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Sentencia A.P. Alicante 106/2010, de 8 de febrero


 RESUMEN:

Derechos de los trabajadores: Delito contra la seguridad. Incumplimiento de medidas de seguridad en la ejecución de una obra de inmuebles. Prevención de riesgos laborales: Principios. Incumplimiento generalizado de las normas de seguridad, poniendo en peligro la integridad física del conjunto de los trabajadores de la obra.

 

SENTENCIA

En Alicante a ocho de febrero de dos mil diez.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. Expresados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia de fecha 22/05/08 pronunciada por el JUZGADO DE LO PENAL Nº 7 DE ALICANTE en el Juicio Oral nº 000470/2006, dimanante del Procedimiento Abreviado Nº 239/04 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alicante. Habiendo actuado como parte apelante Ángel Daniel, Dionisio y Jesús.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Son Hechos Probados de la Sentencia apelada, los del tenor literal siguiente: En aras a la brevedad se dan por reproducidos los Hechos Probados de la sentencia de instancia; HECHOS PROBADOS QUE SE ACEPTAN.

Segundo.-El fallo de dicha Sentencia recurrida literalmente dice: "Que debo condenar y condeno a D. Ángel Daniel, D. Dionisio, D. Jesús, como autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores ex artículo 316 del Código Penal, a la pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, y multa de seis meses con una cuota diaria de 3 euros, con responsabilidad personal subsidiaira en caso de impago.

Y debo absolver y absuelvo a D. Inocencio de los hechos que venía acusado. "

Tercero.-Contra dicha Sentencia, en tiempo y forma y por Ángel Daniel, Dionisio y Jesús se interpuso el presente recurso alegando: Por los recurrentes se alega error en la valoración de la prueba e infracción de precepto legal (artículos 316 y 317 del Código Penal).

Cuarto.-Admitido el recurso, cumplido el trámite de alegaciones con la/s parte/s apelada/s -que interesa la confirmación de la sentencia impugnada- y habiendo sido elevadas las actuaciones a esta Sección se procedió a deliberación y votación de la sentencia.

Quinto.-En la sustanciación de ambas instancias del presente proceso se han observado las prescripciones legales procedentes.

VISTO, siendo ponente el Iltmo. Sr. Julio José Úbeda de los Cobos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Con carácter general, consideran las representaciones de los apelantes que la obra, consistente en la ejecución de unos inmuebles, no presentaba un incumplimiento de medidas de seguridad incardinable en el delito previsto en el artículo 316 del Código Penal.

Establece el artículo 316 CP que:

"Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

Antes de analizar los concretos argumentos expuestos consideramos necesario determinar el ámbito de aplicación del citado precepto.

En primer lugar, no ofrece dudas que se trata de una norma penal en blanco, que se remite a la legislación específica para determinar cuales son las medidas de seguridad e higiene adecuadas para que los trabajadores desempeñen su actividad.

La norma fundamental en este sector es la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En su artículo 14 se reflejan, con carácter general, las obligaciones del empresario en materia de seguridad, afirmando que:

"Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales...

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo."

Esta obligación es reflejo de lo que la doctrina ha venido denominando la "deuda de salud", que contrae el empresario como una de las contraprestaciones por el beneficio que le reporta la actividad de los trabajadores.

En este ámbito resulta contundente el pronunciamiento de la STS de 18 de enero de 1995, cuyos argumentos aparecen reiteradamente transcritos en la Jurisprudencia posterior:

"Hay un principio fundamental en relación con la seguridad en el trabajo, plenamente arraigado ahora en la conciencia de nuestra sociedad, cada vez más firme en los países civilizados, e inspirador de la legislación vigente en esta materia, en virtud del cual toda persona que ejerce un mando de cualquier clase en la organización de las tareas de unos trabajadores tiene como misión primordial el velar por el cumplimiento de las normas de seguridad anteponiéndolas a cualquier otra consideración. Una elemental escala de valores nos dice que la vida e integridad física de las personas se encuentra por encima de cualesquiera otros, singularmente por encima de los de contenido económico.

La conciencia social y el disfrute de las comodidades inherentes al desarrollo de los pueblos exige el que hayan de tolerarse actividades que inevitablemente conllevan determinados riesgos; pero, como contrapeso ineludible de tal tolerancia, en cada una de esas actividades hay una serie de normas, escritas o no, que garantizan el que puedan desarrollarse dentro de unos límites tolerables. El riesgo socialmente permitido ha de estar controlado por la adopción de una serie de medidas que lo enmarcan para que no exceda de lo imprescindible. Un mayor desarrollo económico se corresponde con un mayor número de actividades peligrosas y con una más exigente legislación protectora frente a éstas.".

