Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Jaén 92/2010 de 23 de junio


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: Absolución de los acusados, ya que el trabajador accidentado había recibido antes del accidente un curso de formación. La víctima ejecutó el trabajo de altura sin medio de protección, y no llevaba puesto el cinturón de seguridad que se le había suministrado. Medidas de seguridad: Existencia de barandillas y pasarelas para el riesgo de caída a distinto nivel. La única causa del accidente producido fue la grave negligencia del perjudicado, que pese al plus de obligación de observar las medidas de seguridad, encofrador con más de cuarenta años de experiencia, no lo hizo, siendo en consecuencia el único causante del accidente.

 

Sección Segunda

J A E N

JUZGADO DE LO PENAL

NUMERO UNO DE JAEN

P.A. NÚMERO 74/2009

ROLLO APELACION PENAL NÚMERO 13/2010

Esta Audiencia Provincial de Jaén, por los Iltmos. Sres. Relacionados al margen, ha pronunciado, en Nombre del Rey, la siguiente

SENTENCIA Número 92

Iltmos. Sres.

PRESIDENTE

D. José Antonio Córdoba García.

MAGISTRADOS:

D. Rafael Morales Ortega.

Dª María Fernanda García Pérez.

En la ciudad de Jaén, veintitrés de junio de dos mil diez.

Vista, en grado de apelación, por la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial la causa seguida ante el Juzgado de lo Penal número Uno de esta capital, por el Procedimiento Abreviado 74/2009, por el delito contra los derecho de los trabajadores, procedente del Juzgado de Instrucción 2 de Jaén, siendo acusados Alfonso representado en la instancia por el Procurador Sr. Méndez Vílchez y defendido por el Letrado Sr. Martínez Ortiz y Estanislao cuyas circunstancias constan en la recurrida, representado en la instancia por la Procuradora Sra. Santa Olalla y defendido por el Letrado Sr. Luque Moreno, siendo apelantes los acusados, apelante adherido la Cía Axa Aurora Ibérica, representada por la Procuradora Sra. Martínez Quero y defendida por el Letrado Sr. Gallo Torres,, y parte apelada el Ministerio Fiscal y Silvio, representado por el Procurador Sr. Romero Vela y defendido por la Letrada Sra. Heredia Barragán, y Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Rafael Morales Ortega.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal número Uno de Jaén, en el Procedimiento Abreviado nº 74/2009 se dictó, en fecha 23 de octubre de 2009 Sentencia que contiene los siguientes hechos probados: "PRIMERO.- El acusado Alfonso, representante legal de la empresa "Construcciones Juan Gutiérrez Medina" y por tanto legalmente obligado a facilitar los medios y medidas de seguridad exigibles y adecuadas, tenía contratado por cuenta y bajo la dependencia de la citada empresa al trabajador Silvio, con la categoría de oficial de primera, con una experiencia de mas de cuarenta años, para la realización de dos viviendas, dos apartamentos y garajes en la calle Neveral de Jaén. La empresa anteriormente referida se dedicaba a la construcción de todo tipo de inmuebles para su posterior promoción y explotación.

SEGUNDO.- Sobre las 08.40 horas del día 4 de Septiembre de 2006, Silvio se encontraba ayudando a encofrar la planta para su hormigonado dirigiendo el referido trabajo con la ayuda de los planos. Al faltar unos hierros el mismo dejó los planos en el suelo y tras darse la vuelta para salir a por ellos puso el pie en una de las bovedillas, en lugar de pisar el elemento resistente, que ante el peso del operario se rompió cayendo al suelo del forjado inferior a una altura de 3 metros.

TERCERO.- El trabajador carecía de medio de protección frente al riesgo de caída en altura y no había instaladas medidas de seguridad colectivas para proteger el referido riesgo, ni se habían dispuesto por encima de las bovedillas tablones de reparto de carga por dónde el trabajador pudiera caminar de manera segura infringiendo de esa forma el R.D.1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecían las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. De igual modo ha quedado acreditado que el operario no utilizaba en el momento de la caída cinturón de seguridad que pudiera haber aminorado las lesiones.

CUARTO.- El trabajador accidentado una semana antes había recibido un curso de formación.

QUINTO.- Estanislao realizaba las funciones de coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y como tal no comprobó que las medidas colectivas e individuales que se habían previsto en el plan de seguridad se cumplían.

SEXTO.- Como consecuencia del accidente, Silvio sufrió fractura de meseta tibial y de maleolo peroneo derecho que precisaron para su curación de inmovilización con escayola y rehabilitación, empleando para su sanidad 245 días, de los cuales 15 fueron de hospitalización y el resto incapacitado para el ejercicio de su profesión habitual, quedándole como secuelas: limitación de la movilidad de rodilla valorada en 6 puntos, Artrosis postraumática valorada en 3 puntos, material de osteosíntesis valorada en 4 puntos y perjuicio estético moderado valorado en 6 puntos.

La empresa "Construcciones Juan Gutiérrez Medina" tenía contratado el seguro de responsabilidad civil con la compañía AXA con número de póliza 23070362 y el acusado Estanislao tenía suscrita la póliza de seguro suscrita con la mutua MUSAAT.

SEPTIMO. El perjudicado ha recibido en concepto de indemnización por la mutua la cantidad de 30.000€".

SEGUNDO.- Así mismo la referida Sentencia pronuncia el siguiente Fallo: "Que DEBO CONDENAR Y CONDENO A Alfonso Y Estanislao como responsables criminalmente en concepto de autores de un delito Contra los Derechos de los Trabajadores en concurso con una falta del artículo 621.3 del C.P. a la pena para cada uno de ellos de SEIS MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE CONDENA MULTA DE SEIS MESES A RAZÓN DE SEIS EUROS y quedando sometidas a la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP en caso de impago y costas por mitad.

En concepto de responsabilidad civil los acusados indemnizaran de forma conjunta y solidaria a Silvio y como Responsables civiles directos la mutua MUSAAt y la Compañía de Seguros Axa en la cantidad de 29.274,98€ mas los intereses del artículo 576 de la LEC. Ahora bien al considerar que el trabajador intervino en la producción del accidente en un 20% solo del 80% restante deben responder la aseguradora y mutua en sus respectivos porcentajes (40% cada una de ellas) ".

