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Sentencia A.P. Castellón 237/2010 de 9 de junio


 RESUMEN:

Medidas de seguridad laboral: Empresa cuyo objeto social consiste en la fabricación de pavimento y revestimiento cerámico, que suscribe un contrato de ejecución de obra con el acusado, que se dedica al montaje de cubiertas. Responsabilidad: Inexistencia de medidas de seguridad. Trabajos en altura: Riesgos. No instalación de redes, plataformas ni cualquier otro sistema que recogiese a los trabajadores en caso de rotura de una cubierta. Delito contra la seguridad de los trabajadores: Arnés que no había donde sujetarlo. Agentes de la edificación: Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en los planes de seguridad y salud.

 

AUDIENCIA PROVINCIAL -SECCIÓN SEGUNDA- PENAL

Rollo de Apelación núm. 210/10.

Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón.

Juicio Oral núm. 38/07.

Procedimiento Abreviado núm. 28/03 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Nules.

S E N T E N C I A NÚM. 237/10

Iltmos. Sres.:

PRESIDENTE: Dª. ELOISA GOMEZ SANTANA.

MAGISTRADO: D. JOSE LUIS ANTON BLANCO.

MAGISTRADO: D. HORACIO BADENES PUENTES

En la ciudad de Castellón de la Plana, a nueve de junio de dos mil diez.

La SECCIÓN SEGUNDA de la Iltma. Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Iltmos. Sres. anotados al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Penal núm. 210/10, dimanante del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha 17 de septiembre de 2009, dictada por la Iltma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón, en su Juicio Oral núm. 38/07, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 28/03 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Nules.

Han sido partes como APELANTE Claudio representado por la Procuradora Sra. Palau Jericó y defedido por el Letrado Sr. cardaba Pérez y como APELADO el MINISTERIO FISCAL, representado por D. Carlos Sarmiento Carazo y Ponente el Ilmo. Don JOSE LUIS ANTON BLANCO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: "Resulta probado y así se declara que el 7 de julio de 2.000 la empresa "NAVARTI CERÁMICA, S.L.", cuyo objeto social consistía en la fabricación de pavimento y revestimiento cerámico, suscribió un contrato de ejecución de obra con el acusado Claudio, de nacionalidad española, mayor de edad y sin antecedentes penales, quien actuaba con el nombre comercial de "NOVOCAN", dedicándose al montaje de cubiertas y cerramientos metálicos. El referido contrato tenía por objeto remodelar la cubierta de la nave de hornos que la empresa "NAVARTI" tenía a la altura del punto kilométrico 7.800 de la carretera CV-20, en el término municipal de Onda (Castellón), consistiendo los trabajos a realizar en retirar la cubierta existente en la nave, integrada por placas de fibrocemento alternadas con placas traslúcidas de plástico y sustituirla por placas de chapa metálica combinadas con placas traslúcidas también de plástico. Junto con dicho contrato ambas partes suscribieron otro complementario por el cual el acusado se obligaba a adoptar las medidas de seguridad en la nave de hornos. Los trabajos de sustitución de la cubierta se iniciaron el 9 de agosto de 2.000, prolongándose hasta el 22 del mismo mes y año, al interrumpirse la actividad de la empresa "NAVARTI" con ocasión de las vacaciones de verano, reanudándose los mismos el día 11 de septiembre de 2.000.

La cubierta de la nave tenía forma de bóveda de cañón, encontrándose aproximadamente a unos 6 metros de altura. El acceso a la misma se hacía por medio de una escalera de obra que asomaba a una terraza y desde ésta y a pie plano se pasaba a la cubierta de la nave de hornos, parte de la cual ya había sido sustituida por la nueva antes de interrumpirse los trabajos por las vacaciones.

Así las cosas, el día 12 de septiembre de 2.000, sobre las 10:45 horas, Rubén, empleado de la empresa del acusado, se encontraba junto con otros compañeros trabajando en la citada nave de la empresa "NAVARTI". En concreto, estaba retirando las placas que integraban la cubierta vieja de la misma, llevándolas a un lugar de acopio, y colocando las chapas de la nueva cubierta, encontrándose en un punto de la cubierta que estaba inmediatamente junto a la cubierta nueva que ya se había sustituido. Para acceder a dicho lugar los trabajadores subían por la escalera de obra a la terraza y desde allí se desplazaban por la cubierta de la nave, integrada ya por las nuevas chapas metálicas, hasta llegar al punto donde debía continuarse con la renovación de la cubierta. Rubén y su compañero Ambrosio habían cogido una placa de fibrocemento, uno por cada extremo, para llevarla al lugar de acopio, desplazándose ambos por la parte vieja de la cubierta, esto es, sobre las placas de fibrocemento, y en un momento dado al pisar Rubén inadvertidamente una placa traslúcida de plástico que se hallaba junto a él y que se rompió cayó al vacío al interior de la nave impactando entre dos hornos situados a unos cuatro metros el uno del otro.

