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Sentencia A.P. Madrid 131/2010 de 12 de marzo


 RESUMEN:

Seguridad e higiene en el trabajo: Responsabilidades del director gerente de la empresa y del segundo jefe de taller y de personal de la empresa, en el accidente de un peón en el manejo de unas máquinas que carecían de las más elementales medidas de seguridad, sufriendo el atrapamiento de una mano, causándole lesiones graves y secuelas.

 

JUICIO ORAL Nº 143/2007.

JUZGADO DE LO PENAL Nº 1 DE GETAFE.

S E N T E N C I A

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION SEXTA

ILMOS. SRES.

MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JESUS SERRANO GASSENT

D. JOSE MANUEL FERNANDEZ PRIETO GONZALEZ

D. JULIAN ABAD CRESPO

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En Madrid, a 12 de Marzo de 2010.

VISTAS, en segunda instancia, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Madrid, las presentes Diligencias seguidas por el trámite de procedimiento abreviado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por D. Darío y D. Evaristo contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe, de fecha 2 de Junio de 2009 en la causa citada al margen.

VISTO, siendo Ponente el Magistrado de la Sección, Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JESUS SERRANO GASSENT, quien expresa el parecer de la Sala.


I. ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe, se dictó sentencia, de fecha 2 de Junio de 2009, siendo su relación de hechos probados como sigue: "De una valoración conjunta de la prueba practicada en el plenario, se declara como probado que los acusados, Darío y Evaristo, ambos mayores de edad y carentes de antecedentes penales, siendo el primero de ellos directos gerente y el segundo jefe de taller y de personal de la empresa Segura Hermanos S.A., responsables por ello en materia de seguridad e higiene en el trabajo a fecha de enero de 2003, momento en el que prestaba sus servicios como peón y desde el 27-7-2001 Jaime quien tenía a su cargo, junto a otros cinco obreros, el manejo de maquinas denominadas equipos mecanizados Eubama, maquinas de treinta años de antigüedad cuyo trabajo se realizaba en tres fases: introducción de piezas por delante, comprobación de medidas por detrás y producción de las piezas, estando en las tres fases la máquina en funcionamiento, máquinas que a fecha de los hechos carecían de las más elementales medidas de seguridad, lo que fue puesto de manifiesto por el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la referida empresa en reunión de 20 de octubre de 2000 y en el informe de revisión de la evaluación de riesgo realizado por Ibermutuamur el 22 de febrero de 2002.

En tales condiciones, Jaime prestaba sus servicios el 21 de enero de 2003 en el equipo mecanizado Eubama, cuando al intentar sacar una pieza en el área de trabajo de la máquina, sufrió atropamiento de la mano derecha que le causó lesiones consistentes en lesión articular interfalángica distal con pérdida de sustancia y arrancamiento de los tendones flexores del tercer y cuarto dedos de la mano derecha, lesión en lecho y pulpejo del segundo dedo de la mano derecha, fractura interarticular distal de la falange media del tercer dedo y fractura de falange distal del cuarto dedo, lesiones que curaron a los 111 días con impedimento laboral durante los mismos e ingreso hospitalario durante tres días, precisando de una primera asistencia facultativo y tratamiento médico consistente en dos intervenciones quirúrgicas y tratamiento rehabilitador. Sufre secuelas consistentes en anquilosis en articulaciones interfalángicas distales del tercer y cuarto dedo de la mano derecha con cierta pérdida de fuerza, temblor intencional y alteraciones sensitivas así como importante daño estético. El perjudicado ha sido indemnizado por la empresa Segura Hermanos y nada reclama".