TERCERO.- Contra la misma Sentencia por las distintas representaciones de Estanislao y Alfonso formalizaron en tiempo y forma el recurso de apelación dándose traslado a las demás partes para impugnación o adhesión habiéndose presentado por la Cía Axa Aurora ibérica escrito de adhesión, el Ministerio Fiscal y por la representación de Silvio, sendos escritos de impugnación.

CUARTO.- Elevados los autos a esta Audiencia, se acordó formar Rollo, turnar de Ponente, quedando examinados para Sentencia.

QUINTO.- Se aceptan como trámites y antecedentes los de la Sentencia recurrida.

SEXTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia por la que se condena a los acusados Estanislao y Alfonso como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el art. 316 CP, en concurso ideal con una falta de lesiones imprudentes del art. 621.3 CP, a la pena de seis meses de prisión, seis meses multa a razón de seis euros y accesoria, así como al abono solidario junto con las Cías. Musaat y Axa al perjudicado en el 80% de la cantidad de 29.274, 98 euros, se alzan la representación procesal de ambos acusados interponiendo sendos recursos de apelación.

Esgrime la representación del Sr. Estanislao dos motivos principales y uno subsidiario, aunque los subdivide en cinco apartados diferentes. El primero, la vulneración del principio acusatorio, argumentando en su apoyo la falta de especificación de los escritos de acusación tanto en lo referente al relato de hechos en el que según manifiesta, sólo se limitaron a mencionar que su patrocinado era el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, sin relacionar cual era la función del mismo y la omisión que por ella se le imputaba, así como la consecuencia que tal omisión originó y el conocimiento y aceptación de tales funciones, omisión y consecuencia, sin concretar tampoco la existencia de más trabajadores en la obra, como en la calificación jurídica, en la que no se concretan las normas laborales que se estiman infringidas, de modo que al completar la sentencia recurrida tanto los elementos de hecho como los fundamentos de derecho no contemplados en los escritos de acusación al condenarlo por la labor de supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad que como Arquitecto Técnico le incumbían, en base a los preceptos laborales que en ella se citan como infringidos, se le ha originado una clara indefensión, denunciando igualmente por ello la infracción del art. 316 CP, por indebida aplicación del mismo y la interpretación errónea de la normativa que regula la figura del Coordinador, concretamente el art. 9 del RD 1627/97, del que resulta que en el momento en que se produjo el accidente no era necesaria la intervención del mismo y es la única condición en la que se le acusaba, ni que su función como tal coordinador sea la de vigilar la correspondencia de las medidas con el Plan aprobado y vigilar su cumplimiento, tareas que realmente competen a la constructora y en su caso -que no es el presente- a las empresas que intervienen en la obra; como segundo motivo principal esgrime la existencia de error en la valoración de la prueba, sobre la doble base de que se ha de estimar acreditada la previsión en el Plan y existencia en la obra de medidas de seguridad colectivas e individuales adecuadas para evitar la caída de altura que se produjo, independientemente de la opinión técnica de poder haberse empleado otras distintas, y concurrió además una imprudencia temeraria del trabajador accidentado. Finalmente y como motivo subsidiario, impugna la indemnización concedida en la instancia, alegando la improcedencia de la acumulación del perjuicio estético a las secuelas funcionales para determinar el valor del punto por las mismas y no haberse tenido en cuenta deduciéndola la indemnización percibida ya por el trabajador derivada del accidente de 30.000 euros, a fin de evitar el enriquecimiento injusto que se produce con la nueva indemnización concedida.

Por su parte, la representación del Sr. Alfonso, al igual que el anterior, esgrime como único motivo la existencia de error en la valoración de la prueba e infracción del art. 316 CP, argumentando al respecto, que de la misma se ha de estimar acreditada la existencia en la obra de las medidas de seguridad colectivas e individuales proporcionadas por el mismo y que el perjudicado Sr. Silvio era el encargado de la obra y de velar por el cumplimiento de las previstas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, siendo así que por tal condición, por su larga experiencia y curso de formación en materia de prevención recibido, se ha de concluir que fue la culpa exclusiva por del mismo por la grave falta de diligencia, la que originó el accidente, alegando también que el que se utilizara un tipo de medida de seguridad colectiva entre otras posibles, no implica omisión punible alguna, quedando en tal caso la conducta al margen del ámbito penal en el que nos encontramos a virtud del principio de intervención mínima que lo informa.

La aseguradora Axa, se adhirió a las dos impugnaciones que en esencia acabamos de describir.

SEGUNDO.- Centrándonos pues en el primer motivo de apelación esgrimido por la representación del Sr. Estanislao por el que denuncia la vulneración del principio acusatorio en atención a la falta de concreción del relato fáctico y calificación jurídica de los escritos de acusación, habremos de partir de una uniforme jurisprudencia -SSTS 5-7-01 ó 9-7-03, entre otras muchas- que por lo que aquí ahora interesa, declara que el principio acusatorio exige, conforme ha precisado el Tribunal Constitucional, la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir, "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia. "La acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse" (STS 7 diciembre 1996). "Los hechos básicos de la acusación constituyen elementos sustanciales e inalterables y la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa" (SS. 8 febrero 1993, 5 febrero 1994 y 14 febrero 1995, entre otras). En suma, como se precisa en la Sentencia de 26 febrero 1994, es evidente: "a) Que sin haberlo solicitado la acusación, la sentencia no puede introducir un elemento "contra reo" de cualquier clase que sea; b) Que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) Que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y, d) Que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado".

Ahora bien, como añade la STC 278/2000 tras reiterar anteriores pronunciamientos, "también hemos destacado el necesario carácter real y efectivo de la lesión al derecho fundamental de defensa para que pueda extraerse de ella relevancia constitucional, por lo que lo decisivo a la hora de enjuiciar la posible vulneración del principio acusatorio por esta razón no es la falta de homogeneidad formal entre objeto de acusación y objeto de condena, es decir el ajuste exacto y estricto entre los hechos constitutivos de la pretensión penal y los hechos declarados probados por el órgano judicial, sino la efectiva constancia de que hubo elementos de hecho que no fueron ni pudieron ser debatidos plenamente por la defensa lo que exige ponderar las circunstancias concretas que concurren en cado caso para poder determinar lo que resulta esencial al principio acusatorio: que el acusado haya tenido oportunidad cierta de defenderse de una acusación en un debate contradictorio con la acusación".

