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Sentencia A.P. Ciudad Real 112/2010 de 18 de octubre


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: Seguridad laboral. Homicidio imprudente: Absolución del acusado. Condena de falta de imprudencia leve con resultado de muerte. Responsabilidad del representante legal de la empresa en la que trabajaba la víctima, cuya labor era recargar a presión con pistola de acople rápido de unos extintores con nitrógeno líquido. Medidas de prevención: Ausencia, con la consiguiente explosión de un extintor, que se encontraba corroído y en mal estado, y que impactó con el trabajador.

CIUDAD REAL

SENTENCIA: 00112/2010

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de CIUDAD REAL

Domicilio: C/ CABALLEROS, 11 PRIMERA PLANTA

Telf: 926-295500

Fax: 926-253260

Modelo: 213100

N.I.G.: 13034 37 2 2010 0101036

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000082 /2010

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 2 de CIUDAD REAL

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000477 /2009

RECURRENTE: Bartolomé /a:

Letrado/a:

RECURRIDO/A:

Procurador/a:

Letrado/a:

S E N T E N C I A N º 112

===============================

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE.

Dª MARIA JESUS ALARCON BARCOS

MAGISTRADOS.

Dª DOÑA PILAR ASTRAY CHACON

DON ALFONSO MORENO CARDOSO

================================

En Ciudad Real a dieciocho de octubre de dos mil diez. -

Vistos por la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los Autos de Procedimiento Abreviado num.477/09 y del Juzgado de lo Penal num.2, seguidos por el delito de contra la seguridad de los trabajadores, contra Bartolomé, mayor de edad, con DNI NUM000 cuyas demás circunstancias personales constan suficientemente en las actuaciones. Representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales Sra. SANTOS ALVARES y defendido por el Letrado Sr. DAMASO ARCEDIANO. Ha sido parte el Ministerio Fiscal, en la representación que por la Ley le está conferida, y ponente, Doña MARIA JESUS ALARCON BARCOS, que expresa el parecer de los Ilustrísimos Señores componentes de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que al margen se relacionan, en los siguientes términos


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO: Que, con fecha 4.6.2010, el Juzgado de lo Penal número de Ciudad Real, dictó sentencia en las presentes actuaciones, estableciendo el siguiente relato de hechos probados:"

Sobre las 18.30 horas del día 29.8.05, en el interior del Polígono Industrial Cabezuelo II de la localidad de Argamasilla de Calatrava, propiedad de la empresa de la que es representante legal el acusado Bartolomé, mayor de edad y sin antecedentes penales, el trabajador por cuenta ajena sin antecedentes penales, el trabajador por cuenta ajena de trabajo, realizaba su mas que habitual actividad laboral consistente en recargar a presión con pistola de acople rápido uno de sus extintores con nitrógeno líquido.

Mientas efectuaba dicha operación, y ante la falta de las medidas de prevención que debía adoptar la empresa, el extintor reventó por su parte inferior saliendo despedido violentamente e impactando contra el cuerpo de señor Gumersindo ocasionado su fallecimiento a las pocas horas del siniestro como consecuencia de las heridas producidas por dicho impacto.

La explosión del extintor se debió al mal estado en que el mismo se encontraba debido a su corrosión en la parte baja que motivó la falta de resistencia en el recipiente para aguantar la presión del nitrógeno líquido en la presurización del extintor.

El acusado, con experiencia en el sector y con conocimiento de su obligación y siendo un riesgo previsible, no adoptó ninguna media preventiva tendente a eliminar posibles riesgos derivados de dicha actividad consistente en dotar de un sistema fijo de anclaje o fijación de algún mecanismo de protección del extintor al suelo para evitar que en caso de rotura o explosión se produjera la proyección vertical del mismo.

El acusado, a la fecha del siniestro, tenía concertado seguro de responsabilidad civil con MAPFRE Industrial.

Luis estaba soltero convivía con sus padres, Romualdo y Josefa " " y fallo: "

Que debo condenar y condeno al acusado Bartolomé como autor de un delito contra la seguridad de los trabajadores y de un delito de homicidio por imprudencia grave ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de un año de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto de su empresa durante tres años.

Como responsable civil indemnizará a Romualdo y a Josefa, en 93.943,33 euros, con responsabilidad civil directa de Mapfre Industrial hasta el límite del seguro concertado, esto es de 60.000 euros que constan ya consignados, y subsidiaria de Contra Incendios Puertollano SL, más el interés legal que para la aseguradora será el del Arto. 20 L. C.S. desde el 23.09.09.

Finalmente le condeno al pago de las costas procesales que incluyen expresamente las de la acusación particular".

SEGUNDO: Que la sentencia fue recurrida en apelación por la Procuradora Sra.SANTOS ALVARES, en nombre y representación de Bartolomé alegando errónea valoración de la prueba, así como indebida aplicación del tipo penal del art. 316 en relación con el art. 318 del C. Penal e indebida aplicación del tipo penal del art. 142 del C. Penal.

TERCERO: Admitido el recurso y transcurrido el plazo de diez días, a partir de su traslado a las demás partes, con presentación de escritos de impugnación o adhesión, se elevaron los autos a esta Audiencia, donde prescindiendo de la celebración de vista, Y se deliberó esta resolución.

CUARTO: En la substanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia de instancia con las siguientes modificaciones:

Sobre las 18.30 horas del día 29.8.05, en el interior del Polígono Industrial Cabezuelo II de la localidad de Argamasilla de Calatrava, propiedad de la empresa de la que es representante legal el acusado Bartolomé, mayor de edad y sin antecedentes penales, el trabajador por cuenta ajena sin antecedentes penales, el trabajador por cuenta ajena de trabajo, realizaba su mas que habitual actividad laboral consistente en recargar a presión con pistola de acople rápido uno de sus extintores con nitrógeno líquido.

Mientas efectuaba dicha operación, y ante la falta de las medidas de prevención que debía adoptar la empresa, el extintor reventó por su parte inferior saliendo despedido violentamente e impactando contra el cuerpo Don Gumersindo ocasionado su fallecimiento a las pocas horas del siniestro como consecuencia de las heridas producidas por dicho impacto.

La explosión del extintor se debió al mal estado en que el mismo se encontraba debido a su corrosión en la parte baja que motivó la falta de resistencia en el recipiente para aguantar la presión del nitrógeno líquido en la presurización del extintor y la omisión de un sistema adecuado para determinar el estado de los extintores.

El acusado, había suscrito con una empresa ajena, la evaluación de los riesgos laborales, por lo que había delegado sus funciones en cuanto a la evaluación del plan de riesgos laborales y medidas preventivas con carácter general.

En el plan inicial de evaluación de riesgos, no contemplaba media preventiva tendente a eliminar posibles riesgos derivados de la actividad la presurización del extintor, que debería consistir en dotar de un sistema fijo de anclaje o fijación de algún mecanismo de protección del extintor al suelo para evitar que en caso de rotura o explosión se produjera la proyección vertical del mismo.

El acusado, a la fecha del siniestro, tenía concertado seguro de responsabilidad civil con MAPFRE Industrial.

Luis estaba soltero convivía con sus padres, Romualdo y Josefa " " y fallo: "


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
PRIMERO: Se alega la infracción del artículo 316 del Código Penal, alegando que no incumplió ninguna norma grave de seguridad, existiendo un plan de seguridad y siendo responsabilidad del propio trabajador el golpear el extintor.

En cuanto a la aplicación indebida de la Norma Jurídica, debemos señalar que para la aplicación del artículo 316 del Código Penal deben concurrir:

1º) Infracción de normas de prevención de riesgos laborales.

2º) Omisión de facilitar medios necesarios para el desempeño del trabajo.

3º) Condiciones de seguridad adecuadas

4º) Efecto de poner en peligro la vida o integridad física de los trabajadores.

Lo dicho supone que la acción típica de peligro se consuma por el mero hecho de no facilitar las medidas de seguridad para el trabajador que realiza su actividad en condiciones de especial riesgo para su salud e integridad; y ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda por el resultado lesivo concurrente. Produciéndose el mismo nos encontramos con un concurso con el artículo 142 del Código Penal como acontece en el presente supuesto.

El gerente asume las siguientes obligaciones establecidas en el art. 14.2 de La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales

Es decir, el empresario es el que ostenta el poder de dirección y organización, y en consecuencia, es el obligado, por así decirlo, principal al facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad laboral con las medidas de seguridad y salud adecuadas y de acuerdo con los riesgos que genere la actividad laboral que realicen, las demás personas están obligadas a vigilar el cumplimiento de dichas medidas, labor de vigilancia que no excluye en determinados supuestos la responsabilidad penal del mismo.

La Jurisprudencia al analizar dicho precepto, establece las siguientes conclusiones: se trata de un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante, y al respecto debemos recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -Ley 31/95 de 8 de noviembre - en su art. 14.2 impone al empresario un deber de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos"... el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio..." "... el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas...".

Resulta incontestable que los empresario o titulares de la empresa son los posibles sujetos activos del delito, pero no sólo ellos, sino también, desde una perspectiva penal los administradores y encargados del servicio a los que se refiere el art. 318 del C. P. Finalmente el elemento normativo del tipo se refiere a "... la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales...", lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco -en este sentido S.T.S. núm. 1360/98 de 12 de noviembre - de suerte que es la infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en peligro grave su vida, salud o integridad física" la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave riesgo.

Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cualquier infracción de normas de seguridad extendería indebidamente la respuesta penal en niveles incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica. En definitiva podemos concluir que la integración del tipo penal con la normativa de la prevención de riesgos laborales, sólo debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya omisión es capaz de generar aquel grave peligro. Se está en consecuencia ante una infracción de una norma de seguridad que se ha reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores.

En concreto en el ámbito de la actividad que desarrollaban la empresa y en el que tuvieron lugar los hechos sometidos a enjuiciamiento que nos ocupan la delimitación de las personas obligadas a desplegar las medidas adecuadas para desempeñar la actividad laboral en condiciones idóneas para preservar la vida y salud de los trabajadores (Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud par la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo), habrá de efectuarse en ámbito de delegación de funciones derivado tanto de la propia especificidad de la fuente de riesgo, con exigencia de adecuadas formaciones técnicas en cada caso como de la necesidad de la distribución funcional de las tareas, construyendo una posición de garantía en el delegado sin cancelar la del delegante, esto es el delegante no ha de controlar ya directamente la fuente de peligro sino a la persona a quien se ha conferido el dominio de la fuente de peligro, habiendo afirmado en este aspecto la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1.999 que la delegación se construye en torno a tres premisas que permiten perfectamente la concurrencia de varias personas en la producción del hecho típico: deber de elección, exigiendo que la delegación se realice en persona con capacidad suficiente para controlar la fuente de peligro; deber de instrumentalización, facilitando al delegado los medios adecuados para controlar la fuente de peligro; y el deber de control, incrementando las medidas de cautela específicas para verificar que la delegación se desenvuelve dentro de las premisas de la delegación. Cumplidas las anteriores cautelas nada obsta a que pueda existir responsabilidad penal exclusiva de persona distinta al empresario cuando éste ha cumplido sus obligaciones, ya que de lo que se trata en realidad, es de determinar material y no solo formalmente quién realmente tiene la competencia y puede ejercerla en relación a la seguridad e higiene, ya que la responsabilidad penal, no puede olvidarse nunca, debe referirse a una actuación dolosa o imprudente, y nunca por una determinada pertenencia a un órgano de representación o por la detentación de la titularidad formal de la empresa lo que vendría a constituir nada menos que una responsabilidad objetiva.

Descendiendo al caso que nos ocupa hemos de partir que el acusado en su día contrato con la entidad Servicio de Prevención Mancomunado de Puertollano, la evaluación inicial de riesgos de la empresa contra incendios Puertollano, donde se recoge en el plan inicial de evolución de riesgos efectuado en el año 2003 al folio 231 recoge Proyección de Fragmentos o partículas, bajo el numero de código 11, y determina las medidas adoptar: uso de gafas de seguridad en las visitas realizadas a otros centros de modo que no recogía expresamente dicha contingencias en el propio centro, sólo cuando aconteció el faltal desenlace del fallecimiento del trabajador por la entidad a quien se le había encargado la evaluación de riesgos recoge expresamente aquellas medidas que en su día consideró la Inspección de trabajo. Tales circunstancias nos lleva a la conclusión que si bien el empresario es el encargado de adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos en el trabajo, lo cierto es que en el caso concreto que examinamos contrató con un tercero esta obligación, y fue a esta empresa la que le compete determinar que la evaluación de los riesgos que como indicamos no lo hizo. De ahí que entendamos que el empresario asumió y adoptó las medidas preventivas que se le indicaban en función del informe de evaluación realizado por la empresa que se había contratado.

Por todo ello entendemos que en el caso que nos ocupa procede estimar el recurso en cuanto al particular que no concurren los presupuestos necesarios para la aplicación del tipo penal previsto en el art. 316 del C. Penal, en cuanto que el empresario asumió el informe de evaluación de riesgos y en función del mismo adoptó las medidas que se le indicaron, si bien en el caso concreto de proyección de fragmentos sólo los incluye a raíz de que ocurren el siniestro, de ahí que entendamos que no concurre el elemento doloso que este tipo penal requiere y en consecuencia procede la estimación del recurso, amén de que delegó en un tercero la prevención del riesgo.

SEGUNDO.- Alega los recurrentes que se ha infringido el art. 142 del C. Penal al entender que no concurren los elementos de dicho tipo penal, ni se ha acreditado en debida forma que hubiese existido una imprudencia grave.

La Sala no puede compartir el criterio sustentado por la el Juzgador de Instancia a la hora de considerarlos como constitutivos de un delito de homicidio imprudente de su artículo 142.1 y 2 del Código Penal pues de ellos no se desprende ese plus de temeridad en su proceder que la citada figura delictiva requiere, por cuanto, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, manifestada entre otras en las sentencias de 9-6-82, 18-3-90, 1-12-00 o 1-4-2002, para distinguir la imprudencia grave,-temeraria en el Código Penal de 1973 -, y que es la que exige el precepto antes citado, de la leve -simple en el anterior texto punitivo-, habrá de atenderse.

1º A la mayor o menor falta de diligencia mostrada en la acción u omisión.

2º A la mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado.

3º A la mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado que según las normas socioculturales del agente se espera. En definitiva, la valoración de la entidad de la imprudencia ha de hacerse en consideración a la importancia de la infracción; si es grave, habrá imprudencia grave sin tener en consideración para su graduación los resultados producidos que, aunque son un elemento del tipo respectivo, no ha de servir para medir la intensidad de la culpa. Es mas, la sentencia del Tribunal Supremo de 11-3-99 indicó que concurrirá la imprudencia grave cuando en la conducta del acusado se aprecie ausencia de las más elementales medidas de cuidado, causante de un efecto lesivo o dañino fácilmente previsible, y el incumplimiento de un deber exigido a toda persona en el desarrollo de la actividad que ejercita.

Por consiguiente, trasladando la anterior doctrina al caso de autos, vemos que la conducta del recurrente no puede ser incardinada en el tipo delictivo por el que fue condenado al no poderse catalogar de grave, al menos en los términos antes referidos.

El homicidio imprudente laboral, sean delito (art. 142 CP) o falta (art. 621 CP) constituyen, en suma, un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, con la producción de una efectiva lesión para aquél - y por este resultado se diferencia del delito previsto en el Art. 316 C.P., y en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante, y al respecto debemos recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -Ley 31/95 de 8 Nov.- en su art. 14.2 impone al empresario un deber de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos "el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio", "el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias", así lo señalan las SSTS, Sala 2ª, de 5 Sept. de 2.001 y la de 5 Sept. 2.001 y para dar cumplimiento a esta exigencia de seguridad no son bastantes generales advenimientos, sino que debe atenderse con el debido cuidado a cada situación (STS, Sala 2ª, de 28 de septiembre de 1.987), pues el trabajador debe ser defendido "hasta de su propia imprudencia profesional (SSTS, Sala 2ª, de 15 de febrero de 1.978 y 21 de febrero de 1.979), debiendo exigir a los trabajadores "coactiva e imperativamente el cumplimiento cabal y exacto de las cautelas y prevenciones impuestas en las normas de seguridad e higiene (STS, Sala 2ª, de 9 de mayo de 1.977).

Resulta, pues, incontestable que los empresarios o titulares de la empresa son los posibles sujetos activos de estas infracciones penales, pero no solo ellos, sino también, desde una perspectiva penal los administradores y encargados del servicio a los que se refiere el Art. 318 del vigente CP y "todas aquellas personas que desempeñen funciones de dirección o de mando en una empresa, y tanto sean superiores, intermedias o de mera ejecución, y tanto las ejerzan reglamentariamente como de hecho, están obligadas a cumplir y hacer cumplir las normas destinadas al mantenimiento de la seguridad en el trabajo", en este sentido lo reiteran las SSTS, Sala 2ª, de 19 Oct. 2.000 y la de 10 Abr. 2.001 con cita, a su vez, de aquella Sentencia más antigua del mismo Tribunal de 15 de julio de 1.992.

Desde estas reflexiones derivadas del estudio del tipo penal que se comenta, debe convenirse que el acusado Don. Bartolomé como legal representante de Contraincendios Puertollano S.L." les concernía directamente facilitar y exigir de sus empleados, en concreto al trabajador, la elección de un método correcto y seguro de actuación para el examen del estado de los extintores, lo que no llevaron a cabo por escoger un sistema inadecuado, pues aún cuando hasta aquel momento no se había producido ningún incidente en el examen de los extintores, sin ayuda de ningún otro sistema sino simplemente mediante su visualización o inspección ocular, por lo que era necesario a fin de evitar riesgos sobre el estado del extintor proceder a un sistema más detallado, lo que no se hizo, cuestión que en este caso si que le correspondía al acusado valorar, pues se hubiese evitado, de detectar dicha deficiencia que el trabajador hubiese cargado presión al extintor, sin que sea posible el argumento que en otras ocasiones el trabajador había revisado los extintores y los había rechazado, por tanto entendemos que ante la falta de un sistema más seguro de detección del estado del extintor y como no se exigió esta medida de seguridad, es por lo que se produjo el accidente laboral enjuiciado propiciado, y al no haber exigido la adopción del método correcto de trabajo, ni haber comprobado y exigido una correcta actuación del examen del extintor, es claro y evidente que se incurrió en una imprudencia al permitir y no impedir que el trabajador fallecido ejecutara el trabajo con métodos de trabajo y actuación incorrectos.

Se trata, en definitiva, de la omisión de las debidas medidas de seguridad que, a la postre, motivó que el extintor explotase, al margen de que como hemos indicado ante la omisión de la sujeción para la realización de presurización hubiese evitado la proyección vertical del extintor en caso de rotura ocasionándole la muerte, incurriendo, en definitiva, en el reproche penal previsto en el artículo 621.2 CP, y ello sin que, por cuanto se dice y queda expuesto, podamos apreciar una concurrencia de culpas en la causación del desenlace lesivo para el trabajador, pues éste debe ser defendido por el empresario o encargado "hasta de su propia imprudencia profesional", por todo lo cual, la Sentencia recurrida debe ser revocada en este sentido, considerando adecuada (artículo 638 CP) la imposición al acusado la pena de multa de treinta días, con una cuota diaria de diez euros, en atención a su condición de representante legal de la empresa.

Por lo expuesto procede estimar parcialmente en cuanto a este particular la sentencia dictada.

TERCERO.- Por lo que respecta a la responsabilidad civil se impugna por el acusado la cuantificación de la indemnización, al entender que no procede la aplicación del factor del corrección del 10%.

La Sala entiende que cualquiera que fuese la cantidad indemnizatoria resulta insuficiente para poder aplacar el dolor que unos padres sienten ante la pérdida de un hijo. Ahora bien corresponde a los Tribunales ponderar tales cantidades. Por ello entendemos que el motivo debe ser desestimado y ello en base a que la Juzgadora aplica analógicamente el Baremo para valorar los daños sufridos como consecuencia de accidentes de circulación, por lo que esa aplicación no se ha de ajustar de forma estricta a los criterios establecidos, de modo que en este caso concreto y teniendo encuenta las circunstancias el incremento del 10% atendiendo al valor del total de la indemnización entendemos que no es desmesurado, por lo que no cabe revisar la sentencia en cuanto a este particular.

CUARTO.- Al haber tenido lugar la condena por una falta de imprudencia con resultado de muerte, las costas que se han de satisfacer son ciertamente las correspondientes al juicio de faltas, aunque el procedimiento seguido lo haya sido por delito, como por lo demás tiene establecido una constante doctrina jurisprudencial, según la cual "las costas deberán ser las correspondientes a un juicio de faltas, cuando se absuelve al acusado del delito imputado, y se le condena por falta" (STS 24-1-2000 que se hace eco de las STS de 21-11-1968 y 7-3-1988), y que resulta acorde con lo dispuesto en el art. 240.2º de la LECrim, en cuya virtud deben excluirse de la condena en costas las correspondientes a las infracciones por las que el acusado haya sido absuelto.

Lo anterior no presupone que por tal motivo no se puedan incluir en la tasación de costas las partidas correspondientes a la intervención de Abogado y de Procurador, Si bien la intervención de estos profesionales en el juicio de faltas es potestativa, la STS de 30 de octubre de 2000, en un supuesto en el que se impugnaba la exclusión de las costas de los honorarios de abogado por no ser preceptiva su intervención en los juicios de faltas, indica lo siguiente:

"En el presente recurso se plantea una cuestión adicional que es la de la exclusión de las costas de los honorarios del abogado de la acusación particular al no ser preceptiva su intervención en los juicios de faltas.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 47/1987, de 22 de abril entre el haz de garantías que integran el derecho a un proceso justo se incluye el derecho a la defensa y a la asistencia letrada que el art. 24.2 de la Constitución Española consagra de manera singularizada, con proyección especial hacia el proceso penal, que tiene por finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción.

La doctrina del Tribunal Constitucional expresada en la referida resolución estima que las excepciones a la norma general de intervención de abogado en los procesos concede a las partes la posibilidad de actual personalmente pero no les obliga a ello, proporcionándoles la facultad de elegir entre la autodefensa y la defensa técnica.

El derecho a la asistencia letrada, en estos supuestos, permanece incólume debiendo valorarse en cada caso para sopesar la concurrencia del derecho a la asistencia gratuita -o en el caso presente, a la inclusión en las costas que no deben ser abonadas por la propia parte perjudicada-, la necesidad de la intervención letrada a los efectos de mantener el principio de igualdad de armas, y no situar al perjudicado en situación de inferioridad o indefensión.

En el caso actual es obvio que tramitándose inicialmente el procedimiento por delito, la intervención de letrado era necesaria para posibilitar la actuación de los perjudicados en el proceso, evitando su indefensión.

Aplicando esta doctrina al presente caso no cabe duda de que tramitándose la causa original por delito, la intervención de Abogado y Procurador por parte de la acusación particular era necesaria, y además su actuación ha resultado no ha sido meramente adhesiva sino determinante y por tanto se ha de incluir las costas de la acusación particular se incluya en la tasación de costas los honorarios de Abogado y Procurador, si bien limitados a los que corresponderían a un juicio de faltas, atendiendo a los criterios orientadores del Colegio de Abogados respecto este tipo de procesos.

QUINTO: Que, procede declarar de oficio las costas originadas en su tramitación, conforme posibilita el número 1º del articulo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados; los artículos 142, 145, 146, 147, 149, 741, 795, 796 y 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 82, 248, y 253 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y demás normas de pertinente y general aplicación.


FALLAMOS:


 
Que estimando en parte el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Doña Eva María Santos Álvarez, en nombre y representación de Bartolomé contra la referida sentencia de cuatro de junio de 2010, dictada por el Juzgado de Lo Penal núm. Dos de Ciudad Real, procede dejar sin efecto su pronunciamiento condenatorio por el delito contra la seguridad de los trabajadores y otro de homicidio imprudente al que en ella se hacía referencia, y, en consecuencia, condenar Bartolomé como autor penalmente responsable de una falta de imprudencia leve con resultado de muerte ya definida a la pena de UN mes multa a razón de una cuota diaria de diez con el arresto sustitutorio en caso de impago previa acreditación de insolvencia, así como al pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular en los términos expuestos en el fundamento de derecho sexto, ratificando los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia relativos a la responsabilidad civil, y con declaración de oficio de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe otro recurso que el extraordinario de revisión.

Dedúzcase testimonio y remítase, junto con el procedimiento principal al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado ponente que la dictó. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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