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Sentencia A.P. Las Palmas 117/2010 de 30 de abril


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: Absolución del acusado. Plan de Seguridas y Salud: La entidad que está a pie de obra, que ejecuta la obra, es la que debe ejecutar al detalle dicho plan de seguridad y salud, correspondiendo a la misma la obligación de suministrar a sus trabajadores las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de la obra. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos.

 

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SENTENCIA

Rollo nº 109/08

P.Abreviado nº 1095/2006

Juzgado de lo Penal núm. 2 de Arrecife.

ILMOS. SRES:

D. Emilio J. J. Moya Valdés (Presidente)

D. Jose Luis Goizueta Adame (Magistrado)

D. Salvador Alba Mesa (Magistrado)

En las Palmas de Gran Canaria, a treinta de abril de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de P.A. nº 1095/06, Rollo nº 109/08, procedente del Juzgado de lo Penal núm. 2 Arrecife, en el que figura como apelante Juan Francisco representado por el procurador don Manuel de León Corujo y defendido por el letrado don ^Pedro Martín Luzardo, y Eusebio, representado por la procuradora doña iballa Ortega García y defendido por el letrado don Fernando Rodriguez Ravelo, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, y ponente de la misma el Ilmo. Sr. Don Salvador Alba Mesa.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada. Así como la declaración de HECHOS PROBADOS.

SEGUNDO: Por el Juzgado de lo Penal se dictó sentencia con fecha 14 de marzo de 2008 por la que se condena a Juan Francisco y Eusebio como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia.

TERCERO: Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, sin solicitar nuevas pruebas, que fue admitido en ambos efectos, y del mismo se dio traslado a las partes personadas.

CUARTO: Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para sentencia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- examinadas y valoradas las pruebas practicadas en su conjunto, así como los argumentos que han servido al apelante para justificar su recurso, al igual que los propios fundamentos de la sentencia de instancia, únicos medios de que dispone el Tribunal para formar su convicción,no se ha de llegar a la misma conclusión a la que llega el juez a quo.

SEGUNDO.- El Tribunal Constitucional, entre otras en su Sentencia de 14 de octubre de 1997, manifiesta ser reiterada doctrina de dicho Tribunal la de que el derecho a la presunción de inocencia no queda vulnerado cuando el Tribunal de apelación procede a una nueva valoración de la prueba, sustitutiva de la realizada por el Juez a quo. De tal forma que el Juez o Tribunal de Apelación puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo, dado que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen. Y ello por cuanto el recurso de apelación conlleva con el llamado efecto devolutivo, que el juezgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el juez a quo no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba.

TERCERO.- no obstante lo anterior, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación -como en el presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que los acusados sean sometidos a un proceso público, con todas las garantías (artículo 24 de la Constitución), pudiendo el Juzgador de instancia, desde su privilegiada posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de estos, ventajas de las que, en cambio, carece el tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el artículo 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, unicamente debe ser rectificado, bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador " a quo " de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Más concretamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la valoración de la prueba, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia, que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo.

CUARTO.- partiendo del recurso interpuesto por Juan Francisco, y examinados los autos, no comparte el Tribunal el razonamiento y el criterio del juez ad quo.

En primer lugar, y si se dieran por correctos y acertados los razonamientos sobre la participación de este apelante en los hechos de este proceso, lo que no queda claro a la Sala es el título de imputación que el juez ad quo atribuye al mismo. En unas partes de la sentencia se habla de culpa in vigilando, de omisión de deberes de cuidado, y expresiones similares, con referencia a algunos casos a conductas no intencionales. Sin embargo, la condena se produce finalmente por un delito del artículo 316 del CP, esto es, un delito doloso, y la culpa in vigilando o la omisión de deberes de cuidado se traduce en una conducta imprudente, por lo que nunca podría ser objeto de condena el delito del artículo 316 del CP sino el del artículo 317, esto es, el delito imprudente.

Pero prescindiendo de lo anterior, la Sala hace los siguientes razonamientos.

El apelante, o mejor dicho, la entidad ARA KRULICH SA, según consta al folio 196 y siguientes, realiza un Estudio de Seguridad y Salud, aprobado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos, y lo hace por un arquitecto técnico, como bien dice la sentencia. Y al folio 250 de las actuaciones consta un contrato entre ambos acusados, en el que se indica que la ejecución del Plan de Seguridad y Salud corresponde a la entidad MAPAFUER SL. Así las cosas, tenemos que si el apelante elabora y da cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos, con su Estudio de Seguridad y Salud, es evidente que la entidad que está a pie de obra, que ejecuta la obra, es la que debe ejecutar al detalle dicho plan de seguridad y salud, correspondiendo a la misma la obligación de suministrar a sus trabajadores las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de la obra.

El tipo penal del artículo 316 del Código Penal se compone de los siguientes elementos:

1º.- Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

2º.- Omisión del deber de facilitar a los trabajadores los medios necesarios para evitar que se produzca un resultado lesivo.

