Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Murcia 432/2010, de 29 de julio


 RESUMEN:

Responsabilidad de los administradores: No puede alegar el administrador desconocer la marcha de la sociedad ya que es una de sus obligaciones, y los administradores responden de forma solidaria ante el incumplimiento de convocar a la junta. No se estima el recurso porque no es necesario comprobar el comportamiento culpable o negligente, basta con concurrir causa de disolución, como fue el caso.

MURCIA

SENTENCIA: 00432/2010

Rollo Apelación Civil núm. 453/10

Ilmos. Señores

D. CARLOS MORENO MILLAN

Presidente

D. JUAN MARTINEZ PEREZ

D. FRANCISCO JOSÉ CARRILLO VINADER

Magistrados

En la Ciudad de Murcia, a veintinueve de julio de dos mil diez.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Murcia, con el núm. 382/08, entre las partes: como actor en primera instancia y apelado en esta alzada, la mercantil "Materiales Eléctricos del Sureste S.L. (MESUR, S.L.), en ambas instancias representada por la Procuradora Dña. María Amor Delgado Vidal, siendo defendida en ambas instancias por el Letrado D. José Ramón Guerrero Bernabé; y como demandado en primera instancia y apelante en esta alzada, D. Constantino, en ambas instancias representado por la Procuradora Dña. Juana María Guirao Lavela, siendo defendido por la Letrada Dña. María Ángeles Martínez Burgos.

Ha sido Ponente de esta Sentencia, el Ilmo. Sr. Magistrado, D. JUAN MARTINEZ PEREZ, que expresa la convicción del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que el Juzgado de lo mercantil citado, con fecha 6 de Octubre de 2009, dictó en los autos principales de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: "QUE ESTIMANDO la demanda promovida por la representación procesal de MATERIALES ELÉCTRICOS DEL SURESTE S.L. contra DON Constantino, condeno a Don Constantino y esposa, si fuera casado, ésta a los solos efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, a abonar a MATERIALES ELÉCTRICOS DEL SURESTE S.L. la cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (13.440,20 euros), más los intereses legales establecidos en el artículo 1.100 del Código Civil y costas del presente procedimiento."

Segundo.-Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación por la Procuradora Dña. Juana María Guirao Lavela en representación de la parte demandada, D. Constantino, siéndole admitido, presentando la Procuradora Dña. María Amor Delgado Vidal, en representación de la parte actora, la mercantil "Materiales Eléctricos del Sureste S.L. (MESUR, S.L.), escrito de oposición al recurso formulado de contrario, siendo emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, formándose el presente rollo n.º 453/10, designándose Magistrado Ponente por turno, personándose la parte actora ahora apelada y la parte demandada y apelante en esta alzada y señalándose Deliberación y Votación para el día 27 de Julio de 2010.

Tercero.-Que en la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Constantino se pretende que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se estime lo alegado en el escrito de contestación a la demanda. Se alega error en la apreciación de la prueba, indicándose, en síntesis, que no ha quedado acreditada la actuación negligente del administrador que le haga responsable de las deudas sociales; que se comunicó a la entidad actora la situación de la mercantil LUZ E INSTALACIONES, S.L., ofreciéndole el pago de las deudas existentes por todos los medios; que se realizaron diversos pagos a cuenta; que en fecha 30 de marzo de 2006 se iniciaron los trámites pertinentes para el cese de actividad de la mercantil LUZ E INSTALACIONES, S.L.; que de los hechos declarados probados se desprende una actuación diligente del administrador de esta mercantil; que el hecho de que la mercantil tuviera deudas contraídas, a las que no ha hecho frente, y que carezca de patrimonio, no justifica la responsabilidad del administrador, que no concurre el supuesto previsto en el artículo 135 de la LSA; se discrepa de lo razonado en cuanto al artículo 262 y que se quebranta el principio de limitación de la responsabilidad y de separación del patrimonio de la sociedad, de sus socios y administradores.

La sentencia recurrida declara la responsabilidad de D. Constantino, en su condición de administrador único de la mercantil, LUZ E INSTALACIONES, S.L., en base a lo dispuesto en el artículo 105.5 de la LSRL; en que concurría causa de disolución que obligaba al administrador a promoverla mediante la convocatoria de la junta general, conclusión esta que se infiere de lo manifestado por el demandado y por lo declarado por su hija, Doña Marí Jose, en el sentido de que intentaron llegar a un acuerdo individual con sus acreedores para satisfacer la deudas pero sin acudir a los mecanismos previstos en la ley; en que la responsabilidad del administrador no puede ser eludida argumentando desconocer la marcha de la sociedad, pues una de sus obligaciones es conocer la evolución patrimonial y financiera de la misma a través de los balances de comprobación.

Segundo.-En el artículo 105.5 de la LSRL se establece: "Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso.

En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior".

El artículo 104 de la LSRL establece: "1. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá:

c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ".

La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia consolidada consideran que se trata de una responsabilidad ex lege o sanción civil. A partir de 1997 el Tribunal Supremo ha confirmado una doctrina jurisprudencial lo suficientemente clara sobre la naturaleza sancionadora de los preceptos y el contenido de la responsabilidad solidaria (entre los administradores y con la sociedad) regulada en los arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL, según sentencias de fechas 30 de octubre de 2001, 12 de febrero de 2002, 25 de febrero de 2002, 15 de marzo de 2002, 25 de abril de 2002, 7 de junio de 2002, 12 de junio de 2002, 16 de julio de 2002, 18 de julio de 2002, 24 de octubre de 2002, 14 de noviembre de 2002 y 6 de marzo de 2003. La responsabilidad de los administradores en este supuesto se ha configurado como "cuasi objetiva" (Sentencias de 20 de diciembre de 2000, de 20 de julio de 2001 y de 25 de abril de 2002) o como "basada en el hecho objetivo en el cual asienta el legislador la responsabilidad de los administradores sin otras consideraciones" (Sentencia de 12 de junio de 2002), cuando no ha señalado que se trata de una "responsabilidad objetiva" (Sentencia de 14 de noviembre de 2002). La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 2004 declara: "que la acción ex art. 265 no requiere ninguna culpa en el administrador, ni relación de causalidad alguna con el daño, basta el hecho objetivo del incumplimiento de las obligaciones que la LSA impone específicamente al administrador social para que se desencadene el efecto sancionador (sentencias 29 abril y 21 septiembre 1999, 20 junio 2.001 y 14 noviembre 2.002, entre otras)".

A la vista de lo dispuesto en los artículos y doctrinal jurisprudencia referida, debe desestimarse el motivo de error en la apreciación de las pruebas, en tanto que lo argumentado en el recurso no ha desvirtuado lo razonado en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de instancia, que esta Sala acepta íntegramente, pues en efecto la responsabilidad del recurrente, en su condición de administrador único de la mercantil LUZ E INSTALACIONES, S.L., de la deuda reclamada en la demanda, por importe de 13.440,20 €, es procedente, pues se considera acreditado que pese a concurrir causa de disolución de la mercantil referida no convocó junta general, causa de disolución que se considera acreditada por la inexistencia de patrimonio de la sociedad para hacer frente a las deudas contraídas, como se reconocía ya en la oposición a la demanda de juicio cambiario, en que se dictó sentencia, quedando acreditada en este procedimiento la inexistencia de bienes, en virtud de la información recabada a la Agencia Tributaria; por la por la falta de depósito en el Registro Mercantil de las cuentas de los ejercicios 2006 y 2007, según resulta del informe acompañado con la demanda, impidiéndose de esta manera que los acreedores tuvieran conocimiento de las cuentas de dichos ejercicios, así como por el hecho de haber solicitado la baja censal de la actividad de la mercantil, acordado su cese en fecha 31 de Marzo de 2007, lo cual es relevante de la situación de inactividad en la que se venía encontrado la mercantil, pese a lo cual no se pretendió la disolución ni se solicitó el concurso. Se considera acreditado, por tanto, que se produjo la conclusión de hecho de la empresa, en cuanto a su objeto; por la paralización de los órganos sociales, por no convocatoria de junta general y por pérdidas que reducían su patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, hecho éste que se infiere de la falta de presentación de las cuentas y de las deudas que la mercantil tenía contraídas. Resulta, pues, que no se infringió por aplicación indebida lo dispuesto en el artículo 105.5 de la LSRL, debiéndose indicar en relación con lo alegado en el recurso que en el presentes supuesto de responsabilidad no se exige la prueba de un comportamiento culpable o negligente, pues basta el hecho objetivo de concurrir causa de disolución, sin iniciar los trámites previstos en la ley referida.

En atención a lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación, de conformidad con lo solicitado en el escrito de impugnación presentado en nombre de la entidad MATERIALES ELCTRICOS DEL SURESTE, S.L.

Tercero.-Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la LEC procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante al desestimarse el recurso de apelación, y ello en tanto que no concurren dudas de hecho o de derecho que justifiquen otro pronunciamiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación formulado la Procuradora Dña. Juana María Guirao Lavela en nombre y representación de D. Constantino, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez, titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Murcia en fecha 6 de Octubre de 2009, en los autos de Juicio Ordinario seguidos ante el mismo con el número 382/08, con imposición de las costas de ésta alzada a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se extenderán los oportunos testimonios, lo acordamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación