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Sentencia A.P. Jaén 112/2010 de 10 de mayo


 RESUMEN:

Derechos de los trabajadores: Lesiones imprudentes. Responsabilidad civil solidaria: Entidades aseguradoras y administrador único de una empresa de construcción. Seguridad laboral: No adopción de medidas por la empresa en lo que respecta a las máquinas que carecen de pantalla de protección, que habían sido suprimidas, constituyendo dicha supresión un peligro concreto grave para la salud, la vida e integridad física de los trabajadores.

 

DE

J A É N

JUZGADO DE LO PENAL Nº 2

DE JAEN

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 359 DE 2008

APELACIÓN PENAL Nº 34 DE 2010

ESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN, por las Ilmas Sras. relacionadas al margen, ha pronunciado, EN NOMBRE

DEL REY, la siguiente:

SENTENCIA Nº 112

ILTMAS. SRAS.

PRESIDENTA

Dª. Elena Arias Salgado Robsy

MAGISTRADAS

Dª. Mª Esperanza Pérez Espino.

Dª. María Jesús Jurado Cabrera.

En la ciudad de Jaén, a diez de Mayo de dos mil diez.

VISTA, en grado de apelación, por la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial, la causa seguida ante el Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén, por el Procedimiento Abreviado número 359/08, por el delito CONTRA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES Y LESIONES IMPRUDENTES, procedente del Juzgado de Instrucción nº 3 de Jaén, siendo acusado Severino, cuyas circunstancias constan en la recurrida, representado en la instancia por el Procurador Sr. del Balzo Parra y defendido por el Letrado Sr. Chacón Jiménez, ha sido apelante el acusado y Mapfre Empresas S.A. representada por el Procurador Sr. del Balzo parra y defendida por el Letrado Sr. del Campo Melgarejo, parte apelada Alvaro representado por el Procurador Sra. Cano Vargas-Machuca y defendido por el Letrado Sr. Rodríguez Cruz y el Ministerio Fiscal y Ponente la Ilma Sra. Magistrada Dª. María Jesús Jurado Cabrera.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén, en el Procedimiento Abreviado nº 359/08, se dictó, en fecha 24 de Febrero de 2010, sentencia que contiene los siguientes hechos probados: "Resulta probado y así se declara expresamente que: UNICO: Que el acusado es administrador único de la empresa "Construcciones Metálicas Tomas de la Casa S.L.", sita en C/ El Toro nº 4 de Jaén, empresa para la que trabaja Alvaro, como carpintero metálico, el cual el 1 de Agosto de 2005 se hallaba utilizando una máquina punzonadora hidráulica para ajustar un punzón de 25 mm de diámetro a la matriz, cuando saltó un fragmento de punzón en forma de media luna y fue a clavársele en el ojo derecho produciéndole una herida perforante en dicho ojo que ocasionó leucoma corneal en área pupilar, lesiones de las que ha tardado en curar 469 días durante los que ha estado incapacitado para sus ocupaciones habituales, habiendo precisado de operaciones quirúrgicas en dicho ojo, y quedándole como secuelas, perdida de visión del ojo derecho y perjuicio estético importante.

La máquina punzonadora que utilizaba Alvaro, carecía de la pantalla de protección que originariamente traía de fábrica y sin la cual no podía funcionar, pero la misma había sido suprimida y guardada en un mueble de la oficina del acusado, siendo habitual la utilización de la máquina punzonadora sin dicha pantalla protectora por el resto de los carpinteros metálicos de la empresa, quienes la hacían funcionar colocando una pieza en el pulsador para que este quedara así fijo o manteniéndolo pulsado con una mano mientras trabajaban con la otra.

La empresa "Construcciones Metálicas Tomas de la Casa S.L.", tiene contratada póliza de seguro de responsabilidad civil, con la Cia aseguradora Mafre empresas".

SEGUNDO.- Asimismo la referida sentencia pronuncia el siguiente FALLO: "Que debo CONDENAR Y CONDENO al acusado Severino, como autor criminalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito contra los derechos de los trabajadores, a la pena de 9 meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 9 meses de multa con una cuota diaria de 6 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y como autor de un delito de lesiones imprudentes, la pena de pena de 1 año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO al acusado Severino, y a la Cia MAPFRE como responsable civil directa a abonar de forma conjunta y solidariamente al perjudicado Alvaro, la cantidad de 100.000 € por las secuelas, y 28.140 Euros por los días de incapacidad, con aplicación del art. 576 LEC., en ambos casos".

TERCERO.- Contra la misma sentencia por el acusado Severino y por Mapfre Empresas S.A., se formalizó en tiempo y forma el recurso de apelación dándose traslado a las demás partes para impugnación o adhesión, habiéndose presentado por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal de la acusada particular, escrito de impugnación solicitando la confirmación de la sentencia.

CUARTO.- Elevados los autos a esta Audiencia se acordó formar rollo, turnar de ponente, quedando examinados para sentencia.

QUINTO.- Se aceptan como trámites y antecedentes los de la sentencia recurrida.

SEXTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.- Contra la sentencia dictada en la instancia por la cual se condena al acusado como autor responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 y de un delito de lesiones imprudentes del artículo 152.2 ambos del Código Penal, se interpone por la representación procesal de este el presente recurso de apelación, alegando como motivos de impugnación el error en la valoración de la prueba, por entender que no existe suficiente prueba de cargo, por lo que solicitaba la revocación de la sentencia y se dicte otra por la que sea absuelto con reserva de acciones civiles al perjudicado, o en su caso se subsuma su conducta en el artículo 317 con la consiguiente reducción de la pena y en cualquier caso se le imponga la pena mínima, e impugnando la indemnización señalada, por secuelas e incapacidad, por no justificarse ni determinar la base de la cuantificación fijada, y aunque la acusación particular utiliza para cuantificar el Baremo de las indemnizaciones por accidentes de tráfico, aplica uno erróneo, entendiendo el recurrente que debe ser el baremo del año 2006, considerando que la indemnización debe ser 83.145'76 euros, de lo que habría que descontar el porcentaje de su responsabilidad en la producción de sus propias lesiones, al haberse acreditado una concurrencia de culpas, ya que estima que el trabajador no tuvo una actuación diligente, entendiendo que la responsabilidad debería repartirse en un 50% y por tanto la indemnización que corresponde es de 41.572'88 euros, solicitando la revocación de la sentencia recurrida y se dicte otra conforme a dichas pretensiones.

Pues bien, sentados los términos de debate, y aunque en el recurso de apelación el Juez o Tribunal "ad quem" se halla autorizado a revisar la valoración probatoria efectuada por el juez de instancia, el hecho de que la apreciación por éste lo sea de pruebas practicadas a su presencia, bajo los principios que rigen el proceso penal en el juicio oral, de inmediación, publicidad, contradicción y defensa, tiene como consecuencia que a quien corresponde la valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia, artículo 741 de la L. E. Criminal, es a dicho juez a quo, y por ello, deben respetarse sus conclusiones fácticas, salvo que carezcan de apoyo en el conjunto probatorio practicado a su presencia o se contengan contradicciones o incongruencias en su razonamiento, lo cual no concurre en el caso que nos ocupa, sino que el juzgador de instancia, apreciando y valorando con inmediación la prueba practicada en el acto del juicio oral, documental aportada y testifical practicada, llega a la convicción de que el riesgo era ciertamente previsible, y por tanto condena por el delito doloso del artículo 316 del Código Penal y no por el delito imprudente del artículo 317 de dicho Código, al ser el acusado garante de la seguridad y salud de los trabajadores, por lo que consideramos que no existe motivo alguno para enmendar tal conclusión, pues a nuestro entender, no se trata de una falta de control de una conducta activa u omisiva de otra persona que se halle a su cargo, a lo que cabe añadir la gravedad del resultado probable.

Por tanto, y tal y como se refleja en la sentencia recurrida, los hechos son constitutivos de dos delitos, uno de lesiones por imprudencia del artículo 152 y un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316, ambos del Código Penal, y en este sentido, la inspección de trabajo refleja en su informe la grave infracción en que el acusado incurrió en materia de prevención de riesgos laborales, y la falta de medidas de seguridad, lo que es corroborado por la testifical practicada, y el testimonio de la propia víctima y el de compañeros de trabajo, de lo que en efecto se desprende acreditado que la referida máquina ponzonadora que utilizaba el trabajador lesionado, carecía de la pantalla de protección que originariamente traía de fábrica y aunque sin la misma no podía funcionar había sido suprimida y guardada en un mueble de la oficina del acusado, siendo habitual el uso de dicha máquina sin la referida pantalla por todos los trabajadores, y por ello, y desde luego es un hechos que no puede negarse por su evidencia, es que, el uso de dicha máquina entrañaba un grave riesgo y prueba de ello es el resultado finalmente acaecido.

Así pues, se entiende que el juzgador ha exteriorizado las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada y al respecto, puede afirmarse la racionalidad de dicha convicción, ya que se ha alcanzado a partir de pruebas de cargo con cumplido acatamiento de las garantías que deben presidir el juicio oral.

En consecuencia, ningún error en la valoración de la prueba se estima cometido en la sentencia de instancia, siendo conformes los razonamientos jurídicos que allí se exponen con el resultado de las pruebas practicadas en el plenario y que el juzgador a quo, examina con riguroso detalle y precisión, sin que por ello proceda sustituir el criterio objetivo e imparcial que en dicha resolución se contiene por el partidista e interesado de la parte que, además, no tiene en cuenta que cuantos dirigen y se hallan al cuidado de una empresa, deben impartir diligentemente las instrucciones oportunas, a fin de que el trabajo se realice con las adecuadas medidas de seguridad de los trabajadores que participen en la ejecución de los trabajos sujetos a riesgos que es preciso evitar, sin que puedan bastar advertencias generales, sino atendiendo a cada situación con el debido cuidado; obligaciones que competen a cuantas personas desempeñen funciones de dirección o de mando en una empresa, teniendo obligación de exigir a sus trabajadores coactiva e imperativamente el cumplimiento cabal y exacto de las cautelas y precauciones dispuestas en las normas de seguridad e higiene; teniendo declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de Febrero de 1979 que "el trabajador debe ser protegido hasta de su propia imprudencia profesional".

Por tanto, coincidimos con el juzgador, en que los hechos son constitutivos del delito contra el derecho de los trabajadores previsto y sancionado en el artículo 316 del Código Penal y no del tipo imprudente del artículo 317 del mismo Código, como pretende el recurrente, en relación con lo cual, el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 26 de Julio de 2008, refiere que en la regulación del delito contra el derecho de los trabajadores, haya que indicar que el régimen penal de protección alcanza a distintos bienes específicos, entre ellos la seguridad e higiene en el trabajo, en forma omisiva, constituyendo infracciones de peligro concreto, que debe ser grave para la vida, salud e integridad física de los trabajadores, alcanzando su consumación por la existencia del peligro en si mismo, sin necesidad de resultados lesivos, que de producirse conllevan el régimen del concurso ideal, tratándose de una norma penal en blanco y el contenido de la omisión se refiere a no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuados.

En definitiva, concurren en este caso, los elementos del tipo subjetivo, al ser plenamente consciente el acusado de las condiciones de falta de seguridad en que trabajaba el operario y de los riesgos consiguientes, y por otra parte la posición de garante del recurrente en los hechos enjuiciados es incuestionable en cuanto que, como ya se ha dicho, al empresario incumbe no solo la obligación de suministrar todos los medios necesarios para que la actividad laborar se realice en óptimas condiciones de seguridad, sino además también velar que por parte de los trabajadores se cumplan las mismas.

El resultado consistente en las lesiones graves que sufrió el trabajador resulta igualmente incuestionable, a partir de los informes médicos incorporados a la causa y que en ningún caso han sido combatidos ni puestos en duda. Y ese resultado es concreción de la situación de peligro que supuso la omisión por parte del recurrente, de los deberes de cuidado que le incumbía en orden a adoptar las medidas necesarias para preservar la salud de los trabajadores.

En aplicación de lo anterior resulta patente que los hechos declarados probados en la sentencia y que resultan de la prueba practicada, merecen un reproche penal desde el punto de vista del citado precepto, artículo 316 del Código Penal.

Por otra parte y pese a la insistencia del apelante, la conducta de la víctima en modo alguno elimina el reproche penal que corresponde al acusado, ya que en efecto, el relato de hechos probados, que aquí ha sido aceptado en su integridad, no describe una situación en la que se pueda advertir concurrencia o intervención culposa del trabajador lesionado, susceptible de moderar la indemnización, por cuanto ello no ha resultado acreditado en modo alguno, que la conducta del lesionado haya tenido una causalidad efectiva y adecuada a la producción del daño.

En este sentido debe de tenerse en cuenta que para calibrar la respectiva relevancia de las conductas intervinientes habrá de precisarse que si uno de los factores o condiciones se muestra como causa decisiva y eficiente del resultado, habrá de reputarse la actuación de los demás intervinientes como accidental y fortuita. En este caso, se presenta con evidencia que fue básicamente el recurrente quien creo un peligro sobre la víctima a la que no proporcionó la formación necesaria ni los medios adecuados para prevenir los riesgos derivados de su trabajo, sin adoptar la referida máquina punzonadora en la que tuvo lugar el accidente a las medidas de seguridad exigibles. Lo que significa que la imputación objetiva no ha desaparecido.

Segundo.- Igual suerte desestimatoria debe correr la impugnación efectuada, relativa las cuantías de las indemnizaciones fijadas por el juzgador por concepto de lesiones y secuelas, ya que si bien es cierto que la sentencia impugnada nada dice, ni siquiera indiciariamente, sobre cuales son los elementos que han llevado al juzgador a establecer las cantidades señaladas en concepto de responsabilidad civil, también lo es, que para fijar las mismas, se ha atenido a las lesiones y secuelas realmente padecidas por el trabajador, recogidas detalladamente en el informe del médico forense, y por tanto en modo alguno consideramos las indemnizaciones concedidas desproporcionadas, debiendo de tenerse en cuenta que se concede menos que las interesadas por la acusación particular y que las indemnizaciones en el ámbito de accidentes laborales no deben ser necesariamente las establecidas para los accidentes de circulación.

Así pues, el juzgador de instancia ha determinado la responsabilidad civil teniendo en cuenta el informe médico forense, sin utilizar el Baremo aunque la acusación particular si se acoge al mismo para el cálculo y cuantificación de dichas indemnizaciones.

En efecto, es descartada la aplicación automática de los baremos de tráfico de la Ley 30/1995, habida cuenta su aplicación imperativa a las indemnizaciones derivadas de los accidentes de tráfico y no a otros supuestos como el ahora enjuiciado, en los que el baremo se puede utilizar de forma orientativa, siendo lo trascendente que el quantum indemnizatorio, se determine con arreglo al verdadero alcance y consecuencias del daño, atendiendo a las circunstancias de cada caso, y en este supuesto se ha atendido al informe del médico forense para su determinación, no apreciándose desproporción alguna entre las cantidades fijadas y el alcance del daño producido, teniendo en cuenta las graves lesiones y secuelas producidas al trabajador lesionado, de las que tardó en curar 469 días, 10 de los cuales estuvo hospitalizado y quedándole como secuelas, agudeza visual: pérdida de visión de un ojo, valorada en 25 puntos, siendo necesario la retirada de aceite así como la implantación de una lente intraocular que el forense valora en 5 puntos y un perjuicio estético importante, valorado entre 19 y 24 puntos; y por otra parte, según se determina en reiterada jurisprudencia, sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Diciembre de 2000 entre otras, la cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de examen en segunda instancia cuando se aprecie error en la valoración de las pruebas que hubieran determinado la fijación del quantum indemnizatorio, o cuando se conceda una cuantía superior a la solicitada por las partes, no pudiendo ser objeto de revisión el alcance cuantitativo del concepto que se indemniza.

Así pues, no estamos ante un accidente de circulación, y por tanto, los límites establecidos en el Baremo no vinculan al juzgador, (sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Enero de 2003 entre otras). La legislación establecida en la Ley 30/1995, actualmente R. D. Legislativo 8/2004, y el Baremo incluido en su Anexo, tiene su ámbito específico de aplicación en la materia de siniestros de la circulación y cuyo carácter vinculante se circunscribe a la circulación viaria según se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional 181/2001. En materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal es de aplicación el principio de la "restitutio in integrun" derivado del artículo 110 del Código Penal y por tanto será el Tribunal en la valoración de las circunstancias concurrentes quién determine la cuantía del "pretiuns dolores".

El baremo contenido en el R. D. Legislativo 8/2004, no es de obligada aplicación en los supuestos de infracciones criminales dolosas o culposas que no tenga origen en el riesgo derivado del uso y circulación de vehículos de motor, es simplemente orientativo, y es eficaz en cuanto que evita indemnizaciones exageradas por excesivas o injustas por escasas, y ayuda a la homogeneización de las resoluciones judiciales en este punto concreto.

O como se ha señalado en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 2007, "la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, como es el caso que nos ocupa, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del "quiantum" de las responsabilidades civiles, por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, no puede por regla general, ser sometida a la mesura de la casación, por ser una cuestión totalmente autónoma y de discrecional facultad del órgano sentenciador, pues únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar si existe razón o causa bastante para indemnizar pero no el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza, (sentencias del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2004, 29 de Septiembre de 2003, 29 de Septiembre de 1999 y 24 de Mayo de 1999 entre otras).

Por lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por el acusado, D. Severino.

Tercero.- Contra la sentencia de instancia, también se interpone recurso de apelación por la entidad aseguradora condenada, Mapfre S.A., alegando como motivo de impugnación el error en la valoración de la prueba, al no apreciar que según consta en la póliza de seguro concertada, la misma tiene una cobertura de responsabilidad civil con un límite de 60.000 euros por víctima en caso de reclamaciones derivadas de accidentes de trabajo por el personal dependiente del asegurado, y así se indicó en el afianzamiento efectuado en el escrito de fecha 6 de Junio de 2008, por lo que solicitaba la revocación de la sentencia recurrida y se dicte otra en la que se declare que el acusado y Mapfre Empresas S.A., como responsable civil directa, vienen obligados a abonar de forma conjunta y solidaria al perjudicado la cantidad de 60.000 euros, límite máximo de la suma asegurada en póliza para la cobertura de responsabilidad civil siendo el resto, hasta el total de los 128.140 euros concedidos, es decir, 68.140 euros, de cuenta exclusiva del propio Sr. Severino, lo que deberá prosperar, ya que en efecto, las partes contratantes del seguro, el acusado y la aseguradora recurrente, tienen pactada una cobertura de responsabilidad civil con un límite de 60.000 euros por víctima, según se especifica en el apartado II, cobertura de Responsabilidad Civil, de las condiciones particulares de dicha póliza, lo que sirve de base para calcular la prima y de límite contractual a la futura prestación de la aseguradora, según la propia definición del contrato de seguro en el artículo 1 de la Ley, de tal forma que dicha cláusula mediante la cual se establece la cuantía asegurada o alcance de la cobertura no constituyen una limitación de los derechos que la Ley o el contrato reconocen al asegurado, sino que delimitan la prestación del asegurador por constituir el objeto del contrato, y por tanto no están sujetas a los requisitos impuestos por la Ley a las cláusulas limitativas conforme al artículo 3 de la L. C. S., y así se ha mantenido por la doctrina jurisprudencial mayoritaria, seguida entre otras en sentencias de esta Audiencia de fecha 11 de Septiembre de 2008, 22 de Abril de 2008, 8 de Octubre de 2007, 26 de Junio de 2007, 4 de Junio de 2004 y 20 de Octubre de 2009, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de Septiembre de 2006 entre otras, en la que se determina que la referida cláusula, no se trata de una cláusula limitativa, sino de la propia delimitación y definición del riesgo objeto de cobertura.

Por lo expuesto procede estimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad aseguradora, en el sentido expuesto.

Cuarto.- No existen razones en que basar una condena en las costas de esta apelación que habrán de declararse de oficio.

Vistos con los citados los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 27, 30, 33, 49, 61, 68, 72, 91 y 101 al 109 del Código Penal y los 141, 142, 279, 741, 742 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


F A L L A M O S


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el acusado y estimando el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora Mapfre Empresas S.A., contra la sentencia dictada en primera instancia con fecha 24 de Febrero de 2010, por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén en Diligencias de Procedimiento Abreviado número 359 del año 2008, debemos de revocarla y la revocamos parcialmente en el sentido indicado de que el acusado y Mapfre Empresas S.A., como responsable civil directo vienen obligados a abonar de forma conjunta y solidaria al perjudicado la cantidad de 60.000 euros, límite máximo de la suma asegurada en póliza para la cobertura de responsabilidad civil, siendo el resto, de 68.140 euros de cuenta exclusiva del propio acusado, confirmándose en el resto de sus pronunciamientos, con declaración de oficio de las costas de la presente apelación.

Devuélvanse al Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén los autos originales con testimonio de esta resolución para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que la dictó, estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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