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Sentencia A.P. Murcia 108/2010 de 4 de junio


 RESUMEN:

Seguridad de los trabajadores: Absolución del acusado. Contacto del trabajador por cuenta ajena a un conductor metálico sin aislar y con tensión, falleciendo por electrocución. La víctima disponía de todos los instrumentos de protección para el trabajo de electricidad que desarrollaba, y estaba formado para ello, además de contar con experiencia.

MURCIA

SENTENCIA: 00108/2010

SENTENCIA

NÚM. 108/10

ILMOS. SRS.

D. ABDÓN DÍAZ SUÁREZ

PRESIDENTE

D. ANDRÉS MONTALBÁN AVILÉS

D. ÁLVARO CASTAÑO PENALVA

MAGISTRADOS

En la Ciudad de Murcia, a cuatro de junio de dos mil diez.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Segunda de esta Ilustrísima Audiencia Provincial el Procedimiento Abreviado/Juicio Rápido que por delito de conducción sin permiso se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número Dos de los de Murcia, bajo el núm. 313/08, y antes en el Juzgado de Instrucción núm. Siete de Murcia como Diligencias Previas/Urgentes núm. 2072/06 contra Aurelio representado por el Procurador don Manuel Sevilla Flores y defendido por el Letrado don Ignacio Pérez Valero, habiendo sido partes en esta alzada el Ministerio Fiscal que actúa como apelado, así como el acusado que lo hace como apelante. Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANDRÉS MONTALBÁN AVILÉS, que expresa la convicción del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal citado dictó en los referidos autos sentencia con fecha 10 de noviembre de 2009, sentando como hechos probados los siguientes: "ÚNICO.- Se declara probado, que Aurelio, mayor de edad como nacido el día 16 de agosto de 1.973, con DNI NUM000, y sin antecedentes penales en la fecha de los hechos, era gerente de la empresa Aurelio teniendo concertado en la fecha referida un seguro de responsabilidad civil general con la Compañía Aseguradora Fiatc Mútua de Seguros con póliza número 136800.

El día 10 de mayo de 2006 Gregorio, con categoría de peón electricista, trabajaba por cuenta ajena para la empresa Aurelio realizando la colocación de una línea de B. T. para extensionamiento de la línea de distribución en el Carril Torre Pollo nº 23 Camino de Salabosque de la localidad de Aljucer; la instalación indicada consistía en extender la línea existente mediante una línea aérea de baja tensión de 9 metros de longitud con un conductor trenzado soportada por postes metálicos. La instalación la había realizado el acusado el día anterior que dio el trabajo por finalizado si bien quedaron partes activas en tensión sin aislar.

Sobre las 12:00 horas el trabajador Gregorio se encontraba realizando trabajos de sujeción a un poste metálico de cables de la red trenzada y la derivación a una altura aproximada de 4,80 metros sobre una escalera de mano de madera de unos 5,50 metros colocando presillas para sujetar al poste la red trenzada cuando su codo izquierdo contactó con uno de los conductores metálicos sin aislar, lo que le provocó un choque eléctrico que le hizo precipitarse desde dicha altura y golpearse la cabeza con un bloque de hormigón que había en la base del poste.

Las lesiones causadas a Gregorio fueron múltiples, falleciendo por electrocución, en el mismo lugar de trabajo.

El fallecido estaba casado con Sacramento y tenía tres hijos menores, Alejandra Almudena, Virgilio y Jose Luis ".

SEGUNDO.- Estimando el Juzgador recurrido que los referidos hechos probados eran constitutivos de delito, dictó el siguiente "FALLO: Que debo condenar y condeno a Aurelio como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave previsto y penado en el artículo 142. 1 y 3 del Código Penal en concurso de normas con un delito contra el derecho de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal, a la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, cargo u oficio durante tres años, y al pago de las costas que se hayan causado, incluidas las de la acusación particular.

Y a que indemnice, en la cantidad de 311.580,56 euros, por todos los conceptos y en las cantidades expresadas en el último párrafo del fundamento de derecho noveno, con la responsabilidad civil directa de la Compañía Aseguradora Fiatc Mútua de Seguros hasta el límite de 150.253,03 euros.

Dichas cantidades devengarán desde la fecha de la presente resolución y hasta su completo pago, el interés fijado en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el acusado y los intereses previstos en el artículo 20.4 de la LCS para la compañía aseguradora".

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, la representación de Aurelio interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes, oponiéndose el Ministerio Fiscal y Sacramento. Teniéndose por interpuesto el recurso en ambos efectos, se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno Rollo bajo el núm. 76/10. Por providencia de 1 de junio de 2010, se señaló la deliberación, votación y fallo de la causa para el 4 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

CUARTO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.


HECHOS PROBADOSÚNICO.- Se acepta y se da por reproducida la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia de instancia.

PRIMERO.- Se fundamenta el recurso en un presunto error en la valoración de la prueba.

Examinando el recurso separadamente en sus alegaciones se niega en primer lugar que concurra un delito contra la seguridad de los trabajadores ya que la victima disponía de todos los instrumentos de protección para el trabajo que desarrollaba

Es de subrayar que en esa sede de hechos probados no afirma la sentencia que el recurrente careciese de los medios de protección precisos, ni se menciona la prevención de riesgos laborales, ni la ausencia de formación del trabajador, quizás porque se trascribió el escrito de acusación del Fiscal que al redactarlo tan solo imputaba al acusado un delito de homicidio imprudente.

