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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia A.P. Madrid 324/2010 de 18 de mayo


 RESUMEN:

Responsabilidad decenal: Reclamación a la fabricante de los materiales en la construcción. No aplicación conjunta del Código civil y la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios. La demandante no tiene la condición de consumidora. Prescripción: Daños continuados. Cómputo del plazo. No existe prescripción. Legitimación activa de la promotora: Legitimación para reclamar como perjudicada por producto defectuoso como por vía del derecho común. Error en la valoración de la prueba: No se da. Probada la condición de suministradora.

MADRID

SENTENCIA: 00324/2010

Rollo: Recurso de Apelacion 326/2009

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 6 de Coslada

Autos: 208/08 (Ordinario)

Demandado/Apelante: CERÁMICA CUATRO PALOMAS,S.A.

Procuradora: M.ª Valle Gili Ruiz

Demandante/ Apelado: PROMOCIONES ALFRE, S.L.

Procuradora: Olga Gutierrez Álvarez

Ponente: Ilmo.Sr.D. José Vicente Zapater Ferrer

SENTENCIA N.º 324/10

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. José Vicente Zapater Ferrer

D.ª ANA M.ª OLALLA CAMARERO

D.ª MARGARITA OREJAS VALDÉS

En MADRID, a dieciocho de mayo de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 12 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 208/2008, procedentes del JDO. 1.ªINST.E INSTRUCCIÓN N.º 6 de COSLADA, a los que ha correspondido el Rollo 326 /2009, en los que aparece como parte Apelante CERAMICA CUATRO PALOMAS, S.A. representada por la Procuradora D.ª MARIA DEL VALLE GILI RUIZ, y como Apelado PROMOCIONES ALFRE, S.L. representada por la Procuradora D.ª OLGA GUTIERREZ ALVAREZ, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Vicente Zapater Ferrer.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

Segundo.-Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. 1.ªINST.E INSTRUCCIÓN N. 6 de COSLADA, por el mismo se dictó sentencia con fecha quince de enero de 2009, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. José Montalvo Torrijos, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de PROMOCIONES ALFRE,S.L., contra CERAMICA CUATRO PALOMAS, S.A.; debo condenar y condeno a los demandados a satisfacer la cantidad reclamada en el presente procedimiento de 90.034,89 euros por los daños y perjuicios causados; declarando asímismo, la obligación de la parte demandada de satisfacer las costas causadas en el presente procedimiento."

Notificada dicha resolución a las partes, por CERAMICA CUATRO PALOMAS, S.A. se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, dándose traslado a la otra parte, y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para llevar a efecto la Deliberación, Votación y Fallo el pasado día 11 de mayo, en que ha tenido lugar lo acordado.

Tercero.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-El origen del litigio está en que cuando la entidad actora concluyó la construcción del edificio que había promocionado en los números 19 y 21 de la calle San Isidro en Lugo de Llanera, Llanera, Asturias, y las viviendas ya estaban ocupadas por sus adquirentes en el año 2005, comenzaron a desprenderse los techos, porque estaban ejecutados con yeso que enlucía la parte inferior de las bovedillas del forjado, y éstas se habían roto. La situación creada originó el consiguiente estado de alarma en el vecindario, obligando a la intervención administrativa, y a la reparación urgente y aseguramiento de la obra por la entidad promotora del edificio, que asumió el pago de la inversión necesaria, así como los que se devengaron por el realojo temporal de los vecinos y custodia de sus muebles, exigiendo en este juicio el resarcimiento de estos gastos a la entidad fabricante de las bovedillas.

La entidad demandada se opuso a la demanda, primero, por prescripción de la acción y, además, porque negaba haber suministrado las bovedillas, o, al menos, todas ellas, aparte que su rotura no se debía a ningún defecto de fabricación. De otro lado, como dichos materiales se adquirieron para la obra por medio de un almacenista intermediario, la inexistencia de un contrato con la demandante le priva de la acción correspondiente.

