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Sentencia A.P. Granada 235/2010 de 16 de abril


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: Homicidio imprudente. Atenuantes: Circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño. Medidas de seguridad laboral: Responsabilidad de la empresa promotora. Arquitectos: Absolución, ya que el proyecto de ejecución redactado es conforme a derecho. Caída al vacío: Responsabilidad del jefe de obra, ya que el trabajador no disponía de ningún medio, ni individual, ni colectivo, para impedir su caída. Responsabilidad civil: Seguro. Arquitectos técnicos: Responsabilidad por supervisión del cumplimiento del Plan de Seguridad.

Sección Segunda.

Rollo de apelación penal núm. 398/2009.

Causa núm. 383/2008 del

Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada.

(Ejecutoria núm. 802/2008)

Ponente: Sra. María Aurora González Niño.

S E N T E N C I A NÚM. 235/2010

dictada por la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, en nombre de S. M. El Rey.

Ilmos. Sres:

José Juan Sáenz Soubrier

Dª María Aurora González Niño

D. Juan Carlos Cuenca Sánchez

En la ciudad de Granada, a dieciséis de abril de dos mil diez, la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial, formada por los Sres. Magistrados

al margen relacionados, ha visto en trámite de apelación la Causa núm. 383/2008 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 208/2007 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Granada, seguido por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y de homicidio por imprudencia contra los acusados Bruno, representado por el Procurador D. Carlos Carvajal Ballesteros y defendido por el Letrado D. Fernando Tapia Ceballos, Elias, representado por la Procuradora Dª Antonia María Cuesta Naranjo y defendido por el letrado D. Fernando Wilhelmi Ferrer, Gabriel, con igual representación y defensa que el anterior, y Jaime, apelante, representado por la Procuradora Dª María Cristina Barcelona Sánchez y defendido por el Letrado D. José Antonio Pedreira López-Membiela, ejerciendo la acusación pública el MINISTERIO FISCAL, impugnante.


ANTECEDENTES DE HECHO.


 
PRIMERO.- En el expresado procedimiento recayó sentencia con fecha 3 de diciembre de 2008 que, dictada por conformidad entre las partes, declara probados los siguientes hechos:

"Que sobre las 17,55 horas del día 2 de octubre de 2006, los trabajadores de la empresa hermanos Hita 2000 S.L., Pio de 29 años de edad, Vicente, Luis Alberto y Alejandro, se encontraban trabajando en las obras que la empresa COSTA FENICIA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. (y domicilio en Urb. Lindaraja, 2 de Almuñécar), como empresa promotora, había contratado con la empresa CONSTRUCCIONES HITA S.L. (con domicilio en calle Ingeniero Santa Cruz, de Granada) para la ejecución de la obra de 6 viviendas unifamiliares y pareadas, sitas en c/ Luis Rosales e Isaac Albéniz, en la granadina localidad de La Zubia, partido judicial de Granada, conforme al proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto D. Jaime.

Pio, estaba deambulando en una de las casas en construcción de referencia, en la parte exterior de la primera planta, y siguiendo instrucciones del jefe de obras, pasó a la parte exterior del tabique de ladrillo que había realizado, para quitar la rebaba de cemento sobrante de los mismos, y de repente, sin motivo aparente, cayó al vacío desde una altura aproximadamente de 5 metros, lo que le causó la muerte en el acto, quedando alojado en un foso que tenía una profundidad de 2 metros aproximadamente desde la rasante.

El finado no tenía hijos y convivía de manera estable more uxorio con Concepción. Su puesto de trabajo era de ALBAÑIL con la categoría de OFICIAL DE PRIMERA y trabajaba para la mencionada empresa HERMANOS HITA 2000 SL desde el día 02 de ese mismo mes y año.

La citada empresa HERMANOS HITA 2000 SL tenía concertado el correspondiente contrato de seguro de responsabilidad civil que cubría los hechos derivados de la ejecución de las citadas oras, con la compañía REALE SEGUROS.

El acusado Bruno, era dueño de la empresa constructora y había asumido las funciones de jefe de obras.

