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Sentencia A.P. Madrid 195/2010 de 16 de julio


 RESUMEN:

Sociedad de responsabilidad limitada. Consejo de administración. Impugnación de acuerdos sociales:  La consecuencia de apreciar la falta de legitimación, es la desestimación de la resolución. Para impugnar estos acuerdos es necesario que lo hagan los administradores o los socios que reúnan el 5% del capital social. No existe la base necesaria para afirmar la correspondencia entre socio y asociado. Por lo que no se admite ningún motivo.

MADRID

SENTENCIA: 00195/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28.ª

t6

Rollo de apelación n.º 273/2009

Materia: Derecho sociedades. Impugnación acuerdos.

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario n.º 412/06

Parte apelante: D. Jesús Manuel, DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L.

Parte apelada: DISEUR EURODIS, S.L.

SENTENCIA N.º 195/2010

En Madrid, a 16 de julio de 2010.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el n.º de rollo 273/2009, los autos del procedimiento n.º 412/06, provenientes del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, el cual fue promovido por D. Jesús Manuel y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. contra DISEUR EURODIS, S.L..

Han actuado en representación y defensa, por los apelantes, D. Jesús Manuel y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L., el procurador D. Carmelo Olmos Gómez y la letrada D.ª Isabel Vives Gutiérrez, y por la apelada DISEUR EURODIS, S.L., la procuradora D.ª María Isabel Ramos Cervantes y el letrado D. José Luis Navascues Hernández.


A N T E C E D E N T E S D E H E C H O


 
Primero.-Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 9 de octubre de 2006 por la representación de D. Jesús Manuel y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. contra DISEUR EURODIS, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, solicitaba que se dictase sentencia "por la que se declare por este Juzgado la NULIDAD DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN por el que se acuerda extinguir el contrato de asociación entre la entidad Distribuciones Fuentes SL y la entidad demandada, así como todos los acuerdos sociales que posteriormente se hayan tomado o puedan ser tomados por la sociedad demandada y que traigan causa del acuerdo objeto de impugnación o sean posteriores al mismo".

Segundo.-Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 10 de diciembre de 2008, cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando la demanda formulada por D. Jesús Manuel Y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L., contra SOCIEDAD DISEUR EURODIS, S.L., debo absolver y absuelvo a esta última de los pedimentos en aquella contenidos. Todo ello con especial imposición a dicha parte demandante de las costas originadas en el proceso.".

Tercero.-Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Jesús Manuel y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición de DISEUR EURODIS, S.L., ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 15 de julio de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.


F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O


 
Primero.-En el escrito iniciador del procedimiento D. Jesús Manuel y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. interesaban que se declarase nulo el acuerdo del consejo de administración de la sociedad demandada, DISEUR EURODIS, S.L., consistente en denunciar el "contrato de asociado" suscrito con fecha 1 de octubre de 2000 por la mercantil demandante y la demandada, a fin de darlo por extinguido, por considerar que el mismo había sido adoptado en fraude de ley y con abuso de derecho con la exclusiva finalidad de perjudicar al Sr. Jesús Manuel. Según se desprende de lo actuado, el acuerdo en cuestión fue adoptado en la sesión del consejo de administración celebrada el 19 de julio de 2006.

El juez a quo rechazó las pretensiones actoras básicamente por considerar que la acción ejercitada estaba caducada, señalando igualmente que la denuncia del contrato suscrito con la sociedad demandante entraba dentro de las competencias del consejo de administración y formaba parte del contenido de aquel.

Contra la sentencia dictada en primera instancia se alza en apelación la parte demandante con fundamento en los motivos que serán objeto de examen, en la medida en que resulte necesario, en los apartados que siguen.

Segundo.-No obstante, antes de abordar los motivos de impugnación articulados en el recurso, estimamos preciso analizar la cuestión relativa a la legitimación activa de DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L., cuya falta fue denunciada por la parte demandada en su escrito de contestación mediante la formulación de la oportuna excepción, rechazada en la sentencia de primera instancia con el argumento de que dicha mercantil era la firmante del contrato al que iba referido el acuerdo impugnado.

Como indicamos en nuestra reciente sentencia de 28 de mayo de 2010, la tradicional distinción entre legitimación ad processum y legitimación ad causam ha sido superada tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, y así lo recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de noviembre de 2005, al señalar que dicha dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido, pues los términos de distinción en dicha Ley son capacidad procesal y legitimación, refiriendo esta última solo a la tradicionalmente denominada legitimación ad causam, ahora expresamente contemplada en el artículo 10 de la Ley de Ritos. Como señala la sentencia de 28 de febrero de 2002, dicha legitimación "consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar" y exige "una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido", según las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1997 y 28 de diciembre de 2001 que se citan en la misma. Por otra parte, es consolidada la jurisprudencia que afirma que la falta de legitimación activa puede y debe ser apreciada de oficio, pudiendo citarse como representativa de dicha línea jurisprudencial la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2008, cuando indica que: "La falta de legitimación activa ad causam (para el proceso) es un presupuesto preliminar del proceso susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, aunque tiene que ver con ésta. Debe apreciarse de oficio y se produce cuando el actor no aparece como titular del derecho que intenta hacer valer en el proceso (pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido)" (en el mismo sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2004, 27 de junio y 28 de diciembre de 2007, y 6 de junio de 2008). La consecuencia de la apreciación de la falta de legitimación ("ad causam"), según esa misma línea jurisprudencial, no puede ser otra que una resolución desestimatoria de la pretensión deducida.

Siguiendo la doctrina expuesta, el hecho de que la sentencia de primera instancia no acogiese la excepción de falta de legitimación activa formulada por la parte demandada, sin que la cuestión se haya reproducido en esta instancia, no puede constituir obstáculo para que, disintiendo del criterio expresado en aquella, estimemos, como lo hacemos, la falta de legitimación de DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. para el ejercicio de la acción impugnatoria del acuerdo adoptado por el consejo de administración de DISEUR EURODIS, S.L. que constituye el objeto de la presente litis, habida cuenta que el artículo 70 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada atribuye legitimación para la impugnación de ese tipo de acuerdos exclusivamente a los administradores y a los socios que representen el cinco por ciento del capital social, no reuniendo la mercantil demandante ninguna de estas condiciones. El resultado de ello es la desestimación de las pretensiones deducidas por esta parte.

Tercero.-Entrando en el examen de los motivos de impugnación formulados por D. Jesús Manuel, observamos que en el primero de ellos se denuncia la infracción de los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 120.3 y 24.1 de la Constitución, derivada de la ausencia de motivación e incongruencia omisiva en que, a juicio de esta parte, incurre la resolución recurrida. A la hora de concretar el fundamento de la crítica que efectúa, el apelante aduce, en síntesis, que la sentencia no examina ninguna de las cuestiones de fondo planteadas en la demanda, resolviendo la controversia con apoyo en aspectos que no fueron objeto de debate.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 213/2003, de 1 de diciembre, la motivación de las sentencias, además de un deber constitucional de los jueces, constituye un derecho de quienes intervienen en el proceso. Al primer aspecto se refiere la sentencia del mismo Tribunal 35/2002, de 11 de febrero, para poner de manifiesto que la exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución Española) y con el carácter vinculante que, para jueces y magistrados, tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (artículo 117.1.3 de la Constitución Española), de modo que hay que dar razón del derecho judicialmente interpretado y aplicado, con lo que se cumple tanto la finalidad de evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos de derecho, como la de hacer posible el control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento. El segundo aspecto es abordado por la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2003, de 27 de octubre, según la cual el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, favorable o adversa, exige que aquella contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos en que se basa la decisión. Sin embargo, como destaca la sentencia del Tribunal Constitucional 165/1999, de 27 de septiembre, el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva y pormenorizada, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que pueda tener de la cuestión que se decide (en este sentido se pronuncian igualmente las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2000 y 12 de febrero 2001). Dicho deber no debe llevarse hasta el punto de imponer la necesidad de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones, de hecho y de derecho que se susciten, siendo suficiente que la resolución ofrezca los datos indispensables para permitir conocer la ratio decidendi. Por el contrario, se consideran suficientemente motivadas las resoluciones judiciales que vengan apoyadas en argumentos que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales de los que deriva la decisión.

En definitiva, como indican las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2001, 1 de febrero de de 2002, 8 de julio de 2002 y 3 de febrero de 2005, con cita de las del Tribunal Constitucional de 10 de julio y 18 de septiembre de 2000, por motivación debe entenderse "la respuesta razonada a la pretensión de la parte, sin necesidad de contestar a cada uno de los argumentos ni de dar una desmesurada extensión a la ratio decisoria".

Proyectando la anterior doctrina sobre el caso que nos ocupa, es de observar que la sentencia apelada cumple con el deber de motivación entendido de la forma que se acaba de exponer, pudiéndose extraer de su lectura sin dificultad las razones del rechazo de las peticiones formuladas en el escrito iniciador del expediente. No existe base, por lo tanto, para la tacha de falta de motivación que formula la parte recurrente.

Tampoco se aprecia defecto de incongruencia. Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2.007), la congruencia consiste en la correlación que debe guardar el fallo y los suplicos de los escritos rectores, entendida, además, no de forma rígida, sino racional y flexible. En este sentido, como recuerda en su sentencia de 10 de febrero de 2010 (con cita de las de 11 de julio de 2007, 3 de febrero de 2008 y 18 de febrero de 2009, entre otras no tan recientes), el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que las sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada no pueden tacharse de incongruentes, toda vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas, salvo determinadas excepciones, como cuando el demandado se hubiera conformado total o parcialmente con las pretensiones de la actora, se dejasen de resolver peticiones oportunamente deducidas por los litigantes, se alterase la causa petendi o el supuesto fáctico de la cuestión debatida, se transformase el problema litigioso, la absolución se produjese por haberse apreciado una excepción no alegada ni susceptible de apreciación de oficio, o se utilizasen argumentos distintos de los alegados por las partes en el caso de ocasionarse indefensión. Ninguno de estos supuestos excluyentes concurren en el caso que nos ocupa. De la lectura de la sentencia apelada se desprende que su fallo absolutorio se basa, esencialmente, en la caducidad de la acción ejercitada, que la demandada, ciertamente, no opuso, si bien constituye un tradicional ejemplo de excepción apreciable de oficio, a lo que se añade, en un plano secundario (así cabe deducir de la locución "al margen de."), que el acuerdo de cuya impugnación se trata encajaba en el ámbito competencial del órgano que lo adoptó y, en cuanto a su contenido, que se encontraba amparado por el clausulado del contrato al que iba referido, lo cual debe ser interpretado con arreglo a los parámetros de flexibilidad a los que antes hicimos referencia como negación de los alegatos actores.

Así pues, el recurso debe ser desestimado en este particular.

Cuarto.-Como segundo motivo de impugnación se aduce error en la apreciación de la prueba, epígrafe que acoge dos submotivos: el primero, bajo la rúbrica "error en la apreciación de la prueba respecto a la caducidad de la acción", relativo a la fecha tomada por el juez a quo para el cómputo del plazo de caducidad, el segundo, bajo la rúbrica "error en la apreciación de la prueba respecto del fondo", atinente a los extremos que constituyen el sustrato fáctico de las causas de impugnación del acuerdo sobre el que versa el litigio. En el presente apartado nos ocuparemos del primero de estos alegatos, siendo el segundo objeto de consideración conjunta con otro de los motivos de impugnación que a posteriori se articulan en el escrito de recurso bajo la rúbrica "inaplicación de normas en cuanto al fondo".

La sentencia apelada tiene por acreditado, en virtud del resultado del interrogatorio del Sr. Jesús Manuel, que este tuvo conocimiento del acuerdo impugnado en el mes de julio de 2006, añadiendo que así se viene a reconocer también en el escrito de demanda, de todo lo cual extrae la conclusión de que el plazo de treinta días que el artículo 70 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada establece para la impugnación de este tipo de acuerdos había transcurrido al tiempo de interposición de la demanda (9 de octubre de 2006). La parte apelante alega que lo que se reconoce, tanto en el escrito iniciador del expediente como por el Sr. Jesús Manuel al ser interrogado, es la recepción, en la época señalada en la resolución recurrida, de una carta firmada por dos consejeros delegados de la demandada comunicando la decisión de dar por extinguida la relación contractual existente entre DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. y DISEUR EURODIS, S.L. La lectura de la demanda y el visionado del acta audiovisual del juicio (11 horas, 23 minutos) corroboran el alegato de la parte apelante, resultando plenamente proyectable sobre tal resultancia fáctica el criterio ya manifestado por este tribunal en su auto de 25 de octubre de 2007, por el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil en la pieza separada de medidas cautelares, en el sentido de que no cabe confundir entre el asunto de índole contractual que motiva la misiva a la que hemos hecho referencia (documento n.º 21 de la demanda, obrante al folio 112 de las actuaciones) y la comunicación de la actuación societaria a que se refiere otra ulterior (documento n.º 24 de la demanda, obrante al folio 119 de las actuaciones) dando contestación a la remitida por el Sr. Jesús Manuel, a raíz de la recepción de la primera, inquiriendo sobre la existencia y detalles del acuerdo societario por el que se decidió extinguir el contrato con DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. (documento n.º 23 de la demanda, folio 116 de las actuaciones), siendo la segunda de las cartas remitidas por la mercantil demandada la que podría determinar, en su caso, de modo inequívoco, como allí dijimos, el inicio del plazo para que el socio pudiera plantear la impugnación que contempla el artículo 70 de la LSRL. De esta forma, constando que la fecha de recepción de esa segunda carta, según el sello que figura en el justificante de Correos que obra al folio 120 de las actuaciones, fue el 23 de septiembre de 2006, no habría fundamento para apreciar la caducidad de la acción.

La acción impugnatoria ejercitada por el Sr. Jesús Manuel no estaba, pues, caducada, lo que fuerza a entrar en el examen de las cuestiones de fondo planteadas en la demanda.

Quinto.-Fundamenta el Sr. Jesús Manuel su pretensión impugnatoria en que el acuerdo combatido fue adoptado en fraude de ley, entraña un abuso de derecho y vulnera el "interés público".

Mantiene el apelante que el acuerdo impugnado encierra un fraude de ley toda vez que ocasiona de facto su exclusión como socio, al margen del listado de causas y del procedimiento establecidos, respectivamente, en los artículos 98 y 99 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. El alegato no puede prosperar. En un nivel general, la exclusión del socio aparece configurada como una reacción frente al incumplimiento de sus obligaciones por parte de aquel, que produce como efecto la extinción de las relaciones derivadas del pacto societario con el socio incumplidor, amortizando su cuota y continuando la sociedad entre el resto de sus componentes. En el caso que nos ocupa el acuerdo cuestionado no produce tales efectos. No comporta tal acuerdo la negación al Sr. Jesús Manuel de su condición de socio de DISEUR EURODIS, S.L., ni la de los derechos que, como tal, le corresponden.

El planteamiento que está en el origen de la posición mantenida a lo largo del proceso por el Sr. Jesús Manuel se asienta en la confundibilidad entre la condición de socio de DISEUR EURODIS, S.L., que a él corresponde, y la de "asociado", que corresponde a DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. (de la que el Sr. Jesús Manuel es socio, junto con familiares directos, y administrador único) como consecuencia del contrato al efecto firmado con la mercantil demandada. Es a partir de este planteamiento como cobra sentido la afirmación, reiteradamente vertida en los escritos de esta parte, de que la activación de la facultad de denunciar el contrato de asociado suscrito entre DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. y DISEUR EURODIS, S.L. comportó la exclusión del Sr. Jesús Manuel de la posibilidad de participar "en los beneficios que supone pertenecer" a la sociedad demandada, con lo que se está haciendo referencia, básicamente, a las condiciones ventajosas que, como consecuencia de la firma del meritado contrato y en virtud de los acuerdos al efecto suscritos entre DISEUR EURODIS, S.L. y terceras entidades, el asociado podía obtener en las compras a proveedores, así como las relativas a la comercialización de marcas propias de DISEUR EURODIS. Dicho planteamiento no puede ser asumido, por cuanto entraña una confusión de personalidades inadmisible en derecho. Al margen de esto último, tampoco existiría la base necesaria para afirmar la correspondencia que pretende establecerse entre la condición de socio y la de asociado, al no haber resultado acreditado que sólo los socios pudieran convertirse en asociados o que únicamente se hubiesen firmado contratos de asociado con los socios (o, apurando la línea argumental del apelante, con sus sociedades instrumentales), lo que, desde otra perspectiva, resulta también de las contestaciones dadas por el apelante en el interrogatorio al que fue sometido, en el sentido de que "como socio no podía comprar" (así resulta del acta audiovisual, 11:29). Por lo demás, no consta que los derechos del Sr. Jesús Manuel como socio de DISEUR EURODIS, S.L. se hayan visto limitados en modo alguno en el devenir de la sociedad: en su mano está hacerlos valer si así lo estimare conveniente, más allá de la mera crítica a la escasa actividad de los órganos societarios, la regularidad de las cuentas sociales o la falta continuada de reparto de beneficios de la que hace un argumento recurrente.

Las consideraciones que anteceden impiden acoger el segundo de los argumentos impugnatorios del Sr. Jesús Manuel, el relativo al abuso de derecho. Partiendo de aquellas, cualquier actuación antijurídica de ese tipo que pudiera apreciarse en la adopción del acuerdo cuestionado habría de dirimirse no en el plano de las relaciones intrasocietarias, que es en el que aquí nos encontramos y en el que cobra sentido la acción ejercitada, sino en el de las relaciones entre la demandada y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L., debiéndose acudir a los cauces adecuados para la obtención de tutela jurídica.

Queda, finalmente, la cuestión relativa a la "vulneración del interés público", que también se señala como causa de nulidad del acuerdo discutido. Según el apelante, la decisión de dar por extinguido el contrato entre DISEUR EURODIS, S.L y DISTRITUCIONES FUENTES, S.L. que constituye el objeto del acuerdo impugnado le ha impedido el ejercicio de su profesión en la forma en que hasta la fecha del mismo la venía desempeñando, provocando una reducción notable del volumen de ventas de DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. al no poder ofrecer a sus clientes precios competitivos. El alegato entraña un enfoque excesivamente amplio de lo que deba entenderse como "interés público" que no puede compartirse, so pena de trivializar su significado y alcance. Por lo demás, vuelve aquí a manifestarse la confusión de planos que ya descartamos en líneas anteriores.

De cuanto antecede se desprende que el recurso no puede prosperar y que la resolución recurrida debe ser confirmada, si bien por distintos fundamentos.

Sexto.-La desestimación del recurso comporta, de conformidad con el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas ocasionadas por el mismo a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Jesús Manuel y DISTRIBUCIONES FUENTES, S.L. contra la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid en el juicio ordinario n.º 412/06 del que este rollo dimana, por lo que confirmamos dicha resolución, aunque por diferentes fundamentos. Las costas derivadas de esta segunda instancia se imponen a la parte recurrente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

Publicación.-Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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