Segundo.-La sentencia recurrida despeja las dos excepciones señaladas de prescripción y de falta de acción, mediante la que se califica como aplicación conjunta y armónica del artículo 1591.1 del Código Civil y de los artículos 1.2 y 2.1 c) de la Ley 26/84 de 19 julio General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, salvando así la inaplicabilidad al caso de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación; composición jurídica mediante la que, si bien se observa que en la "ratio" del artículo 1591-1 CC no estén incluidos los fabricantes y suministradores de los materiales empleados en la construcción del edificio, se puede extender la responsabilidad a los mismos cuando los vicios en los materiales sean ocultos y no puedan ser conocidos, pues en estos casos el consumidor está amparado por la ley para dirigirse contra ellos, y ha de aceptarse la legitimación de la promotora para exigir las responsabilidades a quienes intervienen en la construcción, ante las reclamaciones extrajudiciales de los propietarios posteriores a los que vendió las viviendas, y a llevar a cabo la subsanación de los defectos y asumir el coste de las obras.

Sobre la procedencia de los materiales, su atribución al suministro realizado por la entidad demandada se estima demostrada mediante los documentos 3 a 6 y el testimonio del liquidador de la de entidad intermediaria - en suspensión de pagos -, quien afirma que en los años 98 y 99 sólo almacenaban para su venta las bovedillas procedentes de la demandada; además, los documentos 10, 11 y 27 de la demanda, que contienen comunicaciones extrajudiciales entre las partes, nunca impulsaron a la demandada a negar la procedencia de dichos materiales, ni, conociendo la situación, su representante se sintió obligado a desplazarse al lugar de los hechos, ni comisionar para ello a nadie de su empresa. La demandante afirmó haber contratado la totalidad del forjado con la misma empresa, así como haber identificado las bovedillas fabricadas por la demandada; lo que también se deduce de toda la prueba practicada a instancia de la actora en el acto del juicio, testifical y pericial. También se estima demostrado que las bovedillas se rompieron como consecuencia de su expansión por humedad, lo que deriva de su proceso de fabricación mal ejecutado.

Frente a estas conclusiones, quienes declararon a instancia de la demandada manifestaron no conocer la obra ni haber visto el material afectado, de modo que sus informaciones sin metodología, ni contraste con dato objetivo alguno respecto al caso concreto y sólo en base a la ubicación de los daños que no han visualizado quienes declaran, carecen de eficacia demostrativa suficiente para contrarrestar la evidente consistencia de las pruebas aportadas por la parte actora. Por todo ello, probado el daño y sus causas, así como la idoneidad de la solución constructiva adoptada para la reparación, y los gastos e inversiones realizados para llevarla a cabo, se estima la demanda aunque descontando el IVA que se aplica a la cantidad exigida.

Tercero.-El recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada se articula en cinco alegaciones, expuestas en un extenso escrito donde se denominan "Motivos", denunciándose en el Primero la infracción de lo dispuesto en los artículos 1257, 1591, 1902 y 1968.2 del Código Civil así como de los artículos 1.2, 11 y concordantes de la Ley 26/84 de 19 julio GDCU, y en su desarrollo se aduce que la acción de responsabilidad decenal es accesoria del derecho de propiedad, y se transmite junto con ella a los sucesivos adquirentes de las viviendas para proteger sus derechos; legitimación que también conserva el promotor que luego vendió lo construido, pero siempre que se dirija contra alguno o algunos de aquellos a los que el art. 1591 CC se refiere. Sin embargo, la sentencia recurrida no estima el vicio de los materiales como causa de la ruina del edificio, sino que realiza una interpretación, que se dice armónica, entre lo dispuesto el art. 1591 del Código Civil y determinados artículos de la Ley 26/1984; pero entiende la parte que en ningún momento se podría subrogar en la condición de consumidor, pues el amparo de la ley se otorga con el fin de equilibrar la situación de las partes en el contrato, cuando una es más débil, lo que no es apreciable en este caso; aparte que el promotor podía disponer de la acción decenal contra aquellos que la tendría de no haber vendido los pisos; y, como consecuencia, por lo dispuesto en la ley, nunca contra un fabricante de materiales, con el que, además, no tiene vínculo contractual alguno. Por ello, la acción ejercitada sólo puede tener su base en la responsabilidad extracontractual según se define en el artículo 1902 del Código Civil. Y, si esto es así, está prescrita, porque transcurrió más de un año desde la última reclamación que hizo a la demandada con fecha 19 julio 2006 hasta que se interpone la demanda en diciembre 2007, aún sin contar que la ley no tiene en cuenta a efectos de prescripción extintiva el día que acabaron las obras de reparación, sino, conforme a lo dispuesto art. 1968.2 CC "desde que lo supo el agraviado", pues, de otra forma, con la simple prolongación de las obras de reparación quedaría a su exclusivo arbitrio la indebida prolongación del plazo de prescripción.

Cuarto.-La Sala tampoco comparte la aplicación conjunta y armónica del art. 1591.1 CC con la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios que se propugna en la sentencia recurrida, ante todo porque constituiría la aplicación extensiva de un privilegio otorgar a la demandante la condición de consumidor, cuando los materiales que adquirió de la demandada no los destinaba a su consumo propio y final, sino a su aplicación en un proceso de construcción. Por otra parte, esta aplicación obliga a conjuntar indebidamente preceptos y normas de carácter general con otras especiales.

Sin embargo, no se puede desconocer que tan original composición tiene por objeto el reequilibrio de las prestaciones que se deben las partes en el contrato de compraventa, tanto en su cumplimiento como en sus consecuencias, para evitar, precisamente, el efecto destructivo de las dos excepciones que se mantienen en esta alegación del recurso; pues si no se produjo contrato de compraventa entre las litigantes, ni es posible deducir desde el contenido específico del contrato de obra la responsabilidad de la demandada, su exigibilidad queda limitada al ámbito de la culpa extracontractual, cuyo obstáculo inicial más importante es la brevedad del plazo para su prescripción.

Sin embargo, ni la sentencia ni las alegaciones de ninguna de las partes en las dos instancias contienen referencia alguna a la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, vigente en el momento de los hechos, y por virtud de la que los sujetos protegidos son, en general, los perjudicados por el producto defectuoso, con independencia de que tengan o no la condición de consumidores en sentido estricto. Por otra parte (art. 12), la acción de reparación de los daños y perjuicios prescribe a los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. La acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar desde el día del pago de la indemnización.

Quinto.-Por otra parte, como establece la STS de 13 marzo 2007, es consolidada doctrina (Sentencias de 12 de diciembre de 1980, 12 de febrero de 1981, 19 de septiembre de 1986, 25 de junio de 1990, 15 y 20 de marzo y 24 de mayo de 1993, entre otras) la de que cuando se trata de daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción de la acción no se inicia ("dies a quo") hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida, no resultando siempre fácil determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido ese "definitivo resultado" que, en relación con el concepto de daños continuados, se nos ofrece como algo vivo, latente y concordante precisamente con la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección (Sentencia de 25 de junio de 1990).

En el presente supuesto está acreditado en las actuaciones que hasta mitad del año 2007 se seguían ejecutando obras de reparación y satisfaciendo gastos derivados del hecho dañoso producido. No hay, por tanto, ni prescripción de un año hasta que se presenta la demanda el día 18 diciembre 2007, ni, por supuesto menos, la prescripción trienal que se establece en la expresada Ley de Productos Defectuosos.

Sexto.-Antes de la entrada en vigor de la expresada ley la jurisprudencia (STS de 9 junio 1989) venía aclarando las dudas existentes acerca de la legitimación activa para ejercitar las acciones derivadas del contrato de obra, reconociendo que frente a los constructores y técnicos, además de las personas que con ellos contrataron, están legitimados por subrogación los sucesivos compradores de los pisos quienes, al adquirirlos, adquirieron también la cobertura que el articulo 1591 proporcionó al originario dueño de las obras (STS de 28 de noviembre de 1967, 22 de enero de 1973 y 20 de junio de 1985). Los sucesivos adquirentes, pues, pueden ejercitar acciones derivadas de un contrato en el que no fueron parte. La misma Jurisprudencia ha extendido la protección creando el vínculo solidario entre todos los intervinientes frente a los perjudicados, en cuanto se acredite que por acción u omisión contribuyeron al nacimiento de los daños y no pueda concretarse la cuota de contribución singular al resultado dañoso (sentencias de 5 de mayo de 1961 y 18 de noviembre de 1975). También la Jurisprudencia ha extendido generosamente el concepto de ruina por la insuficiente protección prestada por las leyes reguladoras de los vicios ocultos (sentencias de 20 de noviembre de 1959 y 28 de noviembre de 1970). Para ello se ha acudido a los conceptos de prestación inadecuada absolutamente, inservible o impropia en atención al fin económico perseguido por el contrato.En definitiva, toda la evolución jurisprudencial propende a fortalecer la tutela judicial efectiva de la parte más débil, los propietarios compradores de viviendas frente a quienes no se permite invocar que no contrataron con los constructores, que no pusieron reparos al recibir el objeto o que han transcurrido los plazos legales para el saneamiento por vicios ocultos.

Pero de toda la línea jurisprudencial no se deriva la consecuencia de que el círculo de los legitimados activamente se reduzca a los propietarios, ni que éstos se vean necesariamente obligados a litigar contra todo el círculo de posibles obligados solidarios. Su legitimación adquirida por subrogación, junto con el piso, no borra la legitimación de los promotores que contrataron con los constructores y técnicos y conservan acción para exigir el correcto cumplimiento del contrato con base en el vínculo nacido precisamente del mismo, Que los promotores no asuman frente a los propietarios de los pisos el ejercicio de acciones para reparar lo mal hecho, puede generar que sean ellos mismos demandados y condenados con el constructor y los técnicos, pero no se impone que deban siempre figurar en los litigios como demandados; cuando como en este caso actúan en defensa del interés propio de que la prestación sea correctamente cumplida, aunque ello redunde en beneficio de los propietarios que también tienen acción en juicio.

La postura activa de los promotores no permite pensar en la posible mala fe de quien se adelanta para no ser demandado junto con los constructores y técnicos, porque tal posible condena solidaria, dado el carácter impropio de ésta que permite pleitos posteriores, no conlleva la necesaria división mancomunada simple de la prestación, ni impide que en el proceso los demandados ejerciten por vía de reconvención lo que a su derecho convenga, si piensan en la contribución a los daños por parte de la promotora. Si ésta fue también causante de los daños, así han podido demandarlo y si no lo fue, tiene, la promotora, interés en que así se reconozca, interés en que se condene a los culpables, interés en que se cumpla el contrato de obras, e interés, en fin, en no llegar a ser demandada por los propietarios, aunque sólo sea por conservar su prestigio de promotora.

Como la ley otorga a la demandante la cualidad de perjudicada por el producto defectuoso, tanto por esta vía legal, como por el derecho común, es innegable su legitimación para reclamar, y son rechazables las dos excepciones materiales propuestas en esta primera alegación, por prescripción y por falta de acción.

Séptimo.-En la alegación Segunda se denuncia la infracción de lo dispuesto en los artículos 217.1, 217.2 y 217.6 LEC, toda vez que la parte demandante no ha aportado las únicas pruebas fundamentales del hecho básico, que, además eran sencillísimas de obtener; y en su desarrollo, aparte alguna censura extra procesal del todo improcedente contra la sentencia, se aduce que no está demostrado el origen de las bovedillas defectuosas empleadas en la construcción por la demandante, pues si se certificó que eran las únicas almacenadas durante el último trimestre de 1998 y el primero de 1999 en establecimiento de la entidad a quien las adquirió la demandante, nada excluye que antes o después hubiera bovedillas de otras procedencias, o que en el mismo periodo se empleasen otras de distintas procedencias acopiadas en sus instalaciones. Sin embargo no se propuso testimonio del representante legal de esta entidad, y no es relevante que la representación de su seguro ni de ella misma, no comparecieron a examinar los hechos. Por otra parte, el interrogatorio de quien representa a la demandante expuso hechos que no son ciertos sobre las comunicaciones habidas entre las partes, cuyo contenido se analiza exhaustivamente en el motivo. Tampoco es verdad que los peritos revelaran la procedencia de las bovedillas, ni tampoco se demuestra este extremo por el hecho de que se informe que ordinariamente se utilizan bovedillas del mismo fabricante, pues esta regla general se puede alterar y se altera con frecuencia. Sin embargo la demandante no citó al representante legal de quien le suministró los materiales, limitándose a aportar una certificación de su liquidador y el testimonio contradictorio de otros intervinientes.

Octavo.-La alegación es enteramente rechazable, sin que sea apreciable en la sentencia recurrida infracción alguna de las normas procesales que regulan la carga de la prueba y su valoración, ni error de hecho ni de derecho en el examen de las pruebas practicadas, pues en modo alguno se pueden calificar como conclusiones absurdas, irracionales, ilógicas, ni ilícitas las que se exponen en dicha resolución, tras declararse que la demandada era la única fabricante cuyos productos se encontraban almacenados en el establecimiento del que se suministraron a la obra durante un período coincidente con su ejecución; sin que se haya desmentido su condición de suministradora a dicho almacén de origen. Para valorar estas circunstancias no deja de ser clarificador el hecho de que el representante de la demandada mantuviera en todo momento una actitud distante y de total indiferencia sobre los hechos, a pesar de su manifiesta gravedad y trascendencia social; pero se limitó, según dijo, a dar cuenta a su compañía de seguros y olvidar el asunto, cuando, de una u otra manera, sus productos se habían empleado en una construcción a la vez tan defectuosa como peligrosa; también se informó que, como regla general incluso con alusión alguna norma reglamentaria, en las plantas de una edificación se emplean las viguetas y bovedillas de una misma procedencia. Procedencia que, también reveló la propia situación de ruina generalizada, ya que es razonable deducir que los mismos defectos apreciados denotan igual origen de los materiales.

La alegación es, por tanto, enteramente rechazable, pues en la sentencia recurrida se han observado íntegramente las exigencias de la sana crítica en la valoración de las pruebas.

Noveno.-La alegación Tercera, con el mismo exceso retórico y tipográfico que la anterior, pero carente de rótulo indicativo de su contenido, también parece denunciar error en la valoración de la prueba, porque en la sentencia recurrida se deduce que el desprendimiento de las bovedillas se produjo como consecuencia de su expansión por humedad; y entiende la parte que, si esto es así y tal fenómeno se encuentra, incluso, reglamentariamente previsto y se puede detectar con una prueba sencilla y barata, es "tremendamente sospechoso que no se haya aportado a los autos", pues con dicho medio se podría evitar toda duda acerca del origen de los desprendimientos. Por ello la actora no cumplió con la diligencia procesal exigible, siendo así que su propio perito hizo esta propuesta e incluso parece dar a entender que se había cumplido. Por otra parte, en la sentencia recurrida se aprecian las conclusiones periciales aportadas por la parte actora pero no las de la demandada, sin que para ello se acuda a otro criterio que el de haber visitado físicamente la obra; lo que tampoco es exacto pues uno de ellos si lo hizo; aparte que sin prueba del defecto objetiva e irrefutable, no cabe establecer la responsabilidad que se impone.

La alegación es tan rechazable como la anterior, en cuyo contenido abunda, por más que sea cierto que uno de los peritos propuestos por la demandada se había personado en el lugar de los hechos. Pero ocurre que su declaración no resulta clara, por su actitud cuando se le pregunta sobre si visitó las viviendas, pues manifestó con notoria ambigüedad que creía recordar que sí estuvo en un par de ellas; porcentaje mínimo de visitas que, obviamente, contrasta con su examen general. Cierto que la causa de la avería puede ser distinta a la expansión por humedad que se aprecia en la sentencia recurrida, pero, de una parte, la rotura del material se produce en sus aristas inferiores, lo que coincide y es consecuente con el fenómeno de la expansión por humedad que, por aumentar la superficie quiebra la base, que está fija y encajada en su alojamiento; además es el criterio que mayoritariamente se sostiene por cuantos deponen en el juicio sobre este extremo, que en modo alguno se descarta por los peritos de la apelante. Pero, sobre todo, la alegación es enteramente rechazable, porque la nueva normativa de la carga de la prueba más orientada a los principios del descubrimiento de la verdad material, en modo alguno excluye al demandado de participar en esta actividad procesal. Sin embargo, según manifestó, su única reacción al conocer que en las viviendas ocupadas por personas donde había suministrado bovedillas se caía los techos, fue la de limitarse a dar cuenta a su compañía de seguros y olvidarse el asunto.

Décimo.-- En la alegación Cuarta se combate la exigibilidad de determinados conceptos incluidos en la reclamación por cuenta de gastos efectuados como consecuencia de los hechos.

Esta alegación debe ser en parte admitida, puesto que es evidente la inexigibilidad en este ámbito de la factura de un despacho de abogados, pues, si su asesoramiento ha conducido al planteamiento del juicio, será en el pago de costas y no el resarcimiento de gastos por daños donde se deberá hacer efectiva. Tampoco es admisible la reclamación por maquinaria adquirida para la reparación, pues resulta razonable suponer que los distintos oficios que han intervenido en la reparación, hayan empleado su propia herramienta y hayan cobrado por su uso. Tampoco parece exigible el importe de unos colchones, sofá-cama y otros muebles por la misma razón; pero no es admisible la impugnación de las facturas por pintura de paredes, ni los demás descuentos que se proponen.

Undécimo.-La alegación Quinta del recurso defiende la improcedencia de la condena en costas por admisión sustancial de la demanda, ya que de la misma se descontó por improcedente el importe del IVA.

La alegación sería enteramente rechazable por su propia propuesta. Como se reconoce en la STS de 14 de septiembre de 2007 "la doctrina más reciente de esta Sala, expresada en las sentencias de 5 y 15 de junio de 2007, que citan la de 9 de junio de 2006, establece la doctrina de los Tribunales, con evidente inspiración en la "ratio" del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderación a observar en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, y en poderosas razones prácticas, complementa el sistema con la denominada doctrina de la "estimación sustancial" de la demanda, que, si en teoría se podría sintetizar en la existencia de un "cuasi-vencimiento", por operar únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la práctica es de especial utilidad.

Pero en el presente caso, en la alzada es ineludible ampliar los conceptos que son desestimables en la demanda, por lo que su admisión parcial implica, a los efectos establecidos en el art. 394 LEC, que no sea procedente la expresa condena en las costas causadas en la primera instancia.

Duodécimo.-A efectos del art. 398 LEC no procede expresa imposición de las costas causadas en el recurso.

Por lo expuesto


FALLAMOS


 
Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación mantenido en esta instancia por la Procuradora D.ª María del Valle Gili Ruiz en representación de CERÁMICA CUATRO PALOMAS SA frente a PROMOCIONES ALFRE SL representada por la Procuradora D.ª Olga Gutiérrez Álvarez y contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez de Primera Instancia del N.º 6 de los de Coslada con fecha 15 de enero de 2009 en los autos a que el presente Rollo se contrae REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha sentencia, Y FIJAMOS EN OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (87.867,54 €) la cantidad que en la misma se establece a cargo de la entidad apelante y a favor de PROMOCIONES ALFRE SL, y CONFIRMAMOS dicha resolución en sus restantes extremos y pronunciamientos, sin hacer expresa imposición de las costas devengadas en las dos instancias.

Esta sentencia es firme y no cabe contra ella recurso de casación, al haberse seguido el proceso por razón de la cuantía y ser ésta inferior a la establecida en el art. 477.2 2.º, ni el recurso extraordinario por infracción procesal por lo dispuesto en la Disposición Final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 2.ª de la LEC 2000.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación literal de esta resolución para su cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará a las partes en la forma establecida en los arts. 150 y 208-4.º de la LEC, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


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