Jaime era el arquitecto redactor del estudio básico de seguridad y salud, y el coordinador de seguridad y salud en la obra DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, correspondiendo dicha coordinación, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN a lo arquitectos técnicos Gabriel y Elias. Tanto en dicho estudio, como en el posterior Plan de Seguridad, que fue realizado por los citados arquitectos técnicos y aprobado por la dirección facultativa de la obra (Jaime), se exponía su valoración favorable acerca de la idoneidad del equipo técnico de la mencionada constructora para llevar a cabo las obras, precisando entre los riesgos que contemplaba, la caída de personal por el borde o huecos del forjado, entre otras, y mencionándose respecto de dicho riesgo, como medidas preventivas, la instalación de barandillas reglamentarias sólo en los frentes de aquellas losas horizontales para impedir la caída al vacío de personas, si bien no alude el uso de barandilla perimetral. En cuanto a medidas de protección individuales para afrontar el indicado riesgo se relacionan entre otras, el uso de casco de polietileno, y cinturones de seguridad.

Según la Inspección de Trabajo, en el lugar en que se encontraba trabajando, había una altura total aproximada de 5 metros y no se instaló ningún tipo de protección colectiva, careciendo el perímetro de barandilla y de una protección intermedia que impidiese la caída o deslizamiento de cualquier trabajador, lo que fue la causa del accidente mortal del trabajador indicado, es decir, no existía red anticaídas o malla de protección, y el trabajador no se encontraba atado mediante cinturón de seguridad o arnés (equipo de protección individual). Se infringió así el art. 4.2d), y 19.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Dto. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE 29-3) en relación con el art. 14.2 de la Ley 3 1/1995 de noviembre (BOE del 10 - sic) y la parte e, 3ª del Real Dto. 1627/97 de 24 de octubre (BOE del 25).

El acusado Jaime había girado visita técnica a la obra una semana antes del accidente, sabiendo que se habían acabado los trabajos de estructura y comenzaban los de albañilería, y no consta que se apercibiera ni siquiera de la falta de colocación de las barandillas necesarias -las perimetrales- para evitar caídas como la que se produjo, dado que no las había previsto. Y si no se apercibió, es claro que no ejerció adecuadamente las labores de vigilancia y control correspondientes. Y si, por el contrario, tuvo conocimiento de esta ausencia de medidas de seguridad, debió ponerlo en conocimiento del contratista y en su caso del promotor de la obra, para que adoptaran las decisiones oportunas, o por lo menos haberlo hecho constar en el libro de incidencias, llegado incluso a paralizar la obra cuando hubiera habido un peligro inminente y grave para la vida e integridad física de los trabajadores. Todo lo cual resulta igualmente predicable respecto de los otros tres (sic) acusados arquitectos técnicos, entre cuyas funciones se encontraba supervisar el cumplimiento del Plan de Seguridad, y por tanto en el ámbito de sus respectivas competencias, tampoco procuraron la adopción de los referidos medios de seguridad. Respecto del jefe de obra, a la sazón contratista, otro tanto debe manifestarse, pues desde luego estaba legalmente obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñasen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas que habrían evitado el resultado aludido.

La perjudicada ha sido indemnizada y nada reclama".

y contiene el siguiente FALLO:

"Que debo CONDENAR Y CONDENO a Bruno, Elias, Gabriel y a Jaime, como autores de un delito de homicidio imprudente en concurso con un delito contra el derecho de los trabajadores a tres meses de prisión a cada uno, con privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena y al pago de las costas sin incluir las de la acusación.

//....//

Procédase a la ejecución de la sentencia al haberse declarado la presente firme en el acto del Juicio Oral.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso únicamente fundado en no haberse respetado los requisitos o términos de la conformidad a interponer en 10 días ante la Ilma. Audiencia Provincial, definitivamente juzgando y de la que se unirá certificación a la causa de su razón, lo pronuncio, mando y firmo".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, y pese a la ambigüedad de su parte dispositiva sobre su carácter firme pero con posibilidad de ser susceptible de recurso de apelación, el Juzgado, antes de transcurrir el plazo legal de diez días para la interposición de un eventual recurso de apelación, ordenó la incoación de la correspondiente Ejecutoria, en la que se han venido practicado sucesivas diligencias para la ejecución de la sentencia.

Dentro del plazo de dos días prevenido por el art. 267 de las Ley Orgánica del Poder Judicial desde la notificación de la sentencia, las representaciones procesales de los acusados instaron la rectificación del error advertido en el fallo de la sentencia al condenar por el delito contra los derechos de los trabajadores, cuando dicho cargo fue expresamente suprimido por el Ministerio Fiscal al formular en el acto del juicio oral sus conclusiones definitivas a efectos de la conformidad aceptada por las partes. Dicha solicitud de aclaración fue rechazada por el Juzgado en providencia de fecha 7 de enero de 2009, que reiteró después, en providencia de fecha 15 de enero de 2009, a la petición de aclaración formulada por la representación procesal del condenado Sr. Jaime una vez unida a los autos.

