia, en la persona de Dª. Ana María, madre y esposa respectivamente de los actores.

2.-Se expone que el 18 de abril de 2003, Dª Ana María acudió al Servicio de Urgencias del Hospital "9 de Octubre", por presentar desde algunos días disnea a mínimo esfuerzo. Dado que tenía suscrita una póliza de salud con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, se le recomendó acudir a un hospital militar, razón por la cual ingresó ese mismo día en el Servicio de Urgencias del Hospital Militar "Vázquez Bernabeu" de Valencia, donde permaneció hasta el día 30 de abril de 2003, fecha en que fue dada de alta, indicándose en el informe de ingreso, cuya copia acompaña a la reclamación, que el motivo de la asistencia fue "tos seca larga duración y disnea a pequeños esfuerzos. Diagnóstico de entrada: Insuficiencia cardiaca congestiva+DMID (Diabetes mellitus insulino-dependiente)+ hipotiroidismo+ anemia moderada severa".

3.-Por su parte, el informe de alta hospitalaria, del que también aportan copia los interesados, señalaba que "durante el ingreso se objetiva SD anémico, con sangre en heces positiva. Se pauta tratamiento empírico con omeprazol y hierro. Hiponatremia por uso de diuréticos, hipotiroidismo, bacteriuria urocultivo de E. coli. al alta la paciente tolera el decúbito y no presenta disnea a ligeros esfuerzos (.....) Ecocardiograma 2D con doppier: hipertrofia septal ligera con ventrículo izquierdo normal con buena función sistólica. Insuficiencia mitral ligera. Mínimo derrame pericárdico de aspecto crónico (.....). Juicio clínico: Insuficiencia cardiaca izquierda secundaria a SD anémico por pérdidas hemáticas. Hipotiroidismo. Hiponatrema por uso de diuréticos. Infección del tracto urinario". De este informe se deduce, además, que durante el ingreso hospitalario, se administró a la paciente un betabloqueante llamado "tenormín" y que contrajo una infección a través del virus del Escherichia Coli, empeorando con ello su estado de salud. Finalmente, en el parte de alta se recomienda a la paciente acuda a consulta de Cardiología, Hematología y Medicina Interna.

4.-Según manifestaban los reclamantes, la paciente se encontraba en el momento de recibir el alta "en un estado de salud muy precario, sin fuerza física para deambular, obnubilada", por lo que entendían que el alta había sido precipitada, y así lo probaba el hecho de que el día 1 de mayo de 2003 -esto es, al día siguiente de haber recibido el alta hospitalaria- fuera ingresada de urgencias en el Hospital Universitario de Valencia por haber sufrido un aumento de disnea basal en las últimas 24 horas, diagnosticándosele "Insuficiencia cardiaca congestiva. Miocardiopatía hipertensiva. Edema agudo de pulmón. Asistolia. Insuficiencia respiratoria" y falleciendo el 5 de mayo de 2003.

5.-A juicio de los interesados, la atención recibida por la paciente en el Hospital Militar fue deficiente, ya que, en el momento de su ingreso, no había en el centro especialistas en Cardiología ni Medicina Digestiva, siendo asistida por un hematólogo, careciendo, además, el hospital de la maquinaria necesaria para realizar la prueba de edema opaco o tránsito intestinal. A ello se añadía que la infección de orina diagnosticada, pero no tratada, y que la paciente fue dada de alta demasiado pronto, sin que hubiera habido un control exhaustivo de la astenia que padecía ni de los iones, las hormonas tiroideas y la glucosa. Consideraban, en definitiva, que si Dª Ana María hubiera permanecido ingresada en el Hospital Militar de Valencia, habría recibido un tratamiento adecuado que habría evitado su fallecimiento pocos días después de recibir el alta hospitalaria.

Segundo.-Hallándonos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, conviene recordar como, dentro del principio general de responsabilidad de los poderes públicos recogido en el Título Preliminar de la Constitución, artículo 9.3 in fine, la responsabilidad del Poder Ejecutivo se concreta en el art. 106.2 de la Constitución al disponer que "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La remisión legal viene ahora cubierta por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que en los dos primeros apartados de su artículo 139 establece que "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

La jurisprudencia ha precisado que para apreciar la existencia de esta responsabilidad son precisos los siguientes requisitos a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupos de personas, b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal, c) ausencia de fuerza mayor y d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño por su propia conducta.

A lo expuesto cabe añadir la consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, según la cual, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que conduciría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así pues, solo en el caso de que se produzca una infracción de dicha Lex artis responde la Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son imputables a la Administración y no tendrían la consideración de antijurídicos por lo que deberán ser soportados por el perjudicado. La existencia de este criterio de la Lex Artis se basa en el principio jurisprudencial de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación se concreta en prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo.

Estamos ante un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida; criterio que es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo exista el elemento de la lesión sino también la infracción del repetido criterio; prescindir del mismo conllevaría una excesiva objetivización de la responsabilidad que podría declararse con la única exigencia de existir una lesión efectiva, sin necesidad de demostración de la infracción del criterio de normalidad.

Tercero.-Pasamos a examinar si en el supuesto de autos concurren, o no, los requisitos exigidos para dar lugar a la responsabilidad que se reclama, en especial si la parte actora acredita una mala prestación de la asistencia médica.

En el informe que emite la Junta Médico Pericial Ordinaria de Madrid, de fecha 13 de abril del 2005, se pone claramente de relieve que no hubo relación de causalidad entre el tratamiento médico dispensado en el Hospital Militar y el fallecimiento de Dª Ana María .