Así, ya desde la STC 12/1981, de 12 de abril, el mismo viene declarando que en el ámbito de las garantías del proceso consagradas en el art. 24.2 CE se encuentran las derivadas del principio acusatorio, que conlleva el derecho a ser informado de la acusación y a no ser condenado por cosa distinta de la que se ha acusado, y consiguientemente de la que el imputado haya podido defenderse en un debate contradictorio.

En este contexto por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un "factum", sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, ya que el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre la calificación jurídica (SSTC 12/1981, de 10 de abril; 225/1997, de 15 de diciembre; 302/2000, de 11 de diciembre; 4/2002, de 14 de enero; 170/2002, de 30 de septiembre; 228/2002, de 9 de diciembre; 33/2003, de 13 de febrero; 71/2005, de 4 de abril y 266/2006, de 11 de septiembre, entre otras muchas). En consecuencia, el pronunciamiento del órgano judicial debe efectuarse precisamente en los términos del debate tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación.

No obstante, la sujeción de la condena a la acusación no es tan estricta como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio, de manera que no existe infracción constitucional cuando el juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a como venían siéndolo, siempre y cuando ello no suponga la introducción de un elemento o dato nuevo al que, dado su lógico desconocimiento, no hubiera podido referirse el acusado para contradecirlo en su caso (STC 10/1988, de 1 de febrero; 225/1997, de 15 de diciembre; 4/2002, de 14 de enero; 71/2005, de 4 de abril; 266/2006, de 11 de septiembre).

A ello responden los conceptos de identidad fáctica y homogeneidad en la calificación jurídica, esto es, a la existencia de una analogía tal entre los elementos esenciales de los tipos delictivos, que la acusación por un determinado delito posibilita per se la defensa en relación con los homogéneos respecto a él (STC 225/1997, de 15 de diciembre).

Por ello, la falta de homogeneidad formal entre objeto de acusación y objeto de condena, no es lo decisivo para que la posible vulneración del principio acusatorio adquiera relevancia constitucional, sino -reiteramos- la efectiva constancia que hubo elementos esenciales de la calificación final que no fueron ni pudieron ser debatidos plenamente por la defensa, lo que exige ponderar las circunstancias concretas concurrentes en cada caso para poder determinar lo que resulta esencial al principio acusatorio: que el acusado haya tenido oportunidad cierta de defenderse en un debate contradictorio con la acusación (STC 225/1997, de 15 de diciembre; 278/2000, de 27 de diciembre; 170/2002, de 30 de septiembre; 189/2003, de 27 de octubre; 145/2005, de 6 de junio; 262/2006, de 11 de septiembre; y STC 73/2007, de 16 de abril). Sin embargo, lo que no impide el principio acusatorio es que el Tribunal configure los detalles del relato fáctico de la sentencia según las pruebas practicadas en el juicio oral. Es al Tribunal y no a las partes a quien corresponde valorar la prueba practicada, y en su consecuencia puede introducir en el relato otros elementos, siempre que sean de carácter accesorio, que incrementen la claridad de lo que se relata y permitan una mejor comprensión de lo que el Tribunal entiende que ha sucedido.

En la línea expuesta, matiza la STS Sala 2ª de 31 mayo 2006, que desde el punto de vista de los presupuestos fácticos objeto de acusación, lo relevante para el proceso penal no es el mero relato de un acaecimiento realmente producido, sino sus aspectos transcendentes para la subsunción, esto es, aquéllos hechos naturales fijados normativamente y que integran el tipo penal a aplicar. Ello quiere decir que del hecho de la vida objeto del proceso han de tomarse en cuenta y ser fijados, en el momento de la acusación, aquéllos extremos fácticos que integran el sustrato de los distintos elementos típicos que componen el precepto penal cuya aplicación se solicita y las circunstancias influyentes en la responsabilidad del acusado, así como la identificación de las personas a quienes se imputa tales hechos. Son estos los elementos sustanciales que no deberán ser alterados por el Juez, que puede, sin embargo, matizarlos o complementarlos, incluyendo otros datos, siempre que no impliquen cambio de calificación, resultando neutrales para el fallo. Y para resolver sobre la identidad o falta de ella de los hechos hay que partir del dato de que tal identidad no tiene por qué ser estrictamente matemática, bastando que existan estables los siguientes elementos: el hecho material, el elemento psicológico y la relevancia para la calificación jurídica. Esta es una doctrina establecida en numerosas sentencias como la de 15 de marzo y 3 de abril de 1.997, 28 de enero de 2.000 ó 31 de julio de 2.001.

Así pues, no es necesario que el relato fáctico de la acusación sea absolutamente exhaustivo, ni que el Tribunal sentenciador se ciña miméticamente al relato fáctico de la acusación, pudiendo precisar, modalizar y circunstanciar su exposición fáctica de manera distinta a como lo hicieron las partes, apreciando según su conciencia las pruebas y resultados del juicio. Lo relevante es, por tanto, que el acusado no haya sufrido indefensión habiendo dispuesto de la posibilidad plena de defensa contradictoria frente al hecho material imputado y la calificación jurídica objeto de acusación".

A la luz de dicha doctrina pues, habrá de ser rechazada la vulneración que del principio procesal descrito se denuncia, en lo atinente a la argumentación de que concretada en los escritos de acusación la responsabilidad que se solicitaba como Coordinador de seguridad, posteriormente se condene como en su calidad de Aparejador y por la omisión de la labor de supervisión que como parte de la dirección facultativa de la obra del cumplimiento de las medidas de seguridad tenía encomendadas, pues aun siendo cierto que el escrito de calificación del Mº Fiscal no modificado en el plenario sólo hacía constar lacónicamente que "el acusado Estanislao era coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra", no lo es menos que el escrito de calificación provisional de la Acusación Particular añadía además a dicha condición, que "era el encargado de la ejecución en la obra de dicho plan de seguridad" de lo que se puede colegir sin lugar a dudas que con tal expresión que desde luego debiera haber sido más precisa, se refería a la función de garante que al mismo correspondía como Arquitecto técnico director de la ejecución de dicha obra, de supervisión de la existencia y cumplimiento de las necesarias medidas de seguridad en la misma junto con el constructor obligado a facilitar las mismas. En ambos escritos se especifica además los extremos fácticos relevantes para la calificación jurídica que integran el sustrato de los distintos elementos típicos que conforman el art. 316 CP por el que se acusaba, en cuanto se describe el accidente originado, imputándolo a la falta de medidas de seguridad colectivas e individuales del riesgo de caída de altura con infracción de lo dispuesto en el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, de modo que no se puede hablar de una indefensión real y efectiva por la falta de concreción que se alega, pues todos los extremos citados fueron sometidos a debate y contradicción en el plenario y el recurrente se le dio la oportunidad de proponer la pertinente prueba en su defensa, como lo demuestra la aportación incluso al inicio del juicio de informe pericial que trataba de desvirtuar los obrantes en la causa y elaborados por el Técnico de la Dirección Provincial de Prevención de Riesgos Laborales y el Inspector de Trabajo.