Siendo su fallo del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a D. Darío y a D. Evaristo como autores criminalmente responsables de un delito contra la seguridad en el trabajo, previsto y penado en los artículos 316 y 318 del Código penal, en concurso con un delito de lesiones imprudentes del artículo 152.1.10 y 3, sin concurrencia de circunstancias modificativas, a cada uno de ellos, por el primer delito a la pena de seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, multa de seis meses con cuota diaria de seis euros y arresto sustitutorio del art. 53 CP en caso de impago, y por el segundo delito la pena de 24 días multa (por sustitución de siete arrestos de fin de semana) con cuota diaria de seis euros y arresto sustitutorio del art. 53 CP en caso de impago e inhabilitación especial para ejercicio de profesión durante un año, así como al abono de las costas procesales ocasionadas".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por el Procurador D. Florencio Araez Martínez, en representación de D. Darío y D. Evaristo, recurso de apelación que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- En fecha 20 de Enero de 2010, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación y se señaló para la deliberación y resolución del recurso la audiencia del día 11 de Marzo de 2010, sin celebración de vista.

CUARTO.- SE ACEPTAN los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes


II. FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Se alega como primer y segundo motivo del recuso la indebida aplicación del Art. 316 en concurso con el Art. 152.1.1º, ambos del C. Penal, pues el delito de peligro absorbe el delito de resultado, cuando el peligro no afecta a más trabajadores que al que resultó lesionado, como sucede en el caso de autos, y por ello se está infringiendo el principio nom bis in dem, pues está sancionando dos veces el mismo hecho.

Los motivos no pueden prosperar. La diversa estructura de la protección conferida por el tipo de peligro y los tipos de imprudencia explica que la relación jurídica entre ambas infracciones se ubique en el ámbito del concurso de delitos y no en el seno del concurso de normas. Como ha tenido ocasión de reseñar la jurisprudencia (por todas sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2000 [RJ 2000, 9263] y 4 de junio de 2002 [RJ 2002, 6921 ]), salvo que el riesgo creado por el incumplimiento del deber de facilitar las medidas necesarias para que la actividad laboral se desarrolle en un contexto de escrupuloso respeto a la seguridad personal del trabajador se realice única y exclusivamente en el esfera personal del trabajador cuya vida ha resultado privada o cuya salud se ha visto significativamente menoscabada, en el resto de casos se producirá un supuesto específico de convivencia delictual entre el delito de peligro y el delito de resultado. En concreto: puede existir un concurso ideal de delitos en aquellos supuestos en que, como consecuencia de la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, se produzca la muerte o lesión de un trabajador. La naturaleza supraindividual del delito de peligro conlleva que las relaciones con los delitos de resultado generen un concurso de delitos en todos aquellos casos en los que el peligro se extienda a personas distintas de los trabajadores cuyos bienes jurídicos personales han resultado dañados.

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Junio de 2002 (RJ 2002/6921) dice: "El CP de 1995 ha mantenido, en lo esencial, la regulación del art. 348 bis a) del CP de 1973, procedente de la reforma de 1983. Responde a la idea de adelantar la línea de intervención punitiva y tiene la estructura característica de un delito de omisión y de peligro concreto grave, que lo configura autónomamente de los delitos de resultado y permite la compatibilidad entre ambos si el resultado lesivo se produce, aplicándose como regla general el principio de consunción del art. 8.3º del CP. Así lo estableció esta Sala en la sentencia 1188/1999, de 14 de julio (RJ 1999, 6180), al afirmar que si a consecuencia de la infracción de normas laborales se produce el resultado que se pretendía evitar (muerte o lesiones del trabajador) el delito de resultado absorberá al de peligro (art. 8.3º CP), como una manifestación lógica de la progresión delictiva (aunque se podría aplicar el concurso ideal de delitos cuando el resultado producido constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad).