En particular, se señala en el dictamen que el ingreso de la paciente en los Servicios de Medicina Interna y Cardiología fue correcto, al presentar una pluripatología con descompensación cardiaca y anemia, siendo acertada la decisión de solicitar el apoyo del Servicio de Hematología, al no haber hemorragias digestivas demostrables de modo evidente, explicándose, a continuación, que el seguimiento de la paciente fue adecuado, como también lo fueron el tratamiento aplicado y las dosis de medicinas prescritas.

El informe llega a las siguientes conclusiones:

1.-Que la paciente fue atendida correctamente durante su estancia en el Hospital General Básico de la Defensa de Valencia.

2.-Que las posibilidades terapéuticas, en este caso, son más reducidas debido a su pluripatología.

3.-Que en el momento del alta, el cuadro clínico que motivó su ingreso (su insuficiencia cardiaca) estaba compensado.

4.-Que en el citado hospital había medios suficientes para tratar la patología que presentaba la paciente.

5.-Que la infección urinaria que padecía no tuvo ninguna incidencia en el fallecimiento y que su origen no es nosocomial, lo que significa que es una infección que no se ha desarrollado en un hospital y que no es producida por microorganismos adquiridos durante la hospitalización. Según este informe, esta infección de la paciente "estaba presente a su ingreso, la padecía desde hacía tres años, no hubo manipulaciones médicas previas (sondaje vesical etc. ) y no hay clínica infecciosa".

6.-Que la documentación de alta es correcta y su contenido veraz, indicando la necesidad de seguir un tratamiento ambulatorio y de continuar los estudios realizados.

7.-Que la hiponatremia y la anemia no ejercieron un papel preponderante en el fatal desenlace.

Sobre este dictamen esta misma Sala y Sección de modo reiterado viene estableciendo que la calificación realizada por los Tribunales Médicos de la Administración constituye una manifestación de la llamada "discrecionalidad técnica". El Tribunal Constitucional en, entre otras, Sentencia 34/1995, de 6 de febrero, ha reiterado la legitimidad de la llamada "discrecionalidad técnica" de los órganos de la Administración, en cuanto promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano administrativo, de forma que las modulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento jurisdiccional sólo se justifican en una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación.

Pero advirtiéndose siempre que se trata de una presunción "iuris tantum" que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del poder razonable que se presume en el órgano calificador.

Cuarto.-Procede sin más la valoración, en conciencia de la prueba pericial practica en autos.

En primer lugar, el Perito Dr. Benito, especialista en Medicina Legal y Forense, obrante en el Tomo 1 del expediente, folios 394 a 397, de fecha 14 de diciembre de 2005, considera que la actuación de los médicos del Hospital Militar fue correcta. En el momento del alta, la situación clínica de la paciente era estable y por lo tanto ésta se encontraba justificada. La paciente falleció a consecuencia de una patología base, que a pesar de la medicación y las medidas de tratamiento prescritas se descompensó y se agravó progresivamente sin que la actuación médica se mostrara efectiva.

Esta sola conclusión hace que huelgue cualquier pronunciamiento judicial de condena o responsabilidad de la Administración.

En segundo lugar, respecto de la prueba practicada en autos, donde se llevó a cabo una segunda pericia, la perito médico Dª. Erica, en sus respuestas a las preguntas formuladas, en el tercer y último apartado de las consideraciones de su informe, se pone claramente de relieve que dadas las condiciones de estabilización del cuadro de Dª. Ana María, considero que el alta referida, corresponde a una forma de actuación correcta, dentro del protocolo de actuación en dicha patología.

Se debe considerar que Dª Ana María padecía varias enfermedades de base, que denominamos multi-patología (DMID, HTA, Hipotiroidismo y Síndrome Depresivo) que posiblemente fueron la causa del desarrollo de la Insuficiencia Cardiaca, y las cuales inciden negativamente en la recuperación de la Insuficiencia Cardiaca.

Dª Ana María presentaba al alta una estabilización del cuadro de Insuficiencia Cardiaca por lo que, según los protocolos de actuación, se dio el alta hospitalaria. Los cuadros de IC de larga evolución como es el caso de Dª Ana María, pueden presentar descompensaciones súbitas siendo imprevisible la aparición de las mismas. En este caso, entra dentro de lo esperable un agravamiento del cuadro a las 24 horas del alta de un cuadro previamente estabilizado.

Como se indica en el Informe Médico, Dª Ana María presentó un aumento progresivo de la disnea de base posterior al alta, propia de la Insuficiencia Cardiaca de larga evolución que padecía, muy probablemente de origen hipertenso y agravada por las Diabetes Mellitus Insulino dependiente, haciéndose de mínimos esfuerzos, explicado por aumento progresivo del líquido en los pulmones (crepitantes en bases).

En definitiva, no ha quedado acreditada la mala o deficiente actuación profesional, y si se han derivado las consecuencias por nadie queridas, en las que ni ha intervenido conducta u omisión del personal facultativo, ni es achacable a una falta de medios en la estructura hospitalaria.

Por todo lo expuesto, se llega a la conclusión que procede la desestimación del recurso; sin que en la actuación de las partes se aprecie temeridad o mala fe a los efectos del pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Elisa Bustamante García en nombre y representación de D. Blas ; D. Ernesto, D. Gustavo, y Dª. Aurora, en nombre propio y en el de la herencia yacente de Mauricio, contra la resolución del Ministro de Defensa de fecha 26 de julio de 2007, que desestima su pretensión de responsabilidad patrimonial al ser dicha resolución, en los extremos examinados, conforme a derecho; sin condena en costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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