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Sentencia A.P. Badajoz 142/2010, de 23 de septiembre


 RESUMEN:

Derechos de los trabajadores: Imposición de condiciones ilegales de trabajo. Delito en concurso ideal, con un delito de lesiones por imprudencia. Responsabilidad de los agentes de la edificación: Encargado de obra y subcontrata. Obligación a las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios a vigilar el cumplimiento por dichos contratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Trabajos en altura: Seguridad.

SENTENCIA

En Mérida, a veintitrés de Septiembre de dos mil diez.

Habiendo visto en grado de apelación, esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, la causa seguida en el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Don Benito, por un delito CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, contra los acusados Pedro Jesús, Cirilo, Higinio, Pelayo, Luis Alberto, Y Bernardino, cuyas circunstancias personales constan en la Sentencia recurrida, y siendo parte en esta alzada: como apelantes y a su vez apelados, Pedro Jesús, defendido por el Letrado Sr. Borrego Calle, Higinio Y Pelayo, asistidos por el Letrado Sr. Carretero González, y Guillermo, representado por el Procurador Sr. Lobo Espada, y defendido por el Letrado Sr. Corbacho Palacios; como apelados Bernardino, representado por el Procurador Sr. Soltero Godoy, defendido por el Letrado Sr. Jiménez Ortiz, MAPFRE INDUSTRIAL S.L., defendida por el Letrado Sr. Jurado Lena, y EL MINISTERIO FISCAL.

Siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado DOÑA JUANA CALDERÓN MARTÍN, quien expresa el parecer unánime de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Bajo el nº 211/2009, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Don Benito tramitó Juicio Oral correspondiente al Procedimiento Abreviado nº 10/2008, del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque, seguido contra los acusados Higinio, Pelayo, Cirilo, Pedro Jesús, Luis Alberto y Bernardino, por presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Segundo.-Con fecha 4 de diciembre de 2009, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del citado órgano jurisdiccional dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que debo condenar y condeno a Higinio, a Pelayo y a Pedro Jesús, como autores criminalmente responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso ideal, con un delito de lesiones causadas por imprudencia, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para los dos primeros, de Prisión de ocho meses, con la Accesoria de Inhabilitación Especial para el derecho de Sufragio Pasivo durante el tiempo de esta condena y Multa de ocho meses con una cuota diaria de diez euros y con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria de un día de Privación de Libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, por primer delito y de cuatro meses de Prisión, con la Accesoria de Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o cargo por término de un año, por el segundo delito y, para el tercero, de Prisión de seis meses, con la Accesoria de Inhabilitación Especial para el derecho de Sufragio Pasivo durante el tiempo de esta condena y Multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria de un día de Privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, por el primer delito y de tres meses de Prisión, con la Accesoria de Inhabilitación especial para el derecho de Sufragio Pasivo durante el tiempo de la condena, por el segundo delito; así como al pago de las costas procesales, Absolviendo libremente y, con toda clase de pronunciamientos favorables, a Cirilo a Luis Alberto y a Bernardino del delito contra los derechos de los trabajadores y del delito de Lesiones imprudentes, de que, asimismo, venían acusados.

Segundo: Higinio, Pelayo y Pedro Jesús, conjunta y solidariamente y junto con la Compañía Aseguradora Mapfre Industrial indemnizarán en concepto de responsabilidad civil y como responsables civiles directos, a Guillermo en la cantidad de 60.596`83 euros; ly todo ello con aplicación de los intereses computados en la forma prevista en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro respecto a la aseguradora y, en su caso, en la manera ordinaria respecto a los otras responsables.

Abónense las medidas cautelares acordadas para el cumplimiento de la pena y dense a los efectos del delito, en caso de haberlos, el destino legal".

Tercero.-Contra la referida Sentencia se interpusieron recursos de apelación por las representaciones procesales de los acusados, Pedro Jesús, Higinio y Pelayo, y por la acusación particular de Guillermo, recursos que fueron admitidos en ambos efectos y de los que se dio el oportuno traslado a las demás partes.

La acusación particular impugnó el recurso de los acusados; el acusado absuelto Bernardino impugnó el recurso de los acusados condenados; Mapfre impugnó el recurso de la acusación particular. El Ministerio Fiscal impugnó todos los recursos e interesó la confirmación de la sentencia apelada.


HECHOS PROBADOS

Se acepta en su integridad el relato de hechos probados que contiene la sentencia apelada, y que se da aquí por reproducido para evitar reiteraciones innecesarias.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-La sentencia del Juzgado de lo Penal de Don Benito ha sido recurrida por los acusados, que han sido condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de lesiones causadas por imprudencia, y también por la acusación particular, ésta última en cuanto hace a la determinación de la indemnización fijada en la resolución apelada en concepto de responsabilidad civil.

Recurso planteado por el condenado Pedro Jesús.

En el primero de los motivos de este recurso se denuncia la nulidad de actuaciones, al amparo de lo dispuesto en el art. 238.3 de la LOPJ, nulidad que derivaría de la ausencia de notificación al acusado-apelante del auto de transformación de las iniciales diligencias previas en procedimiento abreviado; esta falta de notificación, a decir del apelante, le habría causado indefensión ya que se le ha privado de la posibilidad de recurrir la mentada resolución, infringiéndose con ello el art. 24 de la Constitución.

El motivo se desestima. Sobre esta cuestión conviene señalar que el Tribunal Constitucional ha declarado con reiteración que la estimación de un recurso de amparo por existencia de infracciones de las normas procesales "no resulta simplemente de la apreciación de la eventual vulneración del derecho por la existencia de un defecto procesal más o menos grave, sino que es necesario acreditar la efectiva concurrencia de un estado de indefensión real o material" (SS 126/1991 y 290/1993); para que pueda apreciarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta una vulneración meramente formal, siendo necesario que de tal infracción formal de normas procesales se derive un efecto material de indefensión, un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (STC 149/1998), con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados (SSTC 155/1998 y 112/1989).

En este caso, no aprecia la Sala esa real, efectiva y material situación de indefensión a la que se refiere el Tribunal Constitucional pues el acusado y su defensa técnica tuvieron conocimiento de todo lo actuado desde el momento de su personación, y, más tarde, cuando se notificó el auto de apertura de juicio oral y se les dio el formal traslado de los escritos de las acusaciones, y ninguna alegación sobre nulidad hizo en ese momento en su escrito de defensa; tampoco pidió la notificación del auto de transformación de transformación de las diligencias previas si es que tenía intención de recurrirlo, y ello a pesar de estar personado el imputado desde antes de dictarse en el mentado auto y convenientemente provisto de defensa técnica; además, el apelante, en su escrito de defensa propuso cuantas pruebas tuvo por conveniente, y en el plenario ha tenido sin duda la oportunidad de alegar y sostener su postura procesal, como también lo hace ahora en esta alzada.

Los motivos de fondo que esgrime este apelante tampoco merecen favorable acogida, no apreciándose error alguno en la apreciación probatoria que ha llevado a efecto el juzgador de instancia, ni tampoco infracción de precepto legal alguno.

El condenado Pedro Jesús era, en el momento de ocurrir los hechos, el encargado de la obra designado por la empresa Procondal S.L., que había subcontratado a Macoal S.L. para la realización de determinados trabajos en la obra que estaba llevando a efecto en el Instituto de Educación Secundaria de Talarrubias; en esta última empresa prestaba sus servicios el trabajador accidentado. Sostiene el apelante que el condenado Sr. Pedro Jesús no estaba "legalmente obligado" a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñaran su actividad con las adecuadas medidas de seguridad (art. 316 del C. Penal), pues sólo era encargado de la empresa contratista principal. No comparte la Sala este argumento porque, como bien indica la defensa del perjudicado al impugnar el recurso, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 dispone, para los casos en que en un centro de trabajo hay trabadores de distintas empresas, que tales empresas están obligadas a establecer los medios de coordinación precisos para el cumplimiento de las normativa sobre protección y prevención de riesgos laborales; también dicha disposición legal obliga a las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios a vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Por otra parte, la elaboración del Plan de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales corrió a cargo, precisamente, de la empresa contratista Procondal que, lógicamente por ello, asume la responsabilidad de su efectiva aplicación, siendo que la persona que, por delegación, estaba al cargo de la obra y presente en aquélla era el acusado Pedro Jesús, a quien, por tanto, puede imputarse la responsabilidad penal por haber tenido conocimiento del riesgo y no haber procurado el cumplimiento de las medidas de seguridad específicamente previstas en la legislación vigente para los supuestos, como el de autos, en que se desarrollan trabajos en altura (aproximadamente cuatro metros). En este sentido, indicaremos que existe una clara línea jurisprudencial sobre quienes son los sujetos activos obligados por la normativa laboral a procurar y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, tanto si ejercen estas funciones reglamentariamente como si las actúan de hecho (STS de 30-3-1990); incurriendo en responsabilidad criminal si en el cumplimiento de tales deberes se muestran remisos o indolentes y con dicha conducta causan o contribuyen a la causación de un resultado dañoso o a una situación de grave peligro (STS de 12-5-1981), ello con independencia de su condición o no de empresario o dependiente del mismo. La STS de 16-6-1992 también alude a que «todas aquellas personas que desempeñan funciones de dirección o de mando en una empresa y, por tanto, sean éstas superiores, intermedias o de mera ejecución y tanto las ejerzan reglamentariamente como de hecho están obligadas a cumplir y a hacer cumplir las normas destinadas a que el trabajo se realice con las prescripciones elementales de seguridad. Cuantos dirigen y se hallan a cargo de la actividad deben impartir diligentemente las instrucciones oportunas, de acuerdo con la normativa legal, a fin de que el trabajo se realice con las adecuadas medidas de seguridad de cuantos trabajadores participen en la ejecución de los diversos trabajos sujetos a riesgos que es preciso evitar, poniendo a contribución cuantas previsiones y experiencias técnicas sean concurrentes a tal fin, sin que puedan bastar advertencias generales, sino atendiendo a cada situación con el debido cuidado.

Ello es así tanto si se estima que el accidente se produce porque el trabajador se cayó mientras colocaba ladrillos en la fachada del edificio en obras, como si la concreta labor desarrollada por aquél en el momento de la caída era la realización de tareas de montaje del segundo cuerpo de un andamio tubular; en uno y otro caso se debió proveer al trabajador de los dispositivos anticaídas convenientes y adecuados a la específica tarea desarrollada, siendo que el operario únicamente contaba con el casco como medida de protección, a todas luces insuficiente para desempeñar con seguridad un trabajo de construcción en altura. En este sentido fueron clarificadoras las declaraciones del Inspector de Trabajo y Seguridad Social Sr. Gumersindo, quien afirmó que las exigencias de seguridad cuando se desarrolla un trabajo en altura serían las mismas en uno u otro caso y que las conclusiones de su informe no cambiarían por el hecho de que el andamio estuviera ya montado o en construcción; y el perito Sr. Romeo sostuvo que las consecuencias del accidente podrían haber sido menos graves si se hubieran utilizado elementos individuales de protección como el llamado "cable vida" sujeto al forjado.

La ineludible obligación de dotar a los trabajadores de los elementos de protección -individuales y colectivos- legalmente previstos para los trabajos en altura, o de vigilar porque se empleen, hace innecesaria la práctica de la prueba que interesa el apelante pues está sobradamente acreditado que se produjo una caída desde aproximadamente cuatro metros de altura de modo que la más concreta determinación de si el operario montaba el segundo nivel del andamio o estaba colocando ladrillos no tiene la relevancia esencial que sostiene el apelante.

Segundo.-Recurso de Higinio y Pelayo.

La atribución legal de la condición de sujeto activo del delito del artículo 316 del Código Penal, lo es con carácter principal y originario, al empresario y ello a tenor tanto de lo dispuesto en dicho precepto y en el artículo 318 del mismo Código, como en los 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores y 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de los que resulta, que al empresario corresponde, como señala la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 21 de junio de 2000, "la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en la misma Ley. El empresario deberá, además, intentar perfeccionar continuamente los niveles de protección existentes y realizar cuantos ajustes sean necesarios ante cualquier tipo de cambio en las circunstancias que inciden en la realización del trabajo".

En este caso, siendo los dos condenados apelantes únicos socios y administradores de la empresa para la que prestaba sus servicios el trabajador accidentado, no existiendo en tal empresa ninguna estructura jerarquizada de la que se derive, por delegación, distribución alguna del poder directivo del empresario, y no constando que, en ese ámbito empresarial jerarquizado, otra persona distinta de los dos administradores estuviera directamente encargada del cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de seguridad laboral, no cabe otra conclusión que la que viene sentada en la resolución apelada, es decir, que los dos apelantes eran quienes, directamente, debieron proveer a los trabajadores de los elementos de seguridad individuales exigidos legalmente en el caso, siendo que todos los que han declarado en el plenario expresan que no se hizo así, ni siquiera aparece constatado ningún otro tipo de información sobre riesgos y prevenciones a adoptar por los mentados trabajadores.

Tercero.-Recurso de Guillermo.

Pretende el perjudicado-apelante que se revoque la sentencia de instancia y se fije la indemnización correspondiente por el concepto de responsabilidad civil en los términos que, bien con carácter principal o, en su caso subsidiario, se contienen en el escrito de recurso.

En la fijación de las indemnizaciones derivadas de hechos ajenos al ámbito de la circulación de vehículos de motor, es claro que no hay obligación de aplicar el Sistema de Valoración de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre. Sin embargo, la aplicación del baremo por vía analógica a supuestos en los que no es obligatorio no es contraria a derecho y, además, permite alcanzar un razonable grado de certidumbre y seguridad jurídica en la cuantificación del resarcimiento.

En este caso, el juzgador de instancia ha aplicado el baremo como base para el cálculo de la indemnización, pero, dado que, como apuntamos, no es obligatoria su utilización, habrá que examinarse si, atendida la naturaleza del hecho generador de la responsabilidad civil y sus consecuencias -en nuestro caso, lesivas para la salud de un trabajador- la total indemnización se muestra razonablemente acorde con la entidad de los daños y perjuicios sufridos por el trabajador lesionado. La Sala, teniendo en cuenta las lesiones y secuelas que obran descritas en los informes médicos obrantes en autos, concluye que no ha lugar a variar el importe de la indemnización concedida al no existir ningún motivo por el que deba corregirse el criterio del juez a quo, que la ha fijado de acuerdo con su facultad de libre valoración de la prueba en esta materia y con un criterio fundado en derecho, utilizando a modo el baremo como punto de partida para llegar a la cantidad final.

Por lo demás, ni la fecha que toma como referencia para el cálculo de la indemnización -la de los hechos, tal y como viene siendo criterio de esta Sala-, ni la cuantía que se concede como indemnización por la incapacidad permanente para el trabajo, convenientemente ponderada por el juzgador teniendo en cuenta la edad del lesionado y el tiempo que le resta de vida laboral, ni tampoco la alegada existencia de un daño moral, que se entiende englobado en el cálculo del total de la indemnización, constituyen errores ni de hecho ni jurídicos que permitan estimar el recurso que plante la acusación.

Cuarto.-Dada la desestimación de los recursos, procede imponer las costas de esta alzada a los apelantes (art. 239 L.E.CR.)

VISTOS los preceptos legales citados, y demás concordantes de general aplicación


FALLAMOS


 
Que con desestimación de los recursos de apelación interpuestos por la representaciones procesales de Pedro Jesús, Higinio Y Pelayo, y la de Guillermo, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. señor Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Don Benito, de fecha 4 de diciembre de 2009, en los autos de Juicio Oral núm. 211/2009, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida resolución, con imposición de las costas de esta alzada a cada uno de los apelantes.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de lo resuelto, a fin de que se proceda a su ejecución y cumplimiento, archivándose el original en el Legajo de sentencias penales de esta Sección.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de todo lo que certifico.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que contra la anterior resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 267 de la LOPJ. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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