Ciertamente, cuando como consecuencia de la infracción de normas de prevención de los riesgos laborales se produzca el resultado que se pretendía evitar con ellas (la muerte o las lesiones del trabajador), el delito de resultado absorberá al de peligro (art. 8.31 CP, como una manifestación lógica de la progresión delictiva; mas cuando, como es el caso de autos, el resultado producido (la muerte de uno de los trabajadores) constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad (ya que, como dice el Tribunal de instancia, en la misma situación de peligro se encontraba trabajando la generalidad de los que desempeñaban sus funciones en la obra), debe estimarse correcta la tesis asumida por dicho Tribunal de instancia al entender que ha existido un concurso ideal de delitos".

Y en el presente supuesto, la situación de riesgo significativo para la integridad corporal y salud, abarcó, no sólo al operario que resultó lesionado, sino a todos los trabajadores que desplegaban su actividad laboral en el tipo de máquina donde ocurrió el accidente, que carecían de las medidas exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales y que realizaban dicha actividad de manera incorrecta, y que eran un total de seis trabajadores. Por lo tanto, la convivencia jurídica con la infracción de resultado se resuelve conforme a las pautas marcadas por el concurso de delitos.

SEGUNDO.- El tercer motivo de apelación se fundamenta en la existencia de un error en la valoración de la prueba por parte del Juez a quo, al considerar la parte apelante que las lesiones sufridas por el trabajador fueron consecuencia de la actuación imprudente del mismo, pues procedió a manipular la máquina sin diligencia alguna, pues introdujo la mano en la misma sin apagarla, cuando la máquina dispone de un botón de parada y marcha, que se debe accionar cuando se retira la compuerta de metacrilato que sirve de protección.

Sobre la cuestión planteada debe indicarse que ya es doctrina reiterada la que establece que sin olvidar la extensión de facultades que todo recurso de apelación, por su contenido y función procesal, concede al órgano jurisdiccional que ha de resolverlo aspirando a una recta realización de la justicia, ni que mediante su interposición se juzga de nuevo íntegramente, esta extensión no puede llegar nunca, respecto al enjuiciamiento de la base probatoria, a sustituir sin más el criterio valorativo del Juez a quo por el del Tribunal ad quem, ni mucho menos por el del apelante, ya que no se puede prescindir de la convicción y estado de conciencia de aquél ante quien se ha celebrado el juicio, y es por ello por lo que únicamente cuando se justifique de algún modo que ha existido error notorio en la apreciación de algún elemento probatorio, procede revisar aquella valoración, lo que no sucede en el caso de autos.

El motivo tampoco puede prosperar pues, como acertadamente señala el Juez a quo, las lesiones sufridas por el trabajador fueron consecuencia directa en la ausencia de las debidas medidas de seguridad, siendo dicho trabajador, así como los otros operarios que comparecieron como testigos, los que relataron en el plenario que el lesionado llevaba realizando durante varios años su trabajo en unas máquinas de más de treinta años de antigüedad, que carecían de las más elementales medidas de seguridad para evitar daños personales como los finalmente acontecidos, teniendo que meter la mano para coger las piezas y medirlas sin que hubiese medidas de protección más allá de la de parar por completo la máquina cada vez que se realizase dicha labor, algo que por pura lógica resultaba inviable si se quería mantener el ritmo de producción, no siendo hasta después del suceso cuando comenzaron a adoptarse dichas medidas de seguridad. Resulta que las máquinas Eubama no habían sido adaptadas a los requerimientos del Real Decreto 1.215/197 de 18 de Julio, y esta ausencia de medidas de seguridad ya había sido reiteradamente expuesto en informe técnico realizado por Iberrnutuamur casi un año antes del accidente, en e que se proponían como medidas preventivas las de instalar carcasa móvil de protección de área de mecanizado con dispositivo de enclavamiento y bloqueo asociado al movimiento de la máquina, instalar paradas de emergencia, y proteger los engranajes que quedan sin carcasa o bien realizar protección integral del equipo.

En este contexto, Jaime alimentaba el equipo de mecanizado citado, ejecutando tareas de equilibrado y medidas de piezas ya mecanizadas, y en el transcurso de la tarea, intentó sacar una pieza en el área de trabajo de la máquina, siendo atrapada su mano por la fresa y el pisón, al no existir protección para impedir el acceso a esa área. En consecuencia, no cabe imputar el resultado lesivo a la propia actuación del trabajador que resultó lesionado, como pretenden los recurrentes.

TERCERO.- Como tercer motivo se alega el principio de intervención mínima que determina que el C. Penal se debe aplicar sólo a las infracciones más graves, considerando que el hecho enjuiciado no reviste esa gravedad.

El motivo también debe ser rechazada pues como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Febrero de 2006 (RJ 2006/5809) "el derecho penal se rige por unos principios esenciales, entre ellos, el de legalidad y el de mínima intervención.

El primero se dirige especialmente a los Jueces y Tribunales. Solo los comportamientos que son susceptibles de integrarse en un precepto penal concreto pueden considerarse infracción de esta naturaleza sin que sea dable incorporar a la tarea exegética ni la interpretación extensiva ni menos aún la analogía en la búsqueda del sentido y alcance de una norma penal. Ello significa que la limitación que la aplicación de este principio supone imponer la exclusión de aquellas conductas que no se encuentran plenamente enmarcadas dentro de un tipo penal o lo que es igual, pretendiendo criminalizar conductas previamente o en su definición dentro del orden jurisdiccional competente, para delimitar dentro de él las conductas incardinadas dentro de esta jurisdicción y establecer la naturaleza de la responsabilidad para, llegado el caso, trasladarlas a este orden jurisdiccional limitativo y restrictivo por la propia naturaleza punitiva y coercitiva que lo preside.

El segundo supone que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico. En este sentido se manifiesta por la STS 3.10.98 (RJ 1998\6470), que se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina, hasta el punto de convertir en dogma que la apelación al derecho penal como instrumento para resolver los conflictos, es la última razón a la que debe acudir el legislador que tiene que actuar, en todo momento, inspirado en el principio de intervención mínima de los instrumentos punitivos. Principio de intervención mínima que forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal:

a) Al ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos, sino solo aquellos que son mas importantes para la convivencia social, limitándose, además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes.

b) Al ser un derecho subsidiario que como última ratio, la de operar únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal.

Ahora bien, reducir la intervención del derecho penal, como última «ratio», al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal.

Por otra parte, el principio de intervención mínima sólo se entiende cabalmente si se le integra en un contexto de cambio social en el que se produce una tendencia a la descriminalización de ciertos actos -los llamados «delitos bagatelas» o las conductas que han dejado de recibir un significativo reproche social- pero también una tendencia de sentido contrario que criminaliza atentados contra bienes jurídicos que la mutación acaecida en el plano axiológico convierte en especialmente valiosos. Esto último nos debe poner en guardia frente a determinadas demandas que se formulan en nombre del mencionado «principio»".

Aplicando lo expuesto al caso de autos considera este Tribunal, compartiendo el criterio del Juez a quo, que los hechos enjuiciados tienen caracteres de delito, estando ante un comportamiento que se integra en los Art. 316 y 152.1.1º del C. Penal, y si por este Tribunal se considera que los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito de lesiones imprudentes, resulta superflua la invocación del principio de intervención mínima pues no resultaría de aplicación al caso de autos.

Deduciéndose de todo lo expuesto la procedencia de desestimar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la sentencia recurrida en su integridad, declarando de oficio las costas de esta alzada, al no haber mérito para su imposición al apelante, pues si bien el recurso ha sido rechazado, se trata de un recurso fundado.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.


F A L L A M O S


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Florencio Araez Martínez, en representación de D. Darío y D. Evaristo, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe, de fecha 2 de Junio de 2009, y a los que este procedimiento se contrae, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Siendo firme esta Sentencia desde ésta fecha, por no caber contra ella recurso alguno, devuélvase la causa original junto con su testimonio al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento, una vez notificada a las partes.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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