Menos aun se puede estimar vulnerado por la falta de especificación de las normas laborales a las que el art. 316 CP, como norma penal en blanco que es, se entiende se debían de haber concretado, pues la concreción jurídica a la que se refiere el escrito de acusación por mor de lo establecido en el art. 650 LECrim. al que se remite el art. 781 de dicha Ley, es la de la determinación legal de los hechos, "determinando el delito que constituyan", de modo que tal concreción resulta suficiente a los efectos acusatorios, pero es que además el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal especifica la vulneración de lo dispuesto en el anexo IV del RD 1629/97, de 24 de octubre, que es el que contiene las disposiciones mínimas de seguridad para el supuesto enjuiciado que se dicen omitidas, sin que la complementación en la resolución recurrida con otras normas que determinan la responsabilidad concreta de los intervinientes pueda en modo alguno suponer la vulneración que se pretende, lo mismo que no se vulneraría en otros supuestos de normas penales en blanco, como es el caso de los delitos contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas por ejemplo, en los que lógicamente y a nadie se le ocurre alegar indefensión por ello, tampoco se entiende exigible la cita en la calificación de los preceptos correspondientes del Reglamento General de Circulación, porque de otro modo se impida su defensa frente a tal imputación.

Finalmente, no se puede mantener que se vulnere en la sentencia el tan citado principio acusatorio y la consiguiente vulneración del art. 316 CP que se denuncia, por el hecho de no hacer referencia a las personas concretas que participaban en el proceso constructivo como trabajadores en el momento del accidente que pudieran encontrarse en situación de peligro, pues tal alegación revela la falta de una detenida lectura de la resolución recurrida, la cual puede haber inducido a error al apelante, en cuanto que aun entendiendo que en el supuesto enjuiciado nos encontramos ante un concurso de normas a resolver conforme a lo prevenido en el art. 8, resuelve erróneamente el mismo conforme al criterio del nº 4 de dicho precepto, en lugar de aplicar en de consunción o absorción del nº 3, cuya aplicación solicitaba el Ministerio Fiscal con toda corrección.

Efectivamente, conforme a las directrices jurisprudenciales (SSTS 22 de diciembre de 2001 y 4 de junio de 2002, entre otras), en caso de concurso entre el delito del artículo 316 y el delito de lesiones imprudentes (u homicidio imprudente en su caso) se ha de acudir para solventarlo al concurso de leyes o normas, con aplicación de las reglas del artículo 8 del CP, salvo cuando delito del artículo 316 afecte, no sólo al empleado lesionado, sino a una generalidad de trabajadores que desempeñan su trabajo en semejantes condiciones de inseguridad que aquél, o lo que es lo mismo, cuando además del trabajador accidentado como consecuencia de la realización del riesgo hay otros trabajadores en esa misma situación de riesgo, en cuyo caso estaremos ante un concurso ideal de delitos a sancionar de conformidad con el artículo 77 del CP.

En el sentido expuesto, la STS de 25-4-05, declara: "Así se ha pronunciado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1036/2002, de 4 de junio, en la que se declara que el CP de 1995 ha mantenido, en lo esencial, la regulación del art. 348 bis a) del CP de 1973 procedente de la reforma de 1983. Responde a la idea de adelantar la línea de intervención punitiva y tiene la estructura característica de un delito de omisión y de peligro concreto grave, que lo configura autónomamente de los delitos de resultado y permite la compatibilidad entre ambos si el resultado lesivo se produce, aplicándose como regla general el principio de consunción del artículo 8.3º del vigente CP. Así lo estableció esta Sala en la sentencia 1188/1999, de 14 de julio, al afirmar que si a consecuencia de la infracción de normas laborales se produce el resultado que se pretendía evitar (muerte o lesiones del trabajador) el delito de resultado absorberá al de peligro (art. 8.3º CP), como una manifestación lógica de la progresión delictiva, aunque se podría aplicar el concurso ideal de delitos cuando el resultado producido constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad, y esto último es lo que ha sucedido en el supuesto que examinamos en el presente recurso, ya que la situación de peligro que caracteriza el delito contra la seguridad de los trabajadores ha progresado hasta producir lesiones en los trabajadores cuya protección se pretendía adelantar a través del delito de peligro mencionado, sin embargo, ha existido otros trabajadores cuya situación de grave peligro no se ha concretado en resultado alguno, por lo que no procede apreciar la consunción manteniéndose ambas conductas delictivas con autonomía, en concurso ideal, cuyo castigo por separado es más favorable a los acusados, acorde con lo que se dispone en el artículo 71 del Código Penal de 1973 ".