Entre las Sentencias posteriores que reiteran esta argumentación, cabe citar las de 26 de marzo de 1999 y 11 de diciembre de 2002.

El trabajador también viene obligado a respetar los sistemas de seguridad. Ahora bien, es habitual que en el desarrollo de la actividad laboral se produzca una relajación cuya consecuencia es el uso de las dinámicas de trabajo seguras, por rutina o por obtener un mayor rendimiento en la actividad. Ello, en ocasiones da lugar a accidentes, que ponen al descubierto en muchos casos deficiencias en la planificación o ejecución de las medidas de seguridad. Por tanto, al establecer éstas deben prevenirse, en lo posible, las conductas inadecuadas de los trabajadores. En este sentido es muy claro el artículo 15.4 LPRL, al afirmar que:

"La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras."

Este concepto aparece reiteradamente en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como ejemplo cabe recordar la STS de 22 de diciembre de 2001 al afirmar que:

"Deber de cuidado que los acusados asumen en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina".

Para perfilar el ámbito de aplicación del artículo 316 CP, deben concretarse los siguientes apartados:

1- SUJETO ACTIVO.

Se trata de un delito especial, y así debe entenderse la dicción:

"Los que estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios".

Podía parecer que esta circunstancia limita la responsabilidad al empresario que es quien, en principio, debe facilitar las medidas de seguridad, según establece el artículo 14 LPRL. Nada más lejos de la realidad. El círculo de los posibles responsables es mucho más amplio. Centrándonos en la condición que ostentaban los recurrentes con relación a la obra que se estaba ejecutando, resulta de interés el RD Legislativo 5/00, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). Al tratar de sujetos responsables del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, establece su artículo 2:

"7. Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias respecto de las obligaciones que se establecen en su legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de lo establecido en otros números de este artículo.

8. Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales.

9. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas en la normativa sobre dicha materia".

2.- LA CONDUCTA TÍPICA.

No ofrece dudas el hecho de que el delito se puede cometer por omisión o comisión por omisión.

Tampoco plantea problemas su caracterización como delito de riesgo concreto, al exigir que se ponga en peligro grave la vida, salud e integridad física de los trabajadores. Sin no existe este riesgo, que supone realmente una lesión del bien jurídico protegido (derecho de los trabajadores a la salud y seguridad en el trabajo) el delito no se comete.

Del análisis del tipo se aprecian dos expresiones que presenta una notable dificultad de interpretación como son: "no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen la actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas"; y que "pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física".

Para analizar las medidas de seguridad que resulten adecuadas deberá atenderse principalmente a la normativa de prevención de riesgos laborales propia de cada sector laboral. Como establece el artículo 5.2 de la LISOS:

"Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo...".

El concepto "medidas adecuadas", por tanto, tiene carácter abierto por lo que deberá ser integrado por el Juez sentenciador en cada caso, resultando de singular interés las normas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales.

La gravedad del riesgo deberá ponderarse atendiendo fundamentalmente a dos factores:

1.- La posibilidad de que el daño realmente se produzca.

2.- La entidad del daño en el caso de que llegara a producirse.

Por tanto, una vez constatada la ausencia de las medidas de seguridad adecuadas deberán ponderarse estas dos premisas para constatar si nos hallamos ante un peligro grave para la vida, salud o integridad física.

La normativa laboral aporta conceptos que pueden resultar de interés. Por ejemplo establece el artículo 4 LPRL:

" 4°) Se entenderá como "riesgo laboral grave e inminente" aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores".

Los artículos 12 y 13 de la LISOS describen numerosas conductas al tratar de las infracciones graves y muy graves, que suponen una patente infracción de la normativa laboral con riesgo para la vida o salud de los trabajadores.

Este apartado resulta de indudable trascendencia para valorar las conductas enjuiciadas porque en este caso, a diferencia de los que habitualmente se presentan ante esta Sala, la deficiencia de las medidas de seguridad se detecta en una visita de la Inspección de Trabajo a la obra y no, tras producirse un accidente laboral.

3.- EL ELEMENTO SUBJETIVO.

El artículo 316 CP establece un delito doloso. El sujeto activo de forma consciente y voluntaria establece o consiente (con infracción de sus obligaciones legales o contractuales), unas condiciones de trabajo que suponen una grave infracción de las condiciones de seguridad en el trabajo, poniendo en grave riesgo la seguridad de los trabajadores.

Segundo.-Como segunda premisa necesaria para estudiar los recursos presentados resulta necesario analizar la responsabilidad de los partícipes en el proceso constructivo, cuando se constata un incumplimiento grave de las medidas de seguridad exigibles, con grave riesgo para los trabajadores.

En este ámbito son normas de referencia la LPRL, la LISOS y la Ley de Edificación. Como normas específicas, en la fecha de los hechos analizados destacaban:

Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Real Decreto 216/99, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

Real Decreto de Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales.

En el RD 1627/96 se establecen las siguientes obligaciones:

1.- Promotor.

Contrae las obligaciones propias del contratista con respecto a los trabajadores que contrate de forma directa. (artículo 2.3)

Está obligado a que en la fase de elaboración del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud, según la importancia de la obra (art. 4).

Si en la empresa participan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (art. 3.2)

2.- Contratista y subcontratistas

Sin perjuicio de las obligaciones genéricas que derivan del artículo 15 LPRL, se regulan determinadas competencias específicas.

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra (art. 7.1).

En la ejecución de la obra resultan obligados, según el artículo 11 del Real Decreto 1627/97 a:

-. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

-. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

-. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

-. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Tercero.-Una vez precisado el ámbito de aplicación del precepto aplicado, pasamos a analizar los argumentos que sustentan los recursos interpuestos, comenzando por el presentado por la representación de Ángel Daniel, que era legal representante de Inmolonja SL, entidad encargada de la ejecución de los trabajos de albañilería en la construcción del inmueble.

Considera el recurrente que no se dan en este caso las condiciones objetivas que exige el artículo 316 CP para su aplicación. En concreto, se estima que no se producía un incumplimiento grave de las medidas de seguridad que pusiera en inminente peligro la vida de los trabajadores que prestaban su servicio en la obra. A tal efecto se minimizan los incumplimientos detallados por el Inspector de Trabajo en el acta levantada y que figura unida a las actuaciones (folios 6 y siguientes).

Como premisa para analizar el documento y la declaración que prestó su autor en el plenario, consideramos de singular interés resaltar un apartado de sus conclusiones:

"Debido a la gravedad e inminencia del riesgo de accidente apreciado en toda la obra, tanto en lugares concretos de trabajo, como en los de circulación o paso, se ordenó la inmediata paralización de todos los trabajos de albañilería y estructura realizados de forma simultánea que, aún si bien se encontraban separados en cada uno de los bloques, todos los trabajadores quedaban afectados de los mismos riesgos, a través de las zonas comunes accesibles, no señalizadas, protegidas, ni limitadas, por lo que, en cualquier momento, podían verse afectados en su integridad física".

Por tanto, antes de entrar a valorar las carencias concretas, resulta patente la impresión que obtuvo el citado profesional de la visita girada. Existía un incumplimiento generalizado de las normas de seguridad. Ese incumplimiento afectaba a aspectos sustanciales de las mismas, poniendo en grave peligro la integridad física del conjunto de los trabajadores que prestaban sus servicios.

El acta continua de forma igualmente contundente:

"Todo ello, evidenciaba una clara carencia de organización y coordinación preventiva con respecto a las actividades empresariales de la obra...".

La parte pretende desvirtuar parte de las consideraciones contenidas en el referido documento analizando la prueba testifical, especialmente la declaración del citado técnico y de trabajadores que en esas fechas prestaban sus servicios en la obra. A tal efecto se hace preciso recordar la Jurisprudencia que estima que la valoración que efectúa el Juez de instancia de la prueba de naturaleza personal, ha de mantenerse salvo que resulte ilógica o manifiestamente errónea ya que esta fase procesal, a diferencia de la primera instancia, carece de inmediación por lo que se desconoce la forma concreta en que las declaraciones se prestaron (coherencia en el discurso, tono de voz, gestos, etc.). En este sentido se ha pronunciado de forma muy reiterada la Jurisprudencia, pudiendo recordar el contenido de la STS de 20 de mayo de 2008, con cita de otras muchas:

"Infinidad de veces ha declarado esta Sala que la ponderación de la credibilidad de quienes deponen ante el Tribunal sentenciador, es una facultad privativa de éste en virtud de la inmediación con la que se practican esta clase de pruebas personales, ventaja con la que no pueden contar los órganos jurisdiccionales superiores, que no han visto ni oído a los declarantes".

Esta limitación para una nueva valoración de la prueba se pone también de relieve al analizar la Sentencia, en la que se hace constante referencia a manifestaciones de testigos no recogidas en la escueta acta que levantó el Secretario Judicial.

Comienza argumentando el recurrente su disconformidad con la relación de hechos declarados probados por la Juez a quo, en las deficiencias de seguridad detectadas en el Bloque I.

De su alegato, consideramos interesante comenzar por el final. En el acta levantada por el Inspector de Trabajo se constata que las en las plantas segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima (cubierta) de libre acceso para los trabajadores había una patente falta de seguridad. En concreto, falta de barandillas en las escaleras, perímetro del hueco del montacargas sin proteger, zona del forjado lindante con la calle y con el patio central, al menos de forma parcial sin medidas de protección.

Con relación a estas faltas de seguridad se argumenta en el acta:

"Todas estas zonas peligrosas se encontraban totalmente accesibles para los trabajadores de la contrata de albañilería que realizaban labores de esta especialidad en el Bloque, así como para el gruísta de la contrata de estructura, que, en el momento de la visita, subía y bajaba por la escalera para controlar los movimientos de acopio de materiales que realizaba con la grúa torre para le Bloque situado al otro lado del patio grande central.

Además, faltaba por desencofrar el último tramo de escalera, por lo que era preciso que los trabajadores de la estructura accedieran al Bloque, quedando pendiente de retirada abundante material del encofrado, depositado en la planta de cubierta, así como las horcas de las redes de la fachada principal".

Sobre dichas circunstancias en el recurso únicamente se manifiesta que: "En cuanto al resto de plantas del bloque I, también quedó acreditado en el juicio que no se estaba realizando ningún trabajo en las mismas".

No constatamos la existencia de una base probatoria que justifique una afirmación tan concluyente, que pugna con diversos datos objetivos constados por el Inspector de Trabajo, y detallados en el acta en la forma que anteriormente hemos reproducido. Además, no debe olvidarse se trataba de zonas de libre acceso al personal contratado. El hecho probable de que la obra se encontrara en estado de transición entre la ejecución del forjado y el inicio de las obras de albañilería no permite que existan períodos de reducción o eliminación de las medidas de seguridad, con trabajadores en la instalación. La retirada de los elementos de protección por una empresa que finaliza su actividad debe ser simultánea en el tiempo, salvo que otra cosa se justifique, con la colocación de los propios por la entidad que la sustituye. Además en este caso, como se constata por el Inspector de Trabajo, existe un período de actividad de ambas concurrente en el tiempo.

En relación al montacargas, sí se acredita que no resultaba necesario que los trabajadores pasaran por debajo pero, resulta indudable, que la falta de vallado permitía el paso por debajo. Aún en el caso de que no funcionara como se alega por la defensa, se estaría trabajando en su instalación, lo que podía suponer un riesgo si dicho espacio se utilizaba como zona de tránsito.

Con relación al Bloque II, se afirma en el recurso que, en todo caso, existirían huecos abiertos de forma puntual. Consideramos esta circunstancia ya como una grave deficiencia con riesgo de precipitación. Además aparece contradicha en el acta donde se aprecia una generalizada falta de protección en los forjados que recaían en el patio central con riesgo de caída en las plantas tercera, cuarta y quinta.

Por tanto, existen datos que permiten concluir que en la obra existía una generalizada falta de medidas de seguridad, que ponía en grave riesgo la integridad física e los trabajadores que prestaban en ese momento sus servicios, aún admitiendo que se limitaran a la entrada de material como afirma el recurrente. A ello debe añadirse la presencia en una zona de evidente riesgo de un gruísta.

Con estos antecedentes no apreciamos error en la valoración que de la prueba efectuó la Juez a quo, que es coherente con el resultado del plenario y respeta la interpretación que del artículo 316 CP se realiza en los dos primeros fundamentos de la presente resolución, que reproducen la legislación vigente en la materia y la Jurisprudencia de aplicación.

Por todo ello, procede la desestimación del recurso.

Cuarto.-A continuación pasamos a examinar el recurso interpuesto por la representación de Dionisio.

La condena se fundamenta en su condición de administrador de la mercantil Reticulares Alicante S.L., encargada de la ejecución de la estructura de los inmuebles.

