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Sentencia A.P. Valencia 416/2010 de 9 de julio


 RESUMEN:

Contrato de seguro: indemnización por invalidez: Es necesario acreditar dolo para poder configurar la infracción, y en este caso no queda demostrado, ya que las pruebas aportadas por la demanda se centran en acreditar que el tomador del seguro rellenó y firmó el cuestionario de salud omitiendo infromación sobre su enfermedad. E ltribunal establece que en el momento de hacerlo no estaba enfermo ni tenía acreditadas bajas por dicha enfermedad ,por lo tanto se establece que no omitió nada de forma dolosa. Se estima el recurso para indemnizarle.

SECCION SEXTA

Rollo de apelación n.º 394/2.010

Procedimiento Ordinario n.º 435/2.009

Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Catarroja

SENTENCIA N.º 416

ILUSTRISIMOS

PRESIDENTE

D. VICENTE ORTEGA LLORCA

MAGISTRADOS

DOÑA MARIA MESTRE RAMOS

DOÑA M. EUGENIA FERRAGUT PÉREZ

En la ciudad de Valencia a nueve de julio de dos mil diez.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Magistrados anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación que se ha interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de Diciembre de 2.009 que ha recaído en los autos cuya referencia se ha hecho constar.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la parte demandante D. Justo representada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Montés Reig y asistida por el Letrado D. Jaime Valero Muñoz, y, como apelado, la parte demandada Mediterráneo Vida S.A. De Seguros y Reaseguros, representada por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Gascó Cuesta y asistida por el Letrado D. Joaquín Vicente González Sempere.

Es Ponente Dña. M. EUGENIA FERRAGUT PÉREZ, quien expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La parte dispositiva de la resolución impugnada, dice: "Que desestimando la demanda formulada por el Procurador D. IGNACIO MONTES REIG en nombre y representación de D. Justo contra MEDITERRANEO VIDA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS en reclamación del abono de la indemnización por la situación de invalidez permanente y absoluta declarada por el INSS determinada por el cuadro clínico residual que le fue determinado de túnel carpiano sensitivo derecho, atropamiento nervio cubital derecho a nivel del codo derecho, trastorno depresivo recurrente, hepatitis crónica activa, insuficiencia venosa periférica MNH, carcinoma epidermoide gotis TIA intervenido en 2003, síndrome metabólico, y del importe de 6.470,24 euros en concepto de devolución de las cuotas de las primas satisfechas y no debidas desde el vencimiento siguiente a la declaración de la invalidez, a lo que hay que sumar la cantidad que se devengue y pague el actor en un futuro, y la cantidad de 1.343,61 Euros diferencia entre el capital asegurado y el importe del préstamo todo ello en virtud del contrato de seguro y las garantías complementarias pactadas en la misma, debo absolver y absuelvo a la CIA. MEDITERRANEO VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS".

Segundo.-Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandante que, en síntesis, alegó debe ser revocada porque aplica una inversión indebida de la carga de la prueba porque la carga de probar la existencia de dolo o culpa grave corresponde a la demandada y la propia sentencia ha reflejado la existencia de dudas sobre la concurrencia del dolo al afirmar que el Sr. Justo en esos momentos ignoraba el alcance exacto de las circunstancias del riesgo y al afirmar que dicha omisión la realizó quizás con un cierto dolo eventual.

Alegó que se trata de una situación asimilada a la ausencia de cuestionario, por no haberse cumplimentado el mismo por el apelante ni habérsele leído y por ser éste tan general que impide que la conducta del asegurado pueda ser considerada como desleal. Ausencia de dolo o culpa e inexistencia de frustración del contrato y finalmente la improcedencia de la condena en costas.

Pidió que se estime el recurso y se revoque la sentencia y se estime íntegramente su demanda.

La parte apelada presentó escrito por el que se opuso al recurso y pidió su desestimación.

Tercero.-El recurso se tramitó por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma prevista en los artículos 457 y siguientes de la LEC, después de lo cual se remitieron los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de apelación y se señaló para deliberación y votación el 5 de Julio de 2.010 en que ha tenido lugar.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los de la resolución impugnada, sólo en cuanto no se opongan a los de ésta.

Primero.-El demandante ha presentado recurso de apelación frente a la sentencia que desestimó su demanda en la que reclamaba a la aseguradora demandada indemnización por invalidez absoluta permanente, así como la devolución de las cuotas satisfechas desde el vencimiento siguiente a la declaración de invalidez del INSS, así como las que se devenguen y paguen en el futuro y la diferencia entre el capital asegurado y el importe del préstamo.

Ello en base al contrato suscrito entre las partes en fecha 1 de marzo de 2.001 para obtener préstamo con la CAM.

Producida la situación de invalidez alegada, tal como resulta del documento de los folios 24 y 25, en base a las limitaciones que se relacionan en el dictamen propuesta que sirvió como base a la resolución y que se concretan en:

El túnel carpiano sensitivo derecho., atrapamiento nervio cubital derecho a nivel del codo derecho, trastorno depresivo recurrente, hepatitis crónica activa, insuficiencia venosa periférica MMII, carcinoma epidermoide glotis TIA intervenido en 2.003, síndrome metabólico.

La aseguradora demandada rechazó las consecuencias económicas del seguro porque en el cuestionario de salud no se facilitó toda la información.

En su contestación a la demanda, la aseguradora se basó en el dictamen pericial de D. Juan Enrique, en el que se dice se evidenciaba que el demandante sufría desde 1991 un trastorno depresivo-ansioso y estaba siendo tratado desde tal fecha por el psiquiatra.

El apelante alega que la sentencia debe ser revocada porque aplica una inversión indebida de la carga de la prueba porque la carga de probar la existencia de dolo o culpa grave corresponde a la demandada y la propia sentencia ha reflejado la existencia de dudas sobre la concurrencia del dolo al afirmar que el Sr. Justo en esos momentos ignoraba el alcance exacto de las circunstancias del riesgo y al afirmar que dicha omisión la realizó quizás con un cierto dolo eventual.

Segundo.-Este Tribunal, entre otras resoluciones, en la dictada en el ROLLO DE APELACIÓN 697/2003, sentencia número n.º 734, de fecha 28 de octubre de 2003 ha dicho:

"PRIMERO.- Respecto de la infracción del artículo 10 de la LCS, conviene que el Tribunal se extienda sobre la cuestión, por cuanto que, en realidad, éste es el eje sobre el que gira realmente el recurso de apelación.

Y así: Esta misma Sección de la Audiencia Provincial de Valencia, tiene declarado en Sentencia de 15 de diciembre de 1998 (Valencia, sec. 6.ª, S 15-12-1998, núm. 1171/1998, rec. 973/1997. Pte: Ortega Llorca, Vicente) que: "El artículo 10 de la Ley 50/1. 980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, impone al tomador del seguro el deber de declarar al asegurador todas las circunstancias "por él conocidas" que puedan influir en la valoración del riesgo. Es ésta, pues, una obligación condicionada por el personal conocimiento del tomador y, además, por el cuestionario que la aseguradora le someta, de forma que sólo ha de responder al contenido de éste y queda expresamente exonerado cuando no se le someta cuestionario, pues no cabe que la aseguradora traslade al asegurado la capacidad de determinar cuáles sean las circunstancias influyentes en esa valoración; muy al contrario, ha de ser la compañía -profesionalmente dedicada a esa actividad- quien con el mayor detalle posible concrete en el cuestionario tales circunstancias, limitándose el deber del asegurado a responder con buena fe a lo que expresamente se le pregunte, pero sin que le sea exigible suplir la insuficiencia de las cuestiones que se le planteen",.....

En sentencia 973 de 28 de noviembre de dos mil, la Sala declaró que el artículo 1089 del C. Civil dispone que las obligaciones nacen, entre otras fuentes de los contratos, los cuales tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos (art. 1091), existiendo desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio(art. 1254) perfeccionándose por el mero consentimiento y obligando desde entonces no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso ya la ley. A su vez, el artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980, lo define como "aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, regulando el artículo 83 y siguientes los llamados seguros sobre la vida, y disponiendo el artículo 10 del expresado cuerpo legal que el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, de manera que si media dolo o culpa grave del tomador del seguro queda el asegurador liberado del pago de la prestación.

El precepto de referencia ha sido interpretado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 19 de febrero de 1991 en los siguientes términos: El artículo 10 párrafo primero LCS dispone que el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo; este precepto pone de relieve que por parte del asegurador ha de haber una concreta actuación, la de someter al tomador del seguro un cuestionario con las preguntas que considere necesario para precisar, en vista de las respuestas que dé el tomador del seguro, la importancia del riesgo cuyas consecuencias se dispone a asumir, y por otro lado, impone al tomador del seguro el deber de declarar, como respuesta a las preguntas formuladas, todo cuanto sepa que puede afectar a la valoración del riesgo. Las respuestas del tomador del seguro se extenderán a más o menos materias según sea la amplitud del cuestionario al que le ha sometido el asegurador; no pueden entenderse, sin más que el tomador esté obligado a declarar lo que tiene relación con el cuestionario formulado, siendo fundamental la veracidad o no de las respuestas dadas por el tomador del seguro, fundamental para saber si ocultó o no datos importantes que habrían influido, en el supuesto de conocerlos, en la voluntad del asegurador de celebrar el contrato o de celebrarlo en unas u otras condiciones, en definitiva, para llegar al convencimiento de que el tomador actuó con dolo o culpa grave; consecuentemente, en un proceso en el que se alegue que el tomador del seguro actuó con dolo y que este comportamiento influyó en el consentimiento del asegurador, es decisivo conocer el cuestionario que éste sometió a aquél y las respuestas que dio el primero"...

El Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de septiembre de 1996, indica que, "El dolo para ser apreciado ha de corresponder a una reticencia en la omisión de hechos, influyente y determinante para la conclusión del contrato. Su concurrencia es de la libre apreciación del Tribunal sentenciador (S 12 julio 1993), en cuanto siendo concepto jurídico ha de resultar de los hechos, conductas y circunstancias que conforman la base fáctica añadiendo en la sentencia de 31 de mayo de 1997 que "la exoneración del pago en la prestación pactada que, pretende la aseguradora al amparo del inciso final del párrafo 3.º artículo 10 sólo tiene lugar en los casos de dolo o culpa grave del tomador en el cumplimiento de ese deber de declaración, dolo o culpa grave que supone reticencia en la exposición de las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo y que de haberlas conocido el asegurador hubieran influido decisivamente en la voluntad de celebrar el contrato".

Por su parte, la Sección 9.ª de esta misma Audiencia Provincial, en sentencia de fecha 24 de septiembre de 1998 (AP Valencia, sec. 9.ª, S 24-09-1998, núm. 783/1998, rec. 910/1997. Pte: Gaiton Redondo, M.ª Antonia) desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a sentencia que rechazó la reclamación de cantidad instada por la actora frente a la Compañía aseguradora demandada argumentando que el art. 89 de la LCS permite al asegurador impugnar el contrato cuando el tomador del seguro haya actuado con dolo mediante la expresión de reticencias e inexactitudes en las declaraciones del seguro, en consecuencia con lo establecido en el art. 10 de la misma Ley que obliga al tomador del seguro declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, citando la STS de 15 de julio de 1993, que dio la configuración de dolosa a las declaraciones incompletas e inexactas, y estimando que desde la conceptuación que del dolo hace el Código Civil en el art. 1269, como palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes que inducen a la otra parte a celebrar el negocio que sin ellas no celebraría, dolo causante "

Tercero.-Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 junio 1978: "El dolo principal o causante que, según sus propias palabras, el Tribunal de instancia "atisba" como de "posible concurrencia" no puede ser apreciado sin una cumplida prueba por parte de quien lo alegue, no bastando al efecto meras conjeturas"".

En este caso, entendemos que el dolo no queda acreditado, pues las pruebas aportadas por la demandada que sustentan su pretensión, se centran en acreditar que el tomador del seguro rellenó y firmó el cuestionario de salud omitiendo la información conocida sobre estado de salud.

Dicho cuestionario, que aparece en el documento 1 de la demanda (folio 12) es una mera declaración del asegurado que contestó a las siguientes preguntas:

El asegurado declara encontrarse en buen estado de salud SI

¿Padece alguna incapacidad o defecto físico? NO

¿Tiene plena capacidad para el trabajo? SI

Es evidente que el demandante en aquellos momentos no padecía enfermedad o defecto físico alguno y tenía plena capacidad para el trabajo; tan sólo puede ofrecer dudas esa afirmación de encontrarse en buen estado de salud.

El informe pericial evidencia que el diagnóstico de esa enfermedad se realizó en 1.991 y estuvo en situación de ILT desde agosto de 2.002.

Analizada la historia clínica del demandante que se ha aportado al proceso, existe un informe del Area de Salud Mental fechado el 28 de julio de 2.006 que afirma que "el paciente viene siendo tratado desde hace aproximadamente 15 años por padecer un trastorno depresivo recurrente que ha evolucionado de manera favorable hacia la cronicidad"

En el mismo sentido, el informe médico de 4 de junio de 2.007 que, además, resalta la existencia de "episodios francos de mejoría".

Ello, puesto en relación con el listado de procesos de ILT (folio 198), evidencia una baja en 1989, en 1990, 1992, 1995 y 1.997, sin que hasta 2.007 a que alcanza el listado se constaten otras bajas por dicha enfermedad.

No consta ni ha probado la parte apelante en el periodo coincidente con la suscripción de la póliza de seguro que estuviera, siquiera, medicándose por dicha enfermedad.

Por tanto, no se evidencia que al declarar sobre su estado de salud ocultara de forma dolosa, ni siquiera consciente, la existencia de una enfermedad que pudiera haber influido en la decisión de suscribir el seguro por parte de la demandada, siquiera se le preguntó en tan escueto cuestionario si estaba tomando algún tipo de medicación.

Cuarto.-Por todo ello, procede estimar el recurso en lo que se refiere a la obligación de cumplimiento por la demandada de su obligación contractual y en cuanto a la pretensión de condena dineraria, según aparece en la póliza de seguro, el capital asegurado era de 13.620,12 euros y la prestación de la aseguradora es el abono del importe pendiente de amortizar a 1 de enero del año del siniestro, en este caso Enero de 2.007, coincidente con dicha suma.

El beneficiario 1.º es la entidad financiera y el segundo beneficiario el propio asegurado, por la diferencia entre el importe abonado y el capital asegurado.

Por ello procede el abono a éste de la cantidad de 1.343,61 euros, que es la diferencia entre el 1 de enero y el 30 de julio, que es la fecha de declaración de la invalidez y, entendemos, que le asiste el derecho a reclamar lo pagado a la CAM (6.470,24 euros), como diferencia entre el importe abonado y el capital asegurado y lo que haya pagado mensualmente (323,80 euros mes) desde la presentación de la demanda hasta el pago por la aseguradora a la entidad referida del capital pendiente.

Por tanto, procede la íntegra estimación de la demanda.

Quinto.-Conforme a los arts. 394 y 398, no procede hacer expresa condena en costas en esta alzada y, en cuanto a las de la primera instancia, se imponen a la demandada.


FALLAMOS


 
Estimamos el recurso interpuesto por D. Justo.

Revocamos la sentencia impugnada y en su lugar:

A) Estimamos la demanda formulada por D. Justo contra Mediterráneo Vida S.A. Seguros y Reaseguros.

B) Condenamos a la demandada a pagar al demandante la cantidad de 7.813,85 euros más las sumas que, a razón de 323,80 euros al mes, se hayan pagado por el demandante a la CAM como amortización del préstamo hasta el pago a esta por la aseguradora, con los intereses legales.

C) Condenamos a la demandada a pagar a la Caja de Ahorros del Mediterráneo el importe pendiente de amortizar del préstamo de la actora.

D) Imponemos a la demandada el pago de las costas.

3. No hacemos expresa condena en costas en esta alzada.

4. Acordamos la devolución del depósito constituido para recurrir.

A su tiempo, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.

Así, por ésta nuestra sentencia, lo acordamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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