En el mismo sentido se pronunciaba esta Sala en sentencia de 31-7-09, en la que en un supuesto similar al presente y descartada la concurrencia de concurso ideal del art. 77 CP, que en el supuesto de autos ni fue planteado por las acusaciones, manteníamos que "habría de calificar ya como errónea la calificación contenida en el escrito de acusación, que aplicando el principio de alternatividad invocado, solicitando condena según la pena establecida para el delito del art. 316 CP por ser esta más grave que la del art. 152.1.1º CP, porque tal forma de resolver el concurso de normas existente incluso entre dos conductas incardinadas en sendos delitos, era sin duda contraria a la doctrina expuesta. Pero es que además, ninguna razón se da para justificar la aplicación del art. 8.4 CP, como se solicita por que la infracción de resultado sea constitutiva de falta y es así que en primer lugar en contra de dicha afirmación, el art. 8.3 CP, no especifica que el concurso de normas se haya de dar entre dos preceptos que incardinen infracciones graves constitutivas de delito, por el contrario la redacción del mismo es del siguiente tenor literal "El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen infracciones consumidas en aquel" de modo que no distingue si la conducta prevista en las distintas normas es constitutiva de delito o de falta; en segundo lugar, el principio de alternatividad sólo es aplicable de forma subsidiaria en defecto de los demás criterios que establece el art. 8, de modo que el núm. 4 comienza diciendo "En defecto de los criterios anteriores"... esto es cuando el concurso no se pueda resolver en atención a los mismos y es así que acreditado y no discutido que los acusados no facilitaron al trabajador la formación e información específica para el trabajo que el mismo realizaba, con infracción de lo dispuesto en el art. 4.2 d) y 19.1 del ET, así como del art. 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Anexo II del RD 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad en relación con la utilización de los equipos de trabajo, omisión que se considera como causante de las lesiones sufridas por aquel, se ha de estimar necesariamente que concretándose el peligro en dicho resultado lesivo, el tipo penal de la falta de imprudencia con resultado lesiones es sin duda la conducta más amplia que viene a consumar aquella omisión inicial y que se viene a configurar como la imprudencia grave originadora de la vulneración de la integridad física del trabajador y en consecuencia absorbida por este último, siendo este el tipo aplicable como correctamente se hizo en la instancia".

A la vista de lo anterior pues, habremos de concluir que sí concurre la indebida aplicación del art. 316 CP, pero no por la vulneración del principio acusatorio, como parece argumentarse, al no hacer alusión alguna los escritos de acusación a la existencia de un peligro colectivo a causa de la infracción de las normas de seguridad y no obstante ello recogerlo así la sentencia, porque realmente en la misma tampoco se hace referencia a esa puesta en peligro de una pluralidad de trabajadores y es por ello por lo que acude al concurso de normas y no de delitos, aunque yerra en la resolución de dicho concurso como hemos expuesto y es por ello por lo que aplica el art. 316 CP como precepto penal más grave, cuando en realidad los hechos, a falta de esa pluralidad de trabajadores en peligro, serían en todo caso constitutivos de falta de imprudencia con resultado lesiones del art. 621.3 CP.

De lo anterior se deriva pues dicho sea de paso, que la calificación de la Acusación Particular en su primer escrito de acusación del constructor y posterior ampliatorio respecto del Aparejador también acusado, es errónea en cuanto que en la misma, pese a hacer constar la concurrencia de un resultado lesivo y no hacer referencia alguna de puesta en peligro más que para el lesionado -léase su escrito de calificación provisional elevado a definitivo-, se concluye que los hechos son constitutivos de un delito del art. 316 CP.

A tenor de todo lo expuesto pues, el motivo esgrimido habría de ser estimado pero en el sentido expuesto, aunque dicha estimación carece de relevancia por lo que exponemos a continuación.

TERCERO.- En lo que se refiere a la existencia de error en la valoración de la prueba esgrimido por la representación de los dos apelantes y ciñéndonos pues a la supuesta imprudencia en la que a la vista de lo razonado en el anterior fundamento se podría concretar la condena, habremos de partir de la doctrina expuesta en la instancia en orden a la determinación de los posibles sujetos activos del delito contra el derecho de los trabajadores, en tanto en cuanto a ellos se atribuye la condición de garantes de la seguridad de los trabajadores, sea proporcionando las medidas adecuadas a tal fin o vigilando el cumplimiento de las previstas como necesarias para impedir las situaciones de peligro grave para la vida o integridad física de aquellos.

Efectivamente, la condición de garante recae por lo que aquí ahora interesa, no sólo en el empresario que actúa directamente o por delegación, sino en todos aquellos que tienen la posibilidad práctica de evitar la situación de peligro y estando jurídico-laboralmente obligados a hacerlo no lo hacen, ya que la mención incluida en el tipo "legalmente obligados" no excluye la posibilidad de extender la responsabilidad del empresario a personas que trabajen a su servicio, o concretar esa responsabilidad, como señalaba el TS en Sentencia de 10-5-1980, respecto a todas las que ostenten mando o dirección técnicos o de ejecución y tanto se trate de mandos superiores como de intermediarios o subalternos, incluso de hecho; habiendo señalado el TS en su sentencia de 26-9-2001 que la mención en el precepto de los legalmente obligados a facilitar las medidas de seguridad no excluye de la obligación legal a quien, por sus funciones, está obligado a controlar y verificar que se cumplan los requisitos de seguridad y protección de riesgos generados por la obra y ello aunque no ostente la condición de empresario; interpretación contenida igualmente en STS 10-4-2001, que apunta que pueden ser autores del delito tanto el empresario como sus encargados, todo ello sin perjuicio de que sea preciso examinar la conducta de cada acusado, su intervención en el hecho enjuiciado, en aplicación del principio de culpabilidad; ya sostuvo al respecto con relación a la anterior normativa la STS de 5-5-1980, que dentro del concepto de encargado de obra cabe igualmente la alta dirección, la media y la de simple rector de la ejecución o capataz, es decir, cualquier persona que asume o a la que se confía la realización de una tarea con mando sobre otros y con función general de vigilancia y cuidado, pues tales encargados o delegados tienen la obligación de conocer las normas de seguridad y de hacerlas cumplir, y, conforme al deber de previsibilidad que les incumbe, están también obligados, como declaró este Tribunal en las sentencias calendadas, a exigir a los obreros imperativamente el cumplimiento cabal y exacto de las cautelas y prevenciones establecidas en las citadas normas de seguridad, sin que la existencia de otros profesionales responsables exonere a cada uno de las obligaciones que en esta materia les competen; criterio reiterado en SSTS 26-7-2000 y 19-10-2000, la cual señala, con cita de la de 15-7-1992, que cuantos dirigen y se hallan al cuidado de una obra deben impartir diligentemente las instrucciones oportunas, de acuerdo con las Ordenanzas Legales de Seguridad e Higiene en el Trabajo a fin de que el trabajo se realice con adecuadas medidas de seguridad, como garantes de la salvaguardia de la integridad física de cuantos trabajadores participen en la ejecución de los diversos trabajos, sujetos a riesgos que es preciso evitar; poniendo a contribución cuantas previsiones y experiencias técnicas sean concurrentes a tal fin, sin que puedan bastar advertencias generales, sino que se exige una concreta atención a cada situación con el debido cuidado.