A consecuencia de la caída el trabajador, que tenía en esa fecha 21 años, sufrió lesiones consistentes en politraumatismo; traumatismo craneoencefálico severo con fractura cerrada de bóveda craneal con lesión intracraneal; contusiones hemorrágicas múltiples frontales izquierdas; fractura ala esfenoides izquierda; fractura temporal izquierdo; ffactura órbita izquierda; fractura de colles cerrada izquierda, fractura sin desplazamiento de cabeza de 2º metacarpiano de la mano izquierda; contusiones múltiples y lesiones dentales, en concreto, fractura del 2º molar inferior izquierdo y de 2º bicúspide y 1º molar superiores izquierdo. Para la curación de las citadas lesiones el trabajador precisó, además de una primera asistencia facultativa, de tratamiento médico y quirúrgico, alcanzado la estabilidad lesional a los 382 días, todos ellos impeditivos, y siendo 19 de ellos de ingreso hospitalario, habiéndole quedado como secuelas síndrome postconmocional que se manifiesta clínicamente por mareos esporádicos y alteraciones en la memoria para hechos recientes; rigidez en la articulación metacarpofalángica del dedo índice de la mano izquierda y leve pérdida de fuerza en dicha mano; talagia esporádica en el pie izquierdo y diversas cicatrices; en concreto, una quirúrgica de 4,5 centímetros en el dorse de la articulación metacarpofalángica del segundo dedo de la mano izquierda; otra indurada de 0,5 centímetros en la cara anterior del 2º dedo de la mano izquierda; otra de 1 centímetro en ceja izquierda y otra cicatriz más de 1 centímetro apenas visible en región mentoniana, que en su conjunto suponen un perjuicio estético moderado. El trabajador reclama la indemnización que pudiera corresponderle por las citadas lesiones.

Tanto Rubén como su compañero Ambrosio llevaban puesto en el momento del accidente un cinturón de seguridad facilitado por la empresa, pero ninguno de ellos había anclado el mismo a ningún punto. Asimismo, en la parte inferior de la cubierta no se habían instalado redes, plataformas o cualquier otro sistema que recogiese a los trabajadores en caso de rotura de la cubierta. Tampoco se habían instalado sobre la cubierta pasarelas de paso con barandillas. Únicamente se había colocado una cuerda, cuyo recorrido longitudinal, es decir, a lo largo de la cubierta, sería de 1 metro, para que los trabajadores atasen a ella su cinturón de seguridad. No obstante, para poder alcanzar la citada cuerda los trabajadores debían desplazarse sobre la cubierta de fibrocemento al menos 2 metros. Ya con posterioridad al accidente la empresa procedió a instalar un cable fiador en el centro y a lo largo de toda la cubierta de la nave."

SEGUNDO.- El Fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: "Que DEBO CONDENAR Y CONDENO al acusado Claudio:

a) como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores del art. 316 del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE SEIS MESES con una cuota diaria de 10 euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago.

b) como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave del art. 152.1-1º del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de MULTA DE SESENTA DIAS con una cuota diaria de 10 euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago.

c) al pago de las costas, con expresa inclusión de las correspondientes a la acusación particular.

Asimismo, y en vía de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a Rubén, en la cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTE EUROS (29.140 €), suma que devengará los correspondientes intereses legales (art. 576 de la LEC).

Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo."

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal del acusado interpuso contra la misma recurso de apelación, que por serlo en tiempo y forma se admitió, y evacuado el trámite de impugnación, se remitieron las actuaciones a esta Audiencia, donde se repartió a esta Sección, formándose el correspondiente Rollo y señalándose para deliberación y votación el pasado día 8 de junio de 2010 en cuyos escritos las partes comparecidas a través de sus Letrados informaron en apoyo de sus pretensiones.

CUARTO.- En la tramitación del presente Rollo se han observado en ambas instancias las prescripciones legales.


HECHOS PROBADOSSe aceptan los de la sentencia recurrida.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los de la sentencia apelada.

PRIMERO.- La sentencia apelada viene a condenar al acusado Claudio como autor de un delito contra la seguridad de los trabajadores del art. 316 del CP y como autor de un delito de lesiones imprudentes ex art. 152.1.1º del C.P., con las penas que son de ver en el antecedente de esta resolución, alzándose en apelación contra la misma el acusado Sr. Claudio aduciendo un error en la apreciación de la prueba, por cuanto el accidente del trabajador que cayó desde la cubierta de uralita donde trabajan, que debido a la propia negligencia del operario Sr. Rubén, dado que pese a tener éste arnés de seguridad (que llevaba puesto) y existir un cable de seguridad en la cubierta, asumió el riesgo de no anclar su cinturón al cable, haciendo caso omiso al encargado de obras de la entidad Navarti, Sr. Agustín, que había advertido a los trabajadores que debían adoptar las medidas de seguridad antes de empezar a trabajar, aumentando el riesgo el hecho añadido de que las placas de Uralita estaban en mal estado y podían partirse, como así ocurrió en función del peso debido al traslado por el tejado de las placas acumuladas, lo que no era ignorado por el trabajador que tenía cualificación y experiencia en su trabajo.

Termina señalando el recurrente que han existido discrepancias en las versiones de los testigos, y no puede darse valor a las declaraciones de cargo por encima de la versiones exculpatorias que indicaban que había un cable superior fiador en el tejado o una cuerda, y ésta era la medida única y adecuada que podía instalarse, habiéndose vulnerado, a juicio del recurrente, la presunción de inocencia.

El fiscal y la acusación particular se han opuesto al recurso, rebatiendo correlativamente los argumentos de adverso.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la discrepancia valorativa, no podemos aceptar la propuesta de supuesta improbatura de los hechos desde una pretendida duda que deba conducir al conveniente resultado de la absolución del imputado tal y como se interesa en el recurso.

Los trabajadores compañeros del Sr. Rubén, complementando o corroborando la declaración de este operario accidentado el día de los hechos, han indicado que, trabajando en la sustitución de las piezas viejas de uralita del tejado, sí llevaban puesto arnés pero no había donde engancharlo, y que si por lo normal no se lo ponían en las obras que hacían, pues se quedaba en la furgoneta, ese día su jefe Sr. Claudio sí les dijo que llevaran puesto el arnés por si aparecía el encargado de Navarti, pero no había donde sujetarlo o engancharlo; es decir lo llevaban para aparentar, ante el encargado de la empresa que les había contratado, el cumplimiento de una medida de seguridad que en realidad no cumplían, en definitiva solo con intencionalidad cosmética.

Lo cual encaja con las declaraciones en juicio del encargado de Navarti, sobre que advirtió a los operarios (y el hoy acusado Sr. Claudio estaba presente) que hasta que no hubiera red y cable colocado no empezarán; y dijo que al momento del accidente no vio cable alguno instalado.

La inspectora de trabajo declaró que lo que ella vio era una cuerda de un metro, a todas luces corta e inoperativa e inservible para permitir a los operarios desplazarse por el tejado. Dijo que el cable fiador sí se puso después del accidente, lo que es indicativo que era perfectamente posible haber puesto antes el mismo cable que hubiera permitido a los trabajadores sujetar o enganchar su arnés.

El acusado indicó en juicio también que el error que propició la caída del trabajador estuvo en que las placas viejas las había soltado totalmente el operario en un proceder incorrecto, cuando eso -dijo- no debía hacerse completamente hasta el instante mismo de la retirada de cada placa, alegato que es incierto o que en todo caso no se puede atribuir al Sr. Rubén, sino a un tercer operario de los que allí estaban y que lo ha reconocido como testigo, que realizaba el aflojamiento y retirada de los enganches entre placas mientras Rubén y otro las izaban, trasladaban y acopiaban esas placas sustituidas, más en todo caso la caída se produjo no por un deslizamiento o corrimiento de placas sueltas, sino por rotura de una de ellas -estuviera suelta o sujeta -por el peso del operario.

El hecho de que un último testigo dijera que sí que había cable puesto, alberga todo género de dudas sobre el compromiso de éste con la verdad, tanto por la forma de declarar (en la grabación mucho más convincentes los dos testigos que indicaron que no había cable alguno) cuando también el propio acusado ha reconocido siempre que él no exigía que los trabajadores se engancharan, dado que era "cosa de ellos", lo que implica un defectuoso conocimiento de sus obligaciones en materia de seguridad laboral, puesto que él debía suministrar los medios concretos y necesarios a los trabajadores que de él dependían, y debía imponer su obligatorio uso; y el hecho de no entenderlo de este modo, ofrece una idea del grado de cumplimiento que en la empresa se exigía y las condiciones en que se trabajaba el día de autos.