3º.- Peligro de producirse un resultado lesivo, y conocimiento de ese peligro.

En cuanto al primero, la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales implica su conocimiento, de modo que su desconocimiento daría lugar o podría dar lugar a una conducta imprudente. Por tanto, el dolo, elemento subjetivo del tipo, abarca todos y cada uno de esos tres elementos, y por ello, la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, lo que implica no necesariamente su conocimiento, sino su desconocimiento a sabiendas de que se tiene el deber de conocerlas.

La realidad pone de manifiesto que la mayoría de los siniestros laborales ocurren por conductas imprudentes, bien sea de la propia víctima, bien de la persona encargada de la prevención de los riesgos laborales en la empresa o centro de trabajo. Pero, en muchas ocasiones, ese siniestro viene como consecuencia de una conducta dolosa, entendiendo por dolo, el desconocimiento deliberado de las normas de prevención de riesgos laborales, la dejadez sobre sus aprendizaje. Ciertamente, hoy por hoy, a ningún titular empresarial escapa la obligación que tiene de aplicar y respetar las normas de prevención de riesgos laborales, por lo que si se infringen las mismas y se alega un desconocimiento al respecto, se puede hablar de dolo eventual, en tanto que el titular empresarial sabedor de que necesita, v.gr., un plan de prevención de riesgos laborales, no lo incorpora a su empresa aceptando o consintiendo la posibilidad de que se produzca un resultado dañoso finalmente.

Como sabemos en nuestro Derecho Penal rige el llamado principio de intervención mínima que ha llevado a que nuestro vigente Código Penal reduzca los supuestos punibles a los de imprudencia grave y al doloso. No podemos obviar la circunstancia de que conductas como las que se prevén en el Código Penal con una consecuencia punitiva tienen cabida también en sanciones no penales que son bastante menos eficaces que la pena, de la cual parece que se puedan derivar mayores efectos preventivos.

De conformidad con lo expuesto más arriba, el sujeto activo de los delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 es la persona obligada a acatar y respetar las normas de prevención de riesgos laborales, y por supuesto, el obligado a conocerlas.

Como ya quedó expuesto, nos encontramos ante una norma penal en blanco, es necesaria su integración con las normas reguladoras de la prevención de riesgos laborales. La técnica legislativa de norma penal en blanco, como siempre, plantea a juicio de este autor, no pocos problemas de interpretación y aplicación de las disposiciones del Código Penal. El Código Penal debe ser una norma ágil, una norma de fácil aplicación, una norma que necesite integrarse lo mínimo, pues de lo contrario genera no poca inseguridad jurídica para el ciudadano. Ciertamente, uno de los problemas más llamativos en la aplicación de esta norma penal es el formativo. Son pocos los empresarios, promotores o constructores que reciben una formación básica en materia de prevención de riesgos laborales, amparándose en el hecho de que un técnico, por ellos contratado, va a realizar, v.gr., el estudio de seguridad y salud preceptivo, en fase de proyecto o en fase de ejecución. Sin embargo, recordemos que ello no exime al promotor de su responsabilidad, como hemos visto más arriba. Por eso, en la aplicación de estos tipos penales, deberemos tener muy presente el artículo 14 del Código Penal, regulador, como sabemos, del llamado error, bien sea de tipo o bien de prohibición. Sobre todo este último, configurado jurisprudencialmente como el reverso de la conciencia de antijuricidad, o como la creencia de estar obrando lícitamente. Y no es el supuesto, que veremos más adelante, de delito imprudente. Es un clarísimo ejemplo de error de prohibición. Esto que, ab initio, puede parecer disparatado, en la práctica no lo es, pues muchos promotores carecen de una formación académica o cultural básica, y exigirles el conocimiento de las normas reguladoras de la prevención de riesgos laborales, puede parecer desproporcionado, aunque no lo es. La importancia del conocimiento de estas normas es vital, y debe entenderse literalmente. Existen normas penales que por su paralelismo con las normas morales son de todos conocidas. Por ejemplo, a nadie escapa en la actualidad que no se puede quitar la vida de otra persona. A nadie escapa que robar está castigado con pena de prisión. Y podríamos enumerar un gran número de tipos penales. Sin embargo, otros tipos penales, si bien tienen una base ética, como no puede ser de otro modo, no son conocidos como tales por los sujetos específicos de los mismos, como son los tipos penales que integran una norma penal en

blanco (v.gr. los delitos contra la ordenación del territorio).

Pues para integrar esta norma penal en blanco debe destacarse que el ámbito de aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales, según el artículo 3 de la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) no es solo las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sino que también se extiende a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El artículo 4 de la LPRL considera riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, entendiendo por tal las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Asimismo, esta ley considera riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

Mención especial, y sentado lo anterior, merece el Cap.III de la LPRL en el que se regulan los derechos y obligaciones, fundamental a la hora de integrar el tipo penal que comentamos.

El artículo 14 establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En su párrafo segundo añade en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Esta última exigencia de la Ley ha sido entendida por la Jurisprudencia en el sentido de que el alcance del deber de seguridad impuesto al empresario no se agota con proporcionar medios de protección personal, siendo necesario que la empresa exija y vigile su uso (STS. Sala 3ª de 3 de marzo de 1998).

Luego, el deber de seguridad y salud en el trabajo que alcanza al empresario, al promotor o constructor, se integra en la norma penal en blanco como elemento objetivo del tipo, pues recordemos que este exige la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

Sentado lo anterior, este Tribunal entiende que la entidad representada por el apelante, Juan Francisco, cumplió las normas de prevención de riesgos elaborando el Plan que debió ser ejecutado (además así se había pactado como dijimos) por la entidad MAPAFUER SL, no siéndole exigible mayor diligencia que ésta, toda vez que la ejecución de la obra, la situación de riesgo, a que nos hemos referido estaba ya bajo la supervisión de otra entidad, la entidad MAPAFUER SL.

Por ello, el recurso debe ser estimado en cuanto a la no participación ni consumación de Juan Francisco en los hechos que han sido objeto de este proceso, dictándose pues una sentencia absolutoria en su favor.

QUINTO.- en cuanto al recurso interpuesto por Eusebio, no puede prosperar. Comparte este Tribunal todos y cada uno de los razonamientos jurídicos acertadísimos de la sentencia de instancia en orden a determinar la responsabilidad penal de este acusado, hoy apelante. En efecto, pese a las alegaciones del mismo en orden a que aún siendo administrador la gestión empresarial no la llevaba él, lo cierto y verdad es que los testigos que depusieron en el plenario tal y como manifiesta y recoge el juez en la sentencia, trabajadores de MAPAFUER concluyen que Eusebio era el Jefe, que lo conocían como Jefe, y que por la obra pasaban tanto Ángel Jesús como Eusebio. Luego su responsabilidad para con la empresa MAPAFUER está clara. Y sobre su responsabilidad en cuanto sujeto obligado a dar cumplimiento a las normas de prevención de riesgos laborales, y como persona responsable de facilitar a los trabajadores los instrumentos, efectos y formación precisos para que puedan desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad y salud, debemos reiterar todo lo expuesto con anterioridad en el cuerpo de la presente sentencia. Está claro que el trabajador trabajaba para MAPAFUER y está claro que, según la ley indicada y mencionada y según el contrato estipulado con la otra entidad acusada, era MAPAFUER quien debía ejecutar el Plan de seguridad y Salud, las normas de prevención de riesgo laborales, y que su no ejecución se hizo a título de dolo, dolo eventual, pues el sujeto, el acusado era conocedor, como empresario, de su obligación de respetar y dar cumplimiento a las normas y principios de prevención de riesgos laborales y no lo hizo.

SEXTO.- en cuanto a la solicitud de que se aprecie la atenuante analógica de dilaciones indebidas del artículo 21. 6 del CP, debe ser desestimada por la Sala. En efecto, hemos podido comprobar que pese a la larga duración de la causa la misma no ha estado parada ningún tiempo, sino que su larga duración obedece a la sanidad del lesionada, para lo que hubo de transcurrir casi tres años, a juzgar por le informe del médico forense que es de 2004, y además se tuvo que poner en busca y captura al hoy apelante. Por lo demás, la tramitación ha sido fluida, aunque la necesidad de incorporar documentos a la causa ha dilatado la misma, pero ello es normal en la instrucción de estos asuntos. No debemos obviar la complejidad de los asuntos, como dato importantísimo a la hora de resolver sobre la aplicación o no de dilaciones indebidas. Además, ciertamente comparte este Tribunal los razonamientos del juez ad quo, pues quien alega una atenuante debe argumentar correctamente la concurrencia de la misma, y el peticionario, hoy apelante, no lo hace limitándose a afirmar que la causa se ha extendido mucho en el tiempo, no bastando ello, ante los lógicos y contundentes razonamientos del juez ad quo.

SEPTIMO.- procede la condena del apelante DON Eusebio al pago de las costas procesales causadas.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.


FALLAMOS


 
: que ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por don Juan Francisco, contra la sentencia de 14 de marzo de 2008 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Arrecife, y en consecuencia DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al mismo del delito contra los derechos de los trabajadores y lesiones imprudentes por los que venía siendo acusados.

Que DESESTIMAMOS integramente el recurso de apelación interpuesto por don Eusebio contra la sentencia de 14 de marzo de 2008 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Arrecife, la cual se confirma respecto de la condena del mismo, condenándole igualmente al pago de las costas procesales causadas en esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su notificación, ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado/a Iltmo./a. Sr./a. D./Dña. Salvador Alba Mesa, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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