En el mismo sentido se pronunciaba esta Sala en sentencia de 14-4-08, en la que insistíamos en que una reiterada doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo que el jefe de la obra asume una especial posición de garante de la seguridad de cuantos trabajan en ella (SSTS 30 diciembre 1985, 15 mayo 1989, 9 abril 1990, 7 noviembre 1991, 15 julio 1992, 18 enero 1995 ó 26 marzo 1999) y en dicha resolución citábamos también la SAP Jaén, Secc. 1ª de 20 diciembre 2006, en la que se declaraba que "El encargado o jefe de obra, vino a incurrir en la infracción de normas sobre prevención de riesgos laborales y no facilitación de los medios necesarios para los trabajadores, que conllevó a derivarse un riesgo y peligro grave para la vida, salud e integridad física de los trabajadores tal y como exige y requiere el art. 316 del Código Penal, ya que estaba obligado a facilitar las medidas de seguridad, a controlar y verificar que se cumplan los requisitos de seguridad y protección de riesgos generados por la obra, (sentencias del T.S. de 26-9- y de 10-4-2001 entre otras), y en este caso, se produce el resultado típico por no realizar un comportamiento adecuado al no adoptar todos los medios necesarios de prudencia, control y supervisión para evitar el resultado lesivo".

Es cierto también, como resalta el Ministerio Fiscal en su impugnación y declara entre otras la SAP Madrid de 31 julio 2009, que es doctrina de nuestro más alto tribunal que el trabajador debe ser protegido "hasta de su propia imprudencia profesional" (Sentencia de 21-2-1979), no obstante, no se puede obviar que algunas resoluciones del Tribunal Supremo, han venido a atemperar esta afirmación, así el auto de 6-11-2001 y 5 y 9-10-2000, permiten valorar la propia conducta negligente del trabajador, calibrando la respectiva relevancia de las conductas intervinientes.

La anterior doctrina se trae a colación para aclarar que asiste la razón a los apelantes y ello no se puede obviar, en cuanto a que la sentencia recurrida omite en sus razonamientos un dato fundamental para la resolución del supuesto enjuiciado y es que efectivamente de la prueba practicada se ha de estimar acreditada la condición de Encargado de la obra del trabajador lesionado, así se deriva no sólo de la declaración del Sr. Alfonso en el plenario, ratificando lo ya declarado en fase instructora -f. 74 a 76- y de la testifical de los trabajadores Sres. Juan Luis y Bruno, los cuales afirmaron que él era el encargado y daba las instrucciones oportunas, coordinando los trabajos -fs. 179 y 181 y stes.- sino de la propia declaración del Sr. Silvio que en el acto del juicio admitió que él era el que daba las órdenes y daba las bovedillas pero físicamente no las ponía, y ante el Instructor afirmó que "Se encontraba como encargado de la obra, aunque en nómina no figuraba como tal".

De este modo habremos de coincidir que en tal condición de encargado, el lesionado venía legalmente obligado a velar por la seguridad de los trabajadores y obviamente por la propia, obligación que como expondremos, no puede entenderse cumplida ya de principio dado que el mismo ejecutó el trabajo de altura sin medio de protección, él mismo reconoce que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, de modo que con ello se puso en disposición de sufrir un accidente, como así aconteció y es por tal conducta imprudente interferente en el resultado lesivo por lo que en la instancia se estima la existencia de una concurrencia de culpas.

Partiendo así de tal premisa no obstante, lo que los apelantes mantienen y habremos de examinar es si esa actuación negligente es excluyente de la responsabilidad atribuida a aquellos o se ha de mantener la concurrencia razonada en la instancia. Así, es la propia sentencia la que declara que no ha quedado acreditado que los trabajadores no dispusieran de medidas de seguridad individual, esto es, "que no existieran cinturones de seguridad porque el resto de los trabajadores si los vieron, cosa distinta -sigue diciendo- es que no lo utilizaran por las razones que ya se han expuesto", es más en el relato de hechos probados de la misma -hecho tercero- en ningún momento se establece como tal el que no se facilitaran las medidas de seguridad colectivas o individuales por el constructor previstas en el plan de seguridad, sólo estima que "el trabajador carecía de medio de protección frente al riesgo de altura y que no había instaladas medidas de seguridad colectivas para proteger el referido riesgo, ni se habían dispuesto por encima de las bovedillas tablones de reparto de carga por donde el trabajador pudiera caminar de manera segura" y son tales circunstancias las que considera infracción del RD 1627/97, aunque más tarde concluye tras un análisis exhaustivo de la prueba practicada, que "hay responsabilidad de los acusados ante la falta de medidas de seguridad colectiva que debía aprobar el coordinador y por incumplimiento del art. 11 del RD 1627/97 por parte del empresario, esto es, cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores lo establecido en el plan de seguridad..."

Pues bien, son las anteriores afirmaciones con las que esta Sala necesariamente ha de discrepar, pues en primer lugar, de la prueba practicada sí se ha de estimar acreditada la existencia de medidas de seguridad colectiva, otra cosa es que no se adoptara la técnica propuesta por el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales como la más adecuada para la protección del riesgo, la del entablado continuo para toda la base del encofrado como alegan los apelantes.

En primer lugar no es discutible que existía un plan de seguridad e Higiene aprobado por el Sr. Estanislao, y ese mismo informe de Técnico de Prevención de Riesgos -fs. 6 y stes.-, ratificado en el plenario por el Sr. Leoncio, deja constancia que en el mismo se identificaba el riesgo de caída de altura, para el que se preveían tanto protecciones personales -arnés de seguridad- como protecciones colectivas -cables fiadores para cinturones de seguridad, entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro y sistemas de redes horizontales para huecos verticales-, afirmando además que en la fase de la construcción en la que se produce el accidente, no existe elemento estructural del propio edificio donde anclar una línea de vida, aunque se podía hacer mediante la colocación de sargentos, pero lo estima absurdo cuando existen medidas colectivas más eficaces, que además deben tener prioridad sobre las individuales -f. 14- estimando finalmente que el más adecuado es el entablado completo y por ello concluye que el método de trabajo empleado era inadecuado, inseguro y el riesgo de caída de personas a distinto nivel no lo evitaba con medidas de protección colectivas que estaban planificadas, infringiendo así el Anexo IV del RD 1627/97, determinando como causa del accidente la falta de seguridad estructural y un método de trabajo inexistente o inadecuado. No obstante y por lo que luego diremos, obvia que en el plan de seguridad cuyo anexo extractado aporta, se establecía como norma básica de seguridad en fase de estructura -f. 35- la disposición de pasarelas con carreras de tablones o dispositivos similares con anchura mínima de 0'60 mientras el forjado no tenga consistencia para soportar la circulación de personas.