Y antes de transcurrir diez días hábiles a contar desde la notificación de dicha última providencia, el Sr. Jaime promovió ante el Juzgado el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial referido a la propia sentencia, y subsidiariamente "ad cautelam", para el supuesto de que se acordara la inadmisión del incidente, interpuso recurso de apelación contra la propia sentencia, en el cual, tras exponer los motivos que estimaba oportunos, terminaba con el suplico de que se revocara la sentencia apelada en la parte recurrida y en su lugar se dictara otra por la cual se condenara al acusado Sr. Jaime, como autor de un delito de homicidio imprudente, a la pena de tres meses de prisión y demás pronunciamientos del fallo, excluyendo la condena por el delito contra los derechos de los trabajadores.

TERCERO.- Por auto de fecha 23 de febrero de 2009, el Juzgado decidió inadmitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte, sin pronunciamiento sobre el recurso de apelación subsidiariamente formulado ad cautelam; instado por la parte al Juzgado que se admitiera a trámite dicho recurso de apelación contra la sentencia misma, el Juzgado, malinterpretando dicha solicitud, declaró que lo que admitía a trámite era un recurso de apelación contra el propio auto (irrecurrible según el citado precepto de la Ley Orgánica), por lo que, sustanciada dicha apelación de la que conoció esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial, por auto de fecha 18 de septiembre de 2009 la Sala se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso admitido a trámite por ser inexistente y, haciendo presente al Juzgado el error cometido, se le instó a que resolviera lo que estimara procedente sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de apelación contra la sentencia misma.

CUARTO.- Admitido a trámite por el Juzgado el recurso de apelación contra la sentencia, y conferido traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a los demás acusados, el Ministerio Fiscal lo impugnó interesando la desestimación del mismo, sin que las demás partes formulasen alegación alguna.

QUINTO.- Remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, se acordó, dentro de las posibilidades del Tribunal, quedaran para votación y fallo el día 13 de abril de 2010 al no estimar necesaria la celebración de vista.

SEXTO.- Se han observado las prescripciones legales del trámite, y ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Aurora González Niño.


FUNDAMENTOS DE DERECHO.


 
PRIMERO.- Tras diversas vicisitudes procesales acaecidas después del dictado de la sentencia de conformidad que definitivamente puso fin al proceso en su fase declarativa, que han dado lugar incluso al archivo provisional de la Ejecutoria una vez ejecutados todos los extremos del fallo de aquella sentencia (a la espera de que transcurran los plazos legales para la remisión definitiva de la pena suspendida a los cuatro condenados), se ha sometido a este Tribunal de apelación la revisión de la sentencia condenatoria misma, en el recurso de apelación finalmente admitido al condenado Sr. Jaime, interpuesto al amparo del art. 787-7º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por entender que aquella sentencia se apartó de los términos de la conformidad que la motivaron, al haber condenado a los acusados por un cargo delictivo -el delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de delito contra la seguridad en el trabajo que tipifica el art. 316 del Código Penal - que fue expresamente excluido del escrito de acusación que presentó a estos efectos el Ministerio Fiscal al inicio del acto del juicio oral expresando que "lo suprimía" en referencia al escrito de acusación primitivo de esa parte que sí se lo imputaba a los acusados en concurso medial del art. 77 del Código Penal con el delito de homicidio imprudente del art. 142-1 de que también les acusaba y cuyo cargo mantuvo. Para la parte, la inclusión de ese cargo "suprimido" tanto en la calificación jurídica de los hechos realizada en el primer fundamento de Derecho de la sentencia, como en el fallo condenatorio indicando la concurrencia de ambos delitos, cuando la conformidad entre las partes tan sólo alcanzó el cargo por el delito de homicidio imprudente, constituye un apartamiento intolerable de los términos de la conformidad misma, que debe dar lugar a la revocación de la sentencia apelada en este exclusivo punto.