Cabe pues reprochar a la sentencia recurrida la insuficiencia de la declaración de tales hechos probados para satisfacer las exigencias del tipo penal aplicado.

Tamaña insuficiencia, que puede calificarse de absoluta en cuanto al soporte fáctico del delito contra la seguridad de los trabajadores, no puede suplirse como dice la STS de 30/11/09 "acudiendo a lo manifestado sobre esas premisas de hecho entre los fundamentos jurídicos.

"La cuestión de la insuficiencia de la declaración de hechos probados y su eventual subsanación con lo expresado entre los fundamentos jurídicos ha sido zanjada a partir de la doctrina establecida desde el año 2006, entre otras, en la Sentencia núm. 769/2006 de 7 de junio EDJ2006/102991, que recoge lo acordado en pleno no jurisdiccional de la Sala, estableciendo con advertencia de la relación de tal cuestión con la exigencia de motivación de las sentencias y de la dificultad de reconducirse a una solución única, que es punto esencial la necesidad de incorporar al "factum" los aspectos básicos del tipo objetivo, dejando para cada caso concreto la posible introducción en los fundamentos de los elementos accesorios junto con la motivación o razonamiento sobre los datos probatorios, pero siempre que los aspectos esenciales de la descripción típica estén incorporados al relato histórico formalmente considerado.

En la misma línea se pronunció la posterior Sentencia STS núm. 754/2006 (Sala de lo Penal), de 24 junio EDJ2006/10560.

La proscripción de tal técnica de subsanación se proscribe también para las sentencias absolutorias que, en sede de hechos probados, se limitan a declarar que no lo han sido los de la acusación, en cuyo caso se incurrirá, al tratarse de dichas sentencias absolutorias, en nulidad, sin que pueda suplirse esa omisión a través de datos fácticos contenidos en los fundamentos jurídicos, Así cabe citar por todas la Sentencia de éste Tribunal Supremo núm. 43/2009 de 18 junio EDJ2009/11748.

Por lo demás y partiendo de tan sustancial carencia, ya en los fundamentos jurídicos no se determina con precisión que conducta omisiva, en cuanto a medidas de seguridad, del acusado, mas allá de la que costó la vida al trabajador, puso en peligro su integridad.

En el supuesto, la imprudencia del acusado es clara, el riesgo no era inherente al trabajo que desarrollaba la victima, ni su prevención evidente, pues se trató de un riesgo creado por un grave descuido del acusado.

Se absolverá en definitiva por este delito.

SEGUNDO.- En cuanto al delito de homicidio imprudente, concurren todos los elementos propios del mismo.

Conviene recordar como dice la STS de 19/1/2010 la doctrina jurisprudencial tal y como aparece concisa pero exhaustivamente reseñada en la sentencia del 27/17/2009 TS EDJ2009/265706: el delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado.

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológicos), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por éste sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal. (En este caso, la vida humana).

En nuestro supuesto concurren todos y cada uno de los requisitos de la infracción imprudente. La violación de la norma de cuidado, se evidencia en el hecho de dar por finalizado el trabajo el día anterior a los hechos, dejando partes de la línea activas en tensión y sin aislar, a sabiendas de que al día siguiente se continuaría trabajando en la misma. Se trataba de un peligro potencial perfectamente previsible y además evitable por parte de acusado, quien como consta en el acta lo atribuyó a "un descuido suyo total".

En el plano de la causalidad el riesgo que suponía dejar en esas condiciones la línea y permitir al trabajador actuar en la misma, es imputable al acusado que indiscutiblemente pudo y debió haberlo evitado. Su omisión produjo el hecho de que la victima rozase la línea, lo que le causo la muerte, consecuencia del riesgo causado y no evitado por el acusado.

Se argumenta en el recurso la habilitación de medios de seguridad por parte de la empresa, la experiencia del trabajador y la advertencia del peligro al mismo.

Pues bien en cuanto a los medios para trabajar en altura resultan irrelevantes, toda vez que el informe de autopsia dejo constancia de que la causa de la muerte fue electrocución. Menos sentido tiene achacar a la victima falta de cuidado que además no se concreta, frente a un peligro de tal entidad, generado por el acusado y por ultimo no consta probado que el trabajador fuese advertido del mismo.

Vulneración de la norma de cuidado en cuanto el acusado, con manifiesto descuido, deja unos cables en los que se ha de continuar trabajando sin aislar y con tensión.

La imprudencia reviste intensidad suficiente para tipificarla como grave, como se desprende de lo razonado y teniendo en cuenta la posición tuitiva que al acusado tenía respecto del trabajador.

Ningún efecto penológico se deriva de los pronunciamientos de esta sentencia, toda vez que la pena por este delito se impuso en el límite mínimo.

TERCERO.- Por todo ello, procede des/estimar el recurso planteado declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS PRIMERO DE ESPAÑA,


F A L L A M O S


 
Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Manuel Sevilla Flores, en nombre y representación de Aurelio, contra la sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado/ número 313/08 seguido ante el Juzgado de lo Penal núm. Dos de Murcia, debemos revocar u revocamos la misma en el único extremo de absolver como absolvemos al acusado del delito contra la seguridad de los trabajadores manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia, declarando de oficio las costas causadas en este recurso.

Notifíquese la presente resolución y llévese certificación de la misma al Rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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