Como argumentamos en los dos primeros fundamentos de la presente resolución el empresario es responsable de facilitar a los trabajadores los sistemas de seguridad adecuados para el ejercicio de su actividad. En tal concepto asumen una posición de garante, debiendo supervisar la actividad de las personas en quien delegue la función de diseñar las medidas adecuadas a la actividad concreta, y garantizar su efectivo cumplimiento. Como afirma la STS de 29 de julio de 2002, con relación al artículo 316 CP:

"es un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo; bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante, y al respecto debemos recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -Ley 31/1995 de 8 de noviembre - en su art. 14.2 impone al empresario un deber de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos «...el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio...»«...el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas...». Resulta incontestable que los empresarios o titulares de la empresa son los posibles sujetos activos del delito, pero no sólo ellos, sino también, desde una perspectiva penal los administradores y encargados del servicio a los que se refiere el art. 318 del CP ".

En este caso, el recurrente parte de la base de que en la obra se respetaban la normas de seguridad, existiendo únicamente un defecto de coordinación al que él es ajeno.

No compartimos esa premisa. Como se recoge en el fundamento anterior, el Inspector de Trabajo detectó un incumplimiento generalizado de las normas de seguridad, con un riesgo patente de accidente por precipitación de los trabajadores. Entre ellos, había al menos, en el momento de girarse la visita, cinco que prestaban sus servicios por cuenta de la empresa administrada por el acusado. Es más, el citado funcionario pudo comprobar de forma personal como uno de ellos realizaba su actividad en una zona con una clara falla de las medidas de seguridad. El Real Decreto 1627/1997, por el que se aprueban las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece en el apartado 3 de su artículo 11 que:

"Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas".

Por tanto, en este caso no se trata de una inobservancia puntual de las medidas diseñadas conforme a la legalidad vigente, que pudieran exonerar de responsabilidad al acusado, a quien no puede exigirse una observancia diaria y en todo punto del lugar de trabajo de las medidas que encargó a personal debidamente cualificado; sino que se aprecia una dinámica insegura generalizada en el ejercicio del trabajo. Esta circunstancia determina el incumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas de garantizar a los trabajadores a su cargo la debida seguridad en el ejercicio de su función de una forma consciente, o por desatención del deber de garante que la normativa le impone, y que se concreta en tres puntos, como argumenta la STS de 14 de julio de 1999:

1.- deber de elección, exigiendo que la delegación se realice en persona con capacidad suficiente para controlar la fuente de peligro

2.- deber de instrumentalización, facilitando al delegado los medios adecuados para controlar la fuente de peligro

3.- el deber de control, incrementando las medidas de cautela específicas para verificar que la delegación se desenvuelve dentro de las premisas de la delegación. Que fue el efectivamente desatendido en este caso.

Por todo ello, procede la desestimación del recurso.

Quinto.-Finalmente vamos a conocer del recurso interpuesto por la representación de Dionisio.

Se argumenta en el recurso que las fallas en los sistemas de seguridad no son imputables a la empresa promotora, que había cumplido adecuadamente las funciones que legalmente tiene atribuidas en esta materia.

El reiterado RD 1627/97 establece como obligaciones el promotor:

1.- Designar un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (art. 3.2)

2.- Elaborar un estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud (según las características de la obra proyectada, (art. 4) que deberá realizar un técnico nombrado por el mismo.

Ello no obstante, pese a cumplir dichas obligaciones el promotor, especialmente el profesional, tiene la obligación de supervisar el ejercicio de las funciones delegadas, debiendo evitar una patente desatención. En este sentido ya manifestaba la STS de 11-7-1980:

"...la vigilancia acerca de que se cumplan todas las medidas de seguridad reglamentariamente establecidas viene impuesta con carácter general a todos los que ejercen cargos de mando, desde el arquitecto hasta el simple encargado...";

Como argumentábamos en el Fundamento anterior quien tiene posibilidad fáctica de evitar la situación de peligro y estando jurídicamente obligado a hacerlo, no lo hace, es responsable del mismo. La delegación no supone la general exoneración del responsable directo. Debemos reiterar que en este caso se aprecia un diseño del sistema de seguridad muy defectuoso, lo que resultaba manifiesto al afectar a los sistemas de vallado de los forjados para evitar las caídas. Además era generalizado y con grave riesgo para los trabajadores. En estas condiciones consideramos que era exigible al hoy recurrente actuar para evitar la situación de riesgo, y al no hacerlo infringió un deber da garante legal y jurisprudencialmente establecido, que determina su responsabilidad como autor del delito.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso.

Sexto.-Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.


PARTE DISPOSITIVA


 
FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Ángel Daniel, Dionisio y Jesús, contra la sentencia de fecha 22/05/08 dictada por el Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO PENAL Nº 7 DE ALICANTE, debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución; declarando de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciendo constar que contra la misma no cabe recurso alguno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo, acompañados de Certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de efectividad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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