SEGUNDO.- La obstinada resistencia del Juez de instancia a rectificar este extremo de la sentencia por dos veces, tanto al negarse a resolver la solicitud de aclaración formulada en tiempo por todos los condenados como al inadmitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el hoy apelante en el escrito donde, subsidiariamente y ad cautelam, formuló el recurso que ahora nos ocupa (quizá por la perplejidad que le causó la paradoja de que la propia sentencia proclamaba su firmeza pero al mismo tiempo permitía a las partes la posibilidad de interponer recurso de apelación sobre los extremos de la conformidad), carece a nuestro juicio de cualquier tipo de justificación, pues si al parecer del Juez a quo, así expresado en esas dos resoluciones posteriores, el régimen de concurso medial entre el delito de homicidio imprudente y el delito contra la seguridad en el trabajo respondía a una más correcta calificación jurídica de los hechos, nunca debió admitir la conformidad y menos aún dictar la sentencia acogiéndola, sin ordenar la continuación del juicio oral, para hacer por su cuenta en ella una calificación jurídica no aceptada por las partes sobre unos hechos en cambio sí aceptados. El Juez tenía la facultad de rechazar el acuerdo inter partes, contemplada en el apartado 3 del art. 787 de la L.E.Criminal, si estimaba que la calificación jurídica de los hechos no erala correcta, y si no lo hizo y aceptó esa conformidad ante él manifestada, debió respetar los términos de la misma, incluida la calificación jurídica, por ser vinculantes tanto para las partes como para el propio juzgador llamado a dictar la sentencia, de cuyos efectos vinculantes no cabe duda con una somera lectura sistemática de la totalidad del precepto indicado. Estimamos que la conformidad entre las partes tal y como se regula en el art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado cual es el caso, partiendo de la aceptación por acusadores y acusados de los hechos, de su calificación jurídica y de las penas correspondientes a esa calificación, debe tener su más fiel reflejo en la sentencia que se dicte al amparo de esa conformidad, y que cualquier desviación en alguno de esos tres conceptos esenciales vulnera la norma procesal y ha de ser por tanto corregido.

TERCERO.- En el presente caso, el Ministerio Fiscal, empleando la fórmula "se suprime"al formular su escrito de acusación a efectos de conformidad, excluyó de la calificación jurídica de los hechos el cargo por el delito contra los derechos de los trabajadores que inicialmente imputaba a los acusados, manteniendo su acusación tan sólo por el delito de homicidio imprudente que es el que, por otro lado, dio lugar a la pena interesada con los efectos reductores en grado de la atenuante muy cualificada de reparación del daño alegada, por cierto no recogida en la sentencia; la expresa condena en la sentencia por ese delito excluido de la calificación no sólo infringe los términos de la conformidad sino que incluso vulnera el principio acusatorio por haber ido más allá de la pretensión de la parte acusadora, manifestándose en un fallo que además de incongruente con la acusación sería incoherente con la calificación misma que contiene la sentencia, pues la pena que se le asigna, tres meses de prisión, tampoco se correspondería con las reglas especiales del concurso medial del art. 77 del Código Penal, que habría obligado o bien a penar por separado los dos delitos concurrentes, o bien a castigar el hecho conforme a la pena prevista para el delito más grave en su mitad superior, dándose la circunstancia en este caso de que, aún con la rebaja en dos grados de la pena prevista para el delito más grave de los dos, el de homicidio, la pena no podría haber sido inferior a cuatro meses y dieciséis días de prisión al ser éste el mínimo de la mitad superior de la pena resultante de esa reducción en grado (entre tres y seis meses de prisión).

Las consideraciones anteriores abocan, pues, a la estimación del recurso interpuesto con revocación del fallo de la sentencia apelada en el sentido de excluir del mismo la condena por el delito contra los derechos de los trabajadores, que deberá extender sus efectos también al resto de los condenados, aún cuando no hayan recurrido ni se hayan adherido a la apelación, por ser consecuencia obligada de la revocación acordada y resultar en cualquier caso más favorable a todos ellos.

CUARTO.- No se advierten motivos para hacer pronunciamiento expreso sobre las costas procesales de la segunda instancia.

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación,


F A L L A M O S


 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª María Cristina Barcelona Sánchez, en nombre y representación del acusado Jaime, contra la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada en la Causa a que este rollo se contrae, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha resolución en el único sentido de excluir tanto de su fundamento de derecho primero como del fallo toda referencia al delito contra los derechos de los trabajadores, condenando a los acusados Bruno, Elias, Gabriel y Jaime, como autores de un delito de homicidio por imprudencia, concurriendo en todos la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño, a cada uno de ellos la pena de tres meses de prisión, confirmando el resto de los pronunciamientos de sentencia; sin declaración expresa sobre las costas procesales de la segunda instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, y devuélvanse los autos al Juzgado remitente, con certificación de la presente para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, contra la que no caben otros recursos que los de revisión y anulación, cuando procedan, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Sra. Dª Aurora González Niño, en audiencia pública celebrada el día de la fecha de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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