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Sentencia A.P. Murcia 237/2010 de 13 de julio


 RESUMEN:

Cheque falso. Responsabilidad por negligencia: Se establece que el daño que resulte del pago de un cheque falso será imputado al librado, salvo por negligencia o culpa. Es evidente en este caso la negligencia de la entidad de crédito. Hay que determinar el porcentaje de negligencia de cada recurrente. El tribunal establece una indemnización del 50 % que correrá a cargo de la caja.

CARTAGENA

SENTENCIA: 00237/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA

SECCION QUINTA (CARTAGENA)

ROLLO DE APELACION N.º 227/2010

JUICIO ORDINARIO N.º 1044/09

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE CARTAGENA

SENTENCIA NUM. 237/10

Iltmos. Sres.

D. José Manuel Nicolás Manzanares

Presidente

D. Miguel Ángel Larrosa Amante

D. José Joaquín Hervás Ortiz

Magistrados

En la ciudad de Cartagena, a 13 de julio de 2010.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario n.º 1044/09 -Rollo n.º 227/2010 -, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cartagena entre las partes: como actor D. Eladio, representado por el/la Procurador/a D. Pedro D. Hernández Saura y dirigido por el Letrado D. Javier Aguilar Conesa, y como demandado Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, representado por el/la Procurador/a D. Rafael Varona Segado y dirigido por el Letrado D. Luis García Albarracín. En esta alzada actúan como apelante D. Eladio, representado ante este Tribunal por el/la Procurador/a D. Pedro D. Hernández Saura y como apelado Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito representado ante este Tribunal por el/la Procurador/a D. Rafael Varona Segado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don Miguel Ángel Larrosa Amante, que expresa la convicción del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cartagena en los referidos autos, tramitados con el n.º 1044/09, se dictó sentencia con fecha 17 de diciembre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte la demanda interpuesta por D. Eladio frente a Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, debo condenar y condeno a ésta a que abone a aquél la cantidad de mil doscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos, más el interés legal de dicho importe a contar desde la fecha de interposición de la demanda, todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto al pago de las costas".

Segundo.—Contra dicha sentencia, se preparó recurso de apelación por D. Eladio que, una vez admitido a trámite, interpuso en tiempo y forma, exponiendo por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito emplazándolas por diez días para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara desfavorable, dentro de cuyo término, presentaron escrito de oposición al recurso. Seguidamente, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el n.º 227/101, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día 13 de julio de 2010 su votación y fallo.

Tercero.—En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se interpone recurso de apelación por la parte actora contra la sentencia parcialmente estimatoria de su demanda. Articula dicho recurso en torno a dos motivos. En primer lugar denuncia infracción de los artículos 306 y 307.3 del Código de Comercio y de la jurisprudencia sobre el depósito irregular, pues todo contrato de cuenta corriente debe ser considerado como un depósito irregular y por ello la entidad de crédito es la responsable de las consecuencias derivadas de la disposición de dinero depositado, teniendo la obligación de devolver aquello que le fue depositado, citando en apoyo de su interpretación la STS de 22 de marzo de 2007. En segundo lugar denuncia error en la valoración de la prueba, dado que se ha dado una indebida extensión a la interpretación de la denuncia formulada ante la Policía Nacional. En tal sentido defiende que denunció cuando tuvo exacto conocimiento de la sustracción del talonario de cheques, dado que no advirtió su falta hasta que comprobó el extracto de la cuenta corriente y vio el cargo de tres cheques no autorizados por él. Considera que el nivel de diligencia exigible es mayor en las entidades de crédito que en el cliente, pues aquellas tienen el personal especializado adecuado para evitar fraudes. Desglosa los hechos que, a su juicio, determinan la responsabilidad única de la apelada, pues dos de los cheques fueron pagados cuando no existían fondos en la cuenta y ni siquiera pidieron conformidad, sin que nunca se hubiese abonado cheque alguno sin tener fondos la cuenta corriente contra la que se libraban. Por ello entiende que debe ser revocada la sentencia apelada y ser condenada la entidad de crédito al abono del total del importe de los cheques falsificados.

Por parte de la mercantil apelada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada. Entiende que el debate no está en la calificación jurídica del contrato, que no ha sido discutida, sino en el examen de los hechos y de la negligencia imputable a cada una de las partes. En tal sentido considera probado que el apelante dejó transcurrir 38 días desde la sustracción del talonario a su comunicación a Cajamar, lo que supone una evidente negligencia no solo en el cumplimiento de sus obligaciones sino también en la custodia de los cheques, vulnerando lo previsto en el propio contrato y en el artículo 156 LCCH, apoyando su argumentación en la STS de 22 de septiembre de 2005. Considera acertada la valoración de las pruebas llevada a cabo por la sentencia apelada y entiende que el recurso debe ser desestimado y confirmada la resolución recurrida.

Segundo.—Planteados en los términos anteriores el objeto del presente recurso, lo primero que es preciso destacar es que yerra la parte actora al centrar su argumentación jurídica en el ámbito del depósito irregular, como caracteriza el contrato de cuenta corriente, pues sin discutir la naturaleza jurídica de este contrato, lo cierto es que el pago indebido cuya devolución se reclama deriva no de dicho contrato sino del empleo de efectos cambiarios, en concreto cheques, por la sustracción y falsificación de tres cheques integrantes del talonario entregado por la entidad financiera al apelante. Ello implica que existe una norma concreta que regula la responsabilidad en relación a dicha figura, el artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque, y será esta la norma aplicable y cuya interpretación será objeto de análisis en la presente sentencia. Además de lo anterior es preciso señalar que no estamos en presencia de un supuesto extraño, sino que al contrario es relativamente frecuente la sustracción y falsificación de estos efectos mercantiles, lo que ha originado una abundante jurisprudencia, que se manifiesta de forma constante y uniforme en la determinación de la responsabilidad en estos casos. El artículo 156 de la Ley 19/1985, de 16 de julio Cambiaria y del Cheque (LCCh), establece que "El daño que resulte del pago de un cheque falso o falsificado será imputado al librado, a no ser que el librador haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques, o hubiera procedido con culpa". De esta norma se establece un principio general de responsabilidad por el pago de un cheque falso que se imputa al librado, esto es aquella persona a cuyo nombre se ha librado el cheque y que está obligado a su pago y que por ello es la persona que debe extremar las precauciones a la hora de efectuar dicho pago. Pero junto a este principio general la propia norma prevé dos excepciones en las que traspasa la responsabilidad al librador: cuando éste haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques o cuando éste hubiera actuado con culpa, supuestos estos en los que se exime de responsabilidad al librado que paga ante un cheque en apariencia correcto. Sobre esta base legal se articula la interpretación jurisprudencial que parte siempre del principio general citado. En tal sentido se pronuncia la STS de 29 de marzo de 2007 cuando señala que "...Esta Sala ha venido manteniendo la responsabilidad del librado en el pago de cheques falsos o falsificados, como afirma la sentencia de 3 enero 1994, que aun referida a la legislación anterior a la ley 19/1985, proclamó que el principio había sido ya aceptado en la jurisprudencia: "Constituye una muy constante doctrina jurisprudencial en torno a la responsabilidad económica que puede surgir del abono de talones y de cheques falsificados, la de proyectar ésta sobre los Bancos que les hubieran satisfecho, actuando negligentemente, o por error, y aun cuando hubiere sido de buena fe, responsabilidad que se mantiene incluso en los supuestos de falsificación de dichos libramientos de pago, (...)". En tal sentido la propia jurisprudencia exige un plus de diligencia a la entidad de crédito, pues como recuerda la sentencia anteriormente citada: "...De aquí ha mantenido esta Sala que, según determina la sentencia de 9 febrero 1998, con cita de la de 15 julio 1988, "la diligencia exigible al Banco no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde al demandado como Banco, comerciante experto que, normalmente, ejerce funciones de depósito y comisión, por lo cual, según establecen los artículos 255 y 307 del Código de Comercio, se le exige un cuidado especial en estas funciones(...)". Diligencia doblemente exigible no solo como tenedora del cheque, sino igualmente en virtud del contrato de cuenta corriente como nos recuerdan la STS de 17 de mayo de 2000.

Tercero.—Desde la perspectiva jurisprudencial anterior no cabe duda alguna que el apelante tiene una base cierta de combatir la sentencia apelada, dado que cuenta a su favor con el principio general del artículo 156 LCCh junto con la interpretación del Tribunal Supremo en casos semejantes al presente. Ahora bien no puede olvidarse que tanto la propia norma como la misma jurisprudencia permiten excepcionar este principio general en virtud de la propia actitud y comportamiento del librador. Ello es evidente pues el librador no puede actuar con negligencia al entenderse siempre protegido por la responsabilidad del banco, pues no se olvide que el talonario de cheques está en su poder y es igualmente responsable de su custodia con el nivel de diligencia propia de un buen padre de familia o de un ordenado comerciante, según la actividad a la que se dedique, que no dejan de ser los estándares de responsabilidad generales propios de todas las personas. Así lo declara expresamente la jurisprudencia, pudiéndose citar la STS de 29 de marzo de 2007 que recuerda que "... Ciertamente, las sentencias de 18 julio 1994 y 9 marzo 1995 citadas como infringidas por el banco recurrente, contienen declaraciones en el sentido de que puede existir también una culpa compartida cuando ambos hayan actuado de forma negligente...", reafirmando la doctrina expuesta en la STS de 22 de septiembre de 2005, según la cual: "...tal imputación general de responsabilidad ha de ceder por la necesaria aplicación del artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque cuando se acredita la negligencia del titular de la cuenta en la custodia del talonario de cheques o cualquier otra forma de actuación culposa"

Partiendo de las premisas anteriores resulta evidente que procede examinar el grado de negligencia en la actuación de ambas partes de este proceso, tomando como punto de partida que la sentencia apelada considera que tanto el actor como la entidad de crédito han sido negligentes en sus respectivas responsabilidades, determinando una responsabilidad del 75 % para el actor y del 25% para la entidad Cajamar. Esta Sala comparte con el juzgador a quo que ha existido una doble negligencia de librador y librado en el pago de los cheques que resultaron falsificados. Por un lado el actor y apelante incurrió en negligencia en la custodia del talonario de cheques que le fue sustraído situando el mismo en un lugar del que podía ser retirado y sin llevar a cabo control alguno de la posesión de tal talonario desde la última vez que lo utilizó hasta que denunció los hechos en Comisaria, pasando un plazo de aproximadamente un mes, periodo durante el cual no comprobó la posesión del talonario ni controló los movimientos de la cuenta. Es evidente que su actuación vino motivada por la creencia de buena fe en la posesión del talonario y de ahí que le resultara imposible poder advertir a Cajamar de la sustracción del talonario con anterioridad. Por otro lado es evidente la negligencia de la entidad de crédito, pues acepta tres cheques los cuales, si bien tienen una firma parecida a la del librador, sí presentan suficientes diferencias como para mover a dudas sobre su autenticidad y más cuando el pago de dos de los mismos se hacen en una cuenta en descubierto, sin que se haya probado que este pago en descubierto constituyese una práctica habitual de la entidad de crédito hacia este concreto cliente. Fallaron los mecanismos de control interno de la entidad de crédito y por ello existe una responsabilidad en la misma, expresamente aceptada por otro lado en el propio escrito de oposición al recurso.

El problema por tanto radica en determinar en qué porcentaje influyó cada una de estas negligencias concurrentes a la hora de determinar el pago de los tres cheques. Y es en este punto en el que esta Sala discrepa de la solución adoptada por el juez a quo, pues en contra de lo razonado por éste se entiende que ambas conductas influyeron de forma semejante en el resultado dañoso derivado del pago de tres cheques falsificados, de tal manera que hay que considerar una responsabilidad al 50 % de ambas partes, lo que implicará la estimación parcial del recurso y la elevación de la cantidad fijada como indemnización en la sentencia apelada. En efecto la falta de diligencia del actor no puede minimizarse, como se pretende en el recurso, pues dejó pasar un lapso de tiempo excesivo sin controlar la tenencia del talonario lo que facilitó sin duda alguna la actuación de la persona que sustrajo, falsificó y cobró los cheques. Si hubiera actuado conforme a la diligencia normal en la custodia de un talonario de cheques el cobro indebido de tres cheques no se hubiese llegado a producir. Pero igualmente es preciso señalar que la actuación de la entidad de crédito no se ajustó en modo alguno a las exigencias especiales de control en el pago de cheques librados contra cuentas corrientes de las que es responsable; en tal sentido se le puede disculpar parcialmente por el hecho de que las firmas tenían una cierta semejanza con la firma habitual del Sr. Eladio, lo que favoreció sin duda el cobro de tales cheques sin que tampoco hubiese recibido una comunicación anterior del librador sobre la desaparición del talonario. Pero junto con esta disculpa, lo que resulta totalmente inadecuado es el pago de los mismos cuando la cuenta corriente no presenta saldo positivo a favor del librador y de ahí que la especial diligencia exigible hubiera justificado ponerse en contacto con el Sr. Eladio lo que sin duda hubiese impedido el cobro de uno o de todos los cheques falsificados. En definitiva la indemnización total debe ser elevada al 50 % del importe pagado, esto es la cantidad de 2.525 €, debiendo soportar la pérdida del resto de la cantidad el propio apelante por su concurrente negligencia en la custodia del talonario.

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 LEC, en caso de estimación total o parcial del recurso de apelación, no se impondrán las costas de esta alzada a ninguna de las partes litigantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el/la Procurador/a D. Pedro D. Hernández Saura, en nombre y representación de D. Eladio, contra la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cartagena, en los autos de Juicio n.º 1044/09, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución y por la presente, estimando parcialmente la demanda debemos condenar y condenamos a Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito a que abone a D. Eladio la cantidad de dos mil quinientos veinticinco euros (2.525 €) más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la demanda y sin expresa condena al pago de las costas de la primera instancia.

Todo ello sin hacer expresa condena al pago de las costas de esta alzada a ninguna de las partes.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber que es firme al no caber contra la misma recurso alguno ordinario ni extraordinario, y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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