Por otro lado un testigo ha reconocido que en esos tiempos (el accidente aconteció hace nueve años) no se recibían cursos de formación en temas de seguridad, como en la actualidad.

Nos dice la STS 5 septiembre de2001 (Ponente Sr. Delgado García):,...Tampoco puede ser una excusa la evidente existencia de un descuido de la víctima en la realización de su trabajo, al no haberse dado cuenta de que allí estaba ese hueco de escalera, de modo que caminando hacia atrás se precipitó en el vacío. Es un principio definitivamente adquirido en el ámbito de las relaciones laborales el de la protección del trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales, principio que inspira toda la legislación en materia de accidentes de trabajo...si tiene un descuido ha de estar protegido para evitar, pese a ello, el percance. Esta es la razón de ser de las medidas de seguridad vigentes al respecto y que en la construcción de edificios han de concretarse en el preceptivo estudio de seguridad...".

Así mismo, el art. 11 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en su artículo 11, sobre Obligaciones de los contratistas y subcontratistas, establece que,

"1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el art. 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el art. 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.".

Desde este correcto planteamiento, hemos dicho en diferentes ocasiones que la valoración de los distintos testimonios es inherente a la función propia de juzgar que consiste precisamente en valorar las diversas declaraciones que se prestan en el acto del juicio y otorgar mayor credibilidad a una o varias de ellas, función de valoración en la que juega un papel decisivo la inmediación, de la que no dispone este órgano de apelación, y en este sentido la S.T.S. de 24 de mayo de 1996 ha establecido, en consonancia con la STC de 21 de diciembre de 1989, que la oralidad, la publicidad, la contradicción y sobre todo, la inmediación, representan las ventajas del proceso celebrado a la presencia de los jueces que ven y oyen lo que ya después otros ojos y oídos no percibirán. Se trata de valorar en la vista, los gestos, las actitudes, las turbaciones y las sorpresas de cuantos intervienen en el plenario, todo lo cual, permite, a aquellos fundar su intima convicción acerca de la veracidad o mendacidad de las respectivas declaraciones, de manera que así se constituyen en "dueños de valoración" sin que este órgano de apelación pueda interferirse en el proceso valorativo, salvo que se aprecie un error notario en dicha valoración. O como tiene dicho reiteradamente la Sala 2ª del Tribunal Supremo - entre otras SS. 10-2-90 y 11-3-91 - que en las pruebas de índole subjetivo, como son las declaraciones de los denunciados y testigos, es decisivo el principio de inmediación y es por ello que es el juzgador de instancia quien se halla en mejores condiciones para decidir sobre la credibilidad que ha de darse a unos y otros en el juicio oral, pues cuando el medio de prueba es una persona la convicción judicial se forma también, como antes decíamos, por los gestos, expresión facial, tono de voz, firmeza dada en las manifestaciones, inseguridad o incoherencia en las mismas, etc. De ahí, que cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, la determinación de cuál es la que debe predominar depende claramente de la inmediación con la que esta prueba es percibida por el juez de instancia. Este error no se aprecia en el caso de autos, muy al contrario, como veremos.

TERCERO.- No cabe duda alguna sobre el suceder de los hechos a la vista del acervo probatorio, y en relación con el principio "in dubio pro reo" la reiterada doctrina de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo tiene establecido que: en reiterada doctrina que ese principio únicamente puede estimarse infringido, en su aspecto normativo, cuando reconociendo el Tribunal sentenciador la existencia de una duda sobre la concurrencia de algunos de los elementos integradores del tipo, opta por la solución más perjudicial para el acusado pero no cuando, como sucede en el caso actual, el Tribunal sentenciador no alberga duda alguna. Así, el principio "in dubio pro reo" señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción, sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación (Sentencia del T.S. Sala de lo Penal de 21 de mayo de 1997, núm. 709/1997, entre otras muchas) (STS de 9 de mayo de 2003). (Auto de 23 de octubre de 2008).

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- Las costas de alzada han de imponerse al recurrente (art. 240 LECr).

Vistos los arts. citados y demás de general aplicación:


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Claudio contra la sentencia de fecha 17 de sept. de 2.009 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón dada en el J. Oral núm. 38/07, condenando al apelante al pago de las costas del juicio.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, y con testimonio de la misma devuélvanse las actuaciones al juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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