No obstante si contrastamos dicho informe, no ya con el de parte emitido por el Sr. Luis María, sino con el del Sr. Inspector de Trabajo obrante al f. 172 en el acta de infracción que el mismo extiende, partiendo de que tanto uno como otro se realizaron tras una visita a la obra girada más de un mes después del accidente, concluye en discrepancia con el anterior, que el accidente se produjo por la falta de medidas de seguridad colectivas como el entablado completo o "la colocación sobre las bovedillas de pasarelas por donde el personal pudiera caminar sin tener que pisar directamente sobre las bovedillas..." o en todo caso el uso de medios preventivos personales que evitaran la caída. Dicho perito Sr. Bernabe en el acto del juicio tras exponer evidentemente que el entablado completo era lo mejor, no obstante sin descartar la otra medida colectiva como adecuada, manifestó según consta en acta, que no sabe si dicho entablado en esta obra concreta era complicado de realizar y el propio Don. Leoncio al hacerle la observación de la imposibilidad de la utilización de los medios materiales auxiliares necesarios para aplicar la técnica del entablado completo por la estrechez de la calle entre otras circunstancias -camión hormigonera de alto tonelaje- admitió la posibilidad de utilización de otras técnicas.

En definitiva, si tenemos en cuenta el estado de la obra en el momento de la producción del accidente, el mismo acaeció según el relato de hechos probados - segundo- cuando "el lesionado se encontraba ayudando a encofrar la planta para su hormigonado dirigiendo el referido trabajo con ayuda de los planos. Al faltar unos hierros el mismo dejó los planos en el suelo y tras darse la vuelta para salir a por ellos puso el pie en una de las bovedillas, en lugar de pisar el elemento resistente..." y que el encofrado que se estaba realizando era el del segundo forjado a escasa altura de la calle, no siendo en consecuencia efectivas la colocación de redes y muy dificultosas la colocación de líneas de vida y en consecuencia de medidas de protección individual, debiendo en todo caso primar las medidas de protección colectiva como afirmaba el Técnico de Prevención, lo cierto es que se ha de estimar acreditado que además de barandillas y otras no relacionadas con el accidente, en la obra existían estas últimas en cuanto que se habían proporcionado los tablones de reparto que como pasarelas debían utilizarse como una de las alternativas propuestas y admitidas por el Inspector Don. Bernabe, pues así resulta no sólo del reportaje fotográfico y facturas aportadas por la representación del constructor obrantes a los fs. 196 y stes., sino del propio testimonio de los trabajadores que desempeñaban la tarea, los cuales afirman no sólo que había tablones para no pisar la bovedillas de corcho, sino que los mismos estaban siendo utilizados en el encofrado en el momento del accidente, es más parece que lo que se discute es si el mismo se produjo al estar colocando dichas bovedillas según manifestó el lesionado Don. Leoncio o una vez colocadas y cuando se iba a proceder a colocar el mallazo y verter el hormigón y se estaban retirando los tablones, como manifestó ante el Técnico el Sr. Alfonso.

Asiste pues la razón a los apelantes en cuanto a la previsión en el Plan de medidas de seguridad para el riesgo de caída a distinto nivel y su existencia en la obra, no pudiéndose declarar en consecuencia infringido lo dispuesto en el Anexo IV, parte C, núm. 3 del RD 1627/97, como se concluye en la instancia, porque en los apartados a) y b) transcritos en la instancia se describe la posibilidad de utilización de varios medios alternativos según las circunstancias concurrentes y varios de ellos habían sido proporcionados y estaban siendo colocados -al menos tablones de reparto y barandillas-, sin que cuestión se pueda centrar en el ámbito penal en el que nos encontramos y en base al principio de intervención mínima que lo informa, en la disquisición más o menos teórica, de la mayor adecuación de uno u otro medio, cuando además de las distintas opiniones técnicas y de la propia normativa citada, se deriva la posibilidad alternativa de la utilización de varios según las circunstancias concurrentes.

Otra cosa será pues, si la falta de observación de dichas medidas de seguridad por el trabajador-encargado-lesionado en un momento puntual y determinado como decíamos, excluye o no la responsabilidad de los apelantes y la respuesta habrá de ser necesariamente afirmativa, pues en lo que se refiere al empresario constructor, habremos de convenir que difícilmente se puede saber que debiera haber hecho para evitar la concreta imprudencia en la que incurrió precisamente el encargado de velar por delegación suya de la seguridad de la obra, no pudiendo olvidar al respecto -reiteramos- que está vetado en el concreto campo del derecho que nos movemos y en especial en relación al delitos de imprudencia, efectuar una declaración de responsabilidad penal en base a la construcción objetiva del tipo deducida del resultado pues de no estar asentada la responsabilidad en la culpa, estaríamos afirmando que la misma lo esta en el resultado, algo que ya no es en el derecho penal español, de tal manera que, de ser así, siempre que se hubiese producido un resultado estaríamos ante un delito, lo que evidentemente no es en absoluto sostenible, debiendo en todo caso evitar interpretaciones extensivas contrarias al Derecho penal, más propias del ámbito civil, en aras a la alarma social que producen los accidentes de esta naturaleza, con su secuela de muertos y lesionados (en la misma medida que ocurre con los accidentes de vehículos de motor), que puede, como resalta la SAP de Valencia de 26-3-09, ciertamente justificar la modificación de la normativa referente al aumento de las medidas para la prevención de estos hechos y el incremento, asimismo, de las medidas de inspección y de sanción administrativa, pero no para promover y ampliar subjetivamente la punición penal de tales hechos, olvidando el carácter fragmentario del derecho sancionador, así como los principios de intervención mínima y de subsidiariedad del derecho penal, que también se invocan por el recurrente.

Por ello y aun siendo cierto, que en principio, el empresario atrae hacía sí la responsabilidad por el resultado consecutivo al riesgo imprudente, por el hecho de ocupar tal posición como persona individual o jurídica, ampliándose el contenido del deber objetivo de cuidado respecto de otras personas, porque así lo requiere la norma laboral que le confiere el poder de dirección y de organización en el centro de trabajo, debiendo velar por la seguridad en el trabajo y por la indemnidad de los trabajadores, tal premisa general puede verse afectada y ceder en aquellos supuestos como el presente, en que conste que haya delegado su poder directivo a persona competente, siempre que los hechos punibles se sitúen en el alcance y contenido de la delegación, de modo que como reseña la STS de 26 de marzo de 1994, debe reconocerse eficacia a la delegación de la posición de garante cuando tal delegación se efectúa en personas capacitadas para la función que disponen de los medios necesarios para la ejecución de los cometidos que corresponden al deber, esto es, como declara la STS de 14 de julio de 1.999, la delegación se construye en torno a tres premisas que permiten perfectamente la concurrencia de varias personas en la producción del hecho típico: deber de elección, exigiendo que la delegación se realice en persona con capacidad suficiente para controlar la fuente de peligro; deber de instrumentalización, facilitando al delegado los medios adecuados para controlar la fuente de peligro; y el deber de control, incrementando las medidas de cautela específicas para verificar que la delegación se desenvuelve dentro de las premisas de la delegación. Cumplidas las anteriores cautelas nada obsta a que pueda existir responsabilidad penal exclusiva de persona distinta al empresario cuando éste ha cumplido sus obligaciones, ya que de lo que se trata en realidad, es de determinar material y no solo formalmente quién realmente tiene la competencia y puede ejercerla en relación a la seguridad e higiene, ya que la responsabilidad penal, no puede olvidarse nunca, debe referirse a una actuación dolosa o imprudente, y nunca por una determinada pertenencia a un órgano de representación o por la detentación de la titularidad formal de la empresa lo que vendría a constituir nada menos que una responsabilidad objetiva.

En el supuesto de autos, entendemos pues que se cumplen las premisas jurisprudenciales expuestas y en consecuencia la responsabilidad del constructor quedaría excluida, pues no sólo el accidentado era el encargado por delegación de aquel, sino que el mismo admitió en el plenario que tenía una experiencia como encofrador de unos cuarenta y dos años atrás, como corroboraron los testigos Don. Juan Luis y Sr. Bruno, pero es que además había recibido pese a que sorprendentemente lo negó, el correspondiente curso de formación sobre prevención una semana antes -f. 79- y tenía a su disposición las medidas de seguridad antes expuestas.

Por lo que se refiere a la responsabilidad del otro acusado Sr. Estanislao como coordinador de seguridad y aparejador de la obra, habremos de llegar a la misma conclusión, pues aun siendo su misión y en consecuencia la omisión que al respecto se le imputa - STS de 26-9-01 - la de exigir las condiciones de seguridad a pié de obra controlando en definitiva la observancia de las medidas de seguridad o evitando las omisiones del empresario en la facilitación de los medios, lo que no se puede exigir es que el mismo se encuentre de manera permanente en dicha obra para el cumplimiento de tales funciones, de modo que en supuestos como el presente en los que el accidente no se produce por la falta de medidas de seguridad, sino por la no observancia en un momento muy puntual por quien precisamente venía obligado a observarlas y hacer que los demás las observaran, no se puede atribuir responsabilidad alguna al mismo, salvo que queramos incurrir en la interpretación ciertamente extensiva proscrita en este ámbito del Derecho y acercarnos más a una posible responsabilidad objetiva derivada del resultado más propia del ámbito civil.

En definitiva y por todo lo expuesto hasta ahora, es por lo que entendemos que desde la aplicación de la teoría de la imputación objetiva seguida por la jurisprudencia, la única causa del accidente producido fue la grave negligencia del perjudicado, que pese al plus de obligación de observar las medidas de seguridad, no obstante no lo hizo, siendo en consecuencia el único causante del accidente, contribuyendo de manera decisiva al mismo con su grave imprudencia,

Al respecto, conviene terminar con la cita de la STS de 19-10-00, en la que con aplicación de dicha teoría de la imputación objetiva, seguida por la jurisprudencia para explicar la relación que debe mediar entre acción y resultado, mantiene que, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar: 1º. Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y 2º. Si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción, de modo que de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

Y sigue aclarando dicha resolución, que uno de los supuestos de ruptura de la imputación objetiva lo constituyen los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado. El segundo requisito al que antes hacíamos referencia -sigue diciendo- exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima -como ocurrió en el supuesto enjuiciado-, se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la "autopuesta en peligro" o "principio de la propia responsabilidad", de modo que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva.

En la jurisprudencia esta problemática ha sido considerada en parte a través de la figura de la "compensación de culpas" en los delitos imprudentes. En este sentido, la STS de 5-11-90 establece que "para calibrar la respectiva relevancia de las conductas intervinientes (...) habrá de tenerse en cuenta que si uno de los factores o condiciones se muestra como causa decisiva y eficiente del resultado, habrá de reputarse la actuación de los demás intervinientes como accidental y fortuita. Como resulta evidente que en los casos citados de autopuesta en peligro y, por consiguiente, de autoresponsabilidad del lesionado, la participación de un tercero no debe ser punible.

Por todo ello en definitiva y sin necesidad de análisis del motivo de impugnación subsidiario también esgrimido es por lo que procede la estimación de las apelaciones interpuestas y en consecuencia la libre absolución de los acusados por la acusación que contra ellos se venía manteniendo.

CUARTO.- No existen razones en que basar una condena en las costas de esta apelación, que habrán de declararse de oficio.


F A L L A M O S


 
Que estimando los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 23 de octubre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal nº Uno de Jaén, en el procedimiento abreviado nº 74/09 seguido en el mismo, debemos revocar la misma, dejándola sin efecto y en su lugar, debemos absolver a los acusados Estanislao y Alfonso de los delitos por los que venían siendo acusados, con declaración de oficio de las costas de esta apelación.

Devuélvase al Juzgado de lo Penal número Uno de Jaén los autos originales, con testimonio de esta resolución, para su cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación