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Sentencia A.P. Madrid 120/2010 de 22 de marzo


 RESUMEN:

Seguridad laboral: Empleado que trabajaba con una máquina taladradora aprisionandose la mano con la misma, contribuyendo la propia distracción del trabajador, que accionó el pedal de la máquina en el momento en que no debía y no siendo informado por ninguno de los acusados de la necesidad de utilizar las pinzas-imán, que existían en la empresa para la utilización de la referida máquina, para prevenir riesgos laborales. Por el aprisionamiento sufrió amputación traumática. Condena al administrador de la empresa que contrató al trabajador, quien no se aseguró suficientemente de que le fuera proporcionada la información que su puesto concreto de trabajo exigía; al coordinador en materia de prevención de riesgos laborales y al encargado del desarrollo del trabajo, quienes tampoco proporcionaron esa información.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN SEGUNDA

MADRID

Rollo: APELACION PROCTO. ABREVIADO 66 /2010

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 67 /2009

Órgano Procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 21 de MADRID

S E N T E N C I A Nº 120/2010

ILMAS. SRAS.

PRESIDENTA DÑA. Mª DEL CARMEN COMPAIRED PLO

MAGISTRADA DÑA. MARIA DEL ROSARIO ESTEBAN MEILAN

MAGISTRADO D. RAFAEL ESPEJO SAAVEDRA SANTA EUGENIA

En MADRID, a veintidós de marzo de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el Juicio Oral 67/2009 procedente del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, seguido por un delito contra los derechos de los trabajadores, siendo partes en esta alzada como apelantes Alfonso, Demetrio, Horacio; como apelado el Ministerio Fiscal.

Habiendo sido designada Ponente la Magistrado Ilma. Sra. Dª. MARIA DEL ROSARIO ESTEBAN MEILAN, quien expresa el parecer de esta Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el día 30 diciembre 2009 que contiene los siguientes Hechos Probados: "Se declara probado que con fecha 13 de junio de 2005 Patricio comenzó a prestar sus servicios para la empresa MOYCOSA S.A, en virdu de contrato de puesta a disposición con la empresa RANDSTAD ETT, como "ayudante de soldador" con la categoría profesional de "mozo", para lo que había recibido previamente la requerida formación.

La empresa usuaria, MOYCOSA S.A, le destinó al taller de cerrajería, encargándole la tarea concreta de taladrar láminas metálicas para producir tapas para cubos mediante el manejo de una máquina taladradora que las agujeraba y asimismo, les daba su forma característica, tareas estas para la que no había sido formado por la ETT, de tal manera que MOYCOSA S.A, asumía la función de darle la información adecuada sobre el manejo de la máquina taladradora, delegando la empresa la función de tal información en la información verbal proporcionada por el encargado de la empresa, el acusado Alfonso, mayor de edad y sin antecedentes penales, información que resultó ser insuficiente.

Dicho deber de información correspondía, además de al mencionado Alfonso, a los también acusados Demetrio, mayor de edad y sin antecedentes penales, como coordinador en materia de prevención de riesgos laborales a Horacio (también conocido como Horacio como administrador de la empresa MOYCOSA, S.A.

Según informe de la Inspección de trabajo la máquina se identificó como modelo "ERMM 60-110-60000KILOS", fabricada en octubre de 1989 y actuaba como una prensa que se sirve de un émbolo accionado mediante pedal derecho, de modo que el operario debía introducir con la mano la placa a perforar y seguidamente presionar el pedal tantas veces sea necesario hasta conseguir agujerar la lámina, debiendo acompañar la misma con la mano constantemente para permitir su avance hasta el final del proceso, por carecer la máquina de un mando a distancia que hiciera innecesaria la constante utilización de las manos o bien contara con un dispositivo de accionamiento que permita la parada total.

El día 15 de junio de 2005, cuando Patricio llevaba solo tres días trabajando, habiendo recibido como instrucciones de manejo de la taladradora las que le fueron proporcionadas personalmente por el acusado Alfonso, se aprisionó los dedos de la mano derecha con la referida máquina, a lo que contribuyó la propia distracción del trabajador, que accionó el pedal manual de la máquina en el momento en que no debía y el hecho de que no hubiera sido informado por ninguno de los acusados de la necesidad de utilizar las pinzas-imán, que existían en la empresa para la utilización de la referida máquina, para prevenir riesgos laborales.

La empresa MOYCOSA S.A, calificó el accidente como leve en el correspondiente parte, por lo que no lo notificó a la Inspección de Trabajo.

Como consecuencia de los hechos Patricio sufrió amputación traumática de las falanges distales 2º y 3º dedo de la mano derecha, habiendo requerido, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento quirúrgico con remodelación de muñones y sutura, analgesia, antiinflamatorios y antibióticos, curando a los 30 días, que fueron impeditivos para sus ocupaciones habituales todos ellos, siendo tres de ellos de hospitalización, quedándole como secuelas la completa amputación de la falange distal del 2º dedo, valorada en seis puntos por el Médico Forense, y de la falange media y distal de tercer dedo, ambos de la mano derecha, valorada por el Médico Forense en seis puntos, dándole el Forense la calificación de perjuicio estético moderado.

Patricio ha renunciado, a través de su representación procesal, a ser indemnizado en el procedimiento, al haber llegado a un acuerdo extrajudicial las partes.".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece: "Que debo condenar y condeno a Alfonso, Demetrio y Horacio (también conocido como José), como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal a la pena, a cada uno de ellos, de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo y seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros y responsabilidad personal para el caso de impago por insolvencia a razón de un día de arresto por cada dos cuotas de multa que dejaren de abonar y como autores de una falta de lesiones por imprudencia leve del art. 621.3 del Código Penal a la pena, a cada uno de ellos, de diez meses de multa, con una cuota diaria de seis euros y responsabilidad personal para el caso de impago por insolvencia a razón de un día de arresto por cada dos cuotas de multa que dejare de abonar, que podrá cumplirse mediante la localización permanente, con condena al acusado al pago a cada uno de los acusados de una tercera parte de las costas del presente procedimiento.".

SEGUNDO.- Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Alfonso, Demetrio, Horacio, que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial el día 12 marzo 2010, se formó el correspondiente rollo de apelación y se señaló día para la deliberación el 22-03-2010.


HECHOS PROBADOSSe aceptan y dan por reproducidos íntegramente los que como tales figuran en la sentencia apelada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Centran los apelantes su alegato contra la sentencia recurrida en base a los siguientes motivos:

.- Error en la apreciación de las pruebas y consecuentemente vulneración del principio in dubio pro reo. Por cuanto que únicamente el testigo Patricio, manifiesta que las pinzas para el manejo de la máquina no le fueron entregadas, cuando tal declaración fue contradicha por las declaraciones de los acusados. Que la declaración del trabajador lesionado carece de los requisitos que establece la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para considerarla suficiente a fin de enervar por sí, la presunción de inocencia. Que las lesiones de la mano se debieron a una distracción del propio trabajador. Tuvo información suficiente sobre el manejo de la máquina y se le entregó el material, para su utilización.

.-Por aplicación indebida de un precepto legal. Se reitera la existencia de versiones contradictorias y la falta de pruebas de cargo suficientes, para acreditar la base fáctica, de aplicación de los artículos tres 316,318 y 621.3 del código penal, puesto que no se da en las personas de los acusados, los elementos del tipo necesarios para imputarles la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores ni de una falta de lesiones por imprudencia.

Los acusados cumplieron con su deber de información y de formación del trabajador perjudicado; fue concretamente Alfonso como encargado de la empresa, quien instruyó al trabajador en el uso de la máquina y en los riesgos de su utilización, todo ello bajo la supervisión del coordinador de medidas de seguridad Demetrio, quien observó como el encargado enseñaba al trabajador y una vez de ello supervisaba su trabajo.

El trabajador perjudicado sabía que pisaba el pedal y el cilindro bajaba; y si tenía la mano metida, ahí se quedaba; la máquina en cuestión es de fácil manejo, ya que si no se pisa el pedal que acciona el cilindro, este no baja, por lo que el riesgo es mínimo. El encargado supervisaba siempre su trabajo.

SEGUNDO.- Antes de proceder al análisis de los recursos debe hacerse la siguiente consideración: la construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena, sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en Primera Instancia el valor material probatorio disponible, para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El Juzgador en Primera Instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, en este caso con la inestimable ayuda de la grabación del Juicio en formato DVD. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del Juzgador de Primera Instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

No sucede así en este caso; las alegaciones de los recurrentes no ponen de manifiesto más que su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Magistrada del Juzgado de lo Penal, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en Primera Instancia.

Así las cosas, la valoración efectuada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez de lo Penal, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante ella practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno.

En este sentido, es preciso recordar que, como señalaba la STS 251/2004, de 26 de febrero, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

En concreto la valoración de la prueba ha sido correctamente efectuada por quien redacta la sentencia apelada y no por el hecho de ser Juzgadora en Primera Instancia, sino por la justificación que realiza en su sentencia de dicha valoración, los argumentos que expone para ello y el resultado del Juicio Oral reflejado en la grabación del mismo en formato audiovisual.

TERCERO.- Dicho esto y en cuanto al primer motivo alegado. El recurso no puede prosperar. La valoración de la prueba es válida y el análisis del razonamiento deductivo del Juzgador es conforme a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, las declaraciones prestadas por la víctima, se han estimado suficientes para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, ya que carecen de incredibilidad, son verosímiles y se ha mantenido con contundencia en el tiempo.

Las reglas básicas y consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y operabilidad del derecho a la presunción de inocencia, pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, como las sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien, por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función (artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente supuesto, la Juzgadora de Instancia ha contado con material probatorio suficiente para destruir tal presunción, puesto que ha tomado en consideración la declaración declaración de la víctima, quien conforme razona (al folio 14) de su sentencia, "ya cuando denuncia los hechos, manifiesta que el encargado le entregó un mono de trabajo y unos guantes, ratificando tan denuncia ante el juzgado instructor (folio 20). Que cuando declara en el acto del juicio es más explícito, manifestando que el encargado le facilitó unos guantes de cuero y nada más, manifestando que la pinza, que le es exhibida en el acto del juicio, en ningún momento se la enseño Alfonso. Y en cuanto a la formación recibida, manifiesta que el encargado Alfonso le dijo como tenía que manejar la máquina, que le hizo demostraciones, metiendo la mano sin usar tampoco las tenazas y que únicamente la advirtió que tuviera cuidado con la mano que "si se la pillaba ahí se quedaba", como de hecho sucedió con el resultado de la amputación de sus dedos. No sólo la declaración del testigo resulta coherente y sincera, reconociendo que el pisar el pedal se debió a una distracción suya, sino que viene avalada por otros indicios...". Por tanto hay actividad probatoria y no precisamente mínima y además actividad probatoria más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. pues, señala la declaración del trabajador, testigo Marcial, expresando la sentencia como" quien al declarar ante el juzgado instructor(folios 81 y 82) manifestó que la empresa les daban botas de seguridad, gafas y auriculares para protección del ruido, guantes y mono, a cada uno según su trabajo, así como que no sabía si Patricio tenía unas pinzas, que no sabía si se utilizaban en la empresa, que a él no le dieron pinzas en todo caso, que él utilizó la máquina sin pinzas y que, además, esto resultaba más cómodo. Dicho testigo, es cierto que sigue siendo trabajadores de MOYCOSA, matiza su declaración en el acto del juicio diciendo que él siempre que uso la máquina fue para cortar y que usaba la mano porque esa función no se puede hacer con la pinza, que la empresa les daba esas pinzas, pinzas que había que usar para embutir, que Patricio las está utilizando, que la pinza estaba y que no sabe si la dejaría en algún momento, manifestando que cuando declaró ante el Juzgado no entendió la pregunta. Pues bien, lo cierto es que resulta más creíble su declaración vertida ante el Juzgado Instructor con inmediación a los hechos, debiendo tenerse en cuenta que el testigo sigue trabajando en la empresa de los acusados y puede tener interés en el pleito".

Por lo expuesto, se deduce el Juzgador de Instancia ha realizado un juicio lógico, con prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y que los artículos han sido perfectamente aplicados conforme expresa en su fundamento jurídico segundo.

Y es más, a juzgar por la documental obrante en las actuaciones, a la que también hace referencia la sentencia folios 110 y 111, relativos al contrato firmado por él perjudicado, éste fue contratado como ayudante de soldador, con la categoría profesional de mozo en el centro y que el objeto de dicho contrato es: "exceso de tareas en montaje de legos de la empresa", tal objeto del contrato, resulta bastante impreciso, pero el hecho de ostentar el trabajador la categoría de mozo, y de haber sido destinado al taller de cerrajería con tal categoría, hace presumir que el trabajador, por edad y categoría profesional no estaba preparado para desempeñar las tareas adjudicadas, con o sin explicaciones, pero si encima no le fueron dadas estas, se produjo, lo que era previsible y evitable que se produjera, al utilizar maquinaria (taladradora embutidora) para taladrar las láminas metálicas con el fin de producir tapas para cubos, pues, el manejo de la máquina taladradora que las agujereaba, parece no ser función a desempeñar por un mozo. Así, del informe de la inspección de trabajo, donde se identifica la máquina se deduce que la máquina" actuaba como prensa que se sirve de un émbolo accionado mediante pedal derecho, de modo que el operario debe introducir con la mano la placa a perforar y seguidamente presionar el pedal tantas veces sea necesario hasta conseguir agujerear la lámina, debiendo acompañar la misma con la mano constantemente para permitir su avance hasta el final del proceso, por carecer la máquina de un mando a distancia que hiciera innecesaria la constante utilización de las manos o bien contara con un dispositivo de accionamiento que permita la parada total". Es decir para el manejo de tal máquina, se necesita de una pericia y preparación que no tenía, ni tampoco ostentaba, por su categoría profesional, el trabajador accidentado. Igualmente y de la pericial practicada, según se deduce de la propia sentencia, las pinzas son de difícil o complicada utilización.

La calificación jurídica no se impugna, se impugna la base fáctica para su aplicación, resultando ésta probada por las razones anteriormente expuestas. En cuanto a la participación en los hechos de los tres acusados este Tribunal comparte la decisión tomada por el Juez de Instancia en lo que se refiere a la responsabilidad del empresario que al tratarse de persona jurídica,su responsabilidad recae en el administrador o encargado del servicio, y no sólo en quien ostente jurídicamente dicha condición, sino también todos aquellos que ejerzan de hecho facultades de dirección y organización sobre la prestación laboral y conforme establece el artículo 318 del Código Penal, en aquellas personas pertenecientes a la plantilla de la empresa que careciendo de poder de decisión, se hallan en situación idónea por su perfil profesional para evitar el peligro, al ocupar en relación al sujeto activo la posición de garante, de su seguridad. Así la sentencia, que plenamente comparte este Tribunal, refiere como Horacio, no evitó la situación de peligro, pues, como empresario no proporcionó o se aseguró suficientemente, de que al trabajador lesionado le fuera proporcionada la información, que su puesto concreto de trabajo llevaba implícito, información que no le fue tampoco proporcionada por Demetrio como coordinador en materia de prevención de riesgos laborales ni por Alfonso encargado de la vigilancia del desarrollo del trabajo que le incumbía.

Igualmente se imputa la falta de lesiones por imprudencia porque aunque fue el trabajador el que acciono el pedal manual de la máquina, que estaba utilizando, debido a una distracción, como él mismo reconoce. Las causas mediatas que contribuyeron a la falta de producción del resultado serían la falta de una formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales en relación al puesto concreto de trabajo al que se le había destinado e incluso a juicio de este Tribunal porque su categoría profesional no le permitía desempeñar el trabajo que desempeñaba.

Por todo lo expuesto, los motivos deben de ser desestimados y en consecuencia confirmar íntegramente la resolución recurrida.

CUARTO.- No concurren circunstancias que justifiquen la imposición de las costas de este recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación formulados por Alfonso, Demetrio, Horacio, contra la sentencia de fecha 30 diciembre 2009, dictada por el Juzgado Penal nº 21 de Madrid en el Juicio Oral nº: 66/2009 confirmando la mencionada resolución. No debemos hacer imposición de las costas de este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Notifíquese esta resolución a las partes.

Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la cual se llevará certificación al Rollo de su razón y a los autos de que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dª MARIA DEL ROSARIO ESTEBAN MEILAN, estando celebrando audiencia pública. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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